LA VIGA EN EL OJO DE LA SUPREMA

Ante la interceptación de llamadas de una siquiatra ligada tanto al presidente Boric como al controlador de la fundación Procultura, Alberto Larraín, reveladoras de detalles fraudulentos, la Corte Suprema ha declarado que lo grabado no pueda usarse en juicio.

El decano de la prensa concordó con esa protección a la siquiatra. Expresó en su primer editorial de ayer: "Los derechos fundamentales de las personas gozan de la máxima prioridad y, en caso de duda, debe decidirse a su favor, aunque ello implique dificultar la persecución penal, pues ésta no puede llevarse a cabo a cualquier costo sin destruir precisamente aquello que busca proteger".

Poderosa defensa del derecho humano a un debido proceso. Ya se la quisiera uno de los sectores más débiles, atropellados e indefensos de nuestra sociedad, el de los los exmilitares que derrotaron a la guerrilla de izquierda.

Pues en los juicios contra éstos y, en particular, cuando llegan ante la Corte Suprema, esta manifiesta un nulo respeto al derecho humano de ellos al debido proceso. La Corte Suprema que ve la brizna en el ojo de la Fiscalía, no ve la viga en el propio.

Todo lo contrario, la justicia condena crónicamente a exmilitares por un delito que sólo puede ser cometido por particulares, habiendo sido los militares funcionarios públicos; más encima, se les condena sin pruebas reales y se les desconocen sus eximentes legales de responsabilidad y hasta sus derechos carcelarios, a sabiendas. Se les imputa un supuesto "secuestro permanente" que todo el mundo sabe que no existe hoy y por eso no puede ser permanente. Si hay una cosa real y clara hoy es que personas detenidas hace 52 años o poco menos, (que muchos de los condenados jamás vieron ni conocieron) es que ellas hoy no están secuestradas por los ancianos presos.

Es verdad que hubo en Chile una breve lucha contra grupos terroristas y guerrilleros organizados bajo la presidencia de Salvador Allende y también antes, bajo la de Frei Montalva, con el propósito de hacerse del poder mediante las armas. El armamentismo civil de izquierda fue especialmente propiciado por el Partido Socialista de Salvador Allende, durante sucesivos congresos internos, en 1965, 1967, 1969 y 1971, este último con el concurso abierto del gobierno de la Unidad Popular.

El escandaloso desconocimiento del derecho a un debido proceso a los exmilitares se inició hace unos veinte años, junto con el nombramiento de jueces de izquierda que discurrieron un método ilegal de condena. Ya se quisieran los exmilitares la puntillosidad que muestran la Suprema y la prensa en el caso de fraude al fisco y en favor de los inculpados de profitar de las fundaciones.

Sosteniendo como verdad judicial que los supuestos detenidos por militares hace más de medio siglo permanecen vivos, aunque hayan muerto, y la inverosímil tesis de que continúan en poder de sus captores, aunque éstos hayan estado presos por decenas de  años, se consigue anular o eludir vergonzosamente la aplicación de las eximentes de responsabilidad penal, como la cosa juzgada, la amnistía y la prescripción, a que tienen derecho todos los ciudadanos, menos los exmilitares.

Además, los jueces los condenan mediante "presunciones" sin fundamento y los encierran ilegalmente: hoy hay más de 400 exmilitares ancianos presos, a los cuales debe sumarse el centenar ya perecido en cautiverio. Y periódicamente (esto es lo más importante para los de abogados de derechos humanos) extraen al erario importantes indemnizaciones en razón de considerar al Estado responsable del supuesto "secuestro permanente" de guerrilleros, un delito que sólo pueden cometer los particulares.

Esta metodología judicial ilícita impera desde hace unos veinte años, pues hasta 2005 los tribunales rechazaban tal ficción. La confesó en la televisión pública, en 2015, su probable inventor y más frecuente aplicador, el ministro sumariante Alejandro Solís, quien, tras reconocer ante las cámaras de TVN que el secuestro permanente era "una ficción jurídica" añadía: "No digo que la realidad fuera ésa". Es decir, confesaba públicamente la falsedad, en circunstancias que, como juez, habría debido buscar y probar la verdad. 

Todo esto no sólo es declaradamente ilegal porque, como antes dije, el delito de secuestro no puede ser cometido por agentes del Estado, dado que lo describe y pena el artículo 141 del Código Penal, ubicado en el párrafo 3 de su Título II: "3. Crímenes y simples delitos contra la libertad y la seguridad, cometidos por particulares". Es decir, no pudieron cometerlo exmilitares, funcionarios públicos. Pero los jueces lo aplican por analogía, lo que es otra monstruosidad, pues una regla ancestral dice que no se puede aplicar la ley penal por analogía.

¡Qué distinto es el estándar de garantía de un debido proceso para un civil que para un militar! Y todo para extraer casi semanalmente dinero de la caja fiscal. Cosa que causa escándalo en el caso de las fundaciones.

Con razón los exmilitares son considerados los individuos más indefensos de la sociedad. Traicionados, calumniados y, para colmo, presos por un delito que el Código Penal asegura que ellos nunca pueden cometer.