Defendidos por sus Adversarios

          Como los partidarios del Gobierno Militar y, en particular, los que más le deben por haberles dado seguridad a sus libertades, propiedades y emprendimientos, han protagonizado una vergonzosa fuga hacia las posiciones marxistas y kerenskys en materia de “violaciones de los derechos humanos” (consigna impuesta por el KGB soviético desde el momento mismo en que los militares derrotaron a los paramilitares de izquierda que, en número superior a veinte mil, pretendía dar acá el golpe para tomarse el poder), entonces la tarea de defender a los Presos Políticos Militares ante la opinión pública parece haber quedado entregada a las poquísimas personas de derecha que no se han “dado vuelta la chaqueta” y, paradójicamente, a algunos de quienes los persiguieron. Es así como en estos días han aparecido el sacerdote jesuita Fernando Montes, el presbítero Joaquín Alliende y el abogado de izquierda Héctor Salazar haciendo ver los atropellos injustos a sus derechos que sufren dichos PPM o la inexactitud de las versiones que los han presentado ante la faz pública como criminales y delincuentes.

          El jesuita Montes fue uno de los peores denostadores de los militares que combatieron contra el inminente golpe totalitario. Recuerdo que hasta lo hacía aprovechando un espacio de TV que le brindaba el canal católico. En particular, la cónyuge de un PPM contra quien centraba sus acusaciones (por crímenes que el uniformado, el brigadier Miguel Krassnoff, no había cometido), hace más de una década fue a visitar al sacerdote para representarle sus faltas a la verdad en las imputaciones que hacía a su marido injustamente preso, sin el menor resultado en cuanto a disminuir su odiosidad.

          Pues bien, ahora Montes, cumpliendo un deber sacerdotal y, probablemente, de conciencia, no sólo se ha convertido en un visitante asiduo de Punta Peuco, sino que se ha atrevido a decir públicamente que a sus internos se les están atropellando derechos humanos y carcelarios elementales, como es de público conocimiento. Ello le ha valido recibir una andanada de ofensivas críticas de parte de los “guardianes del odio” en nuestra sociedad, que son los comunistas, sus “compañeros de ruta” y “tontos útiles” (como los llaman ellos).

          Es justamente por temor a esa agresividad que las personas y los medios que naturalmente habrían debido salir a defender a los que fueron convocados por la mayoría democrática a salvar al país del golpe totalitario, miran para otro lado ante la discriminación ilegal que sufren.

          A tanto llega ésta que el abogado Héctor Salazar, tenaz persecutor de ellos cuando actuaba bajo el amparo de la Vicaría de la Solidaridad, convertida en brazo logístico de los movimientos terroristas de extrema izquierda y órgano de persecución judicial de uniformados, hoy se atreve a secundar al padre Montes en su denuncia sobre atropellos a los derechos de los detenidos y declara:

          “El punto está en que, cumpliéndose los requisitos para acceder a algún tipo de beneficio penitenciario, en Punta Peuco eso no ocurre, o ha ocurrido excepcionalmente en situaciones específicas. Y eso no ocurre porque, dentro del contexto nacional, los gobiernos de turno no quieren asumir el costo de tener que explicar por qué los organismos pertinentes les dieron acceso a beneficios penitenciarios a violadores de derechos humanos”.

          Es tanto el temor a los “guardianes del odio” que hasta inserciones pagadas de los oficiales en retiro defendiendo a sus camaradas ilegalmente presos y privados de derechos, han sido rechazadas por la prensa que apoyó al Gobierno Militar. Ésa, entre paréntesis, fue una de las razones que tuve en 2008 para renunciar a “El Mercurio”, después de haber escrito ahí por 46 años.

          En carta aparecida hoy en ese diario, el reverendo Joaquín Alliende defiende la memoria, injustamente escarnecida por la mayoría de los medios en estos días, a raíz de su fallecimiento, del general Sergio Arellano Stark. Así, revela sus gestiones para liberar a 22 miristas, que gracias a ellas y a la intercesión de Arellano pudieron viajar al extranjero. Ahora eso se denomina “el exilio”, como si hubiera sido una política de atropello por parte del Gobierno Militar, siendo que en el hecho representó un beneficio para elementos comprometidos en la lucha armada que de otro modo habrían debido enfrentar a los tribunales en tiempo de guerra o el combate contra las fuerzas de seguridad.

          

           La carta del presbítero contiene un aporte histórico muy importante: revela que también sacó de las manos de las fuerzas de seguridad “a seis médicos del MAPU. Ellos, antes del 11 de septiembre de 1973, habían extraído medicamentos de diferentes depósitos. Eran para un hospital de emergencia donde se atendería a partidarios del Presidente Allende en un ya inminente enfrentamiento armado”.

          Singular evidencia de que estaba en curso la alternativa Z-A del “Plan Zeta” de la extrema izquierda, consistente en, textual, “Z-A: Iniciación del Golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la dictadura del proletariado contra la acción de una parte de las FF. AA. apoyada por civiles”.

          La fecha tentativa era el 19 de septiembre de 1973, en que serían asesinados, durante el almuerzo a las Glorias del Ejército, todos los altos mandos de las tres ramas uniformadas y de Carabineros.

          La derecha, “cómplice activa”, encabezada por Piñera, de la injusta e ilegal persecución actual contra los militares, “mira para otro lado” o, peor, se suma a la misma, como lo hacen crónicamente el actual presidente de la UDI y el joven que aspira a sucederlo; o como lo hace el otro partido nacido bajo el Gobierno Militar, que ha cambiado su declaración de principios para no nombrarlo, y al cual yo, a mi vez y a raíz de eso, le he cambiado su nombre, al de “Renegación  Nacional”, que me parece más apropiado.

          Por suerte surgen desde la izquierda, tradicional adversaria de los militares, voces con más conciencia que la de los salvados por éstos, y que claman ante el tratamiento injusto, inhumano e ilegal que ellos reciben de parte de nuestro “establishment”, tan malagradecido con quienes pusieron el pecho a las balas cuando se trataba de salvar a Chile de un destino totalitario.