Contradicciones Vitales

          El hecho de que las mayores condenas a los dichos del más valiente y veraz diputado de derecha, Ignacio Urrutia, en apoyo al retiro del proyecto de entregar una nueva bonificación extraordinaria de 90 mil millones de pesos a los beneficiarios de la escandalosa prebenda de una pensión vitalicia consagrada por el gobierno de Lagos, para treinta mil personas de extrema izquierda sospechosas de terrorismo, por el solo hecho de haber sido interrogadas bajo el régimen militar, ha puesto de manifiesto las “contradicciones vitales” que afligen al VI Gobierno de la Concertación de, por y para Sebastián Piñera que, como prueba de esto último, acaba de nombrar a su hermano no-diplomático embajador en Buenos Aires.

La escandalosa “Comisión Valech” formada por Lagos en 2004 sobre “Prisión Política y Tortura” interrogó a más de 35 mil personas que se presentaron como “víctimas”, lo que supuso el absurdo de haber “investigado” más de 130 casos diarios, ello criticado por el historiador Gonzalo Vial en su tiempo como una imposibilidad de hecho. La sola declaración de haber sido interrogado bastaba la mayor parte de las veces para conseguir una pensión vitalicia. Por supuesto, Lagos se olvidó de que él había firmado en 1970 las 71 páginas de denuncias ante la Corte Suprema de torturas infligidas por Frei Montalva a los miristas y de que el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 1973 acusó a Allende de torturar a meros opositores. Pero esas torturas eran “no investigables”.

El diputado Urrutia tuvo toda la razón al aludir a “terroristas” premiados, porque las policías en los 70 y 80 apresaban e interrogaban, no a los peluqueros, abogados o boticarios, sino a quienes aparecían vinculados a las oleadas de atentados que sufría el país en esas décadas y de las que los militares nos defendieron exitosamente, con el resultado de que hoy los jueces de izquierda los mandan presos mientras políticos de todos los colores forran a la ex guerrilla con centenares de millones de dólares anuales en compensación por haber sido privada de su “derecho” a tomarse el poder por las armas.

Que el joven cerebro lavado y ministro Blumel haya aparecido en el “punto de prensa” gubernativo condenando los dichos del diputado Urrutia se explica por su edad, que lo pone automáticamente entre los que no vivieron la verdad histórica de que en Chile, si no hubiéramos tenido un gobierno enérgico como el Militar, el poder habría sido capturado por nuestro equivalente a la FARC colombianas, las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Chile”, las “FARCH”. Si no hubiera habido Estado de Sitio en los años 70 y 80, que permitía detener e interrogar a los sospechosos del terrorismo mirista y comunista, que contaban con enorme apoyo soviético y cubano y no pocas veces con la complicidad norteamericana representada por el senador Edward Kennedy (autor de la Enmienda Kennedy que puso en la indefensión armada a Chile cuando sus fronteras eran amenazadas) el propósito de las FARCH pudo haberse logrado.

Que ayer haya estado el ministro Hernán Larraín al lado de Blumel para crucificar e insultar al valiente Urrutia, acusándole de “descriterio” y de “odioso y contumaz”, no le debe haber extrañado a nadie, ni siquiera a su correligionario Urrutia, porque por décadas Larraín ha sido el protagonista de la más espectacular “vuelta de chaqueta” política que registran los anales chilenos, desde ser el autor del más entusiasta panegírico al Presidente Pinochet en su vida, al peor cuchillo de su gobierno y de los militares que nos salvaron del triunfo del terrorismo marxista. Estos últimos son los actuales centenares de presos y miles de procesados políticos.

Y que se haya levantado de nuevo la voz condenatoria contra su colega Urrutia del inefable diputado UDI Jaime Bellolio, que en los 80 colaboraba con la Vicaría de la Solidaridad presidida por Valech, virtual “brazo logístico” judicial y hospitalario del grupo terrorista FPMR y del MIR, tampoco ha sorprendido a nadie, porque ya antes ha abandonado la sala de la Cámara cuando Urrutia ha rendido homenaje a la memoria del 11 de septiembre y del Presidente Pinochet, en medio de tuiteos de repudio a los “atropelladores de derechos humanos”.

En mi libro en prensa “Historia de la Revolución Militar Chilena” describo en detalle la gesta librada contra decenas de miles de terroristas poderosamente armados, que gozaban de protección propagandística soviético-norteamericana, en cuyo curso se registró el mayor desembarco clandestino de armas que recuerda la historia de América Latina, en 1986.

El hecho de que hoy se haya olvidado todo eso, se pretenda añadir 90 mil millones de pesos sin financiamiento en favor de quienes fueron interrogados alguna vez hace décadas como sospechosos de terrorismo y se universalice la condena pública a la única voz que se levanta en defensa de la verdad histórica, pone de manifiesto las contradicciones vitales que afligen a la sociedad chilena y al gobierno actuales.

Otra de ellas es la que ha llevado a convertirse en blanco favorito de la izquierda –y del propio gobierno— al ministro de Educación, que en sus escritos de columnista distinguido siempre destacó la inconsecuencia de la condena al lucro y ha vuelto a hacerlo como titular del cargo. Pero la verdad es que ha sido otra “contradicción vital” de Piñera haberlo designado precisamente a él, cuando la política declarada de este último es, como lo ha reiterado ayer, la persecución contra el lucro en la educación superior. “Gerardo Varela ministro de Educación del VI Gobierno de la Concertación” es, simplemente, un oxímoron”, una “contradicción en los términos” y nadie pude prever hoy día en qué va a terminar: o convertido en un émulo de Hernán Larraín, dándose vuelta la chaqueta al modo chileno habitual y pasando a engrosar el “Hall of Fame” que ya integran, con famosas declaraciones de condena a lo que antes profesaron culto, personajes como Andrés Chadwick o Joaquín Lavín y el mismo Larraín, o manteniendo su bandera en alto como crónicamente lo hace el valiente Urrutia. Claro que, en este caso, arriesgándose a que le pidan la renuncia.

Quepan unas últimas líneas para hacer notar la impunidad de la agresión física de la diputada Pamela Jiles contra Ignacio Urrutia, degradación que no se registraba en el hemiciclo desde que la diputada comunista Mireya Baltra nos lanzaba a los diputados de derecha pesados tinteros de cristal en plena sesión en 1973, por suerte con muy mala puntería.

Así, los votantes de derecha que cometieron el imperdonable error de llevar al poder al VI Gobierno de la Concertación recién están comenzando a ver las nefastas consecuencias de su inexplicable decisión electoral.