HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973-1990 (XVII)

CAPÍTULO XIII

1985: El modelo chileno regresa

Anuncio en Moscú

          El 5 de enero, en el acto de la celebración, en la capital soviética, del 63° aniversario del Partido Comunista chileno, el ex senador Volodia Teitelboim anunció que “estaba planteada la tarea de botar a la dictadura”. Para esta faena contaba con el aparato militar del partido, fundado en las Milicias Rodriguistas.

          En el mismo acto el Vicepresidente del “Comité Soviético para la Solidaridad con los Pueblos de América Latina”, Piotr Nikolayev, precisó por enésima vez algo que todos sabían, pero después se ha olvidado: que en la lucha subversiva contra el gobierno de Chile “se emplean todas las formas de lucha” (1). Traducción: en Chile hay una guerrilla activa con respaldo soviético. ¿Los Estados Unidos? Se preocupan de sancionar al gobierno chileno por combatir dicha guerrilla.

          Abrazaban una causa común, entonces, el régimen soviético y el senador demócrata norteamericano Edward Kennedy, autor de la “enmienda” con su nombre que impedía a los Estados Unidos vender armamento a Chile, extorsión diplomática que favoreció grandemente los intereses internacionales de la URSS y cuya gravedad alcanzó el más alto nivel durante los diferendos simultáneos de Chile con Argentina, Bolivia y Perú en los últimos años de la década de los ’70 y primeros de la de los ‘80.

          El 26 de enero se celebró en México un “Seminario internacional sobre el pensamiento del general Prats”, organizado por la Universidad de Puebla y la “Casa de Chile” existente en México. Asistieron el ex coronel de la FACH Efraín Jaña, el ex comandante de la misma rama, Ernesto Galaz, también condenado en los “procesos de la FACH” y a la sazón comentarista semanal de Radio Moscú; Patricio Palma, ex director de Dirinco bajo la UP, miembro del PC residente en la RDA; el ex ministro del Interior de la UP, Jaime Suárez; el dirigente del MAPU-OC José Miguel Insulza, actual senador, hoy día visiblemente renovado; y el ex capitán de la FACH Raúl Vergara, condenado a muerte en los referidos procesos de la FACH de 1974 y cuya sanción le fuera conmutada. El mismo, bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, ocupó la subsecretaría de Aviación.

          Fidel Castro estaba entusiasmado: anunciaba que en Chile se produciría un estallido social revolucionario, una Nicaragua del Cono Sur (2).

          Con tanto apoyo norteamericano, bien podía ser…

          El pleno del Partido Comunista celebrado en enero de 1985 hizo más explícita la declaración de guerra armada que ese partido ya había formulado contra la Revolución Militar. Ordenó:

          “Las células del partido deben impulsar el crecimiento de las milicias rodriguistas, invitando a aquellos luchadores independientes, sobre todo a los jóvenes, en poblaciones, universidades e industrias, a incorporarse a las milicias (…) Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la paralización del país. (…) Hay que acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debería ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país” (3).

          Y efectivamente el comunismo estaba lanzado en la subversión armada, como se demostró en una acción sangrienta ocurrida en el Hotel Araucano de Concepción que, lamentablemente, tendría como consecuencia una represalia mayor que escapó de las manos del Presidente y de la Junta. Dice una fuente especializada:

          “El crimen más despiadado se produjo en Concepción mientras personal de seguridad revisaba las instalaciones de una radio clandestina, explotando una bomba-trampa (que asesinó) a dos suboficiales de las FF. AA. y dejó a dos oficiales gravemente heridos. Este infame atentado era informado por los granujas del PC acomodados en Moscú como ‘la muerte de unos esbirros de la Gestapo dictatorial caídos en el cumplimiento de un papel indigno y miserable’. Ese mismo día 26 explota un auto con dinamita, provocando varios heridos; paralelamente estallan bombas en Santiago, Coquimbo, Los Ángeles, Talcahuano, Temuco, Viña del Mar y otras ciudades, dejando esta oleada de terror comunista numerosos heridos” (4).

          Radio Moscú, nótese, fue la que describió el atentado de Concepción como “la muerte de unos esbirros de la Gestapo dictatorial caídos en el cumplimiento de un papel indigno y miserable”.

          Se verá pronto la lamentable derivación de esos hechos.

Cambios en el gabinete

          La frustración del “gabinete Rosende” del mes de noviembre de 1984 prolongó la permanencia, pero con carácter terminal, del dúo Jarpa-Escobar en Interior y Hacienda, respectivamente. Pero apenas retornado de sus vacaciones el Presidente, en febrero, produjo el cambio en ambas importantes carteras y asumieron el prestigiado abogado, políticamente independiente, Ricardo García Rodríguez, en Interior; y el, en ese momento, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, designado paradójicamente en ese cargo por Escobar Cerda, Hernán Büchi Buc, en Hacienda.

          García deja en claro desde el primer momento que su misión es velar por la aplicación rigurosa del itinerario constitucional diseñado en la Carta de 1980. Y cumplirá metódicamente esa misión, sin  apartarse un milímetro.

          Por su parte, Büchi es un joven –al asumir tiene 36 años-- ingeniero civil de minas con estudios de post grado en Administración en Columbia, Estados Unidos. Durante más de diez años ha desempeñado cargos en el Gobierno, a donde llegó reclutado por Miguel Kast en 1975. Tras brillar en diferentes áreas, había ascendido a ministro Director de Odeplán antes de ser Superintendente y hasta había sido sugerido por Collados en noviembre de 1983 como su subsecretario de Economía.

Hay consenso entre los economistas de Chicago, en ese momento, en que Büchi es capaz de encontrar soluciones que otros no aciertan a hallar a problemas complicados.

          En todo caso, puede decirse que ha vuelto la ortodoxia a Interior y Hacienda. ”Años corridos, le preguntarían (a Pinochet) por la época o paréntesis de Jarpa y Escobar. ‘Fue un juego de piernas’, contestaría, sencilla y francamente” (5).

          Pero Büchi no era tampoco tan ortodoxo. El historiador Carlos Huneeus lo describe así: “Sin abandonar los principios del modelo neoliberal, flexibilizó su aplicación, subiendo los aranceles y manteniendo las sobretasas establecidas por Escobar Cerda, lo que hubiera constituido una herejía para el monetarismo de los años setenta. Recurrió a medidas radicales para equilibrar el presupuesto, que tuvieron un importante costo político posterior, como negar el reajuste a los pensionados en 1985 o atrasar en varios meses el pago del reajuste de las remuneraciones con el fin de evitar un desembolso por algún tiempo, para favorecer el equilibrio de las cuentas fiscales (6).

El terremoto del 3 de marzo

          Un gran terremoto, cuyo epicentro estuvo en el mar frente al balneario de Algarrobo, sacudió la zona central del país con una fuerza que no se veía en la zona desde el gran sismo de 1906 en Valparaíso.

          El saldo final fue de 140 muertos, 2.000 heridos y diez mil personas sin hogar. Los daños globales fueron estimados entre 1.600 y 1.800 millones de dólares. Hubo un millón de personas damnificadas.

          Si el Gobierno Militar debía lidiar contra el cerco externo levantado por la URSS, el acoso de los gobiernos occidentales que se impresionaban con esa campaña y resolvían medidas contra Chile, como la Enmienda Kennedy, las amenazas de bloqueo comercial, los ataques terroristas concretos, que demandaban más represión (al tiempo que ésta fortalecía la crítica internacional); y las amenazas fronterizas en el norte y en el sur, ahora la naturaleza se ensañaba con la zona central del territorio y se sumaba a todos los anteriores problemas.

No se recuerda otro gobierno chileno que haya debido lidiar simultáneamente contra tantas adversidades no emanadas de su propia acción.

          El Partido Comunista, característicamente, “coopera” a raíz de la catástrofe y hace estallar bombas los días 6 y 8 de marzo en Lota y Santiago. Desde Moscú llegan instrucciones para enfrentar la desgracia: “No es hora de bajar la guardia, es hora de luchar más, de protestar más alto, en forma más unida” (7).

          Es con este desafío telúrico que se encuentra el recién asumido ministro de Hacienda, Hernán Büchi.

Pinochet ordena a Odeplan elaborar un Plan de Reconstrucción para recuperar los daños producidos por el sismo.

          Los recursos se hacen escasos y Büchi, como se señaló más arriba, anuncia que no será posible reajustar las pensiones de cargo del Estado en un 10,6 %, como estipula la ley de reajustabilidad automática de las mismas. De ahí nació el slogan vigente hasta hoy en relación a que se les “robó parte de sus pensiones a los jubilados”. Pero no se les “robó” nada de lo que percibían. Sólo no se les reajustó.

          La movilización ante el terremoto dispuesta por el Gobierno y encabezada por las Fuerzas Armadas y Carabineros hizo que en corto tiempo la catástrofe se diera por superada. Fueron vanas las ilusiones del brazo armado comunista, el FPMR, que había pasado a encabezar la subversión después del desmantelamiento del MIR, en el sentido de que se abría una oportunidad para acortar por las armas la presidencia de Pinochet.

          La opositora Alianza Democrática también pensó que el golpe a la economía y a la tranquilidad podía favorecerla y acelerar un itinerario de cambio de régimen y derogación de la Constitución. En su lenguaje menudeaban los términos “desobediencia civil” e “ingobernabilidad” como aspiraciones limítrofes que apenas la separaban de la violencia armada explícita de los comunistas.

          Las dos corrientes opositoras, la marxista revolucionaria violenta y la democrática reacia a aceptar el orden constituido, siguieron actuando juntas en aras del propósito común de derribar al Gobierno, pero se fueron tornando menos eficaces en lograrlo, tanto que las “protestas pacíficas” de, valga la paradoja, extrema violencia, fueron menos que el año anterior, es decir, seis; y sólo en tres de ellas se registraron muertes (catorce en total), disminución que los organizadores de las mismas consideraban “un fracaso”.

          El populismo en vigor entonces había hecho que muchos, aprovechándose del terremoto, dispararan contra la UF, la “Unidad de Fomento Reajustable”, que permitía mantener el poder adquisitivo de las obligaciones y las deudas, haciendo que se reajustaran según la inflación. Pinochet finalmente desistió de eliminar la UF y se limitó a disponer ayudas a los endeudados, pero sólo a los de carácter habitacional (8).

Asesinato de líderes frentistas

          Lamentablemente hubo, como anticipamos, una represalia derivada de los crímenes comunistas, especialmente los dos asesinatos del Hotel Araucano de Concepción, pero indeseada y repudiada por el Gobierno. Fue un acontecimiento macabro que marcó el primer trimestre del año y provocó un inmenso daño a la imagen interna e internacional del régimen, aunque éste no tuviera responsabilidad en aquél. Con todo, la posteridad se lo ha cargado a su cuenta igual.

          Fue el secuestro y degollamiento, perpetrado por carabineros, actuando por su cuenta y pertenecientes a un organismo llamado DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de Carabineros) de  tres altos dirigentes comunistas y del FPMR.

          La publicación inicial del secuestro de las víctimas desconcertó al Gobierno, porque carecía de toda información sobre ello. La prensa informó que había intervenido un helicóptero de Carabineros en el apresamiento de dos profesionales comunistas, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, a la salida de un establecimiento de educación particular, el Colegio Latinoamericano de Integración, regentado por altos personeros del partido. Un tercero, Santiago Nattino, vinculado a los temas contables y financieros del partido y del grupo guerrillero, fue detenido en otro lugar de la ciudad.

          Vale la pena llamar la atención acerca del hecho de que ese Colegio Latinoamericano de Intgración había sido fundado por personas de extrema izquierda bajo el amparo de la legislación de la Revolución Militar, que garantizaba la libertad de enseñanza. Es una razón más para argumentar que la libertad económica sirve de sustento al pluralismo político.

          El ministro del Interior, Ricardo García Rodríguez, sorprendido por el triple crimen, comunicó que “el Gobierno tiene el más profundo interés y máxima decisión de prestar toda su colaboración y apoyo para que estos hechos se esclarezcan y se sancione como corresponde a quien sea responsable de ellos” (7).

          Una publicación opositora, la revista Hoy, se refería a los ejecutados y describía sus papeles en la subversión: José Miguel Parada, decía, “era quien más sabía acerca de las acciones de grupos y organismos de seguridad” y contaba “con pistas más certeras acerca del grupo especializado en la persecución del PC”. Pues resultó que estaba a cargo del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, bajo el manto de la Iglesia Católica y utilizando su infraestructura, recursos económicos y medios de todo tipo.

          Sobre otra víctima del atentado, Manuel Guerrero, señalaba que en 1976 había sido miembro del Comité Central y que colaboraba en la investigación de grupos anticomunistas. La tercera víctima, Santiago Nattino “se desempeñaba en la cúpula del aparato de propaganda del partido hasta el golpe militar y estuvo muy activo hasta 1982” en que había sufrido una operación cardíaca. Pero “se mantenía en cargos importantes del aparato clandestino” (10).

Se decía que estaba a cargo de la administración económica del aparato terrorista.

          La CNI informó al Gobierno y al ministro en visita, designado algo tardíamente por la Corte de Apelaciones (en relación a la urgencia con que se había pedido la designación, lo que pudo resultar fatal para las víctimas). Y señaló que la detención había sido obra de Carabineros.

El ministro sumariante, José Cánovas Robles, sin embargo, no le creyó a la CNI y tuvieron que pasar diez años para que corroborara la versión que desde el primer momento le entregó aquélla. El peso de las consignas lo hacía pensar que los autores habían ido agentes de la propia CNI.

          Pero el Gobierno sí le creyó a ésta y encontró tan grave la situación que aceptó la renuncia del general director de Carabineros e integrante de la Junta, César Mendoza Durán, por su “responsabilidad de mando”, pues las pruebas apuntaban a personal de la DICOMCAR.

Finalmente, los responsables fueron, una decena de años después, condenados a cadena perpetua, no sin que antes uno de ellos, el coronel Luis Fontaine, fuera asesinado por el brazo armado comunista, el FPMR. Esta otra “represalia ilegal” no ha sido objeto de ninguna crítica comparable a la recibida por Carabineros y el gobierno militar.

          Y hay un evidente contraste entrre esa severidad judicial hacia los carabineros con la impune libertad de que gozan todos los extremistas que asesinaron a uniformados y cometieron otros hechos de sangre antes de 1990, los cuales recibieron conmutaciones de penas, cuando estaban condenados; o escaparon del penal de alta seguridad, gozando de sospechosas facilidades; y muchos de los cuales recibieron acogida generosa y trabajo en países europeos gustosos de recibirlos y, algunos, asilo en la Cuba de Castro. Y, finalmente, cuantiosas indemnizaciones pecuniarias.

          Justamente la primera reforma constitucional patrocinada por la Concertación en los años ’90 fue la conducente a aliviar las penas a los terroristas y permitir su indulto. La pública oposición a esa reforma por parte del senador Jaime Guzmán Errázuriz es sindicada como la causa principal de que el FPMR, lo haya elegido a él como víctima de un atentado mortal en 1991.

En efecto, Guzmán señaló en el Senado la inconsecuencia de hacer procedentes la amnistía y los indultos generales para los delitos terroristas, admitir la libertad provisional de los procesados por ellos y, en particular, la facultad concedida al Presidente Aylwin de beneficiar con indultos particulares ‘a todos quienes estén o sean condenados por delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990’” (11).

          Entonces el gran contraste ex post lo vino a mostrar la condena por delito terrorista a los carabineros que asesinaron a los jefes del FPMR, a ninguno de los cuales Aylwin ni sus sucesores consideraron idóneos para concederles indultos como los otorgados a los verdaderos terroristas de izquierda por hechos de sangre similares.

La Vicaría y el terrorismo

          José Manuel Parada fue identificado inicialmente, tras su asesinato, como “Jefe de Análisis y del Archivo de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago”, pero Radio Moscú se encargó, la noche de su secuestro, de identificarlo como alto jefe comunista. Era llamativo el antecedente de que hubiera ingresado a la Vicaría como chofer, para ir ascendiendo hasta hacerse cargo del Archivo, donde empleó su función no sólo para efectos de información y comunicacionales, sino para reclutar militantes del frente terrorista del partido, el FPMR.

En efecto, el frentista Alfredo Malbrich Labra, capturado cuando se hallaron los entierros de armas clandestinamente ingresadas desde Cuba en 1986, en Carrizal Bajo, confesó que había entrado al Frente a instancias de Parada, que lo reclutó cuando él, detenido por Carabineros en una manifestación en la Alameda, obtuvo su libertad gracias a los abogados de la Vicaría. Declaró textualmente:

“El 1° de mayo de 1979 soy detenido por Carabineros en la Alameda Bernardo O’Higgins y trasladado a la Primera Comisaría. Mi esposa concurrió a la Vicaría de la Solidaridad y pone un recurso de amparo en mi favor. Al quedar libre (nota del autor: se ha afirmado que los tribunales en ese tiempo no acogían los recursos de amparo, lo que, como puede verse, no es verdad) concurro a la Vicaría, lugar en que trabo amistad con José Manuel Parada, el cual me pide que colabore prestando el teléfono de mi casa como buzón y llevando pequeños recados; posteriormente me pregunta si me gustaría colaborar en una forma más sistemática” (12).

A partir de ahí Malbrich se transforma en un guerrillero activo. En sus palabras, lo que buscaban era “instaurar un gobierno revolucionario marxista-leninista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Nicaragua”.

Esta vinculación de la Vicaría del Arzobispado con el FPMR no sólo tenía lugar a través del Jefe del Archivo, a la vez alto jefe del Frente, sino que el Vicario, monseñor Sergio Valech Aldunate, confesó judicialmente, a raíz de la investigación del asesinato del carabinero Miguel Ángel Vásquez Tobar el 2 de abril de 1986, como se verá en el próximo capítulo, que manejaba las fichas de atención de terroristas heridos en enfrentamientos; y que éstos se atendían (y ocultaban) en la Clínica Chiloé, con cargo al Arzobispado. El Vicario Valech se negó a entregar esas fichas a la justicia, cuando ésta se lo requirió. Pese a ello, nunca fue procesado por obstrucción a la justicia. Ni tampoco nunca pidió perdón. Ni lo hizo su superior al conocerse estos hechos, el Cardenal-Arzobispo Francisco Fresno, que tanto decía luchar por la paz y la no-violencia.

          Debe añadirse que se interpretó la ilegal acción de algunos carabineros en el triple secuestro como una venganza por la muerte de dos funcionarios uniformados en un atentado frentista con una trampa explosiva en el Hotel Araucano de Concepción, ocurrida dos días antes y que recién hemos visto. Las venganzas eran recíprocas en ese combate entre uniformados y terroristas, pero finalmente un solo lado, el primero, ha sido castigado judicialmente por ellas: en efecto, en 1990, como antes vimos, el FPMR asesinó al coronel de Carabineros Luis Fontaine, a cargo de la DICOMCAR, que había llevado a cabo el secuestro con homicidio de los tres frentistas. Los autores del asesinato de Fontaine fueron finalmente indultados.

         

Renuncia del general Mendoza

          El dos de agosto, cuando ya los hechos aparecían irrefutables, y como ya se anticipó más arriba, el General Director de Carabineros, César Mendoza Durán, que no había tenido responsabilidad en el triple crimen, se reunió primero con su plana mayor y después con la oficialidad de la capital.

          Esa noche presentó su renuncia, negando que hubiera sido presionado a ello. En su lenguaje coloquial habitual, dijo a la prensa: “Renuncié porque se me antojó, no más. Se está desgranando el choclo”.

          Asumió cono General Director Rodolfo Stange Oelckers, que era el Subdirector y se integró a la Junta.

          En el orden judicial se desató una serie de declaratorias de incompetencia entre la justicia militar y la civil, que declaraban por igual no tener atribuciones para conocer del proceso. Finalmente la Corte Suprema lo asignó al ministro en visita José Cánovas Robles. Éste poco avanzó, porque no recibió una colaboración entusiasta de Carabineros. El historiador Gonzalo Vial critica a su biografiado, Augusto Pinochet, por no haber impulsado que la justicia castigase a los culpables.

          A la postre, ello demostró no ser necesario, porque la justicia ordinaria los condenó a cadena perpetua, la máxima sanción contemplada en nuestro ordenamiento, por contraste con la libertad de hecho que la administración Aylwin granjeó a los terroristas que habían asesinado a uniformados.

Ambiente subversivo

          El diario El País de España reflejaba bien la situación de una sociedad sustancialmente libre, como lo era la chilena, donde sólo había restricciones para organizarse políticamente, y reconocía: “las poblaciones obreras chilenas son el verdadero corazón de la creciente rebelión popular contra la tiranía y en ellas se están gestando formas de lucha y autodefensa que gravitarán en el futuro del país” (13).

          Se anunciaba una Jornada de Protesta Nacional para el 29 de marzo, convocada por la trilogía del Movimiento Democrático Popular (PC, PS y MIR), la Alianza Democrática (DC, centroizquierdistas y elementos de derecha desafectados del Gobierno Militar) y el Comando Nacional de Trabajadores, encabezado por el DC Manuel Bustos y donde operaban sindicalistas con nexos en los Estados Unidos y otros que habían apoyado en sus inicios al Gobierno Militar.

          Las bandas armadas comunistas eran muy activas y el 14 de marzo provocaron una gran congestión de vehículos en Santiago con disparos, lanzamiento de volantes e incendio de automóviles, mientras Radio Moscú llamaba a aprovechar las consecuencias del terremoto del 3 de marzo y “a organizarse en comités por poblaciones, villas, manzanas, cuadras y comunidades sociales”. (14).

          De nuevo el 11 de abril fue convocada una Jornada Nacional de Protesta por la Vida a instancias del Comando Nacional de Trabajadores manejado por los comunistas y el 16 de abril se formó un Movimiento de Intransigencia Democrática por socialistas, radicales, socialdemócratas, izquierdistas cristianos y “los paladines de la paz, la democracia y la libertad: el MIR y el PC” (15).

          Pero la capacidad de convocatoria popular de la oposición era tan escasa que la festividad del 1° de mayo pudo celebrarse en un local cerrado. No obstante, la violencia terrorista era mucha y el 2 de mayo estallaron siete bombas que derribaron igual número de torres de alta tensión, provocando extensos cortes de energía eléctrica en la zona central del país. ¿Eso desprestigiaba al Gobierno o a los terroristas?

Caídos a manos del terrorismo

          Pero los atentados también provocaban directamente muertes de inocentes a manos de los terroristas.

          Aparte del crimen más despiadado, que, según se ha visto, se produjo en Concepción mientras personal de seguridad revisaba las instalaciones de una radio clandestina, en mayo las bombas colocadas en las municipalidades de Lo Prado y Cerro Navia, comunas populares, dejaron diecisiete heridos.

          Un maquinista de tren que bajó de la locomotora a retirar un obstáculo de la vía, cerca de Limache, V Región, pereció cuando el bulto resultó ser un artefacto explosivo y estalló, en junio.

          Un autobomba instalado por el FPMR frente al consulado de los Estados Unidos, en el Parque Forestal de Santiago, estalló matando a un transeúnte que se dirigía a su domicilio, en julio.

          Un artefacto explosivo en pleno centro de Santiago, en el salón de té Savory Tres del Paseo Ahumada, dejó tres heridos en agosto.

          Una mujer perdió sus dos piernas en la Avenida Providencia de Santiago, al estallar un artefacto terrorista colocado frente a una firma exportadora, en octubre.

          En ese mismo mes las bombas incendiarias rodriguistas en el supermercado viñamarino Las Brisas y otros locales comerciales dejaron cinco muertos.

Un informe de la embajada norteamericana describía al terrorismo de izquierda como la mayor amenaza contra la vida de los chilenos, lo cual no desvirtuó la campaña mundial que desde el mismo 11 de septiembre de 1973 había desatado el KGB en contra de la Junta chilena, pero sí hizo que, en el imaginario interno, se mantuviera un fuerte argumento en favor de la permanencia del régimen autoritario.

A la vez, los opositores democráticos se vieron en la necesidad de distanciarse de la violencia marxista en general y comunista en particular, lo que tendría consecuencias electorales importantes en 1989.

          Además, las “protestas” se fueron desprestigiando porque, en el curso de ellas, la población civil debía soportar abusos, como los actos de vandalismo callejero y los cobros de “peajes” a los automovilistas cazados en medio de los desmanes opositores. Esto molestaba a la gente no comprometida.

          Tanto fue así que la Comisión de Derechos Humanos que presidía un caracterizado democratacristiano, Jaime Castillo Velasco, que había estado dos vece exiliado por el régimen, emitió una declaración de repudio a la violencia de las protestas, en noviembre.

          La Enciclopedia de Internet, Wikipedia, no pudo desentenderse de la violencia extremista en Chile y la describió:

          “El 25 de marzo la guerrilla del MIR plantó una bomba en el Hotel Araucano de Concepción, que mató al sargento de la Armada René Osvaldo Lara Arriagada y al sargento de Ejército Alejandro del Carmen Avendaño Sánchez, que estaban tratando de desactivarla.

          “El 6 de diciembre un carabinero fue muerto a bala por guerrilleros que le dispararon con subametralladoras mientras caminaba a su casa.

          “El número documentado de acciones terroristas en 1984 y 1985 fue de 866” (16).

El caso de los hermanos Vergara Toledo

          La distorsión de la verdad (recientemente bautizada como posverdad) ha sido una tónica no sólo nacional sino mundial en relación con la Revolución Militar Chilena, pero en pocos casos se muestra con mayor evidencia que en el de los hermanos miristas Vergara Toledo, cuyas muertes han pasado a contabilizarse destacadamente entre la opinión pública desinformada como uno de “los crímenes de la dictadura”.

          La fecha en que cayeron dos de esos hermanos, tras ellos disparar primero contra carabineros y herir de gravedad al sargento Marcelo Muñoz Cifuentes, con un balazo en el tórax y otro en una pierna, el 29 de marzo de 1985 en la Villa Francia de Santiago, escenario frecuente de atentados y desórdenes con motivo de las protestas pacíficas opositoras, ha pasado a ser una efeméride extremista denominada Día del Joven Combatiente. El nombre por sí solo no sugiere demasiada vocación pacífica ni democrática, ni menos que se trate de “víctimas”.

          En esa fecha el sargento Muñoz descendió de su furgón en la Villa Francia y pidió sus documentos de identidad a dos hermanos de apellidos Vergara Toledo. Por toda respuesta, éstos le dispararon, como se señaló, en el tórax y en una pierna, dejándolo malherido, y huyeron.

          Los otros dos tripulantes del furgón descendieron de él, persiguieron a los agresores, los alcanzaron y les dieron muerte con sus armas de servicio.

          El inicio oficial de la falsificación histórica del caso lo marcó el Informe Rettig, que en la letra a) del número 2 de su capítulo tercero trata el caso bajo el título de “Los falsos enfrentamientos”, en circunstancias que en este caso el enfrentamiento fue indiscutidamente auténtico y se inició al disparar los hermanos al carabinero Muñoz. Lo único falso fue la versión del Informe.

Y además dicho Informe prejuzgó al dictaminar que uno de los hermanos no participó en el tiroteo, en circunstancias que el sargento Muñoz recibió dos balazos simultáneamente.

          En 2008, con motivo del Día del Joven Combatiente, la entonces Presidenta Michelle Bachelet llamó a celebrar la efeméride que conmemoraba, según ella, “un crimen horrible”.

Comentando esto y tras verla en la televisión, yo escribí en la ocasión: “Bueno, ella, según la biografía de Andrea Insunza y Javier Ortega, también militó en el MIR. Al menos es leal con sus ex camaradas de armas” (17).

El tercer “joven combatiente”

          La efeméride extremista también rememora a un tercer hermano Vergara Toledo, pero éste no estaba en el lugar de los hechos en 1985. Sí lo estaba en noviembre de 1988, cuando una explosión derribó una torre de alta tensión en Temuco. Al acudir el personal de la empresa eléctrica a reponer el servicio se encontró con dos cadáveres, de un hombre y una mujer, despedazados por la explosión. Según documentos de identidad hallados en sus ropas, eran Eduardo Durán y Alicia Sanhueza. Así se publicó en la prensa. Portaban un maletín con cables y explosivos. 

          Días después se comprobó que las cédulas de identidad eran falsas. El muerto era Pablo Vergara Toledo, el tercer hermano.

          La justicia de izquierda tomó el caso de Villa Francia con posterioridad a 1990 y tuvo procesados a los carabineros del furgón, incluido Marcelo Muñoz, pese a que fue baleado sin provocación y no alcanzó a disparar. Finalmente no recibió condena, aunque estuvo cerca de sufrirla. Los otros carabineros fueron condenados a siete años de presidio. Al escribirse estas líneas uno de éstos, Francisco Toledo Puente, habiendo cumplido el 90 por ciento de la pena impuesta por haber respondido el fuego del terrorismo armado, ha conseguido la  libertad condicional gracias a un estrecho fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, de tres votos contra dos que se oponían, uno de éstos fundado en que la acción del carabinero fue “un delito de lesa humanidad”.

Pero tal delito no estaba tipificado en Chile en 1985 y sólo lo fue en 2009, con expresa advertencia de que no podía aplicarse retroactivamente. No obstante, lo habitual ha sido que la Corte Suprema sí lo aplique retroactivamente y ha constituido toda una sorpresa que la Sala Penal, esa vez y sólo esa vez, haya reconocido por apenas un voto de mayoría el derecho a la libertad condicional de un uniformado, derecho que asiste a todos los demás penados del país.

El diario El Mercurio de 17 de febrero de 2017 informó del fallo y terminó con el siguiente párrafo: “(El carabinero) Toledo, quien cumplió hasta ahora su condena en el penal Punta Peuco, fue uno de los carabineros de la patrulla responsable de asesinar a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo. Ambos jóvenes fueron asesinados en Villa Francia, en la comuna de Estación Central, que cada año conmemora su muerte en un nuevo Día del Joven Combatiente” (18).

Nótese el sesgo con que El Mercurio informa sobre hechos acontecidos durante el período de la Revolución Militar: describe como “asesinados” a dos miristas muertos por carabineros tras haber aquéllos disparado primero a otro uniformado y haber huido.

          Ha sido sorpresa comprobar que el historiador Gonzalo Vial, miembro de la Comisión Rettig y un adalid de la severidad contra los militares, la cual calificó en su Informe como “falso enfrentamiento” el del 29 de marzo de 1985, ni siquiera haya hecho mención de ese episodio en el recuento histórico que contiene su libro Pinochet, la Biografía, característicamente cuidadoso de cargar las tintas a las actuaciones indebidas de quienes tuvieron la misión de combatir el terrorismo de extrema izquierda en Chile (19).

          ¿Es que se dio cuenta a posteriori de que el enfrentamiento no había sido “falso”?

La mano comunista

          El terrorismo era una herramienta favorita de los comunistas, que se arreglaban para mostrar un “rostro democrático”, consiguiendo loas de políticos no comunistas y hasta de algún derechista desprevenido, para quien eran los adalides de la “vía pacífica”, por contraste con los socialistas, a los que consideraban más extremos.. Pero, para ver cuánto lo eran los rojos, véanse sus instructivos a las bases:

“El pleno del Partido Comunista efectuado en enero de 1985 impartió las siguientes instrucciones: ‘Las células del partido deben impulsar el crecimiento de las milicias rodriguistas, invitando a aquellos luchadores independientes, sobre todo a los jóvenes, en poblaciones, universidades e industrias, a incorporarse a las milicias. (…) Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la paralización del país. (…) Hay que acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debería ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país’”.

El investigador que informa sobre el instructivo anterior añade: “No puede haber expresión más clara de la idea que Lenin tuvo de cómo se hace una revolución. Ni tampoco mejor muestra del desconocimiento de la técnica del golpe de Estado enseñada por Trotsky” (20).

Otro roce con la jerarquía eclesiástica

          Como si no le faltaran los problemas, el Gobierno Militar se enfrenta con la renuncia del almirante (r) Jorge Swett a la rectoría de la Universidad Católica. Su gestión prudente ha logrado sortear todas las dificultades propias de la convivencia derivada de la dirección uniformada en esa casa de estudios con el carácter pontificio de la misma, sobre todo habiendo durante muchos años un Gran Canciller, monseñor Silva Henríquez, cuyas simpatías políticas estaban indisimulablemente del lado de los opositores al régimen.

          Pinochet quiere que el caballeroso almirante siga en el cargo, pero Silva Henríquez expresa su molestia ante tal posibilidad. Eso lleva a Swett a persistir en su renuncia y en que el Gobierno nombre un nuevo rector, de acuerdo con la Iglesia. El Gobierno propone el nombre del ex ministro de Educación y decano de Derecho de la Universidad Católica, Sergio Gaete Rojas, pero el veto de Silva Henríquez es terminante. Gaete es de derecha.

          Finalmente se alcanza un acuerdo en torno al nombre de Juan de Dios Vial Correa, hermano del ex ministro de Educación, Gonzalo Vial, y un médico que goza de gran prestigio académico y no participa en política. Pese a que es un reconocido, aunque discreto, partidario del Gobierno Militar, la jerarquía acepta la designación y se resuelve favorablemente el inoportuno y nuevo impasse (21).

Statu quo con los Estados Unidos

          Las presiones norteamericanas, derivadas de la desinformación esparcida en todo el mundo por el Departamento D (Desinformatsiya) del KGB, habían sido para la Revolución Militar Chilena un problema recurrente en años anteriores, amortiguado por la elección del presidente Reagan, cuya disposición es favorable a la Junta, y a su embajador James Theberge, un diplomático definitivamente anticomunista. En ese contexto, las presiones derivadas de la burocracia liberal (izquierdista) del Departamento de Estado resultaban amortiguadas.

          En 1985 hubo razones adicionales para que las mismas dejaran de ser un factor de gran preocupación para el gobierno chileno. Si bien en febrero el senador Edward Kennedy, el mejor agente de la Desinformatsiya en los Estados Unidos, había vuelto a la carga y presentado otro proyecto para prohibir ayudas a Chile; y el Secretario de Estado Adjunto para asuntos interamericanos, Langhorne A. Motley, viajó para entrevistarse con Pinochet, pero también se reunió con líderes opositores que le pidieron ayuda para derrocar al régimen chileno, en marzo llega el Subsecretario de Defensa Adjunto y abre la posibilidad de incrementar la cooperación en materia de defensa.

          Se fortalecen los vínculos militares y se logra apoyo norteamericano en los organismos militares de crédito, no obstante continuar la crítica por supuesta “falta de avances hacia la democracia”, en particular a raíz del alejamiento de Jarpa del ministerio del Interior, pues ello era visto por los norteamericanos como una derrota de los sectores “blandos” del Gobierno Militar.

          Simultáneamente el canciller del Valle conversa con ellos sobre la utilización del aeropuerto Mataveri, en Isla de Pascua, como sitio de aterrizaje alternativo de los transbordadores espaciales norteamericanos. A cambio, los Estados Unidos se comprometen a extender y mejorar la pista de dicho aeropuerto, como también a la instalación de instrumentos de aeronavegación. El acuerdo se materializa el 3 de agosto de 1985 entre el canciller del Valle y el embajador Theberge (22).

          Y, además, los Estados Unidos dejan de insistir en reemplazar ellos el articulado transitorio de nuestra Constitución según lo que reclaman los opositores políticos internos. Pinochet se encarga de mandarles un mensaje a través de una entrevista en el Washington Times en que les dice que la remoción de Allende “no le costó a los Estados Unidos ni un dólar, ni un tiro, ni un arma, ni un hombre (…) nadie puede decir en Estados Unidos ‘nosotros ayudamos a Chile’; ése no es el caso; lo hicimos nosotros mismos aquí, en Chile” (23). Antes había escrito lo mismo el oficial norteamericano Patrick Ryan (ver capítulo I).

          Pero la peor noticia que podía recibir Chile del país del norte llega a fin de año: el reemplazo del embajador James Theberge por Harry Barnes, de quien al poco tiempo se llegaría a decir que “Pinochet simplemente no lo soporta” (24).

Barnes es un verdadero maestro de la “corrección política” y fiel creyente en la Desinformatsiya. Declara que “los males de la democracia se curan con más democracia”, pero se alínea con los totalitarios. Frente a ello, el Presidente chileno le aclara que la experiencia comunista nacional entre 1970 y 1973 demostró cómo los mecanismos democráticos podían ser utilizados para destruir las instituciones de una sociedad libre (25).

Normalización contable interna y externa

          En enero de 1985 se dicta la ley N° 18.401 que permite a la Corfo adquirir del Banco Central los créditos contra las empresas bancarias y sociedades financieras sometidas a administración provisional después de la intervención de enero de 1983. Las leyes N° 18.412 y N° 18.430, de mayo y agosto de 1985, autorizan al Banco Central para adquirir los activos y pasivos de las empresas bancarias y sociedades financieras en liquidación forzosa, de acuerdo a la ley del Banco, y para adquirir los activos de las empresas bancarias que se encuentren a cargo de delegados, con el objeto de proceder a su liquidación. También se permite a los accionistas de los bancos intervenidos comprar acciones de los mismos en ventajosas condiciones, para garantizar su permanencia en el sector privado.

          Se va gestando así un capitalismo popular para evitar la estatización de las finanzas, “privatización” que se acentuará cuando se permita a los trabajadores emplear sus fondos de indemnización por años de servicios en las empresas en que trabajan, para adquirir acciones de empresas estatales o intervenidas en condiciones muy ventajosas (largos plazos y exenciones tributarias).

          Será la Corfo la que gestará el proceso de capitalismo popular que permitirá resarcir al Estado y, al mismo tiempo, dar acceso a la población a acciones de grandes empresas o entidades financieras a las que siempre habían tenido acceso sólo unos pocos.

          Las negociaciones de la deuda externa, bajo la conducción de Hernán Büchi, toman un nuevo giro, pues el Banco Central aprueba “el uso de pagarés y títulos de aquélla para cancelar deudas internas, comprar activos y otras formas de inversión”. Usted compraba un título de deuda externa chilena, castigado en el mercado por “la crisis de la deuda” y por la Desinformatsiya soviética, y podía emplearlo por su valor nominal, superior al de compra, naturalmente, para pagar deudas en el país o invertir en él.

          Pues en el exterior los títulos de la deuda externa chilena costaban una fracción de su valor nominal, porque, además de las razones anteriores, los mercados internacionales meten “en un solo saco” a los países latinoamericanos incapaces de pagar puntualmente sus compromisos con los “buenos pagadores”. Pero siempre “el mercado sabe más” y, entonces, hay cada vez má expertos que compran títulos de la deuda chilena baratos afuera y los convierten en activos de capital acá por su valor nominal o face value. Chile se convierte en pionero de este medio de reducir los compromisos externos (26).

La política de privatizaciones

          Las privatizaciones eran consustanciales al modelo de sociedad libre que la Revolución Militar buscaba legar al país, y que de hecho legó.

          En un primer momento derivaron del propósito de compensar los despojos perpetrados por el régimen marxista de 1970-1973. Después obedecieron a una necesidad económica imperativa: en manos del Estado las empresas provocaban pérdidas que ahondaban el déficit público, en cambio en manos de particulares pasaban a generar ganancias y a pagar impuestos para disminuir ese déficit. Es decir, mediante la privatización el Gobierno cambiaba un pasivo oneroso por un activo rentable. Finalmente, las privatizaciones sirvieron, como recién vimos, para pagar la deuda externa justamente en la “crisis de la deuda” de 1982.

Además, constituyeron una manera de hacer efectivo el principio de subsidiariedad establecido en la Constitución: el Estado sólo debe hacerse cargo de funciones socialmente necesarias que los particulares no se muestren dispuestos a desarrollar.

El historiador opositor al Gobierno Militar, Carlos Hunneus, lo explica así: “Büchi empleó el capitalismo popular para rescatar los bancos intervenidos. Los particulares podían comprar acciones en condiciones muy favorables: la Corfo otorgaba créditos a diez años plazo, sin intereses ni reajustes y debiendo pagar sólo un cinco por ciento al contado. Además, estas acciones tuvieron cuantiosos incentivos tributarios, pues para los particulares era posible descontar anualmente de la base imponible de sus impuestos el 20 por ciento del valor de ellas. En buenas cuentas, esto se traducía en que el capitalista popular se convertía en propietario de sus acciones sin pagar” (27).

          El mismo historiador acertadamente añade: “La política de privatizaciones abarcó tres dimensiones. La primera es que después del golpe de Estado quiso restituir a sus antiguos propietarios las empresas intervenidas por el Gobierno de la Unidad Popular, más de 300. Como no todos los antiguos propietarios estuvieron en condiciones de reasumir sus empresas, muchas debieron ser reprivatizadas. La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) impulsó estas ventas durante los años setenta, conocidas como ‘privatizaciones de la primera ronda’, aunque en realidad fueron reprivatizaciones. También hubo un proceso de reprivatización en los años ochenta, cuando el Estado puso a la venta las empresas que cayeron en su poder o fueron intervenidas como consecuencia de la crisis financiera de 1982-1983, que colapsó a los dos principales grupos económicos, el de Javier Vial y el de Manuel Cruzat. En estos años los Chicago Boys no se propusieron privatizar las empresas públicas.

          “La segunda dimensión es que en los años ochenta hubo un proceso de privatización mediante la venta de las empresas públicas creadas por el Estado a través de la Corfo en sectores estratégicos de la economía: telecomunicaciones (Entel), electricidad (Endesa), siderurgia (Compañía de Acero del Pacífico, CAP), petroquímica (Soquimich) y otras. Esta iniciativa había dado lugar a la formación del ‘Estado empresario’. De las principales empresas de la Corfo, sólo Enap no fue privatizada por oposición de la Marina. La liberación del acceso de privados a la educación universitaria y superior, en general.

          “La tercera dimensión es la incorporación al sector privado de la previsión social, dando origen a empresas con fines de lucro, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y la privatización del sector salud, creándose las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que hasta hoy coexisten con el sistema público de salud, también reformado. Estas políticas buscaron terminar con el Estado benefactor, constituido a partir de las leyes de comienzos de siglo y llevado adelante por gobiernos de centro-derecha o derecha” (28).

          El proceso privatizador fue una de la bases en que se apoyó la Revolución Militar de 1973 para transformar la economía, de una socialista, en una de mercado libre. Otras bases fueron la libertad de precios, el respeto al derecho de propiedad, la reducción de los impuestos a la renta, la integración del impuesto a las empresas con el impuesto a sus dueños (Fondo de Utilidades Tributables), que fue un gran incentivo a no retirar utilidades sino a invertirlas; la incorporación de las cotizaciones previsionales al mercado de capitales, a través de las sociedades administradoras de los respectivos fondos; la creación del derecho real de concesión minera, tan sólido como el de propiedad; el retorno de predios objeto de la Reforma Agraria a manos de particulares que los sabían hacer producir mejor, la apertura comercial al mundo exterior y la creación de un sistema privado de salud previsional, paralelo al público y con libertad de los usuarios para elegir.

          El salto en eficiencia productiva y económica que todo ello significó llevó al país al primer lugar de América Latina en ingreso por habitante medido según paridad de poder de compra y fue descrito en el resto del mundo como el milagro chileno.

Rescate de bancos y pérdida de gremios   

          Pero el Gobierno estaba pagando un alto costo político por la crisis, aprovechada por sus opositores para provocar agitación popular y un clima noticioso desfavorable, pues había libertad radial para criticar y el mayor número de las revistas políticas a la venta en kioscos era adverso al Gobierno Militar y formulaba vistosas denuncias contra el régimen, culpándolo de una caída del producto y del ingreso que todavía en 1985 no podía recuperarse a los niveles de 1981.

          El costo político es descrito por el ya citado historiador crítico, Carlos Huneeus: “La oposición consiguió ganar las elecciones de directiva en los principales colegios profesionales, resultando elegidos dirigentes con trayectoria política, quienes ocuparon cargos directivos durante la democracia. Especial notoriedad tuvo, en 1985, la elección para renovar 10 de los 18 consejeros del Colegio de Abogados, en que se impuso la lista de la oposición integrada por destacadas personalidades vinculadas a la Alianza Democrática, eligiendo nueve de ellos, obteniendo la primera mayoría Jaime Castillo Velasco. La oposición controló la directiva de los principales colegios profesionales, como los de Médicos, Ingenieros y Periodistas, constituyendo una Federación de Colegios Profesionales de Chile, presidida por el doctor Juan Luis González, presidente del Colegio Médico” (29).

          Recuérdese que Juan Luis González estuvo a la cabeza de la Asamblea de la Civilidad, activa promotora de protestas pacíficas que no ocultaba su propósito de sacar a los militares del poder antes de los plazos previsto en la Constitución para celebrar elecciones.

El frente eclesiástico y el sindical

          Había algunos prelados que no contribuían a la paz interna ni al apaciguamiento de los espíritus.

          Durante la Semana Santa, al realizarse el Vía Crucis de las Comunidades Eclesiales de Santiago en la zona sur de la capital, bajo la dirección de los sacerdotes Roberto Bolton, Mariano Puga, Felipe Barriga, vicario de la zona, y Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Obrera, los asistentes portan carteles con mensajes como “la tierra devolverá la sangre de los degollados” o “el vampiro de La Moneda desangra a Chile”; y acogen el llamado apostólico del MIR a quemar “todo local represivo” y a “ajusticiar” a todo “soplón o sapo que tengamos a mano… paco o CNI” (30).

          Algunos de los sacerdotes de izquierda antes mencionados resultan más violentos en sus expresiones que los sindicalistas de izquierda. Éstos, a su vez, cuentan con importante apoyo europeo. En marzo de 1985 la NOVB, Agencia Holandesa de Desarrollo, se reúne con dirigentes de la Confederación Nacional Sindical chilena, presidida por Manuel Bustos (DC), para tratar los programas financiados por dicha entidad y se revela que a esa fecha se habían aprobado US$ 49.000 y estaban por llegar US$ 55.000, los que se suman a US$ 3.000 de la organización de trabajadores de Francia AFDT (31).

          Entretanto, los estudiantes universitarios gremialistas, partidarios del Gobierno, sufren por primera vez derrotas en las elecciones de dirigentes estudiantiles de la Universidad Católica, tanto en Santiago como Valparaíso.

          Pero Pinochet no desatiende el frente sindical, con el cual se maneja bien y al cual le suele hacer concesiones políticas que no siempre les resultan aceptables a los economistas de gobierno. Y así, en noviembre se dicta la ley N° 18.464, elaborada a través de comisiones de estudio y del Consejo Económico y Social donde están los sindicalistas, y restablece los tribunales del trabajo, refuerza las actividades sindicales y los fueros y recursos para dirigentes y organizaciones.

La ley garantiza el fuero de los trabajadores elegidos como dirigentes sindicales hasta seis meses después de cesar en el cargo y estipula, en fin, que la Dirección del Trabajo podrá disolver un sindicato a petición de los trabajadores o empleadores por disminución de socios o por receso superior a un año (32).

El itinerario de la violencia

          No es coincidencia que a un proceso de agitación extremista suceda la activación del Acuerdo Nacional. Y así ocurre: en enero la comunista Mesa de Concertación de la Zona Sur de Santiago convoca a un paro nacional; a fines de marzo, el Movimiento Democrático Popular, cuyo núcleo es el Partido Comunista, junto con la Alianza Democrática surgida de la estrategia común de la DC con socialistas, radicales y algunos derechistas; y el Comando Nacional de Trabajadores liderado por el sindicalista Rodolfo Seguel, organizan una Jornada Metropolitana de Protesta.

          Dos meses después se lleva a cabo la Jornada Nacional de Movilización por la Vida y la Democracia, tras la cual mueren tres personas en los desórdenes y se registra graves perjuicios en la propiedad pública.

          En junio hay una Marcha del Hambre, en julio una Jornada Nacional de Movilización Universitaria y una protesta en la que mueren siete personas, no obstante lo cual (o, pensando mal, a raíz de lo cual) sus organizadores la califican como “exitosa”.

          El 3 de julio hubo otra Jornada Nacional de Movilización Universitaria, con disturbios en distintas facultades de las Universidades de Chile y Católica, protagonizados por enmascarados y con barricadas incendiarias y cortes de energía eléctrica en la noche.

Al día siguiente hubo atentados contra iglesias mormonas en Santiago, Lota y Coronel y las milicias rodriguistas declaraban que esas acciones “se encuadran dentro de una campaña de rechazo al proyecto yanqui en Isla de Pascua (un aeropuerto de alternativa para misiones espaciales), iniciadas el 4 de julio, día de la Independencia de los EE. UU.” (33).

          El 11 de julio hubo una Jornada Antimperialista, el 28 otra Marcha del Hambre, el 9 de agosto otra Jornada por la Vida, que paradójicamente arrojó tres muertos, numerosos heridos y apagones entre Antofagasta y Talcahuano, mientras Radio Moscú celebraba la firma del documento conjunto Por el Reencuentro del Pueblo de Chile, “que abarcó el más amplio espectro jamás reunido en el pasado, desde el Partido Nacional hasta los comunistas" (34).

          Después de un septiembre violento vino un paro estudiantil el 9 de octubre, que resultó un fracaso y no se materializó, en vista de lo cual se convocó a una paralización nacional el día 15, en la cual hubo 17 heridos a bala, más de 20 bombas en la red ferroviaria, incendio de buses y desórdenes en La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno y Punta Arenas.

          Finalmente, en septiembre las protestas del día 4 (aniversario del triunfo de Allende en 1970) dejan “ocho muertes, numerosos heridos, saqueos al comercio, enfrentamientos callejeros, barricadas y explosiones, en medio de los ya habituales apagones” (35).

          Hubo protestas violentas también del 4 al 6 de noviembre, a las cuales el Comando Nacional de Trabajadores había denominado Jornada de Inamovilidad General. Antes habían menudeado los atentados en diversos lugares del país. En la víspera de la Jornada cinco personas murieron en un incendio intencional de un supermercado y unas bodegas de ferrocarril en Viña del Mar. La Jornada misma produjo cuatro muertos y numerosos heridos, “combate de masas” celebrado por Radio Moscú que comunicó: “Chile se encuentra nuevamente ante el gran ascenso de las luchas”.

Un carabinero cuyo nombre nadie recuerda fue asesinado el 11 de noviembre. El obispo Carlos Camus aportaba la siguiente advertencia: “Hemos llegado a una situación tan límite que hay derecho a temer que ya es tarde para una salida pacífica. Por eso le pido a Pinochet que abdique, le pido que renuncie” (36).

          El 21 de noviembre la Alianza Democrática, liderada por el Partido Demócrata Cristiano, convocó a una reunión masiva en el Parque O‘Higgins. Antes de ella el comunismo declaró “una tregua unilateral de 48 horas”. Hubo la acostumbrada discrepancia entre la concurrencia apreciada por los organizadores y Carabineros y no hubo mayores disturbios.

          El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la oposición llamó a otra Jornada con ese motivo y “el 12 de diciembre de 1985 los comandos armados del PC robaron un autobús e hicieron explotar una bomba en la capital, mientras en la Universidad de Santiago se levantaban barricadas y se producían enfrentamientos con carabineros. El 14 explotó un auto-bomba frente a la Escuela Militar y otro ante el Regimiento de Ingenieros de Ferrocarriles en Puente Alto, dejando tres heridos; el mismo día y localidad incendiaron un supermercado y provocaron un corte de energía eléctrica; en Valparaíso explotaron bombas produciendo diversos destrozos, mientras en la capital era quemado otro autobús. Al día siguiente se produjo un apagón en Antofagasta” (37).

          El año terminó con una sucesión continuada de atentados terroristas variados. El Mercurio certificaba: “Según los organismos de seguridad chilenos, durante el año 1985 fueron colocados en el país 1.575 artefactos explosivos, es decir, una media de más de cuatro bombas al día” (38).

          Preguntas y respuestas:

          ¿Por qué la violencia comunista no tuvo éxito? Porque había un gobierno que no se amilanó ante ella.

¿Por qué no se amilanó? Porque había una opinión pública mayoritaria que lo respaldaba, creían los gobernantes, dado que se expresaba en los principales diarios, que nunca dejaron de apoyar al régimen (tal vez porque éste les ayudó a solventar sus pasivos); en la televisión y en la mayoría de las radios.

Si la Gran Prensa, la mayoría de las radios y la TV se hubieran vuelto contra el Gobierno, tal vez “otro gallo habría cantado”. Pero si algo tenía claro el Gobierno era que debía evitar eso. Y lo consiguió.

El Acuerdo Nacional

          El llamado Acuerdo Nacional para la Transición a la Nueva Democracia había comenzado a gestarse en 1983, en medio de las violentas “protestas pacíficas” a que convocaban los líderes políticos y gremiales opositores y que el Partido Comunista se encargaba, a través de su brazo armado, el FPMR, de convertir en episodios de extremada violencia.

Pero, como antes se dijo, justamente la violencia de las protestas opositoras había desprestigiado la idea del Acuerdo cuando éste fue logrado, porque presentaban una imagen de “o el Gobierno o el caos”. Desde el punto de vista de la opinión pública, resultó gratuito para el Gobierno no haberle hecho nunca el menor caso al Acuerdo.

          El mismo nació de que el empresario José Zabala y el Arzobispo de Santiago, monseñor Francisco Fresno, gestores iniciales de la idea, habiendo transcurrido dos años sin que plasmara, decidieron explorar otras instancias y buscar personalidades “menos políticas” que las que habían frustrado su iniciativa en un comienzo. Y decidieron contactar a Sergio Molina, DC y ex Ministro de Hacienda de Frei Montalva, “por quien Monseñor Fresno sentía mucho aprecio y respeto”, y a Fernando Léniz, “que tenía amigos políticos de todos los colores, había sido Ministro de Economía de Pinochet y era buena su relación con los militares. (…) Se gestó así un desayuno y quedó constituido el equipo asesor del Arzobispo” (39).

          Luego celebraron “reuniones individuales y confidenciales” con los distintos líderes políticos y finalmente el 24 de agosto de 1985 se reunieron en la casa de Fernando Léniz con todos los líderes políticos comprometidos y a las 20.30 salió “humo blanco” de sus deliberaciones.

Al día siguiente todos volvieron a reunirse en el Círculo Español de Santiago, donde el texto fue firmado por los asistentes: Gabriel Valdés y Patricio Aylwin, por la DC; Enrique Silva Cimma y Luis Fernando Luengo, por el Partido Radical; René Abeliuk y Mario Sharpe, por la Social Democracia; Andrés Allamand, Francisco Bulnes y Fernando Maturana, por el Movimiento Unión Nacional; Patricio Phillips y Pedro Correa, por el Partido Nacional; Hugo Zepeda Barrios y Armando Jaramillo Lyon por el Partido Republicano; Ramón Silva Ulloa, por la Unión Socialista Popular; Gastón Ureta, por el Partido Liberal; Carlos Briones y Darío Pavez, por el Partido Socialista-Briones; Sergio Navarrete y Germán Pérez, por el Partido Socialista-Mandujano; y Luis Maira y Sergio Aguiló, por la Izquierda Cristiana.

          No adhirieron al Acuerdo ni los grupos y partidos de extrema izquierda (Movimiento Democrático Popular) ni, a la derecha, la Unión Demócrata Independiente y grupos nacionalistas de Avanzada Nacional, afectos al Gobierno.

Contenido y destino

          El Acuerdo pedía la elección popular del Presidente, con segunda vuelta, y la de un Parlamento; una reforma constitucional que contemplara el plebiscito; un Tribunal Constitucional y la regulación de los estados de excepción.

          Como medidas inmediatas demandaba el término de los estados de excepción vigentes, la formación de registros electorales, el fin del receso político y la dictación de una ley electoral.

          El Acuerdo mereció amplio debate público y hasta la celebración de un seminario en el Centro de Estudios Públicos, una fundación auspiciada por importantes empresarios de derecha afectos al Gobierno. Pero los gestores, promotores y firmantes del Acuerdo parecieron olvidar que era importante comunicarlo al Gobierno.

Cuando quisieron entregar su texto al ministro del Interior, Ricardo García, éste delegó la tarea de recibirlo en el subsecretario, Alberto Cardemil, y de ahí no pasó la cosa.

El historiador Gonzalo Rojas puntualiza:

          “El Acuerdo Nacional no plantea la renuncia del Presidente ni la posibilidad de conformar una asamblea constituyente, ya que, quizás recogiendo la idea de Patricio Aylwin y demostrando haber aprendido (de) los errores de la confrontación, se busca el camino de aceptar la Constitución, aunque a cambio de una reforma. Consta de tres capítulos: Acuerdo Constitucional, Orden Económico-Social y Medidas Inmediatas. Se afirma, de entrada, que debe producirse una ‘entrega ordenada del poder político a autoridades revestidas de plena e indiscutida legalidad democrática’ y ‘el retorno de las FF. AA. a sus indispensables funciones permanentes, respetando plenamente sus valores, dignidad y requerimientos institucionales’. En cuanto a las medidas inmediatas, se considera importante para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la participación con libertad e igualdad, el término de los estados de excepción y del receso político, la redacción de una ley electoral y la apertura de registros electorales” (40).

          Pero alguien recordó que en Chile tenía importancia un personaje llamado Augusto Pinochet, que había sido elegido plebiscitariamente por ocho años como Presidente de la República. Entonces el Arzobispo Fresno le mandó una carta explicando el Acuerdo, el 31 de agosto. Pero sólo en octubre el general Santiago Sinclair, Secretario General de la Presidencia, acusó recibo de ella… y nada más.

Entonces, desde el Arzobispado, comenzaron a solicitarle una audiencia al Presidente, para que el prelado, que a todo esto había sido designado Cardenal, le pudiera entregar el texto, ya profusamente publicado en los diarios.

          Finalmente la audiencia tuvo lugar el 23 de diciembre y fue ocasión de un pintoresco y controversial diálogo, que después el Cardenal-Arzobispo puso por escrito y legó a la posteridad, no obstante lo cual carece de valor histórico y lo tiene sólo anecdótico (41).

          En el hecho el Cardenal-Arzobispo llevaba a la entrevista el texto en la ancha bocamanga de su casaca-sotana e intentó entregárselo a Pinochet, pero éste, in leerlo, lo metió de vuelta allí donde venía y se puso de pie para dar por terminada la entrevista, cuyo epílogo entonces fue un “cariñoso abrazo” y mutuo saludo navideño ante la prensa y las cámaras en la puerta del despacho presidencial. Pinochet, además, en ese momento le entregó un regalo de pascua al purpurado.

          Y del Acuerdo Nacional nunca más se supo, pues, contra lo que sus inspiradores suponían, éste no reemplazó a la Constitución y la misma continuó rigiendo y aplicándose normalmente.

          En realidad, este desenlace era previsible a partir de las palabras de uno de los más importantes opositores de la época, el ex senador y ex presidente de la DC, Patricio Aylwin, quien afirmaba que, abocados a buscar soluciones, “lo primero es dejar de lado la famosa disputa sobre la legitimidad del régimen y su Constitución; personalmente yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980, pero así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo; la única ventaja que él (Pinochet) tiene sobre mí a este respecto, es que esa Constitución –me guste o no--  está rigiendo”. Y a partir de ese raciocinio se manifestaba partidario de entrar en un pacto constitucional con el Gobierno (42).

Continúa el retorno de exiliados

          El Gobierno no está dispuesto a que sus adversarios programen su abandono del poder, pues para eso tiene un itinerario propio, pero no por eso deja de continuar tomando medidas apaciguadoras, como la autorización para el regreso de cada vez más gente que aspiraba a retornar.

          Así, en septiembre de 1985 se da a conocer una nueva nómina de 482 personas que tenían prohibición de ingreso al país, a las cuales se ha autorizado a volver. Eso significa que el número de las que tienen prohibición de entrada baja de 4.360 a 3.878 (43).

          Siempre este aspecto de la situación chilena contrastó con el de los países socialistas bajo influencia soviética: desde todos ellos se comunica que hay grandes números de personas que son impedidas de dejar sus respectivas naciones, mientras es inexistente un flujo importante de gente que desea vivir en ellos. Salir de Cuba, por ejemplo, es imposible y se multiplican los casos de integrantes de delegaciones cubanas al exterior de las cuales desertan miembros apenas se les presenta la primera oportunidad.

          En el caso chileno la situación es la opuesta: la gente pugna por volver al país y todavía en 1985 hay un número de personas a las cuales el Gobierno se lo prohíbe.

          De otro lado, nunca durante el Gobierno Militar existió política alguna de restricción de los viajes de nacionales al exterior. El que quería irse podía hacerlo, salvo que estuviera procesado o preso. De hecho, en los períodos de penuria económica local, como en la crisis de la deuda a comienzos de los años ’80, se usó el pretexto político de pedir asilo a otras naciones para obtener trabajo en el exterior, el que no podía conseguirse si no había un pretexto de “persecución política”. Muchos aprovecharon la coyuntura para hacerse pasar como “perseguidos” o “exiliados” y conseguir un empleo garantizado en naciones desarrolladas, en el hecho sin ser víctimas de persecución política alguna, aunque se autodescribieran como tales para poder viajar.

         

La crítica económica empresarial

          En la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa de 1985, el presidente de la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio, Jorge Fontaine, expresó su desengaño con las políticas económicas, aunque después pronto adherirían a ellas los mismos empresarios, cuando resultaran exitosas las recetas aplicadas por Hernán Büchi. Fustigó Fontaine “la creencia impuesta (…) hasta 1982 de que el país podía endeudarse indefinidamente y de que era más conveniente, para favorecer al consumidor chileno, adquirir el máximo de artículos en el exterior. Esta política económica, si bien modernizó el sistema productivo chileno, no tuvo en cuenta que si no hay producción interna no hay trabajo y no hay poder de compra” (44).

          Pero, en el hecho, la designación de Hernán Büchi en Hacienda implicará retomar en plenitud el mismo modelo de Chicago y, con éste, conseguir una recuperación económica que dará lugar a la “década dorada” de la economía chilena, que sólo se interrumpirá con la crisis internacional de fines de los ’90.

La institucionalización avanza

          Ni la violencia extremista ni su encubrimiento por parte de otros sectores impiden que la Revolución Militar continúe avanzando en 1985 en el proceso de preparación de la plena democracia, llamado a tener lugar en 1989, si el resultado del plebiscito de 1988 es favorable al régimen, o en 1990, si es negativo para éste.

          Así, el Gobierno impulsa firmes pasos institucionalizadores, como la aprobación en junio de 1985 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción. Éstos son los de Sitio (conmoción o guerra interna), Asamblea (guerra externa), Emergencia (alteración del orden público, sin constituir guerra interna) y Catástrofe (desastres naturales). En todos ellos se confieren facultades extraordinarias al Ejecutivo.

Una Comisión de Estudio de Leyes Orgánicas Constitucionales había sido constituida, como antes se señaló, cuando era ministro del Interior el general Enrique Montero, sucediendo a Sergio Fernández, quien al dejar el gabinete pasó a presidirla.

Fernández ha referido en sus memorias que su sucesor, Sergio Onofre Jarpa, quiso quitarle la presidencia del organismo y luego disolverlo, haciendo pasar sus tareas al Consejo de Estado (45).

          Sometido el diferendo al Presidente de la República, éste dispuso que ambas entidades trabajaran en común los proyectos. Pero después, cuando Ricardo García sucedió a Jarpa, decidió que la Comisión incorporara nuevos miembros y siguiera trabajando por su cuenta.

          Las leyes más importantes que ella debía estudiar eran la que establecía el Tribunal Calificador de Elecciones, la que regulaba las Inscripciones Electorales y los Registros de Electores, creando el Servicio Electoral a cargo del proceso; la de Partidos Políticos y la de Votaciones y Escrutinios.

          Este trabajo dio lugar a un diferendo importante, porque la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones que finalmente aprobó la Junta disponía que él debía constituirse después del plebiscito de 1988, obedeciendo la postura del ministro de Justicia, Hugo Rosende, que sostenía la tesis de que debía respetarse la disposición decimoprimera transitoria de la Constitución. Este predicamento fue el adoptado por la Junta. Pues esa disposición transitoria decía que el Tribunal Calificador sólo debía constituirse treinta días antes de la primera elección de diputados y senadores y, por tanto, no autorizaba su existencia para el plebiscito presidencial de 1988.

          Pero Ricardo García opinaba que la importancia y solemnidad de dicho plebiscito presidencial exigían que se hubiera constituido previamente el Tribunal Calificador de Elecciones. Eso lo situaba fuera de la línea más dura del régimen, partidaria de aprovechar todas las ventajas que le brindaba la letra de la Constitución.

          Sin embargo, el Tribunal Constitucional dio la razón a Ricardo García y declaró que el Tribunal Calificador debía presidir el plebiscito presidencial, decisión adoptada con los votos de los ministros Eugenio Valenzuela Somarriva, Julio Philippi Izquierdo (ambos abogados de nota) y de los integrantes ministros de la Corte Suprema José María Eyzaguirre y Luis Maldonado Boggiano.

          Entonces la ley del Tribunal Calificador fue promulgada en octubre de 1985 con el N° 18.460.

Derechos humanos en la OEA

          Mientras en Chile se avanzaba en la institucionalidad para una plena democracia, seguía aconteciendo que la OEA, entidad politizada y de sesgo favorable a gobiernos de izquierda, emitía a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos un negativo informe sobre la situación en nuestro país, el cual fue rechazado por nuestra Cancillería, expresando que “la publicación de un informe que ha sido totalmente objetado por graves vicios de orden procesal, sobre los cuales la CIDH no se ha pronunciado derechamente, constituye una nueva demostración de que a Chile se le pretende aplicar un procedimiento selectivo, discriminatorio y especial, lo cual es inaceptable” (46).

          Se continúa presentando la situación de que la OEA debata sobre la situación chilena en un contexto de ignorancia acerca de los pasos que en el país se están dando para restablecer la plena democracia y la cabal vigencia del respeto a los derechos humanos.

          Pero el sentir político predominante en la OEA sufre una derrota, porque el informe desfavorable a Chile de la CIDH, sometido a la votación de la reunión plenaria de la Asamblea, convocada en Cartagena, Colombia, es rechazado debido a la abstención de varios países, recibiendo sólo 15 votos a favor y dos en contra, de Haití y Chile. Ese quórum es insuficiente, pues se requerían 16 para una condena. La iniciativa antichilena fracasa, aunque Chile esté en minoría.

Relaciones con Perú

          En el país vecino del norte asume en julio de 1985 un nuevo gobierno, presidido por un hombre de izquierda, Alan García, que ha manifestado animadversión hacia el régimen chileno. Su asesor Hugo Otero viaja a Santiago y se reúne con el Presidente chileno. Luego anuncia que éste le ha manifestado su decisión de retirar sus tropas del norte como testimonio de su voluntad de paz. Pinochet lo confirma y dice que ello se haría en pro del mejoramiento de las relaciones entre ambos países (47).

          Pero para las autoridades chilenas no resulta auspicioso que García invite a la transmisión del mando presidencial a los recalcitrantes opositores chilenos Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, Enrique Silva Cimma, Luis Bossay y Andrés Zaldívar.

          Pero así y todo las negociaciones con Perú avanzan y al final del año se firma un acuerdo, en Arica y Lima, relacionado con la solución de asuntos pendientes del Tratado de 1929 entre ambos países.

          En los años siguientes la relación con el gobierno de García se tornará difícil y culminará negativamente con la acción emprendida por su gobierno ante La Haya, demandando la revisión de los límites marítimos con Chile, que vendrá a fallarse casi treinta años después y de la cual, imprevistamente, el Perú algo obtendrá que no tenía antes: una mayor superficie de zona marítima exclusiva.

Balance económico anual

          Ingresado Hernán Büchi al Ministerio de Hacienda, aplicó políticas ortodoxas, si bien con concesiones pragmáticas. En conjunto frenaron la tendencia expansiva derivada de las aplicadas por Escobar Cerda y esto se reflejó en una caída de la tasa de crecimiento del PIB a 2,0 %, desde el 5,9 % del año anterior.

          Pero el desempleo volvió a un dígito, tras más de una década, y cerró en 9,3 %. En cambio, la inflación, medida por el IPC anual, aumentó algo, a 26,4 %, desde el 23,0 % anterior.

          Por su parte, la Tasa de Inversión en Capital Fijo aumentó a 17,7 % del PIB, desde el 13,3 % anterior. Esto auguraba mayor crecimiento futuro, que de hecho tuvo lugar.

          Pero el déficit fiscal también aumentó, a 6,3 % del PIB. Esto no podía mantenerse y fue una consecuencia de la gestión de Escobar en Hacienda, que, por otra parte, tuvo su lado bueno para los deudores más afligidos.

          En la Balanza de Pagos, la Balanza Comercial (bienes) más que dobló su superávit, llevándolo a 883,7 millones de dólares, y la Cuenta Corriente disminuyó su déficit, a -1.413,0 millones de dólares, mientras la Cuenta de Capitales redujo en algo su superávit, a 1.482,8 millones de dólares.

          El saldo de la Balanza de Pagos volvió a ser negativo y de -99 millones de dólares.

          En fin, la deuda externa también aumentó un poco, a 19.444 millones de dólares (48).

          Las Reservas Internacionales Brutas del Banco Central aumentaron a 3.206 millones 200 mil dólares, un incremento de 124 millones 500 mil dólares respecto del año anterior (49).

          En ese contexto, el país ya se aprestaba a comenzar a crecer fuerte.

REFERENCIAS DEL CAPÍTULO XIII:

(1) Domic, Juraj: “Política Militar…”, op. cit., p. 174.

(2) Ibíd., p. 178.

(3) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet…”, op. cit., p. 347.

(4) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 181.

(5) Fontaine, Arturo: “Los Economistas…”, op. cit., ps. 178-179.

(6) Huneeus, Carlos: “El Régimen…”, op. cit., p. 380.

(7) Ibíd., p. 179.

(8) “La Segunda”, 28 de junio de 1985.

(9) “El Mercurio”, Santiago, 04 de abril de 1985.

(10) Domic, Juraj: “La Política…”, op. cit., p. 182.

(11) Diario de Sesiones del Senado, sesión 29ª del martes 28 de enero de 1991.

(12) “El Mercurio”, Santiago, 28 de agosto de 1986, p. A-1.

(13) Citado por Domic, Juraj: “La Política…”, op. cit., p. 180.

(14) Ídem.

(15) Ibíd., p. 183.

(16) Wikipedia: “El Gobierno Militar de Chile 1973-1990”.

(17) Pérez de Arce, Hermógenes: “Terapia para Cerebros Lavados”, El Mercurio-Aguilar, Santiago, 2008, p. 224.

(18) “El Mercurio”, Santiago, 17 de febrero de 2017, p. C9.

(19) Vial, Gonzalo: “Pinochet, la Biografía”, op. cit.

(20) Canessa, Julio y Balart, Francisco: “Pinochet…”, op. cit., p.347.

(21) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 636.

(22) Ibíd., p. 751.

(23) Ídem.

(24) Ibíd., p. 752.

(25) Pinochet, Augusto: “Camino…”, op. cit., t. III, 1, p. 234.

(26) Collier, Simon : “Historia de Chile 1808-1994, Cambridge University Press, 1998, p. 317.

(27) Huneeus, Carlos: “El Régimen…”, op. cit., p. 481.

(28) Ibíd., ps. 409, 410.

(29) Ibíd., p. 488.

(30) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 640.

(31) Ibíd., p. 643.

(32) Ibíd., p. 705.

(33) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., p. 189.

(34) Ibíd., p. 191.

(35) Fernández, Sergio: “Mi Lucha…”, op. cit., p. 207.

(36) Domic, Juraj: “Política…”, op. cit., ps. 202-203.

(37) Ibíd., p. 207.

(38) “El Mercurio”, Santiago, 18 de mayo de 1986.

(39) “El Mercurio”, Santiago, 29 de enero de 2017, p. D-3.

(40) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 657.

(41) Puede leerse en Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 527.

(42) Rojas, Gonzalo: “Chile Escoge…”, op. cit., t. II, p. 655.

(43) “La Segunda”, 17 de septiembre de 1985.

(44) Vial, Gonzalo: “Pinochet…”, op. cit., t. II, p. 475.

(45) Fernández, Sergio: “Mi Lucha por la Democracia”, op. cit., p. 197.

(46) Muñoz, Heraldo: “Las Relaciones Internacionales…”, op., cit., p. 199.

(47) “La Tercera”, 29 de noviembre de 1985.

(48) Banco Central de Chile, Dirección de Estudios: “Indicadores Económicos y Sociales 1960-1985”, Santiago, 1986; “Indicadores Económicos y Sociales 1960-2000”, Santiago, 2001.

(49) Díaz, José; Lüders, Rolf y Wagner, Gert: “La República en Cifras”, op. cit., p. 516.

(CONTINUARÁ MAÑANA)