"No al Lucro" es Inconstitucional

Eres emprendedor y fundaste una universidad. Sales en la mañana de tu casa a trabajar y le dices a tu mujer: “Arréglate como puedas con los gastos de la casa porque yo no voy a poder traer nada. La ley prohíbe el lucro, así es que lo que me entre por la universidad sólo será para cubrir gastos”. Adivina lo que tu mujer te va a decir que eres..     

El lucro es la ganancia o provecho que uno obtiene de hacer algo. “No al lucro” implica prohibir que alguien gane con lo que hace. Si se consagrara por ley la norma de “no al lucro” en la fabricación de pan, el dueño de la panadería tendría que cobrar nada más que lo que le hayan costado la harina, el salario de los trabajadores, los otros insumos y los combustibles, sin dejar ningún margen de ganancia para él. No podría llevar a casa ni siquiera el pan. El panadero no podría “ganarse el pan”.

Él, con toda razón, alegaría que ha sido privado de su libertad de trabajo, garantizada por el art. 19 N° 16 de la Constitución a toda actividad que no sea contraria “a la moral, las buenas costumbres, el orden público o la seguridad nacional”. Y que también ha sido privado del derecho constitucional a la libre contratación del art. 19 N° 16, que le garantiza una “justa retribución”.

Y si a un abogado, ingeniero o médico le prohibieran cobrar por sus servicios más de lo que le cuestan el arriendo de oficina o consulta y los sueldos del junior y la secretaria, más los gastos de cuentas y aseo, sin poder obtener ningún excedente, él y su familia se morirían de hambre. “No al lucro de los profesionales” equivaldría a prohibir las profesiones.

Por las mismas razones es inconstitucional la prohibición del lucro en la enseñanza superior, sobre todo si el art. 19 N° 11 de la Constitución les garantiza a todos los ciudadanos la libertad de “abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. “No al lucro” les hace imposible ejercer esa libertad.

En particular, la Constitución también dice en su art. 19 N° 26 que los preceptos legales “no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos  que impidan su libre ejercicio”. Es evidente que “no al lucro” impide el libre ejercicio de la actividad de enseñar.

El recurso que ha acogido el Tribunal Constitucional para que entidades con fines de lucro puedan controlar universidades garantiza un derecho indiscutible, pero debería interponerse otro recurso más general, para declarar inconstitucional la prohibición del lucro, porque es contraria a la libertad de enseñanza, a la libertad de trabajo, a la de tener una justa retribución y a la garantía constitucional de que ninguna norma podrá afectar los derechos en su esencia.

Está bien que cualquiera sea libre de desarrollar una actividad sin una ganancia. Allá él. Eso se llama altruismo y muchos benefactores lo practican, sobre todo si tienen la seguridad de que no se condenarán a sí mismos ni a sus familias al hambre. Pero imponer esa facultad de donar como prohibición de ganar una retribución equivale a vedar la actividad a todas las personas que deseen trabajar en ella como medio de vida, según autoriza el art. 19 N° 16 de la Constitución.

Lo que debería requerirse ahora mismo del Tribunal Constitucional es otro pronunciamiento, en el sentido de que el “no al lucro” en la educación superior es contrario a la Constitución y a los derechos personales fundamentales de libertad de enseñanza, libertad de trabajo, libertad de contratación, derecho a una justa retribución y a que los derechos de las personas no puedan ser afectados en su esencia.

“Hay que” interponer ese recurso, porque la consigna “no al lucro”, consagrada en la Ley de Educación Superior, es resueltamente inconstitucional.

El Último Bastión de la Libertad

          Cuando la libertad en Chile está a punto de perder la guerra, siempre acude a su rescate alguien, en la última instancia de la batalla final, para salvarla. Fue lo que sucedió un 11 de septiembre de 1973 cuando las Fuerzas Armadas y Carabineros nos salvaron de caer en el marxismo-leninismo sine die. Ha sucedido ahora, cuando el Tribunal Constitucional ha rescatado a la libertad de enseñanza a punto de ser sepultada por la nueva Ley de Educación Superior.

          Pero así como Napoleón decía que en la mochila de todo soldado francés siempre iba un bastón de mariscal, en la mochila de todo chileno van la hoz y el martillo del socialismo real. Por eso hasta la Revolución Militar Libertadora, que consagró en 1981 la ley que dio libertad para fundar universidades, no pudo impedir que alguno de sus redactores sacara de su mochila su hoz y su martillo y añadiera una línea marxista-leninista: “pero no podrán tener fines de lucro”.

Esto último es lo mismo que reservar las universidades para el Estado, porque ¿quién va a invertir en educación superior si no podrá ganar nada? ¿Cómo va a vivir? Entonces el único que tendrá universidades será el Estado, que sí puede perder o no ganar nada porque funciona “con la plata de los demás” y si se le acaba pide más.

          Es decir, no sólo el art. 63 objetado por el TC es inconstitucional, sino la norma misma que prohíbe el lucro desde 1981 también lo es, porque para tener libertad de enseñanza hay que, primero, sobrevivir, y nadie puede sobrevivir si no gana algo con lo que hace.

          Este rasgo socialista (muy popular) de “no al lucro” subsistió porque se ideó una fórmula para eludirlo y generar ganancias que funcionó muy bien: la universidad no ganaba nada, pero todas las sociedades que le prestaban servicios sí. Al amparo de ese resquicio nació una gran “industria” de decenas de universidades a las cuales fluyeron capitales nacionales y extranjeros y un millón de jóvenes chilenos pudieron entrar a la enseñanza superior que antes les estaba vedada.

          En la minería le había sucedido lo mismo al Gobierno Militar, porque los uniformados que llevaban la hoz y el martillo en su mochila deslizaron en la Constitución la norma, impuesta antes por Allende, de que todas las minas eran del Estado, basados en una mentira popularísima: que esas minas eran “de todos los chilenos”. ¡Anda a pedirle al Estado que te dé tu parte, como chileno, y yo te diré dónde te van a pegar la patada!

Pero Pinochet se dio cuenta de que la minería no iba a despegar con esa norma constitucional y llamó a “Piñera el Bueno” al rescate, que creó el derecho real de concesión minera igual al dominio y solucionó el problema.

Bueno, el “no al lucro” en las universidades se había solucionado con un resquicio generalmente aceptado y por eso hubo ganancias y éxito.

          Hasta que los revolucionarios de la hoz y el martillo se tomaron las calles y levantaron como consigna “¡no al lucro!” que era lo mismo que decir “no a la libertad de enseñanza, sí al monopolio estatal”. Y comenzó la persecución contra el lucro ya bajo el V Gobierno de la Concertación de “Piñera el Malo”. Entonces se interrumpió el flujo de capitales a la actividad y los que ya habían quedado “cazados” en ese mercado intervenido han procurado sobrevivir y rentabilizar malamente sus inversiones a través de firmas controladoras que generaban ganancia. Y entonces el gobierno de Michelle Bachelet 2.0, ya reciclada a sus orígenes marxista-leninistas de cuando era ayudista del MIR y conviviente del vocero del FPMR y militaba en el PAIS de extrema izquierda que compitió fuera de la Concertación en 1989, quiso dar el golpe mortal a la libertad de enseñanza superior e ideó este art. 63 que implica marginar a los particulares de esa actividad. Pero el TC la salvó.

          Entonces, ahora el marxismo-leninismo, sus “compañeros de ruta”, sus “tontos útiles” (así los llaman ellos, no yo, que jamás los insultaría de esa manera) y sus “kerenskys”, se han fijado como objetivo liquidar al Tribunal Constitucional, último bastión de la libertad. Ya liquidaron el otro reduciendo a los militares a su papel de presos políticos sin nadie que los defienda y con los uniformados activos diciendo “yes” a todo y mirando para otro lado mientras sus camaradas de otrora quedan caídos tras las líneas enemigas y la judicatura marxista-leninista se ha dado un festín de ilegalidades a expensas de ellos y prepara todavía otro mayor con la petición de que se abran 37 mil causas por supuestas torturas entre 1973 y 1990 para que lleguemos al siglo XXII con más decenas de miles de “vivos” pidiendo más y más plata fiscal porque alguien supuestamente los maltrató y para probar lo cual les basta con un certificado trucho de algún parlamentario de izquierda que te lo entrega sin otro requisito que tu promesa de votar por él.

          ¡Tribunal Constitucional, has sido heroico y eres el último bastión de la libertad! A los militares del ’73 los metieron presos, a Jaime Guzmán lo mataron, a José Antonio Kast lo agredieron y fracturaron y el comunista Manuel Riesco llama a molerlo a palos. ¿Quién podrá defendernos? TC, eres un último bastión de la libertad. Manuel Rodríguez hoy te gritaría: “¡Aún tenemos libertad de enseñanza, ciudadanos!” Salvemos la que nos queda. Defendamos al Tribunal Constitucional.

Antes del 90 Estábamos Mejor

          La señora Frida Hensgen escribe a “El Mercurio” de hoy sobre Correos de Chile: “Hace tiempo envié un certificado de vida por envío rápido con valor de cerca de 20.000 pesos, y no llegó jamás a su destino. Resultado: fue suspendida mi pensión por meses, hasta que se solucionó al fin vía internet”.

          ¡Qué contraste con 1987! Vivíamos entonces bajo la Presidencia de Augusto Pinochet, electo por el pueblo por ocho años en el plebiscito de 1980, y todo andaba mejor. Leemos en “El Mercurio” del 3 de agosto de 2017, en la sección “Hace 30 Años”, es decir, recordando igual fecha de 1987, lo siguiente:

          “CARTAS MÁS RÁPIDAS. Un control de calidad realizado por la Unión Postal de las Américas y España determinó que el Correo chileno es el más eficiente en sus tiempos promedio de salida, transporte y entrega de correspondencia.

          “El examen se efectuó en septiembre de 1986, superando el servicio nacional a los de Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Panamá y Uruguay”.

          Es que era otro país.

          Leyendo sobre los ataques físicos de la extrema izquierda intolerante contra José Antonio Kast, en la Universidad Arturo Prat de Iquique, he podido recordar la imposibilidad, en la actual “plena democracia” de manifestar en paz. No pudo exhibirse en paz un documental del Gobierno Militar en el Caupolicán o lanzar una nueva edición de la biografía de Miguel Krassnoff en el Club Providencia, debido a la agresión comunista.

En el Chile actual la izquierda impone la censura informativa, política y de pensamiento. Quieren prohibir la verdad. De ahí su proyecto de ley de “Cárcel para los Historiadores”. Y, acuérdense de mí, será aprobado con abstención de algunos derechistas. Ya lo fue en la Cámara así y no nombro a uno que se abstuvo, porque es ministro.

          ¡Qué diferencia con el gobierno de Pinochet, quien, todavía en transición a la plena democracia, en 1987, admitía que la Izquierda Unida (socialistas de Almeyda, comunistas y MIR) llevara a cabo en el céntrico Teatro Cariola un homenaje público a Salvador Allende, sin ser molestados por nadie! Había más tolerancia para todos, salvo para los terroristas, por supuesto, que es como debe ser.

          Y no había presos políticos como los hay hoy día por centenares, por hechos y delitos inventados por los jueces, como el “secuestro permanente”, los de “lesa humanidad” creados en 2009 y (mal) aplicados con efecto retroactivo, ni había falseamiento de los hechos mediante confesas “ficciones jurídicas” y “presunciones” sin otra base que legiones de testimonios falsos, todo contra lo que dicen las leyes expresas.

Ni siquiera existía conflicto en la Araucanía. Pues justamente los chilenos de ascendencia mapuche eran los más partidarios del gobierno y su junta de caciques proclamaba al Presidente de la República como “Jefe, Conductor y Guía”: “Ullmen f’ta Lonko”, a cuyo efecto le extendieron un pergamino.

          Por supuesto, ni siquiera se soñaba premiar con gratuidad de la tierra a los que la usurparan mediante la violencia, lo que hoy se traduce en desembolsos fiscales millonarios para expropiar fundos y entregarlos gratuitamente a sus usurpadores. La región está sumida en la violencia debido a ese “incentivo perverso”, a la impunidad que la justicia de izquierda garantiza al terrorismo y a la derogación por Piñera en 2011 de la mayor penalidad que tenía el delito del incendio.

          El historiador Gonzalo Vial, crítico de Pinochet, reconoce que en todos los países    en crisis el uomo qualunque, el ciudadano común, suele exclamar: “¡Necesitamos un Pinochet!

          Yo estoy seguro de que el uomo qualumque chilensis hoy exclama lo mismo, pero para sus adentros, para que los comunistas y frenteamplistas no lo linchen como intentaron hacerlo con José Antonio Kast.

O Contemporizas O Te Matan

          El atentado comunista-frenteamplista contra José Antonio Kast en una universidad del norte es el síntoma más grave de cómo el país está manejado por la violencia marxista, de lo cual la mayoría quiere hacer como que no se da cuenta.

          Jaime Guzmán murió en 1991 porque no contemporizó con el comunismo y su mentira histórica. José Antonio Kast fue herido ayer y su vida corre grave peligro porque tampoco contemporiza. No cede frente a la mentira histórica, reivindica al gobierno que salvó a Chile, el Militar, por supuesto; dice la verdad e identifica a los enemigos de la libertad.

          Porque Chile vive engañado y adormecido, contemporizando con los enemigos de la libertad, como lo acreditó al elegir a Piñera y no a Kast. Porque es el Chile real, el contemporizador con el comunismo.

          ¿Siquiera sabe usted quién fue Heriberto Novoa? No, usted no lo sabe, porque le está prohibido saberlo. Pero su muerte fue simbólica. Heriberto Novoa fue un carabinero y fue asesinado por el Frente terrorista de los comunistas en 1982. ¿Sabe usted qué hacía Heriberto Novoa? Custodiaba un monumento llamado “La Llama de la Libertad”. Ese monumento había sido levantado por el Gobierno Militar porque simbolizaba todo lo que ese gobierno representó y representa para Chile: salvó nuestra libertad.

          Pero para que en Chile a uno no lo maten o intenten matarlo como lo hicieron ayer con José Antonio Kast, hay que ser un contemporizador con los asesinos de Heriberto Novoa y los enemigos de la libertad, un contemporizador típico, como Patricio Aylwin o Sebastián Piñera, que acaba de nombrar de nuevo a Rodrigo Ubilla como subsecretario del Interior porque es el símbolo de la contemporización: firmó la querella contra el general Orozco que está preso en Punta Peuco por, como es la regla general allá, no haber cometido ningún delito. Está en condiciones lamentables de salud y tiene 90 años. No sabe que está preso porque tiene Alzheimer. La Corte Suprema “ordenó” en agosto del año pasado hacerle “con urgencia” exámenes para determinar su situación de salud inhumana, contra todos los tratados de derechos humanos que ha suscrito Chile. Pero es un militar y por tanto no tiene derechos humanos y hasta ahora el general Orozco, apresado por Piñera-Ubilla, sigue sin saber que está preso por haberse asomado hace cuarenta y cinco años a la puerta de su cuartel de San Felipe a preguntar qué pasó. Porque, al igual que José Antonio Kast, en Chile él no tiene derechos humanos.

          Un ministro de la justicia de izquierda, Milton Juica, reveló días atrás con satisfacción que se había entregado el año pasado más de diez mil millones de pesos a los extremistas de izquierda en juicios prevaricatorios contra militares por haberles impedido a los primeros, desde 1973 en adelante, tomarse el poder por las armas. Los contemporizadores Aylwin y sus sucesores hasta Piñera llenan de plata a la extrema izquierda violenta y dicen lo que ella dice para que no les haga insoportable el clima de sus gobiernos y, así meten presos a los militares aunque tengan Alzheimer y 90 años, para tener contentos a los comunistas y frenteamplistas que hieren o matan al que dice la verdad sobre ellos o sobre la historia de Chile.

          ¿Recuerdan cuando bajo el gobierno de Piñera se intentó presentar en el Teatro Caupolicán un documental en defensa del gobierno de Pinochet? El acto fue asolado por la violencia comunista, hubo heridos, fracturados como hoy lo está José Antono Kast, todo a unas cuadras de La Moneda. Hubo una partidaria de Pinochet, Gina Fascinetti, que sufrió fracturas de costillas por los golpes de los comunistas, que salvó la vida con sólo esas quebraduras y gracias a unos comerciantes callejeros que la protegieron. Por eso desde hace años no puede hacerse un acto de homenaje al Gobierno Militar, como los que los allendistas hacían en los años 80 en el Teatro Cariola en homenaje a Salvador Allende, sin que nadie los agrediera. Porque había más libertad que ahora, cuando la violencia lo impide.

          También bajo el anterior gobierno de Piñera la sede del Estadio Municipal de Providencia fue rodeada por los guerrilleros rojos que cobran al fisco cuatrocientos millones de dólares al año en indemnizaciones, pensiones de exonerados, beneficios de gratuidad de salud y educación, que agredieron a los que fuimos al lanzamiento de la tercera edición de la biografía de Miguel Krassnoff.

          Fue muy revelador: nos rodearon, cubrieron de piedras el club y causaron daños de cientos de millones de pesos pero los vidrios resistieron. ¿Por qué pasó? Porque a uno de los organizadores, políticamente muy perdido, se le había ocurrido mandar una invitación al acto del lanzamiento de la biografía de Krassnoff al presidente Piñera y una secretaria de derecha que se les había pasado inadvertida contestó la invitación a nombre del presidente deseando muy buena suerte al acto y al libro sobre Krassnoff, todo lo cual salió en los diarios, desató la ira comunista, el pánico de Piñera el contemporizador, que echó a la secretaria, una niña de derecha que en el fondo de su corazón quería que le fuera bien al libro sobre Krassnoff.

          El verdadero Chile es el que personifica la horda marxista que dejó fracturado a José Antonio Kast, quien no contemporiza y por eso está en gran peligro. La derecha, en un ochenta por ciento, se ha puesto a salvo porque contemporiza y vota por Piñera, el segundo gran contemporizador con el marxismo, después de Patricio Aylwin. Sólo un ocho por ciento se atrevió a votar por el que realmente la representa, Kast, el guardián de la Llama de la Libertad, suprimida por Aylwin en los 90, porque es un insulto a la extrema izquierda a la cual le regaló persecución ilegal contra militares, el falseamiento de la verdad histórica por la Comisión Rettig y cuatrocientos millones de dólares anuales en gratuidades varias, pensiones de exonerados, luego las pensiones de Lagos por los que se declararon “torturados”, cuando justamente ellos fueron acusados de torturar a opositores por el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973, pero eso ya se ha olvidado y tergiversado.

          Estás en el Chile de hoy. O contemporizas, es decir, les das plata a los marxistas, más los diez mil millones anuales anunciados por Juica, mantienes al general Orozco preso a los 90 años por haber salido en 1973 a preguntar la razón de unos disparos que no ordenó y cuyo origen no sabía y a quien en agosto la Corte Suprema ordenó hacer exámenes “inmediatos”, pero que no se hacen para no enojar a la extrema izquierda, o te callas, que es lo que haces, porque si no te callas te matan.

          El ataque de ayer a Kast ha desnudado al miserable y abyecto Chile de hoy. Y, cuidado, porque José Antonio Kast hoy está en la misma mira en que estuvo Jaime Guzmán en 1991 por decir la verdad.

Visita a Punta Peuco

          Estando la opinión pública concentrada en la decisión de cerrar o no Punta Peuco, fui al penal a visitar al, tal vez, más paradigmático de los presos políticos, Miguel Krassnoff. Pues si a ellos se les aplicaran las leyes, no podrían estar presos. Lo están por razones políticas y por eso son presos políticos.

          El brigadier (r) Krassnoff fue condecorado con la única Medalla al Valor otorgada después de la Guerra del Pacífico, por la captura y muerte en combate de Miguel Enríquez, máximo jefe del MIR, en 1974. Entonces recibió homenajes incluso sindicales (pues Enríquez acababa de asaltar un banco y ordenar balear al agente de la entidad por no entregarle las llaves de la bóveda). Pero era otro Chile. Todos, salvo los marxistas, apoyaban entonces a la Junta. Hoy, 44 años después, Krasnoff carga con más de 60 condenas  –entre ellas por el “asesinato” de Enríquez— que le han impuesto varios centenares de años de presidio, sobre la base de “presunciones” y “ficciones jurídicas”.

          Para mi sorpresa, él miraba con indiferencia la posibilidad del traslado. “Dondequiera que nos lleven estaré en una celda de dos por tres metros con un camarote junto a otro militar y sin derechos carcelarios” (libertad condicional, salidas dominicales o diarias). Le exigen arrepentirse de delitos de los cuales se declara inocente. Luego, no tiene beneficios.

          Le recordé la primera vez que cayó preso, hace 18 años, pues no he olvidado su carta a “El Mercurio” de entonces, diciendo que lo condenaban por el supuesto “secuestro” de Miguel Ángel Sandoval, a quien declaraba nunca haber conocido ni visto en su vida. Nadie lo pudo desmentir, ni menos el juez que lo condenó y al cual vino a conocer sólo cuando este último cumplió 75 años, edad de retiro, y quiso por primera vez verle la cara al militar al que le había impuesto, a través de “ficciones jurídicas” (término que él acuñó), centenares de años de condena.

Me confidenció Krassnoff, cuando le hice el recuerdo: “La ironía fue que en otro proceso el actuario me mostró mi hoja de vida en el Ejército y ahí decía que en la fecha de la detención de Miguel Ángel Sandoval yo hacía uso de mis vacaciones”. La prueba de su inocencia estaba en manos del juez. Pero detalles como ése “no corren” para él ni sus camaradas.

          A la salida me topé con el brigadier (r) Christoph Willeke, preso por el atentado al general Prats. Hace diez años yo lo había ido a ver al penal Cordillera, el cual después cerró Piñera en medio del festejo comunista, y me contó que la jueza argentina María Servini de Cubría, que había ido a interrogarlo por el caso Prats, le había reconocido: “Si yo sé que usted no participó en el asesinato de Prats: lo que quiero es que me relate todo lo que hacía la DINA”. Otra cosa notable. Lo condenaron jueces que sabían que era inocente.

Siempre surgen nuevas sorpresas, conversando con los presos políticos militares.

        Entretanto, el ministro de izquierda Milton Juica, de la Corte Suprema, informó que sólo el año pasado fueron concedidas indemnizaciones por diez mil millones de pesos a quienes vieron “violados sus derechos humanos”. Traducción al lenguaje real: se les indemniza por haberlos los militares privado del derecho a tomar el poder por las armas. Y dos de los frentistas autores del asesinato del senador Jaime Guzmán siguen libres: Ricardo Palma Salamanca, en Francia, y Galvarino Apablaza, en Argentina. 

El Segundo Regalo de Bachelet

          Cuando la vez anterior Piñera sucedió a Bachelet, en 2010, ésta le dejó un tremendo legado, que podríamos llamar, en lenguaje coloquial, “el gran envión de Andrés Velasco”, el ministro de Hacienda de aquélla: el aumento del gasto público y la inversión pública en 2009 no tuvieron precedentes y le dieron un tremendo impulso a la economía.

La mitad de los empleos generados durante el gobierno de Piñera lo fueron en 2010, medio millón, gracias a que Velasco en 2009 hizo crecer en 16,5 % el gasto público (“El Mercurio”, 30.09.16) y en 25,1 % la inversión pública (“El Mercurio”, 01.10.16), cifras sin precedentes en el país. Pero el crédito se lo llevó Piñera.

En lo demás hizo un gobierno mediocre y se dedicó a subir los impuestos y crear ministerios y subsecretarías, pues disminuyó la inversión pública, que incluso cayó en 4,3 % en 2013, su último año (“El Mercurio”, 01.10.16). El PIB creció cada vez menos desde 5,8 % en 2010 y 2011 a 5,5 % en 2012 y 4,0 % en 2013 (“El Mercurio”, 04.10.16). Tuvo déficit fiscal estructural en todo su gobierno y déficit efectivo en dos de sus cuatro años (“El Mercurio”, 04.10.16). La tasa de ahorro nacional bajó de 24 % en 2010 a 20,6 % en 2013 (“El Mercurio”, 21.10.16). El endeudamiento público aumentó de 8,6 % del PIB cuando asumió el gobierno, al 12,6 % cuando lo dejó (“El Mercurio”, 29.09.16). Se benefició del precio del cobre más alto de la historia durante un tiempo, sin embargo el país cayó del lugar 30° al 34° en competitividad mundial durante su gobierno  (“El Mercurio”, 28.09.16). Todas estas son cifras no refutadas.

Lo que pudo acreditársele (y por eso la mayoría votó por él), fue que no iba a impulsar un programa marxista-leninista como el de Bachelet, pero en lo demás el suyo será otro gobierno de la Concertación, que es lo que le nace, “lo que está en su naturaleza”.

          Desde luego en la Araucanía, donde se necesita mano dura, Piñera no la tuvo ni la tiene. Empeoró las cosas en 2011, pues ante una huelga de hambre de presos incendiarios, cedió y quitó el carácter de terrorista al delito de incendio. Consecuencia: más incendios, el matrimonio Luchsinger-MacKay quemado y tantos otros casos de uso del fuego.

Hace un par de días en el noticiero de Chilevisión vi a Llaitul en una “toma”, iniciada en 2012 bajo Piñera y que dura hasta hoy. ¿Alguien cree que lo va a sacar ahora, si lo dejó usurpar ese predio y vivir en él?

Bajo Pinochet no había “conflicto mapuche”. No había incendios terroristas. Reinaba la paz en la Araucanía. Por eso ganó allá el “Sí” en 1988. ¿Alguien cree que Piñera logrará eso? Yo no.

Es que sólo es bueno para sacarse fotografías de primera página. El otro día conquistó pantallas y portadas al fotografiarse con Bachelet, Lagos y Frei. ¿Para qué? Para anunciarnos que todos estaban de parte de Chile en el juicio en La Haya. ¡Qué tremenda novedad! La farándula de fotos de Piñera seguirá por cuatro años. Claro, algunas después las va a ocultar, por supuesto, como ahora lo hace con todas las que se sacó impulsado los trabajos del puente Cau Cau, que ahora resulta que no tiene remedio.

Pero es verdad que la gente le acepta todo y le perdona todo. Ahora he visto en el diario que al ex senador Orpis lo amenazan con 21 años de presidio por las facturas con que obtuvo financiamiento electoral de Corpesca por $260 millones de pesos. Piñera obtuvo de SQM, Aguas Andinas y otras firmas cerca de quinientos millones y las únicas noticias sobre el caso mencionan a su encargado electoral y gerente de Bancard como responsable, pero a él no. ¿Por qué Orpis paga personalmente y Piñera tiene alguien que “reciba las bofetadas” por él y nadie lo formaliza ni persigue? Nadie puede contestar esa pregunta. A mí me critican mucho por siquiera formularla.

Pero las anteriores son las buenas noticias, pues la mala es que esta vez el “regalo de Bachelet” ha sido “un presente griego”: le deja un déficit fiscal del 2,1% del PIB y una planilla burocrática recargada con más de doscientos mil funcionarios que están dispuestos a defender sus “pegas” con dientes y muelas, porque en promedio ahora ganan más que en iguales funciones del sector privado (los socialistas saben para quién trabajan).

Es decir, en lugar de un año expansivo, como lo fue 2010, el actual será contractivo, con la necesidad de reducir personal y gastos. Y encima de eso está el “control de daños” de las leyes tributaria, laboral, educacional y reforma constitucional (que afortunadamente el ministro Chadwick ha anunciado que no será impulsada).

          Cuando Piñera recibió el regalo de 2010 ni siquiera dio las gracias y se apropió de todos los frutos. Ahora recibió un "caballo de Troya" y no me cabe duda de que se va a preocupar de echarle la culpa, y con razón, a su antecesora de los días difíciles que están por venir.

El Odio Pestañeó

          El que Michelle  Bachelet y su ministro de Justicia, Jaime Campos, no hayan ordenado trasladar a los Presos Políticos Militares desde Punta Peuco a un penal común habla bien de ambos. Mejor de él que de ella, porque él nunca propició la idea. Ella la tuvo e incluso la anunció, pero hubo algo que la contuvo y por eso la postergó. Ese algo se llama “voz de la conciencia”. Porque ella es personera del marxismo-leninismo, la doctrina del odio, pero llegado el momento de ejecutar una última venganza odiosa, algo la detuvo, pestañeó. Y no la llevó a cabo.

          La gran diferencia entre la Revolución de 1891 y la de 1973 fue que en la primera había bandos enemigos irreconciliables (por eso hubo una guerra civil entre ambos) pero ninguno profesaba el odio como doctrina. Y por eso, terminada la lucha, fueron dictadas seis leyes de amnistía y todos volvieron a ser hermanos. Lo mismo sucedió en la Revolución de la Independencia. Lo recogió nuestra Canción Nacional: “Ha cesado la lucha sangrienta/ Ya es hermano el que ayer invasor”.

          La llegada de la doctrina marxista-leninista trajo en el siglo XX un ingrediente nuevo a la sociedad chilena: el odio. Y por eso, en nombre de él, la izquierda marxista-leninista se armó para quitar la vida a sus adversarios y ejercer un poder total sobre los que sobrevivieran.

          La gente que no tenía odio llamó, entonces, a sus hombres de armas para ser salvada. Y éstos cumplieron la misión, sin imaginar jamás que los portaestandartes del odio se iban, en algún futuro, a unir con la mayoría de los que les habían pedido auxilio y, reescribiendo la historia y pasando por sobre todas las leyes, iban a cobrar venganza contra sus hombres de armas. Incluso con la complicidad de los salvados por ellos en sus vidas y patrimonios.

          El odio es una manifestación del mal y no hay nada más consustancial a él que la mentira. Por eso en Punta Peuco hay 126 presos con el único fundamento de dos mentiras: una, que son autores de secuestros permanentes de personas a las cuales todo el mundo sabe que no tienen secuestradas; y la otra, que son autores de delitos de “lesa humanidad”, una imposibilidad absoluta, porque cuando lucharon contra la subversión que se había alzado en armas no existían semejantes delitos, lo que significa, según una ley ancestral de la humanidad (“nullum crimen, nulla poena sine lege previae”), que no pudieron cometer tales delitos por, simplemente, no existir éstos.

          Pero el odio ha podido más y Punta Peuco se ha llenado de personas que legalmente no podrían ni deberían estar ahí. Por eso son presos políticos, lo son sólo por una razón política propia del marxismo-leninismo que nos gobernó hasta hace unos días: el odio.

          Pero Michelle  Bachelet pestañeó. Y su ministro de Justicia, un radical que no es marxista-leninista, y por tanto no odia, era evidentemente reacio a profundizar una venganza ilegal para mandar a personas que no son delincuentes a compartir celdas con la hez de la sociedad en los penales comunes.

Porque Punta Peuco es un penal común, cuya única característica diferente es que sus internos no son delincuentes y, por tanto, observan buena conducta, mantienen el recinto limpio, se comportan decentemente y son visitados por familias honorables.

          Eso enfurece a los agentes del odio, que quisieran verlos sufrir a manos de la delincuencia común en los penales que el Estado –como la generalidad de los recintos que le pertenecen— mantiene en condición precaria.

          ¡Gracias, Michelle 2.0, por haber pestañeado y haber dejado pasar una ocasión de renovar el odio! ¡Gracias, ministro Campos, por haberse negado a ser cómplice de una venganza más fundada en el odio!

Cambio de Mando en el País que Somos

          La siguiente frase de un diputado retrata al país cuyo cambio de mando se está produciendo cuando escribo, y deben instalarse las nuevas Mesas de la Cámara y el Senado:

          “Yo tengo sospechas, y no tengo ningún temor en decirlo: lamentablemente en Chile algunos creen que la política se hace comprando a los parlamentarios, y algunos en el nuevo gobierno van a intentar prometer recursos y proyectos para que algunos cambien el voto” (“El Mercurio”, 08.03.18).

          Es el país que es. Este blog ha mantenido una estrecha vigilancia contra los sobornos, denunciando todas las veces en que diputados, primero de la Concertación y luego de la Nueva Mayoría, se “dieron vuelta” para frustrar acusaciones contra Sebastián Piñera que, no en vano, está a su turno imputado por soborno por un juez del crimen de Buenos Aires, en el caso de la autorización para que LAN operara en el país vecino (“La Nación de Buenos Aires, 29.12.16).

          “¡Hasta cuándo escribes esas cosas! ¿No te das cuenta de que si no hubiera ganado Piñera seguiría en curso la revolución marxista-leninista?” Lo comprendo, lo tengo claro, pero a esta misma hora en que escribo se está definiendo si el soborno funcionó otra vez o no. Porque Chile Vamos tiene 72 diputados y para presidir la Cámara necesita 78. Entonces tiene que comprar seis, pues la Nueva Mayoría, el Frente Amplio y los regionalistas afines tienen 83.

          Pero, sorprendentemente, la elección de Mesa en la Cámara se da como debía darse, nadie (o un número insuficiente) “se dio vuelta” y la mayoría se impuso. La nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, resultó elegida a tiempo para el cambio de mando.

          A la transmisión del mando asistían las más altas autoridades de los tres poderes públicos: el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, un activista del no respeto a las leyes en los juicios contra militares; el presidente del Senado, un  socialista que nunca agradeció públicamente al sistema binominal al cual le debe su curul (sacó menos votos que Laurence Golborne, pero éste y Ossandón no alcanzaron a doblar a la Nueva Mayoría); y el nuevo Presidente de la República, bajo cuyo anterior mandato se generó el mayor número de querellas prevaricatorias contra militares desde que se instaló esa costumbre antijurídica a fines de los ’90, a través de la aciaga mano de Juanito Guzmán Tapia.

          En el país que somos se había anunciado que Michelle 2.0, la revolucionaria marxista-leninista, tenía reservado para el último minuto un paroxismo final de odio: el decreto de traslado de los Presos Políticos Militares a un penal común. Con eso ya habría superado el siniestro récord de su sucesor, que en su anterior mandato cerró el Penal Cordillera, donde los más altos oficiales presos políticos lo estaban en un entorno digno (al interior de un regimiento) y más cerca de las atenciones médicas demandadas por su edad (eso ocasionó el suicidio del correctísimo general Odlanier Mena, que desde el Más Allá debe haber mirado atónito como los otrora partidarios del Gobierno Militar votaban para reelegir a su perseguidor, Piñera).

          Con la resignación de un caballero boliviano que conocí en mi juventud y que siempre repetía la misma frase, sólo puedo decir, ante el cambio de mando: “Todo pudo ser mejor, pero también todo pudo ser peor”.

Con Problemas de País Rico

          Hace como treinta años Agustín Edwards, que era director de “El Mercurio”, me convidó a almorzar en el diario con un economista famoso, Bela Balassa, autor de un trabajo merecedor de ser publicado en “Lecturas de Microeconomía”, un texto que debía leerse en el primer año del ramo.

          El tema del almuerzo iba a ser el combate a la pobreza y Balassa venía del Primer Mundo a enseñarnos cómo reducirla. Yo decidí hacer un “paper” de una carilla y se lo entregué a los comensales. Decía que si los países del Primer Mundo abrían sus fronteras a los trabajadores del Tercer Mundo, la pobreza iba a disminuir en éstos, porque Europa y los Estados Unidos se iban a llenar de inmigrantes, que iban a llegar a trabajar allá con buenos salarios, beneficiándose por su parte los países ricos con una fuerza de trabajo más barata, mientras en el Tercer Mundo se iba a eliminar el exceso de mano de obra o desempleo de los más pobres, lo que iba a provocar un aumento de los salarios en ellos y la disminución o erradicación de la pobreza.

          No sé lo que hizo Bela Balassa con mi “paper” ni me lo quiero imaginar, pero parece que los desempleados del Tercer Mundo se enteraron de lo que decía y empezaron a llegar masivamente a los del Primero, hasta que ya se han convertido en un problema en los países más ricos, que han empezado a votar más por los movimientos contrarios a la inmigración, porque ven cambiar los rasgos característicos de su población ancestral y ser reemplazados por los de otras nacionalidades con otras costumbres muy diferentes.

          Y hasta Chile, cuando optó por el modelo socioeconómico de “El Ladrillo” libremercadista en vez del “Otro Modelo” socialista, es decir, cuando respetó el legado de la Revolución Militar de 1973-90, pese a que gobiernos de centroizquierda como los de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera le “rayaron la pintura”, se ha ido convirtiendo en país con más riqueza y atractivo para los pobres de otros países. El socialismo del “Otro Modelo”, como el de Maduro (por eso el mayor número de inmigrantes viene de Venezuela) hace que sus compatriotas "voten con los pies" y se marchen a Chile, un mejor destino para ellos. O para los haitianos, en cuyo país parecen no tener ningún modelo y son los más pobres del hemisferio. Cualquier actividad acá les genera un nivel de vida mejor que el que pueden encontrar en su país.

          ¿Qué pasaría si, después de haber enviado militares para velar por la paz en Haití, les enviáramos un regimiento de “Chicago Boys” a enseñarles cómo se hace realidad lo que enseña “El Ladrillo? Pasaría lo mismo que pasó en Chile: de país en que la gente debía marcharse a buscar mejores destinos en otras naciones (y no sólo los pobres, pues recordemos que durante años se habló de la “fuga de talentos”) a un país en que la gente encuentra buenas ocupaciones y, por tanto, deja de marcharse a otras latitudes en busca de mejor nivel de vida. Los haitianos dejarian de marcharse masivamente de su país.

          Y de paso, con los haitianos contentos en su patria, la llegada masiva de ellos dejaría de ser un problema que inquieta a la opinión pública.

          De paso, tengo que decir que conozco empresarios jóvenes que prefieren contratar a haitianos que a chilenos, porque los encuentran más trabajadores, más respetuosos, más honrados y menos conflictivos que sus similares nacionales.

          Me quedo con la duda de si su futuro aprendizaje de “El Ladrillo”, que va a ser mejor para ellos, lo va a ser también para nosotros.

           ¿No queríamos ser un país desarrollado? Bueno, la inmigración en masa es sólo uno de los rasgos de un país desarrollado. Con nuestro pan nos la comamos.

Legado de Refinada Tortura

          Entre las “perlas” del legado de Michelle Bachelet se encuentra su proyecto sobre los reclusos que padecen una enfermedad terminal o cuyas facultades mentales se encuentran disminuidas. Para el común de los reos ella abre la posibilidad de que puedan completar la pena en sus domicilios, pero si han sido condenados por “delitos de lesa humanidad”, se les exige algo más: una declaración pública de arrepentimiento y aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en su causa o en otras.

          Esta es una refinada tortura que Michelle Bachelet ha resuelto infligir a los Presos Políticos Militares, que son tales porque están privados de libertad por razones políticas y sin fundamento legal. Desde luego, todos los condenados por “delitos de lesa humanidad” no debieron serlo, porque estos últimos fueron tipificados en nuestra legislación en 2009, con posterioridad a los hechos que se les imputan a los presos. Y hasta los más legos saben que no puede haber delito sin una ley previa que lo establezca. Ya sólo por eso son, técnicamente, presos políticos.

          Además, si usted lee la definición en la ley de los delitos de lesa humanidad, que los describe como “ataques generalizados a una población civil”, verá que se encuadran en lo que hacían el MIR y el FPMR, que ponían bombas en lugares públicos, explosivos en el Metro, artefactos incendiarios contra buses y hacían estallar autos-bombas frente a edificios, por ejemplo, como el Diego Portales y la embajada norteamericana, donde morían transeúntes. O sea, los uniformados no sólo no cometían “delitos de lesa humanidad”, sino que combatían a quienes los perpetraban.

          Y como por esos delitos están condenados, la mayoría sin pruebas y muchos sin haber visto en su vida a los guerrilleros que ahora se llaman “víctimas” suyas ¿de qué van a expresar arrepentimiento? y ¿qué antecedentes van a aportar? Recuerdo que la primera vez, hace más de una decena de años, en que al brigadier Krassnoff lo recluyeron, escribió una carta a los diarios, que se publicó, en que decía que jamás en su vida había visto a la persona de Miguel Ángel Sandoval, a quien lo culpaban de haber ultimado. Y nadie respondió una línea a eso, en circunstancias que, si no hubiera sido verdad, jueces, abogados y particulares conocedores del caso podrían haberlo desmentido y citado las situaciones en que sí hubiera estado relacionado Miguel Krassnoff con Miguel Ángel Sandoval. No había ninguna. Es que había sido condenado en virtud de una “ficción jurídica”, como confesó en cámara el juez que lo condenó, especializado en ese ardid, Alejandro Solís, hoy en confortable retiro como asesor del Ministro de Defensa, que lo contrató apenas esa confesión estremeció a la opinión pública, para hacerle más llevadero cualquier menoscabo que hubiera sufrido su imagen de idoneidad magisterial.

          Hace un par de días vi la película “Inquebrantable”, sobre un atleta norteamericano, ganador en las Olimpíadas de 1936, que cayó prisionero de los japoneses durante la II guerra y fue conducido a un campo de concentración donde le infligían los peores tratos. Los japoneses, al enterarse de que era famoso, le ofrecieron trasladarlo a un hotel en Tokio y darle una vida confortable si leía por radio los mensajes antinorteamericanos que ellos le redactaran. El atleta se negó y volvió al campo de concentración a recibir los peores castigos. “Es que yo no puedo leer eso”, les contestó a sus captores.

El apremio ilegítimo a que lo sometían era similar al que discurre el proyecto Bachelet para beneficiar a los demás reclusos enfermos terminales o con sus facultades mentales perdidas: “digan lo que yo quiero que digan o sigan recluidos sin ningún beneficio”. Porque, además, si no se arrepienten de lo que no han hecho tampoco gozan de permisos de salida, libertad vigilada o reducción de la pena, como los que tienen los demás presos, los “no-políticos”.

          Una refinada tortura, condigna del resto de su legado.

Los Jueces Chilenos Ante el Derecho Internacional

          Los ministros sumariantes de izquierda están acostumbrados a hacer lo que se les ocurra en persecución de los militares, porque se sienten amparados en su impunidad por la sala penal de izquierda de la Corte Suprema y con mayor razón ahora por el presidente del tribunal. Y así han metido presos ilegalmente a no menos de doscientos en Punta Peuco y otros recintos de detención del país, atropellando todas las leyes, pero en particular las de amnistía, prescripción, cosa juzgada, presunción de inocencia, principio de legalidad, principio pro reo e irretroactividad de la ley penal, que son básicos del Derecho Penal ancestral y universal. Y además han atropellado la verdad, a través de su ardid más utilizado, el del “secuestro permanente”

          

          Pero ahora les salió gente al camino. Un oficial en retiro de la Armada, Patricio Villalobos Lobos, condenado por ministros de izquierda a cadena perpetua por un delito que no cometió, ha interpuesto un recurso de amparo constitucional por violación de los derechos que le garantizan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ambos suscritos por Chile y que están vigentes de acuerdo al art. 5° de la Constitución. Porque los jueces chilenos también están violando el derecho internacional.

          Por lo menos el recurso ha sido admitido a tramitación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, porque estamos acostumbrados a que haya presentaciones llenas de argumentos jurídicos sólidos que la justicia de izquierda despacha con tres palabras: “no ha lugar”. Ojalá esto no suceda en este caso.

          El oficial (r) Villalobos comandaba en 1973 una patrulla que velaba por el toque de queda en la zona de Valparaíso, cuando sorprendió a un sujeto centroamericano llamado Juan Andrés Blanco transgrediendo la prohibición de circular a esas horas.

          Lo entregó al cuartel de Investigaciones de Quilpué, que estaba a cargo de los detenidos extranjeros. Y 44 años después, atraídos por los incentivos económicos creados por la prevaricación de los jueces chilenos, que condenan ilegalmente a uniformados por hechos de hace cerca de medio siglo y en seguida ordenan al fisco pagarles millonarias sumas a los familiares (sumas de las cuales una parte sustancial queda en manos de sus abogados, que son los promotores del negocio), interpusieron una querella contra la patrulla naval que lo detuvo y los ministros sumariantes Julio Miranda y Jaime Pinto, sin prueba seria alguna, condenaron a cadena perpetua al oficial (r) Villalobos por el secuestro del centroamericano, secuestro que según ellos persiste hasta hoy.

          Pero la patrulla entregó en 1973 al detenido a Investigaciones. Y este servicio dice que después de una semana otra patrulla naval lo retiró de su cuartel y que un tiempo después fue encontrado muerto y fue enterrado en el Cementerio de Quilpué. Pero como esto significaría que el delito está prescrito tras 44 años, los jueces dan cuenta de lo anterior pero prosiguen impávidos el juicio como si Blanco estuviera vivo hasta hoy.

          Por añadidura, nadie prueba nada. Y el recurso se funda en eso y tiene la originalidad de que también está interpuesto en beneficio del supuesto secuestrado, Blanco, y pide a la Corte indagar qué hicieron los jueces Miranda y Arancibia para proteger sus derechos y tratar de averiguar dónde se encontraba estos 44 años y dónde está hoy. ¿O los jueces están mintiendo, afirmando que sigue privado de libertad, a sabiendas de que ya ni siquiera existe hoy?

Pues no hay prueba de que el oficial Villalobos haya retirado a Blanco de Investigaciones. Los jueces Miranda y Arancibia afirman que se encontró su cadáver en 1974 cerca de Quilpué, pero no hay constancia en el Instituto Médico Legal ni hay certificado de defunción. Investigaciones no presenta ningún documento en que conste la entrega del detenido a petición del oficial Villalobos de la Armada, pero a éste los jueces lo condenan a cadena perpetua y a los detectives e inspectores que estaban a cargo del preso no los condenan a nada.

          Es que como en Chile a los uniformados es cosa de acusarlos y condenarlos sin pruebas, sin fundamentos legales y sin debido proceso, y van a tolerar todo e “irse para adentro”, los ministros Miranda y Pinto dictaminan presidio perpetuo para ellos y saben que no va a pasar nada.

Pues ¿por qué los detectives o inspectores de Investigaciones, que fue a quienes “se les perdió” Blanco, no son procesados, en circunstancias que fueron los últimos que lo tuvieron bajo su responsabilidad y, por tanto, deberían ser los primeros sospechosos como autores, cómplices o encubridores de su muerte y posterior desaparición?

          Yo les voy a decir por qué: porque en Chile a los jueces de izquierda les interesa liquidar a los militares y se dieron cuenta en 1998 de que podían hacer con ellos lo que se les ocurriera, cuando Juan Guzmán sin ninguna base, sin pruebas y sin leyes que lo respaldaran obtuvo el desafuero del senador Pinochet por delitos en que éste no tenía nada que ver y que estaban, además, amnistiados, prescritos y ya juzgados, y le pasó el texto del procesamiento al abogado comunista Hugo Gutiérrez para que se lo comunicara a la ciudad y al mundo, “urbi et orbi”, como si el juez hubiera sido él, lo que no estaba lejos de la verdad real.

Ese fue el comienzo del fin del debido proceso para los uniformados, porque lo vieron suceder y no hicieron ni dijeron nada, pensando, seguramente, “es que yo no soy Pinochet y a mí no me van a hacer nada”. Pero a todos los que han caído les han hecho lo mismo.

          Ahí se dejó establecido que iban a aguantar cualquier cosa con la cabeza gacha e irse para adentro. Y desde entonces el abuso no ha parado y va cada vez para peor, con la ley odiosa de Michelle Bachelet ahora enviada al Congreso para privarlos hasta de sus derechos carcelarios y humanitarios esenciales, que les son reconocidos a los peores delincuentes, pero no a ellos.

          El recurso de amparo constitucional de Valparaíso puede servir de base para que la justicia internacional se interese por saber por qué en Chile se violan, a expensas de los militares, los derechos básicos de los procesados que les garantizan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que los ministros de la Corte porteña, Julio Miranda y Jaime Pinto se han pasado por salva sea la parte, tal vez porque no contaban con que el abogado Javier Gómez, del oficial Patricio Villalobos, no les iba a dejar pasar impunemente su prevaricación.