Pobre Nivel de un Debate Importante

Todo lo que se debate, en Chile y el mundo, relativo a Augusto Pinochet, la principal figura nacional del siglo XX, es de un nivel lamentable. Acaba de fallecer Madeleine Albright, Secretaria de Estado de Bill Clinton, a quien recuerdo por una sola cosa: vino a Chile cuando recién el diputado comunista Hugo Gutiérrez se había hecho cargo del proceso sustanciado por el juez Juan Guzmán, en procura de comprometer al entonces senador Pinochet en el caso de la comitiva del general Arellano, que recorrió el territorio en octubre de 1973. Cuando le preguntaron a Albright sobre ese juicio, contestó automáticamente: "Pinochet debe ser condenado". Con cero información, veredicto categórico.  

Hace poco, el anterior Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, dejó como legado de su gestión un libro rudimentario y falso que concluye lo mismo que Madeleine Albright, con la diferencia de que publica cientos de páginas basadas en una falsedad probada: que el presidente Pinochet envió a un general delegado suyo, Sergio Arellano Stark, con la orden de matar presos en los regimientos. Este libro, aunque pocos lo lean, es de importancia institucional y por tanto nacional. Pero está basado en una falsedad judicialmente comprobada.

En efecto, el 8 de agosto de 2000, en fallo dividido, la Corte Suprema aprobó el desafuero del entonces senador Pinochet. Pero seis ministros disidentes opinaron que no procedía: Hernán Álvarez, presidente del tribunal; y los ministros Osvaldo Faúndez, Ricardo Gálvez, Servando Jordán, Orlando Álvarez y Humberto Espejo. Lo importante fue que la unanimidad de la Corte dejó establecido que Augusto Pinochet no había tenido participación como autor ni como cómplice en los hechos de la comitiva. Fue desaforado como encubridor (si bien tampoco lo fue). Es decir, le reconoce no haber participado en el delito. Esa es la verdad judicial actual en Chile. ¿Cómo puede el Ejército publicar un libro sindicándolo como autor intelectual?

El hijo y abogado defensor del general Arellano, Sergio Arellano Iturriaga, escribió un exhaustivo libro sobre la comitiva: "De Conspiraciones y Justicia". Nunca ha sido refutado. Yo mismo escribí otro, fundado en las piezas del expediente, "La Verdad del Juicio a Pinochet", acreditando la ninguna vinculación del expresidente con los hechos. Nadie lo ha refutado. El historiador Gonzalo Vial, biógrafo hostil de Pinochet, escribió, en la página 693 del segundo tomo de su obra, sobre mi libro: "Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba". 

He ahí la madre del cordero. No es el derecho, es decir, la verdad de los hechos y su calificación jurídica, el tema. Es sólo la consigna. "Brutal dictatorship", para Madeleine Albright.  

Cómo fueron los hechos: había muchos presos y los juicios no avanzaban. Multitudes rodeaban cárceles y regimientos. La comitiva tiene la misión de acelerar los procesos. El 16 de octubre de 1973 llega a La Serena y un teniente coronel miembro de ella, sin saberlo Arellano, saca a 15 presos de la cárcel y les da muerte, mientras su jefe está reunido, lejos, con el comandante del regimiento, Ariosto Lapostol. Ambos ignoran lo sucedido. Luego Arellano despega hacia Copiapó y llega al regimiento, donde el personal local acaba de ultimar a todos los presos que había, 16 personas: 13 por "ley de la fuga" la noche anterior y tres por orden del jefe de zona con sede en Antofagasta. Arellano, en vista de que ya no hay presos, despega y sigue viaje.  

Llega a Antofagasta, instruye al personal local acerca de la necesidad de acelerar procesos y asegurar derecho de defensa. "Es lo mismo que les predico yo", comenta el comandante local, general Joaquín Lagos Osorio, que no simpatiza con Arellano. Pero invita a éste a cenar y a alojar en su casa. 

Temprano en la mañana siguiente Arellano y comitiva despegan hacia Calama, sin saber aquél que durante la noche el mismo teniente coronel de La Serena, otra vez, ha sacado de la cárcel a 14 presos y los ha hecho fusilar en la cercana Quebrada del Guay. 

En Calama, apenas almuerza sale, acompañado de su ayudante, teniente Cheminelli, hacia la cercana fábrica Dupont, en Chuquicamata, donde se ha registrado un alarmante robo de explosivos. En su ausencia el consabido teniente coronel saca a 26 personas de la cárcel local y las hace fusilar en un lugar del desierto, alarmando al consejo de guerra local, que las estaba juzgando. 

Arellano regresa a Calama y se entera de todo. Queda consternado. Interrumpe la cena que le brinda la oficialidad del regimiento y decide volar, con mucho riesgo, a Antofagasta de noche, para, a primera hora de la mañana siguiente, poner al teniente coronel autor de los fusilamientos a disposición del general Lagos Osorio, que tiene atribuciones de jefe de zona para juzgar todos los hechos (salvo los de La Serena, que dependía de Santiago). Lagos Osorio se niega, presumiblemente por amistad con el teniente coronel responsable. 

Entonces Arellano prosigue viaje a Iquique y Arica, donde los respectivos comandantes de regimiento, generales Carlos Forestier y Odlanier Mena, ya advertidos, prohíben acceso a la cárcel a los miembros de la comitiva y nada sucede. Arellano prodiga en ambas partes sus instrucciones sobre aceleración de los juicios y debida defensa, para retornar finalmente a Santiago. 

Todos los delitos cometidos en Antofagasta y Calama son sometidos al juzgado del crimen de Antofagasta, y el juicio dura hasta 1986. Los presuntos responsables ejercen sus defensas, que son controvertidas tanto en el tribunal como ante la opinión  pública. El juez dicta sentencia, aplica la Ley de Amnistía y nadie es condenado.  

Más de 13 años después y tras abrirse el proceso sustanciado por el ministro Guzmán y monitoreado por el abogado comunista Hugo Gutiérrez, que se lució ante la prensa mundial el 8 de agosto de 2000, al dar a conocer el desafuero de Pinochet, el "caso Caravana" continúa. Hasta hoy. Con los años, ante el fallecimiento de los autores o partícipantes en fusilamientos, los jueces de nuestra actual dictadura judicial roja, para poder dar millonarias indemnizaciones a los querellantes que sigue habiendo, familiares de las víctimas, se han ido quedando sin culpables, porque los autores de delitos han fallecido. Así, últimamente me cupo comentar que ya la justicia roja ha debido condenar hasta ¡al fiscal de los consejos de guerra de Calama, Óscar Figueroa, que está vivo! Por supuesto, era imposible que él hubiera participado en los fusilamientos, pues estaba desempeñándose a la misma hora de ellos en los consejos de guerra. Pero no importa, el objetivo es que haya un culpable para poder condenar al fisco a la indemnización millonaria, que es lo que interesa. Es decir, la dictadura judicial roja de Chile ha creado un nuevo hecho punible: estar vivo.

En estos días he leído que un tradicional defensor del gobierno militar y de los militares sometidos a juicios ilegales, el general (r) Hernán Núñez Manríquez, se ha manifestado en el sentido de culpar al general Arellano, lo que implica responsabilizar a Pinochet. Comenté el hecho con sorpresa, pero ahora me entero de que él era subteniente en Calama a la fecha de los 26 fusilamientos de allá y, como está vivo, es inminente que también lo condenen, aunque no haya hecho nada. Se trata de poder cobrar. 

El general (r) Núñez se ha referido a mí en términos denigratorios, por haber criticado la cita que él hace del libro de Orlando Sáenz, según el cual Pinochet dio orden de matar a una persona, por escrito, a Arellano. La falta de validez del aserto de Sáenz la he comentado en un blog anterior, pero el general (r) Núñez lo ha interpretado como una crítica a su persona. A su respecto, yo me he limitado a hacer notar su cambio de posición. Ahora me explico todo: era un joven subteniente en Calama en el momento de los 26 fusilamientos y, por tanto, la dictadura judicial lo necesita para condenar al fisco a pagar muchos millones. Si denigrarme le ayuda en su defensa judicial, y como víctima de prevaricación que está siendo, por supuesto que acepto este castigo que me inflige gratuitamente. Reitero que mi crítica se ha dirigido al contenido, que él ha citado, del libro de Orlando Sáenz y no a su persona.

Lo que he escrito y mantengo es que se ha suscitado un debate con un nivel paupérrimo de información, pues es una verdad probada, judicialmente establecida por la unanimidad del pleno de la Corte Suprema desde hace casi 22 años, que Augusto Pinochet no fue ni autor intelectual ni cómplice de los hechos acaecidos durante la gira de la comitiva de Arellano. Y, sin embargo, el actual debate público, dentro de su pobreza, desconoce esta verdad judicial y factual de nuestra historia reciente.