Fin de la Libertad de Expresión

Durante el gobierno militar la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) año a año se pronunció dictaminando que en Chile no había libertad de expresión. Yo asistí a un par de esas solemnes reuniones y oficié de solitario abogado defensor del régimen, una vez en San Antonio, Texas, en 1984, y otra en Santiago de Chile en 1989. Demostré en ambas oportunidades que en el país había más numerosas publicaciones opositoras que partidarias del gobierno, que había amplia libertad de crítica, leyendo diatribas violentas contra el régimen emitidas por el Partido Comunista, que se publicaban en los diarios opositores "La Época" y "Fortín Mapocho". Pero la unanimidad del resto de la SIP sostenía que, persistiendo restricciones en Chile a la libertad de informar y siendo la libertad de prensa similar al estado de embarazo femenino, en el sentido de que la mujer estaba embarazada o no lo estaba, pero no podía estar "un poco"  o "bastante" embarazada, asimismo, no podía haber "algo" o "bastante" libertad de prensa en Chile: o la había o no la había. Y año a año la SIP dictaminaba que no la había.

Con ese criterio, un proyecto de ley recién aprobado por la Cámara de Diputados y que debe pasar al Senado establece el fin de la libertad de prensa y de expresión en Chile, pues castiga con pena de presidio de hasta tres años a quien niegue las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno militar.

Recientemnte fui conminado a abandonar el panel del programa "Bienvenidos" de Canal 13 por afirmar que durante dicho gobierno las violaciones de los derechos humanos no tuvieron carácter sistemático, es decir, no formaron parte de su política. Esto es muy fácil de probar, porque la Declaración de Principios del régimen establecía el respeto a los derechos de las personas y sucesivas circulares de la Junta de Gobierno y de su presidente y el ministro del Interior instruían a todas sus dependencias en el mismo sentido. Aparte de ello, ése fue el régimen más vigilado del mundo en la materia y sucesivos "inspectores" enviados por la ONU al país controlaron el respeto a los derechos humanos. Además, el supuesto atropello de éstos acarreaba condenas anuales en la ONU, interrupción de  créditos al país y la famosa "Enmienda Kennedy", que prohibía a los Estados Unidos vendernos armas en un tiempo en que había una triple amenaza bélica vecinal contra Chile, que nos puso en 1978 al borde de una invasión, la cual estuvo a minutos de iniciarse.

Pues bien, defender la tesis anterior, si se aprueba el proyecto en el Senado y luego es promulgado, significaría que yo, como autor de las líneas anteriores, podría ser condenado a tres años de presidio menor en su grado medio, sobre todo si hay acá un Poder Judicial dominado por la izquierda. Ello implica que en el país, siguiendo el criterio de la SIP, ya no va a haber libertad de expresión ni de prensa y que dicho organismo, en sus reuniones anuales, deberá dejar constancia de ello, sin que sirva de atenuante --como no sirvió bajo el gobierno militar-- que en muchos otros aspectos exista esa libertad.

Nótese que en la votación de la Cámara la mitad de los diputados de derecha apoyó la supresión de la libertad de expresión, uniéndose a la oposición de centro e izquierda en eso.

Hago notar, adicionalmente, que cuando fui expulsado del programa "Bienvenidos" de Canal 13, el dueño de éste, Andrónico Luksic, cabeza de la mayor fortuna del país y tenido por hombre de derecha, escribió en twitter: "Fue un error invitar a Hermógenes Pérez de Arce al programa. Pido perdón a la teleaudiencia por ello." 

Es verdad que posteriormente el director ejecutivo del canal me presentó sus excusas, que yo acepté, por la censura de que fui objeto, pero eso no borra el predicamento liberticida del propietario.

El proyecto aprobado en la Cámara está en la misma línea de la moción de ley anunciada por el senador chavista Alejandro Navarro y que llamó "ley Hermógenes", para castigar con pena privativa de la libertad a quien opine como yo lo hice.

Si el proyecto se convierte en ley, supongo que la SIP dictaminará que en Chile ha dejado de haber libertad de prensa. De hecho, además, hay múltiples amenazas contra la misma, como funas y agresiones de palabra contra quienes manifiestan adhesión al régimen de Pinochet, que se ha traducido hasta en negativa de venta --un delito económico-- de parte del personal de la tienda H & M contra la diputada Camila Flores, por haber manifestado ésta ser pinochetista.

Es una pena que Chile esté dejando así de ser un país democrático, pues no puede ser considerado tal uno en que no existen las libertades de prensa y expresión.