Han Hecho Lo Que Han Querido

          Insólito el llanto de la señora, en términos de casi no poder hablar, cuando en ceremonia publicitaria organizada ad hoc, recordó el caso de su padre, sus camaradas aviadores de izquierda del ’73 y las recientes condenas inverosímiles y antijurídicas “por torturas con resultado de muerte” de aquél, contra dos oficiales de la FACH, uno de los cuales ni siquiera ha podido enterarse de que fue ingresado a Punta Peuco, porque ha perdido la razón.

          El general Bachelet fue juzgado en 1973 por un tribunal de guerra en razón de su participación en un grupo de oficiales que, como parte de los planes de la UP, pretendía tomar por las armas y en connivencia con el MIR la base aérea de El Bosque, eliminar a la oficialidad que se les opusiera, y cooperar así a la toma del poder largamente propiciada por el Partido Socialista desde 1967, contemplada y confesada por Allende a Regis Debray y cuya fecha tentativa era el 19 de septiembre de 1973, según el “Plan Z” encontrado entre los papeles capturados al régimen caído y de que se dio cuenta en el “Libro Blanco de la Intervención Militar en Chile”, publicado por Editorial Lord Cochrane en 1974. A su turno, el contenido de los juicios en la FACH quedó documentado en el libro del periodista DC Ricardo Boizard, editado en 1974 y titulado “Proceso a Una Traición”.

          El general Bachelet, en marzo de 1974, estaba preso por esa evidente razón y, teniendo una condición cardíaca, por la cual había estado antes hospitalizado, participó en la cárcel en un partido de básquetbol que le estaba contraindicado, a raíz de lo cual sufrió un infarto y posteriormente murió. Testigo abonado de los hechos fue el senador socialista Eric Schnake, preso junto con él, que no tuvo inconveniente en relatar las circunstancias del ataque al corazón y fallecimiento del general.

          Pero después la izquierda chilena se apoderó de la historia y, en realidad, de todo: de los medios de comunicación, de la justicia y, en definitiva, ha hecho lo que ha querido, en términos tales que, cuando las cosas sean examinadas por historiadores objetivos en el futuro lejano, la versión que hacía llorar a la señora sin poder continuar su discurso resultará simplemente patética por lo falsa.

          Desde luego, los hechos relativos a la muerte de Bachelet habían sido juzgados en 1973 y 1974 (es decir, hay cosa juzgada) y, por si no fuera suficiente, estaban amnistiados y prescritos. Por añadidura, siempre ha sido muy difícil probar el delito de tortura, sin perjuicio de lo cual resultó claro que el general no murió debido a ella sino a la práctica de un deporte que, en su condición cardíaca, no debía practicar.

          Pero, como la izquierda ha hecho lo que ha querido, también ha tenido a su cargo el Instituto Médico Legal, dirigido por Patricio Bustos, mirista confeso y funcionario de la exclusiva confianza de los Presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ambos del “No” (este último cómplice activo de la prevaricación contra los militares, al triplicar las querellas ilegales de que han sido víctimas). Dicho Instituto entregó a la justicia un informe pericial que, más de cuarenta años después de fallecido el occiso, pretendía probar que éste pereció a causa de las torturas. Hace pocos meses ese Instituto confesó que no podía indicar la causa de muerte de una menor hallada entre las rocas de Laguna Verde y fallecida dos días antes, pero tratándose del padre de la Presidenta afirma con certeza la causa de muerte hace 42 años. Y como hay un juez de izquierda a cargo del proceso, éste simplemente condena a los dos oficiales de la FACH que interrogaron a Bachelet en 1974. ¿Qué querían? ¿Qué lo condecoraran por haber fraguado la muerte de sus camaradas de El Bosque? Y ahora estas víctimas de la prevaricación carecen de “derechos humanos”, y el haber perdido la razón una de ellas y la ancianidad de ambas no es argumento para impedir que cumplan su ilegal condena.

          Porque la izquierda ha hecho lo que ha querido, ya la Presidenta cobró diez millones de pesos que una ley ordenó pagar a los familiares de toda persona que hubiera caído a manos de uniformados entre 1973 y 1990. Pero si su padre murió de un infarto. No importa. Y, por lo demás, todavía no ha terminado de cobrar. Ella sabe que de la sentencia del juez de izquierda va a derivar una indemnización. ¿Por qué llora tanto? Y una reciente ley les dio otro millón más, también caído del cielo, a quienes cobraron los anteriores diez. Es que hacen lo que quieren. Manejan todos los hilos del poder, reescriben la Historia, a través de las Comisiones Rettig I y II y Valech, que les dieron pensiones a treinta mil personas de izquierda que se declararon “torturadas”, y también a más de 160 mil declarados “exonerados políticos” e indemnizados, muchos sin otra prueba que la recomendación de un parlamentario de izquierda (Isabel Allende fue la campeona de las certificaciones, que ni siquiera firmaba).

          Yo calculo que en este momento la extrema izquierda debe estar cobrando cerca de trescientos millones de dólares anuales. Y eso sin contar las compensaciones judiciales millonarias reconocidas por las muertes de terroristas, arbitrariamente calificadas como “delitos de lesa humanidad” –que en nuestro ordenamiento existen desde 2009 y con prohibición de retroactividad— o de “secuestro permanente”, que los propios jueces reconocen como “una ficción”. Los que deberíamos llorar seríamos los demás chilenos.

          Otro motivo de las lágrimas de la Presidenta ha sido que la Corte Interamericana de DD.HH. invalidara oficialmente las sentencias recaídas en los juicios de la FACH a los demás procesados, aparte de su padre. Ya éstas habían sido sobrepasadas. La propia Michelle Bachelet designó Subsecretario de Aviación en su anterior gobierno a Raúl Vergara, primitivamente condenado a muerte en aquellos procesos, pero cuya pena se conmutó por extrañamiento, que cumplió en Europa. Hoy ha vuelto al tapete a raíz de la generosa pensión del sistema de reparto con que se ha beneficiado, prueba adicional de que los socialistas hacen lo que quieren.

          Y días atrás se ha informado que, a la inversa de lo que sucedía antaño, ahora las remuneraciones de los funcionarios públicos son más altas que las del sector privado. Es que la izquierda se ha adueñado del poder para su propio beneficio. No importa cómo lo ejerza. En el Sename pueden haberse muerto 245 y hasta 1.313 niños en estos últimos años (he visto ambas cifras y otras intermedias recientemente publicadas), pero lo que sucede ahí es lo que hoy describe Luis Larraín Arroyo en su columna de “El Mercurio”: “Porque el Sename –dice-- es una institución cuyo principal objetivo es satisfacer las expectativas laborales de los más de 4.500 funcionarios que trabajan en él y sus centros de atención directa. Ésa es la preocupación esencial del gobierno en relación a ese servicio, y si alguien le dice otra cosa, miente”.

          Ganan más que nadie, no se cansan de cobrar, alteran la verdad, encarcelan a los que les impidieron tomar el poder por las armas, lo celebran públicamente en las más solemnes sedes institucionales, hacen todo lo que quieren, y más encima lloran. Y se supone que todo el país debe compadecerse de ellos. ¿Hasta dónde vamos a llegar?