Un País Que Ha Perdido la Cabeza

          Chile no está en sus cabales, eso está claro. Chiloé, como parte de Chile, tampoco. Sus habitantes provocaron una interrupción forzada de actividades con motivo de la “marea roja”, pero el daño generado por esta última ha sido mucho menor que el derivado de la paralización generada por los propios chilotes. Eso no está en discusión. Es verdad que ahora los contribuyentes les estamos pagando a los chilotes una indemnización  por la “marea roja”, pero, obviamente, no les vamos a pagar ninguna por el perjuicio que ellos mismos se han autoprovocado con su protesta. En otras palabras, todo el mundo ha terminado peor que si sólo hubiera habido “marea roja” sin protestas y sin bonos. Entonces, lo más conveniente para Chiloé y para el país habría sido que sufrieran la “marea roja”, pues habrían soportado sólo el perjuicio por pérdida de mariscos, y éste sólo los pescadores; y, en cambio, todos los habitantes han experimentado uno mucho mayor por la paralización de actividades, cuyo costo nadie les va a cubrir.

          El primer principio inculcado a los médicos por el padre de la medicina, Hipócrates, fue “primum non nocere”, es decir, “lo primero es no hacer daño”. En política debería aplicarse lo mismo. Si así se hubiera hecho en Chiloé, los dirigentes que provocaron la agitación y la paralización de la isla deberían haberse abstenido de ponerla en situación de huelga forzosa y todos habrían salido ganando, pues sólo habrían sido perjudicados los pescadores de mariscos (la “marea roja” no contamina a los peces); éstos habrían recibido el bono del gobierno, lo que habría paliado su perjuicio, y el resto de la población de la isla no habría sufrido ninguna de las pérdidas económicas que hoy todos allá lamentan y que ha generado no pocas quiebras comerciales.

          Otro ejemplo de que el país no está en sus cabales es el de la liberación de 2.258 reos, entre ellos los autores de delitos de alta connotación y un total de 528 que ni siquiera consiguieron un informe favorable a su libertad de Gendarmería. Por contraste, hay un presidio, Punta Peuco, donde hay 120 reos que no son delincuentes, sino que están en esa condición por una razón política, y a los cuales se deniega la libertad condicional. Ellos fueron llamados en 1973, con absoluto entusiasmo y énfasis, por los máximos líderes parlamentarios del país a combatir a un ejército clandestino de extrema izquierda. Obviamente, el llamado implicaba hacerlo por las armas. Si hubiera habido otro medio legal de reducir a esa fuerza subversiva clandestina, los líderes políticos democráticos lo habrían empleado.

          Los presos de Punta Peuco, que potencialmente pueden llegar a ser más de mil, pues superior a ese número es el de procesos ilegales que se siguen tramitando por las muertes de extremistas caídos en la lucha post 11 de septiembre de 1973, no han sido beneficiados por la libertad condicional masiva recientemente aprobada por la Corte Suprema. Aparte de no ser delincuentes, sino personas que creyeron actuar en defensa de su país contra una agresión totalitaria, son de avanzada edad y muchos víctimas de enfermedades o impedimentos, entre ellos seis que sufren de Alzheimer y ni siquiera saben que se encuentran en un presidio cumpliendo condenas.

          Como el país ha perdido la cabeza, no sólo no se los libera como a los delincuentes, sino que se suscitan periódicamente iniciativas para empeorar las condiciones en que están.

          Todo esto se juzga, en el país que ha perdido la cabeza, como políticamente correcto. Ha habido un solo parlamentario que ha tenido el coraje político de interponer sus buenos oficios, pero sin éxito, ante el Presidente de la Corte Suprema por la evidente discriminación con los militares presos en el tema de las libertades condicionales, el diputado José Antonio Kast, en un gesto que merece realzarse. Pero no ha tenido éxito. Porque así como la Corte Suprema liberó a 528 reos sin informes favorables de Gendarmería, podría hacerlo también con los 120 ancianos caballeros de Punta Peuco, a los cuales, por razones evidentemente políticas, también se les niegan informes favorables.

          Hay muchas evidencias más de que el país ha perdido la razón, la más elocuente de las cuales es el artificial “Proceso Constituyente” al cual se ha convocado a la ciudadanía y en el que, siendo ella mayoritariamente cuerda, hasta ahora se ha mostrado reacia a involucrarse. Pues por fortuna parece que la sinrazón afecta sólo a las cúpulas y no a la masa de la población.