Fuera Boric

Boric está "deconstruyendo" Chile y transformándolo en otro país comunista más, como los pocos que van quedando. Ya es el que más decrece en América Latina, como lo era en 1973, bajo otro gobierno comunista. Apenas le quedan hoy defensas ante el avance rojo, porque la centroderecha sigue liderada por el mismo Piñera que rindió la democracia, sin defenderla, en 2019. La élite empresarial, entreguista como aquél, impulsa concesiones que llama "sensatas" (cuando vea esa palabra, sepa que implicará algo bueno para el comunismo y malo para la libertad). Los entreguistas, se han asociado con Boric en un "Acuerdo por Chile" para derogar la Constitución y la subsidiariedad estatal, que es lo que más interesa suprimir al comunismo. Pero precisamente ella es la base del gran desarrollo alcanzado. Hoy, ante los cercanos comicios del 7 de mayo, el único refugio de la sociedad libre es el Partido Republicano.

Entretanto, Boric persigue transformar Chile a través de una reforma tributaria, ya despachada por la Cámara, que expulsará del país a la gente más pudiente, impulsora del 80% de la inversión. La inversión extranjera aumentó el año pasado gracias a la reinversión de las utilidades tributables exentas de impuesto, que la reforma gravará, de manera que en lo sucesivo esa reinversión desaparecerá. 

A su vez, la reforma previsional de Boric pondrá en manos del Estado miles de millones de dólares, hoy privados, que la burocracia llevará a compañías o sectores que considere prioritarios para la causa comunista. Además, ésta podrá inmiscuirse directamente en la administración de las empresas, a través de la selección y nombramiento de sus directores. "Esto no parece un resultado fortuito, sino estratégico", ha dicho El Mercurio, que ha añadido: "De aprobarse la reforma el Estado tendría la posibilidad de no sólo dirigir miles de millones de dólares de ahorro a compañías o sectores que el Estado considere prioritarios, sino que, además, inmiscuirse directamente en ...la selección y nombramiento de sus directores" (25.02.23, p. A3).

Ahora mismo ya la propiedad no es respetada. Ayer murieron tres personas en Teodoro Schmidt, porque un propietario legal quiso impedir la ocupación ilegal de su predio. Miles de terrenos han sido ocupados iimpunemente y siguen así. El crimen y los delitos proliferan como nunca: La inmigración está descontrolada. La gente tiene miedo de salir a la calle, subirse a un auto y, dentro de poco, lo tendrá de estar en casa, pues el gobierno comunista anuncia la confiscación de las armas legalmente inscritas. Preservará así el monopolio de los asaltantes.. 

La justicia de izquierda persigue hoy a los agentes del orden con más celo que a los delincuentes. No respeta las leyes en juicios contra militares (r) que los combatieron. Otro poder público, el Parlamento, se atribuye facultades del Ejecutivo ("parlamentarismo de facto" confesó un senador de izquierda). Se violan así la Constitución y las leyes y no pasa nada. Los padres ven amenazada por el Estado su misión de educar a sus hijos. En la salud está desapareciendo la alternativa privada de las isapres. A este caos algunos lo llaman "anomia", otros "distopia", pero es la antesala del asalto al poder del comunismo.

En general, el Ejecutivo no es capaz de garantizar orden público ni soberanía, y ya hay un territorio, otrora chileno, al cual el gobierno no puede ingresar.

La Constitución vigente, en su art. 53 N° 7, faculta al Senado para poner término al mandato del presidente si un impedimento físico o mental lo inhabilita para el ejercicio de sus funciones. En 1973, bajo una Constitución que no reconocía al Senado la señalada facultad, una mayoría  representativa del sentir predominante llamó en la Cámara a poner término a la dictadura comunista de Allende, que también había sembrado el caos. Fue escuchada por los militares. Hoy el tema es sólo civil: una mayoría responsable de senadores puede declarar, con estricto apego a la Carta y habiendo una causal pública y notoria de inhabilidad mental del presidente, el término del régimen comunista de éste. 

Una multitud se reunirá en la Plaza de la Constitución el sábado 11 de marzo a la 10 de la mañana para pedir esa declaración. Se debe asistir. El Senado debería prestarle oídos. Y así Chile podrá elegir un nuevo gobierno que, a juzgar por el resultado del reciente plebiscito del 4 de septiembre pasado, representará mejor las virtudes del régimen de libertades que nos constituyó hasta hace poco en democracia ejemplar.