La Estatua de Merino

Desde mi personal punto de vista, lo más grave que ha sucedido en Chile este año para la democracia, la constitucionalidad y la libertad de opinión, ha sido el episodio que terminó con la forzada remoción de la estatua del almirante Merino que se ubicaba en el frontis de un museo de la Armada, en Valparaíso.

En efecto, un abogado de extrema izquierda recurrió de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pidiendo la remoción de esa estatua porque su existencia, sostuvo absurdamente, amenazaba y contravenía sus derechos y garantías individuales consagrados en la Constitución. La corte, si bien en fallo dividido, acogió el recurso y ordenó a la Armada retirar del lugar el monumento. Y esta última, sin hacer uso de su derecho a apelar ante la Corte Suprema, procedió a remover la estatua y poner la de otro personaje naval en su lugar.

Por consiguiente, ha quedado establecido como jurisprudencia de nuestros tribunales y acatamiento de una entidad estatal que un homenaje a un integrante de un régimen del pasado histórico constituye una violación de las garantías individuales de las personas. 

En otras palabras, en Chile hoy no se podría hacer una manifestación pública de adhesión a quienes encabezaron regímenes del pasado, porque ello implicaría violar las garantías individuales y derechos personales de los habitantes del país que no hubieran simpatizado con esos gobiernos.

Es evidente que esto constituye un atropello inaceptable a la libertad de expresión que la misma Constitución garantiza a todos los habitantes de la República, pero además y sobre todo es un atentado contra el sentido común, porque éste dicta que la existencia de una estatua de algún personaje público no puede envolver per se una ofensa contra quienes hayan discordado de su desempeño. 

La estatua de O'Higgins violaría entonces las garantías individuales de los simpatizantes de los hermanos Carrera, la de San Martín atropellaría los derechos personales de los simpatizantes de Lord Cochrane, reconocido adversario político suyo; la de Salvador Allende lesionaría los derechos individuales de quienes se opusieron a su gobierno y lo acusaron de graves violaciones a la legalidad y los derechos humanos, según el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, y así sucesivamente.

No es compatible una convivencia democrática, en un clima de libertad y tolerancia, con la consagración del precedente establecido por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y la decisión de la Armada de someterse a él sin ejercer el recurso que le cabía interponer. 

El resto de la ciudadanía tiene derecho a que se restablezca más allá de toda duda el respeto a la libertad de opinión, que ha quedado en este caso suprimida por una jurisprudencia y una sumisión institucional inexplicables e injustificables.