Visita a Punta Peuco

          Estando la opinión pública concentrada en la decisión de cerrar o no Punta Peuco, fui al penal a visitar al, tal vez, más paradigmático de los presos políticos, Miguel Krassnoff. Pues si a ellos se les aplicaran las leyes, no podrían estar presos. Lo están por razones políticas y por eso son presos políticos.

          El brigadier (r) Krassnoff fue condecorado con la única Medalla al Valor otorgada después de la Guerra del Pacífico, por la captura y muerte en combate de Miguel Enríquez, máximo jefe del MIR, en 1974. Entonces recibió homenajes incluso sindicales (pues Enríquez acababa de asaltar un banco y ordenar balear al agente de la entidad por no entregarle las llaves de la bóveda). Pero era otro Chile. Todos, salvo los marxistas, apoyaban entonces a la Junta. Hoy, 44 años después, Krasnoff carga con más de 60 condenas  –entre ellas por el “asesinato” de Enríquez— que le han impuesto varios centenares de años de presidio, sobre la base de “presunciones” y “ficciones jurídicas”.

          Para mi sorpresa, él miraba con indiferencia la posibilidad del traslado. “Dondequiera que nos lleven estaré en una celda de dos por tres metros con un camarote junto a otro militar y sin derechos carcelarios” (libertad condicional, salidas dominicales o diarias). Le exigen arrepentirse de delitos de los cuales se declara inocente. Luego, no tiene beneficios.

          Le recordé la primera vez que cayó preso, hace 18 años, pues no he olvidado su carta a “El Mercurio” de entonces, diciendo que lo condenaban por el supuesto “secuestro” de Miguel Ángel Sandoval, a quien declaraba nunca haber conocido ni visto en su vida. Nadie lo pudo desmentir, ni menos el juez que lo condenó y al cual vino a conocer sólo cuando este último cumplió 75 años, edad de retiro, y quiso por primera vez verle la cara al militar al que le había impuesto, a través de “ficciones jurídicas” (término que él acuñó), centenares de años de condena.

Me confidenció Krassnoff, cuando le hice el recuerdo: “La ironía fue que en otro proceso el actuario me mostró mi hoja de vida en el Ejército y ahí decía que en la fecha de la detención de Miguel Ángel Sandoval yo hacía uso de mis vacaciones”. La prueba de su inocencia estaba en manos del juez. Pero detalles como ése “no corren” para él ni sus camaradas.

          A la salida me topé con el brigadier (r) Christoph Willeke, preso por el atentado al general Prats. Hace diez años yo lo había ido a ver al penal Cordillera, el cual después cerró Piñera en medio del festejo comunista, y me contó que la jueza argentina María Servini de Cubría, que había ido a interrogarlo por el caso Prats, le había reconocido: “Si yo sé que usted no participó en el asesinato de Prats: lo que quiero es que me relate todo lo que hacía la DINA”. Otra cosa notable. Lo condenaron jueces que sabían que era inocente.

Siempre surgen nuevas sorpresas, conversando con los presos políticos militares.

        Entretanto, el ministro de izquierda Milton Juica, de la Corte Suprema, informó que sólo el año pasado fueron concedidas indemnizaciones por diez mil millones de pesos a quienes vieron “violados sus derechos humanos”. Traducción al lenguaje real: se les indemniza por haberlos los militares privado del derecho a tomar el poder por las armas. Y dos de los frentistas autores del asesinato del senador Jaime Guzmán siguen libres: Ricardo Palma Salamanca, en Francia, y Galvarino Apablaza, en Argentina.