Cuando la mayoría de la Corte Suprema les dio el mal ejemplo, al aprobar el desafuero del senador vitalicio Augusto Pinochet, en el juicio monitoreado por el abogado y diputado comunista Hugo Gutiérrez. Ese proceso fue, en su conjunto, una completa desvergüenza judicial.
Pero su punto culminante se alcanzó cuando la mayoría del pleno de la Corte Suprema, constituida por catorce ministros (incluidos dos que habían sido designados a proposición de la derecha) votaron a favor del desafuero del senador vitalicio, fundados en que todos los fusilados al paso de la comitiva del general Arellano no estaban muertos, sino todavía vivos y permanecían secuestrados en manos de los integrantes de dicha comitiva. Fue un "ardid": mentir para eludir las leyes expresas y vigentes de amnistía y prescripción, que favorecían al adversario político principal de la todopoderosa izquierda.
Basta leer el fallo de la Corte Suprema sobre dicho desafuero, de 8 de agosto de 2000, para apreciar la efectividad de lo anterior. Fue publicado ese año por el Centro de Estudios Públicos en su revista "Estudios Públicos". Los catorce ministros de la mayoría tuvieron el descaro de asegurarles al país y al mundo que los militares inculpados mantenían secuestrados hasta esa fecha y desde 1973, 27 años antes, a quienes habían sido fusilados. La famosa mentira del "secuestro permanente", que de ahí en más se generalizó.
Faltaron a la verdad en aras de conseguir una finalidad política: poder culpar a Pinochet. Porque los hechos estaban prescritos y, si hubieran respetado la ley, deberían haber rechazado su desafuero. Pero esto no era "popular" ni "políticamente correcto", es decir, no era aceptable para la izquierda. En cambio la ilegalidad y la mentira lograban ambas cosas.
¿Cuándo comienza el derrumbe de una sociedad? Cuando ni siquiera su élite es capaz de hacer respetar la verdad y la ley.
Con todo, en la Corte Suprema había seis ministros honestos. Pero eran minoría y votaron en contra del desafuero y de la mentira: Hernán Álvarez, presidente del tribunal; Ricardo Gálvez, Orlando Álvarez, Servando Jordán, Humberto Espejo y Osvaldo Faúndez. Este último dejó el siguiente párrafo lapidario en su voto disidente:
"Realidad fáctica existente a la sazón: Que en la especie se trata del caso de la comitiva militar en el que seis ex oficiales y un ex fiscal militar se encuentran procesados por el secuestro calificado y reiterado de diecinueve personas ejecutadas en el curso de dicho mes y cuyos cuerpos no se han encontrado.
"Luego, al Senador Pinochet se le imputa responsabilidad criminal en dicho caso, calificado como secuestro de personas, calificación que ... si bien es el resultado de una elaborada apreciación o interpretación judicial válida como tal, contradice con rotunda evidencia la realidad fáctica existente a la sazón, distanciando consecuencialmente los ideales supremos de la verdad y de la justicia, que por su profunda concepción y su magnitud no pueden jamás separarse desde que hace surgir de inmediato y espontáneamente, leído detenidamente el proceso, tres afirmaciones categóricas e irrefutables y varias interrogantes fundadas y plausibles.
"Las afirmaciones son: a) Las personas que se dicen secuestradas fueron muertas mediante fusilamiento en el sitio de los sucesos; así lo reconocen circunstanciadamente los procesados Sergio Arredondo González, Marcelo Moren Brito y Patricio Díaz Araneda y lo expresan todos los comandantes de los regimientos que han prestado declaración; b) Se desconoce el o los lugares donde se encuentran los cadáveres o restos de dichas personas, y c) No existe antecedente alguno en el expediente que permita objetivamente suponer siquiera que las víctimas fueron encerradas en un lugar desconocido y que en esa condición permanecen hasta ahora. Nadie lo ha dicho y de ninguna pieza sumarial puede inferirse. Al respecto cabe considerar que el juez de la causa ha dirigido la investigación en este aspecto precisamente hacia la ubicación de los dichos cadáveres o restos y no a encontrar a los que, por creación intelectual, permanecerían privados de libertad.
"Las interrogantes son, entre otras: ¿Es verosímil que las 19 personas que habrían sido detenidas hace casi 27 años se encuentran desde entonces privadas de libertad en alguna parte y bajo la custodia de los secuestradores, que han debido y deben proporcionarles el alimento, el abrigo y el cuidado imprescindibles para que sobrevivan? ¿Puede castigarse un delito que se está cometiendo, si no se trata de una tentativa? ¿Cumplidas las penas que puedan imponerse en esta causa, deberían los responsables volver a ser juzgados y condenados por los mismos secuestros, porque éstos continuarían cometiéndose hasta que aparezcan los ficticiamente secuestrados restos?
"... la
ponderación conjunta y reflexiva de lo expuesto y razonado lleva naturalmente a
concluir que los hechos investigados en estos antecedentes no tipifican los
delitos de secuestros calificados y reiterados a que se refiere el auto de
procesamiento de fs. 1570 y por los que se han elevado los autos solicitándose
el desafuero del parlamentario imputado; y a considerar que cualquier otro
ilícito penal que pudiera llegar a estimarse que configurarían sólo conllevaría
su amnistía o la declaración de la prescripción de la acción penal respectiva,
por lo que, en todo caso, no es razonable ni conducente despojar al Senador don
Augusto Pinochet Ugarte de su fuero autorizando la formación de causa en su
contra por los referidos hechos."
Pero la verdad de los hechos y el imperio de la ley fueron derrotados por una mayoría circunstancial de ministros de la Corte Suprema en aras de una motivación política. Y desde entonces el atropello a la verdad y a la ley se generalizaron en los tribunales del país y los jueces que no incurrieran en ambos verían truncadas sus carreras.
Cuando la élite de un país pierde el norte moral, se puede decir que aquél ha iniciado su camino de perdición. Hoy estamos al borde de ésta. No sabemos cuándo ni en qué concluirá todo, pero lo que dejo escrito señala cómo y cuándo comenzó.