Hipocresía y Cinismo Chilenos

          La hipocresía consiste en fingir cualidades de las que se carece. El cinismo es la desvergüenza para mentir o defender doctrinas o posiciones injustificables.

          La ceremonia del perdón en Punta Peuco ha servido para poner en evidencia ambos rasgos, muy extendidos hoy en nuestra sociedad.

          Lo más notable de esa ceremonia fue que ella partió de la inquietud de connotados adversarios del Gobierno Militar, no de sus ex partidarios. Los primeros son los pocos que tienen alguna conciencia de que la situación de los allí presos es moralmente indefendible. La conciencia de los que fueron partidarios es mucho más laxa: miran para otro lado, no quieren incomodarse… no son ellos los presos. Y todos los demás acatan la inmoralidad intrínseca de los hechos. 

         En efecto, seguramente su conciencia ha conmovido al ministro de Justicia, Jaime Campos; a los sacerdotes Fernando Montes y Mariano Puga (el primero un reconocido denigrador del Gobierno Militar y el último, además de eso, un defensor de la guerrilla marxista); y al pastor anglicano Pablo Álvarez, el único que, a diferencia de los anteriores, siempre defendió los derechos de los Presos Políticos Militares. Todos ellos resolvieron hacer un llamado a la compasión por los derechos humanos violados de los presos uniformados.

Pero, atemorizado ante la mayoría de manifestantes de izquierda, el padre Montes aseguró que había asistido porque esperaba que quienes pidieran perdón aportaran datos sobre los desaparecidos. Lo remito a la página 262 de mi libro “Terapia Para Cerebros Lavados”, donde se documenta el destino de los 1.102 desaparecidos comprobados por las Comisiones Rettig y de Reparación y Reconciliación. Se sabe el destino de todos, pero durante cuarenta años nadie ha tomado la iniciativa de identificar poco más de doscientos cadáveres innominados enterrados en el Cementerio General o conservados en el Instituto Médico-Legal. ¿Por qué?

          Y frente a la mayoría de contramanifestantes promotores del odio, me pregunto yo ¿dónde estaban los militares y civiles que co-actuaron bajo el Gobierno Militar o formaron parte de él? ¿Qué dicen? “¿Qué se fizo el Rey don Juan?/ ¿Los infantes de Aragón, qué se fizieron?” ¡Se “arrepintieron”, se rindieron incondicionalmente, abrazaron la “mentira oficial”! Eso hicieron.

Un solo político de derecha, el candidato presidencial y diputado José Antonio Kast (ex UDI), ha tenido el coraje de defender los derechos de los PPM y prometido, si sale elegido, no sólo indultarlos y revisar sus condenas ilegales sino perseguir las prevaricaciones de que han sido víctimas.

Todos los demás ex partidarios del “Sí” en 1988, un 43 por ciento de los votantes en ese tiempo, parecen haberse pasado al otro bando (la mayoría) o miran para otro lado. Lo cual es indispensable, porque de otro modo tendrían que confrontar a los triunfadores del “No” cuando faltan a la verdad, al derecho y a la justicia más elemental sin el menor escrúpulo y casi sin ser contradichos.

El abogado Adolfo Paúl Latorre es una voz solitaria que se alza en cartas a los diarios (cuando se las publican) para denunciar la verdadera subversión judicial que tiene lugar en nuestro medio y dirigida a atropellar las leyes, la Constitución, la verdad de los hechos y los derechos humanos de los militares. Los más altos magistrados de la sala penal de la Corte Suprema mienten impúdicamente en sus sentencias para mandar a la cárcel a uniformados en retiro, a título de que mantienen hasta hoy presos a subversivos que murieron en 1973 al ser enfrentados por las Fuerzas Armadas y Carabineros, respondiendo éstos al llamado formulado por la mayoría política democrática en agosto de ese año para que hicieran precisamente eso. Los militares de entonces no sabían que después los políticos –y en particular Patricio Aylwin Azócar-- los iban a traicionar.

El Colegio de Abogados, de mayoría de “centroderecha”, se negó a publicar en su revista institucional un artículo mío denunciando las falsedades de un fallo de la Corte Suprema, redactado por un abogado integrante que frecuentemente rompe lanzas por la ética en los diarios. Eso se llama hipocresía. Yo entonces publiqué ese artículo en este blog y puede leerse en la edición del 27 de marzo de 2015, que ha merecido cerca de dos mil lecturas.

En ese caso los jueces inferiores habían sido menos injustos que la segunda sala de la Suprema, pues, si bien prevaricando también y faltando a la verdad, para poder burlar la amnistía y la prescripción, les habían impuesto a los uniformados penas remitidas por “mantener preso hasta hoy” al extremista entrenado en Cuba Rudy Cárcamo, en 1973. La segunda sala de la Suprema las transformó en cinco años y un día efectivos y hasta hubo un voto de minoría (Juica) que pidió diez años y un día.

Si el terrorista islámico Amri, que atropelló hace poco a decenas de personas en Berlín y que ha sido recién muerto por un policía italiano en Milán, hubiera delinquido y sido ajusticiado en Chile, habría pasado a ser “víctima de atropello a los derechos humanos” y el policía que lo mató caería preso por cometer un delito de lesa humanidad y debería cumplir condena de muchos años de presidio. Pues acá los terroristas fueron “víctimas” y los uniformados “violadores de derechos humanos”.

Pero de los 114 PPM de Punta Peuco, sólo nueve pidieron perdón. ¿Qué obtuvieron? Nada. Al día siguiente la misma sala penal de la Corte Suprema le negó el beneficio carcelario que le correspondía a uno de ellos, que ya cumplió veinte años preso, en virtud ser autor de un delito “de lesa humanidad”, que no existía en nuestra legislación a la fecha en que él cometió delito.

En los países civilizados nadie puede ser castigado por una ley dictada después de cometido el hecho. Eso está en la base del Derecho Penal, pero en Chile no. Acá la Corte Suprema incluso confesó en un documento oficial (boletín 8182-2010) que “la legislación sustantiva no tiene delitos adecuados a esa realidad” (la necesidad de condenar a los militares) y agregó con todo desenfado: “las instituciones tradicionales inhiben o impiden la investigación, como lo son por ejemplo, la prescripción, la territorialidad, la retroactividad (sic; debería decir “irretroactividad”) de la ley penal, como así también la disposición sobre amnistía…” Es decir, trasgredió olímpicamente la obligación esencial de los jueces de aplicar las leyes. Eso es cinismo puro. Y añadió a tal impudicia la ignorancia, al decir que “introdujeron” sus decisiones ilegales “por la vía del artículo quinto de la Constitución”, que alude a los tratados internacionales. Pero ese inciso del artículo quinto fue introducido en 1989, es decir, al igual que la ley que creó los delitos de lesa humanidad en 2009, con posterioridad a los hechos, lo que trasgrede el principio de legalidad (según el cual para condenar debe haber una ley previa que establezca el delito) y el principio pro reo (debe aplicarse la ley más favorable al reo: cuando una ley posterior lo beneficie, se aplica ésta; si lo perjudica, se aplica la antigua). Elementos básicos del Derecho Penal civilizado.

          El sacerdote Puga pronto se liberó de su conciencia en Punta Peuco e imputó ante toda la prensa a algunos de los PPM, “de la Armada”, dijo, haber “sacado” del vientre de una mujer presa, “mediante un corvo”, al hijo que llevaba en las entrañas, exhibiéndoselo cruel y burlescamente a la víctima. Extraño y atroz relato, seguramente inventado por él para la ocasión, pues el corvo no es un arma que se use en la Armada.

          Los más numerosos manifestantes presentes no fueron los agradecidos del Gobierno Militar (que los hay, aunque pocos, y tienen mucho miedo de manifestarse, porque los comunistas los agreden); ni fueron otros militares en retiro no alcanzados por el largo brazo de la prevaricación de izquierda, ni mucho menos los uniformados activos, uno de cuyos principios fundamentales según la nueva ética militar parece ser el de dejar abandonados  a sus caídos tras las líneas enemigas. No, la concurrencia más numerosa fue la de los y las agentes del odio, representativas de la violencia izquierdista, muy sobrealimentadas y con cinturas obscenas gracias a los 300 millones de dólares anuales que el erario destina a pagar múltiples beneficios a la izquierda armada derrotada en 1973 pero victoriosa en la posguerra de 1991 en adelante, que estableció la posverdad, sentó en el banquillo a los militares, y espera mantenerlos presos hasta que se mueran. 

          Se funda en el inconmovible principio ético, legal y moral característico del Chile de hoy, de que los que trataron de suprimir la democracia por la vía armada, con la ayuda soviética y cubana, deben ser indemnizados hasta el fin de los tiempos por habérseles privado de conseguir su alto propósito y los canallas que se lo impidieron deben pudrirse tras las rejas, como los 17 que ya murieron y los siete que se suicidaron, no sin antes haber recibido “el pago de Chile”.