BASICS

La peregrina propuesta de Boric sobre Punta Peuco y el debate consiguiente prueban que los chilenos no saben casi NADA sobre las condenas por supuestas violaciones de derechos humanos. Ni siquiera dominan los BASICS, los rudimentos. Pero sí opinan.

Hoy he leído en El Mercurio una carta de varios profesores de derecho de cierta universidad, analizando un fallo de la Corte Suprema, donde escriben "Estado de Derecho", con mayúsculas. Eso es un síntoma de no entender de este tema, porque lo que se traduce como "estado de derecho", con minúsculas, es el término inglés "rule of law", que en el hemisferio norte, de donde proviene casi toda la sabiduría, se escribe con minúsculas y no se ve por qué su traducción se va a escribir con mayúsculas.

"Rule of law" (esa mayúscula obedece a que es la primera palabra de una frase) significa "vigencia de la ley", es decir, que en un medio determinado (país, familia, ciudad, institución) rige la ley. Alguien la tradujo al castellano como "estado de derecho". El término describe un "estado de cosas", una situación o conjunto de conductas donde se respetan las leyes. En ese sentido "estado" equivale a "situación" y a nadie se le ocurriría escribir "situación" con mayúscula, salvo que fuera la primera palabra de una frase.

El propio El Mercurio, en un primer editorial, escribe "Estado de derecho". Bien por escribir "derecho" con minúscula, pero mal por "Estado" con mayúscula, pues aquí no se trata de la persona jurídica "Estado" con nombre propio, sino del sustantivo común "estado" o "situación" o "condición". Pues si escribiera "situación ajustada al derecho" no escribiría ninguna de esas palabras con mayúscula. Entonces ¿por qué "Estado de derecho"? Porque el redactor no ha captado que "rule of law" se refiere a una situación o estado de cosas que nunca debe ser escrito con mayúscula y no al Estado, persona jurídica, un nombre propio.

Una honrosa excepción que he encontrado: Ricardo Abuauad, columnista de La Tercera, escribe "estado de derecho". 

Es que, en general, nuestra élite no domina los basics, los elementos fundamentales de los temas. Sólo repite consignas ajenas, especialmente de izquierda. Y menos se informan las grandes masas, enteradas a través de los matinales y las redes sociales, donde reinan los lugares comunes y la superficialidad instalados por la izquierda.

La sociedad tampoco ha tomado nota de que en los juicios de derechos humanos contra exmilitares, puestos de moda por lo de Punta Peuco, sistemáticamente se atropella el "estado de derecho". Si usted quiere saber realmente sobre este tema, compre el libro "Prevaricato" de Adolfo Paúl Latorre, que está precisamente lanzando una nueva edición actualizada. "Its all there", como me dijo Margaret Thatcher cuando conversamos sobre "Camino de Servidumbre", de Hayek.

La prevaricación fue confesada hace diez años por el principal condenador de exmilitares, Alejando Solís. Lo hizo en la televisión pública en 2015. Reconoció que condenaba en virtud de una "ficción jurídica", el "secuestro permanente". Confesó que no lo probaba. Confrontado con la evidencia de que un secuestro no podía haber "permanecido" 40 años, concedió: "Yo no digo que la realidad fuera ésa". Es decir, mandaba presas a legiones de exmilitares sin probarles ningún delito y en virtud de una falsedad ostensible. Fue tan lamentable su performance televisiva que el entonces ministro de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, resolvió consolarlo con una millonaria asesoría en su ministerio. 

Ante otro enésimo fallo escandaloso de la Corte Suprema ese año yo denuncié la nueva prevaricación en carta a la Revista del Abogado del Colegio de la orden, pero su consejo de redacción, dominado por "amigotes" del redactor del fallo, me aplicó censura previa. Un aporte de ese benemérito Colegio a la libertad de expresión.

La referida sentencia era particularmente tendenciosa, politizada e ilegal e iba en perjuicio de tres exmarinos, un excarabinero y un exPDI, a quienes trataba de "los sublevados". Como la Revista censuró mi artículo, lo publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015. De nuevo lo reproduje el 17 de febrero último ("La Primera Medida de Johannes"). Denunciaba tanto los errores como los horrores del fallo, siendo los segundos más que los primeros, porque el extremista del MIR que había muerto en un recinto de la Armada en 1973 mal podía estar secuestrado todavía en 2015. Y además el secuestro sólo puede ser cometido por particulares, según dice el código, y los exmilitares son funcionarios. ¿Por qué los jueces no usaban el delito de detención ilegal, que sí pueden cometer los funcionarios? Primero, porque la penalidad es más baja y aquí se trata de venganza. Y, segundo, porque basta revisar los lugares de detención para comprobar que ésta no duraba desde 1973 a 2015, como sostenía el fallo del "amigote".

Ahora se aduce razones humanitarias en favor de los exmilitares presos. Pero si en Chile hubiera imperado el estado de derecho con minúscula, no habría habido venganza socialista-comunista. Ni condenas ilegales por derechos humanos. Ni un erario esquilmado. Ni abogados de izquierda multimillonarios. Ni Punta Peuco habría sido construido. Habríamos seguido siendo el país que fuimos, pacífico y civilizado, sin delincuencia ni terrorismo y creciendo al 10 por ciento, como el legado por Pinochet y su "Misión Cumplida" el 11 de marzo de 1990.