Justicia Para el "Sí" y Para el "No"

          Rompiendo una tradición del Poder Judicial que era relativamente honrosa antes de 1990 –“relativamente”, porque antes también hubo sonados casos aislados de evidente prevaricación, que quedó impune, pero no tenían connotación política— después de ese año y en las últimas décadas se consagró la “torcida administración de justicia” como un hábito judicial de propósitos políticos, consagrándose como doctrina la violación de la ley procesal penal. Es decir, un delito, la prevaricación (no aplicar la ley a sabiendas) se convirtió en jurisprudencia oficial de los tribunales chilenos.

Es una norma básica del derecho penal de la Humanidad de todos los tiempos la de que el juez debe probar que el delito existe. En Chile no. Nuestra justicia de izquierda no lo prueba, sino que lo finge. Por eso un juez especialista en hacerlo confesó en cámara ante la TV que se trataba de una “ficción jurídica”. Lo malo es que no era jurídica.

Entonces aquí los “ministros sumariantes” designados por los triunfadores del “No” en 1990, con el fin de perseguir a los militares perdedores del “Sí”, decidieron que en el caso de éstos no había para qué probar los delitos, sino que bastaba fingirlos. Y así procesaron y metieron presos a centenares por el supuesto delito de “secuestro permanente” de guerrilleros que habían sido alguna vez detenidos y de los cuales no se sabía su paradero. Y los “fingen” secuestrados hasta hoy.

Y, así, el capitán (r) de Carabineros Óscar Sepúlveda Tapia purga la pena de presidio en Punta Peuco por “mantener secuestrado” a un sujeto a quien detuvo hace décadas. Pero resulta que el sujeto vive en el Perú desde entonces, tras haber sido llevado allá clandestinamente con ayuda eclesiástica, pues durante años la Iglesia, a través de la Vicaría de la Solidaridad, colaboró con la guerrilla de izquierda, financiando su defensa judicial, manteniendo en Santiago la “Clínica Chiloé” para atender a sus heridos y encubriéndola para eludir a la Justicia. El 26 de mayo de 1986 fueron publicadas dos páginas de “El Mercurio” con los retratos de 47 militares muertos por la guerrilla desde 1978 y en la mayoría de los casos la defensa de sus asesinos la había asumido la Vicaría de la Solidaridad. Recordar esto es, naturalmente, muy, pero muy políticamente incorrecto y tal vez sea peligroso que usted siga leyendo esta columna.

Pero, dominada por la izquierda y todo, la Corte Suprema no ha podido desentenderse de que el “secuestrado” por el capitán Sepúlveda vive en el Perú y ha absuelto al oficial, lo cual generará, se supone, graves consecuencias para el Estado chileno, que lo ha condenado por un delito inexistente. Pero ¿por qué va a responder el Estado chileno, es decir, el contribuyente, si sus leyes obligan a probar los delitos y son los jueces de izquierda los que no lo hacen? Éstos, personalmente, y no el Estado deberían pagar las indemnizaciones correspondientes. Veremos qué responde a esto la “justicia del ‘No’”, aunque yo lo sé por anticipado.

Que esta justicia es muy diferente de la destinada al “Sí” quedó de manifiesto con el procesamiento de Laurence Golborne y el consiguiente “juicio por los diarios” y condena por “tribunales populares” de nuestra TV. Ha resultado ampliamente enlodado ante “el tribunal de la opinión pública”, por contraste con otro personaje, esta vez del “No”, Sebastián Piñera, que obtuvo financiamiento electoral con facturas “rectificadas” por una empresa, al igual que Golborne y por un monto parecido al de éste, aunque, a diferencia de él, una parte de lo recaudado lo empleó para beneficio personal (pagó bonos de desempeño a gerentes de otra empresa suya). Pero el del “Sí” fue formalizado y el del “No”, no. El fiscal Guerra ha declarado que no hay prueba de que Piñera supiera lo que hacía su empresa “Bancorp” con lo recaudado y que el gerente de ésta, ha sido formalizado, pero se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Entonces Golborne soporta ser formalizado y recibe el ludibrio publicitario y Piñera, bajo un amplio manto de impunidad, emprende su campaña presidencial presentando un libro que detalla lo que hará en su próximo gobierno. Es que es del “No” y se sabe indemne. Ya en la campaña anterior, en 2009, fue confrontado con pruebas de que había comprado acciones haciendo uso de información privilegiada y eso no produjo el menor efecto, tanto que ganó la elección. Son prerrogativas del “No”. Y como Presidente, Piñera cumplió con el "No", pues fue el mayor perseguidor judicial de militares y promotor de la prevaricación, triplicando el número de querellas contra ellos a través de su Departamento de DD. HH. del Ministerio del Interior.

A su turno, los parlamentarios del “No” se han dado por años un festín repartiendo plata fiscal a falsos “exonerados políticos”. El observador de DD. HH. Marcelo Elissalde ha investigado y comprobado que se dieron pensiones a 74 mil de ellos, por haber sido supuestamente despedidos por razones políticas durante el Gobierno Militar. La Contraloría estudió nueve mil de esos casos y encontró que tres mil eran falsos exonerados, que obtuvieron sus pensiones basados en certificados extendidos por parlamentarios del “No”, según permitió la generosa legislación de izquierda destinada a exprimir las arcas fiscales. La senadora Isabel Allende encabeza con gran ventaja el número de falsas certificaciones, que para mayor comodidad ella hacía firmar mediante un cuño.

La “justicia del ‘No’”, por supuesto, ha sobreseído la causa, sin formalizados, donde aparecen imputados 54 parlamentarios del “No”, cómplices activos en la sustracción ilegal de dineros del Fisco. Nada tienen que temer.

Isabel Allende se apresta también a competir en la campaña presidencial, sin ningún problema judicial, por supuesto, tal como su camarada del “No”, Sebastián Piñera. Y los chilenos podremos elegir entre ellos, pues vivimos en una democracia que nos da amplia libertad para votar por candidatos del “No”.