El Dedo en la Llaga

          Este blog ha sido el único medio de comunicación en el país, incluyendo todo el espectro de la prensa escrita, radial y televisiva, que se ha dado cuenta y ha dado cuenta de una cosa: que el derecho al lucro está garantizado por la Constitución. Eso es una realidad palmaria.

          Todos los juristas dicen estar de acuerdo en lo que se llama “la supremacía constitucional”, es decir, que ninguna ley, reglamento, decreto, instructivo ni circular puede transgredir la Constitución. Luego, cualquier norma que prohíba el lucro es inconstitucional. La Ley de Educación Superior, en cuanto prohíbe el lucro, es inconstitucional.

          Ya he sido reiterativo en mis dos blogs precedentes para probar lo anterior y me remito a ellos, pero sucintamente reiteraré que el art. 19 de la Carta garantiza: (1) La libertad de trabajo; (2) El derecho a la libre contratación y a percibir una “justa retribución”; (3) La libertad de enseñanza y de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”; (4) La seguridad de que ninguna norma podrá “afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”.

Prohibir el lucro en cualquier trabajo que respete “la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”, como los que autoriza y garantiza la Constitución, equivale a imposibilitar ese trabajo. Trabajar para sólo recuperar el costo y no ganar nada implica morirse de hambre, es decir, equivale a impedir la libertad de trabajo, la libertad de contratación, la libertad de enseñanza y a establecer condiciones y requisitos que impiden el libre ejercicio de esos derechos.

En particular, la creación de universidades –como cualquier actividad lícita--  genera el derecho constitucional a una ganancia. Toda norma que la impida es inconstitucional. El último fallo del Tribunal Constitucional sólo ratificó lo anterior en un aspecto secundario, el de que entidades con fines de lucro puedan controlar universidades. Pero, si el mismo TC es consecuente, debería también acoger todo recurso que reivindique el derecho de cualquier universidad a generar una ganancia, en virtud de la “supremacía constitucional”.

Ahora, que la realidad de un país “comunicacional” como éste, en que todo se maneja farandulescamente, los juicios se llevan por los diarios y la opinión pública, si es que lee algo, no lo entiende; y donde los poderes públicos están encabezados por personajes comunicacionales que no respetan la Constitución (el Presidente en el techo de La Moneda filmándose y siendo el patrocinador de querellas ilegales contra presos políticos militares, su ministro de Educación, en contradicción con lo que piensa y ha escrito, prometiendo hoy mismo perseguir el lucro; el Presidente de la Corte Suprema, un conocido activista de procesos “ilegales, inconstitucionales y arbitrarios” (Adolfo Paúl) y el Congreso que aprobó la norma inconstitucional del art. 63 de la Ley de Educación Superior prohibitiva del lucro, no permiten entonces tener esperanza alguna de “supremacía constitucional” de ninguna clase.

Pongo el dedo en la llaga y afirmo: ¡Todo está fuera de la Constitución, pues ésta dice lo que dice y garantiza el derecho al lucro! En verdad os digo: “el rey está desnudo”. ¡Están violando la Constitución! El último baluarte de la libertad y la supremacía constitucional es el TC y quede entonces para perpetua memoria: la Constitución protege la libertad de fundar universidades; protege el derecho a obtener de ello una ganancia y prohíbe toda norma que imponga condiciones o requisitos –como el de vedar la ganancia— que impidan el libre ejercicio de ese derecho.

Sépanlo el Presidente subido al techo para filmarse, su ministro de Educación convertido súbitamente en Savonarola contra el lucro, el supremo que encabeza el prevaricato y el tropel legislador que hace tabula rasa de la supremacía constitucional.

¡Están todos, todas y todes fuera de la Constitución!