La Armada es Víctima de Abuso del Derecho

La dictadura judicial que impera en Chile, y a la cual nadie pone atajo, está ahora amenazando, a través de la politizada Corte de Apelaciones de Santiago, al comandante en jefe de la Armada, almirante Juan Andrés de la Maza, de una manera ilegal y abusiva.

Ya con fecha 22 de marzo comenté en este blog otro fallo de la misma corte, cuyo carácter abiertamente violatorio de las normas del debido proceso afecta a miembros en retiro del Ejército de una manera abusiva e insólita, en el caso de los quemadores quemados, Rojas y Quintana.

Ahora un activista de extrema izquierda, Luis Mariano Rendón, aprovechándose de las oportunidades que le ofrece el actuar ilegal de la misma Corte, ha interpuesto ante ella un recurso de protección completamente improcedente, mediante el cual pretende obligar a la Armada a retirar un monumento al almirante José Toribio Merino que existe en el Museo Naval de Valparaíso.

Lo grave no es tanto que Rendón haya interpuesto el recurso, cosa esperable en él, sino que la Corte lo haya acogido. Pues el art. 20 de la Constitución lo establece en favor de quien, por actos arbitrarios o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de sus derechos y garantías individuales establecidos en la misma Constitución. Obviamente, una estatua al almirante no amenaza ni perturba los derechos de nadie.

Menos en el caso de Merino, prócer que nunca sufrió condena alguna por atentar contra derechos de las personas y quien, además, es uno de los padres de la Constitución que nos rige y en la cual se creó, precisamente, el recurso de protección de las garantías individuales.

Si la Corte hubiera respetado la Constitución, debería haber desechado de plano la presentación, pero no sólo la acogió, sino que ahora apercibe al comandante en jefe de la Armada que, ateniéndose a la juridicidad, no se ha hecho parte ni ha respondido a la exacción ilegal de que está siendo víctima.

Rendón está aprovechando, indudablemente, el clima político reinante en los tribunales superiores. Además, saca ventaja de que hay un gobierno extremista y demanda de la ministro de Defensa, Maya Fernández, que ordene al comandante en jefe de la Armada el retiro de la estatua.

Este doble abuso del derecho no sería posible bajo un régimen de legalidad, y sólo puede tener lugar en un clima de prevaricación generalizada como el que reina en nuestros tribunales en procesos contra uniformados, denunciado tantas veces. 

Por cierto, la figura del almirante Merino no sólo es digna de una estatua por los servicios prestados al país, sino porque su firma fue una de las que puso en vigor la Constitución vigente y porque, como estadista y legislador, reitero, tiene paternidad sobre el propio recurso que está siendo tan mal usado.

Hace bien, por otra parte, el almirante de la Maza en no prestarse para legitimar este abuso. La asesoría jurídica de la Armada seguramente va a representar a la politizada Corte de Santiago la inconstitucionalidad, ilegalidad y antijuridicidad del apercibimiento contra su jefe institucional.