Un Monumento para Urrutia

         ¿En qué esquina de la Plaza de la Constitución, Ignacio, quieres que te levantemos la estatua? Tienes locos a todos en este país de saltimbanquis, chamulleros, falsarios, sobornantes y sobornados, arrepentidos, tramposos de alto y bajo coturno, débiles de carácter y cómplices del terrorismo. Tu estrategia es simplemente genial: deshacerte de tres jueces prevaricadores con los votos de los grandes impulsores de la prevaricación, es decir, la izquierda y los kerenskys. Todos ellos, ya ebrios de tanto libar en la copa de la antijuridicidad y creyendo dar un gran susto a todo magistrado que excepcionalmente se atreva a respetar, aunque sea por una vez, el derecho, se van disparar en el pie y tú les vas a ayudar a hacerlo, consiguiendo tres plazas en la Suprema para jueces respetuosos del derecho. Simplemente genial.

         Ya una vez fuiste el único en levantar la voz para rechazar el insólito bono extra de $3 millones para los treinta mil pensionados vitalicios premiados por el inefable Lagos en 2005 por haber sido interrogados como sospechosos de terrorismo. Caso único en el mundo.

         Urrutia es un destello de coraje y de luz en el país de la cobardía y las sombras. ¡Qué lejanos parecen los tiempos luminosos, cuando tomábamos conciencia de haber sido milagrosamente librados del totalitarismo! Un Eduardo Frei Montalva declaraba exultante al ABC de Madrid: “Los militares han salvado a Chile… Cuando usted tiene cáncer, tiene que decidir operarse”. Ya para entonces había muerto más de la mitad de todos los caídos en la gesta libertadora (entre septiembre y diciembre de 1973 cayó el 57 % (1.823) de todos los muertos (3.197) que hubo entre 1973 y 1990 – Informe Rettig e Informe de Reparación y Reconciliación).

Los derechos humanos en Chile habían sido preservados. Como decía con verdad en 1979 monseñor Emilio Tagle, obispo de Valparaíso, en carta al Presidente de la Junta: “Es justo recordar en este día que V. E. dirigió la acción más eficaz en defensa de los derechos humanos violados por la agresión marxista, que nos llevaba al abismo sin salida en que yacen hoy tantos pueblos, en cuya misma situación estaríamos nosotros si no hubiera sido por aquella patriótica intervención. Chile ha dado al mundo libre una lección” (A. Pinochet: “Camino Recorrido”, tomo II, p. 201).

         En cambio ¡cuántas tropelías contra militares se cometen hoy en nombre de un supuesto derecho inexistente! Pues todo el mundo sabe que en Chile se creó el tipo de los delitos de lesa humanidad por ley de 18 de julio de 2009 y, por tanto, no existían antes. ¿Cómo es posible que se afirme que los militares los cometieron en los años 70 y 80? Sobre todo si su tipificación dice que consisten en un “ataque generalizado a una población civil”, mucho más descriptiva de la acción de los terroristas de izquierda, que incendiaban vehículos de locomoción, ponían autos-bombas en las calles o perpetraban atentados en el Metro. El MIR y el FPMR eran los que cometían el ataque generalizado a la población civil, después convertido en delito de lesa humanidad. Y, sin embargo, se les imputa hoy eso a los militares.

Y los principales diarios, “El Mercurio“ y “La Tercera”, cohonestan esos procesos por “lesa humanidad”, pese a que la Constitución dice que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Lo que impera es una “lesa legalidad”. Pues el “principio de legalidad” es universal y forma parte del derecho internacional de los derechos humanos.

         Peor aún, diputados del Frente Amplio y la Nueva Mayoría presentaron hace poco una moción de ley creando otro delito, el de “negacionismo”, para sancionar a quien públicamente “justificare, aprobare o negare la violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”. Es decir, monseñor Tagle habría ido preso, si se hubiera aprobado esa moción antes de sus opiniones. “El Mercurio” del 3 de agosto último comenta editorialmente al respecto: “el que hoy esas visiones sean muy minoritarias y susciten rechazo no hace ni menos severa ni menos discutible la restricción”.

¡A lo que hemos llegado!: las opiniones de los que velamos por el imperio de la legalidad son “muy minoritarias” y “suscitan rechazo”! Valga recordar que entre 1973 y 1990 ese diario defendía esas visiones.

       Y vean esta joya de "lesa humanidad" en un país civilizado: "Aden Hashi Ayro, quien era jefe de Al Qaeda en Somalía, murió ayer junto al jeque islamista Muhaydin Omar y treinta personas más, en el mayor ataque de los Estados Unidos a la insurgencia en ese país, el grupo Al Shabab, ligado a Al Qaeda. El ataque aéreo en la localidad somalí de Dusamareb redujo algunas casas a escombros" ("El Mercurio", 02.05.08). Agentes de seguridad chilenos que dieron muerte a un tercio de ese número ligados al Al Qaeda chileno, el FPMR, en los 80, cumplen cadena perpetua, sin haber reducido casas a escombros. ¿Cuáles son los "estándares internacionales en materia de derechos humanos"?

       

        El otro día, en un almuerzo, un abogado y profesor que hasta pocos años atrás se distinguía por sus artículos críticos de la prevaricación de los jueces de izquierda me dijo, para mi gran sorpresa: “las Convenciones de Ginebra prohíben la amnistía y la prescripción”. Sorprendido porque todavía otro de los nuestros se hubiera pasado al otro bando, recordé al profesor de Derecho Internacional de la UC, Hernán Salinas Burgos, quien el 5 de febrero de 2008 acreditó en “El Mercurio” que el único artículo de las Convenciones de Ginebra aplicable al conflicto armado interno chileno era el art. 3 común, disposición que “no produce efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto” y por lo tanto no se aplican al caso chileno las disposiciones sobre imprescriptibilidad e inamnistiabilidad, que sólo se refieren a los conflictos armados internacionales. “Es así –dice el profesor Salinas Burgos— que a través de una errónea interpretación de las disposiciones de los convenios de Ginebra de 1949 se vulnera abiertamente el principio de legalidad, sujetando a los inculpados  a un tipo penal inaplicable.”

       

        Es probable que la idea del monumento a Ignacio Urrutia en la Plaza de la Constitución no prospere, pero si su voto contribuyera a desplazar a tres jueces de izquierda de la Suprema y sustituirlos por otros tantos que sean respetuosos de la Constitución, de las leyes y del debido proceso, para lo cual el partido de Urrutia, la UDI (hoy más preocupada de acomodar su Declaración de Principios a lo que le dicte la izquierda) tiene influencia en el Ejecutivo que los designa, la estatua resultaría más que merecida.