Los Comunistas No Son Agradecidos

          Ni tampoco tienen votos, pues los parlamentarios que consiguen no han sido elegidos con sufragios propios, sino gracias a que los Kerensky, que siempre los han ayudado, en recientes elecciones “se han excluido” en ciertos lugares, no presentando candidatos, para permitir elegir a los comunistas.

Pero los rojos son malagradecidos y ahora están peleando con sus favorecedores DC y tratándolos de “corruptos y golpistas”, según se deduce de la última declaración de Guillermo Teillier dirigida al plexo de Jorge Pizarro.

Lo más grave es que mandan en Chile, pues aquí se hace lo que ellos quieren. Ahora advierten que si la reforma laboral no sale como la piden, paralizarán el país, según anuncio de la camarada Bárbara Figueroa, que preside la CUT. Este solo llamado es un delito penado en la Ley de Seguridad del Estado, pero esa ley se dejó de aplicar bajo la Concertación, incluido su V Gobierno, el de Piñera. Además, ya es sabido que, en general, a los comunistas no se les aplican las leyes que puedan sancionarlos.

          

          Ahora esa situación de ilicitud rampante me afecta personalmente, porque me ha vuelto a citar la Brigada de DD. HH. de la PDI para declarar en un proceso completamente ilegal iniciado por un abogado comunista, Eduardo Contreras, hace un par de años, para penalizar a los civiles que habrían incitado a los militares a tomarse el poder en 1973.

          

         Si tal incitación hubiera sido delito, habría prescrito en 1983, porque el Código Penal dice que los delitos prescriben en diez años. Si imperara el estado de derecho, el ministro sumariante ante quien se presentó la querella debería haberla desechado sin más, porque el art. 107 del Código de Procedimiento Penal antiguo, aplicable a este caso, le ordena “poner inmediato término al juicio” si hay una causal de extinción de responsabilidad, como lo es la prescripción. Ni siquiera cabe buscarle "la quinta pata al gato" por el lado de la "lesa humanidad" o del "secuestro permanente".

Pero acá los jueces de la mayoría de izquierda no se rigen por las leyes, y entonces el ministro Mario Carroza acogió a tramitación la querella de Contreras y ha molestado a mucha gente a la cual este último asigna la responsabilidad de haber incitado al Pronunciamiento. A mí pidió citarme a declarar ante la PDI el año pasado, porque leyó una entrevista en “La Segunda” donde yo decía que los militares habían sido llamados a poner término al gobierno de Allende en un documento oficial, y Contreras quería que yo precisara ante el Tribunal qué documento subversivo era éste. Obviamente, no había leído el Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, que contenía la señalada convocatoria. Entonces yo, pacientemente y a través de un detective de la Brigada de DD. HH., procuré instruir a Contreras y ayudarle a llenar su vacío histórico-cultural, rememorando el contenido del Acuerdo y mencionando a los autores de la redacción del mismo, sometida y votada por la Cámara favorablemente. Dichos autores fueron Enrique Ortúzar Escobar, el principal, pues hizo el primer borrador; Francisco Bulnes Sanfuentes, que lo corrigió y complementó; Claudio Orrego Vicuña, que estudió concienzudamente el texto corregido y sugirió otros cambios; y Patricio Aylwin Azócar, que introdujo ésos y otros más y devolvió el original a Bulnes, para ser entregado a los diputados para su presentación y aprobación en la histórica sesión del 22 de agosto de 1973, que terminó en las primeras horas del día 23.

Todo esto lo supe porque fui convocado a la primera reunión preparatoria en la oficina de Bulnes, junto con Enrique Ortúzar, de la cual los tres salimos con la tarea de redactar sendos borradores y en la semana siguiente reunirnos a analizarlos y transformarlos en un solo texto, lo que no fue necesario, porque el único que hizo la tarea fue Ortúzar, que debe ser considerado, a mi juicio, el autor fundamental del Acuerdo.

          Ahora, gracias a que “no hice la tarea”, no he podido ser inculpado por el ministro Carroza, pero el abogado Contreras ha pedido que se me vuelva a citar por la PDI, porque quiere corroborar que el único redactor vivo del “llamado a delinquir”, es Patricio Aylwin. Pues el fallecimiento de los demás obliga a sobreseerlos, dado que, por el momento, los comunistas no han descubierto que se puede condenar a los muertos, pero no cabe desecharlo, así como han descubierto que se puede “anular” las leyes, barbaridad inconstitucional que están intentando con las de Pesca y de Amnistía.

          Entonces se da la situación de que el abogado comunista se vea abocado a pedir el procesamiento y condena de Patricio Aylwin, el mayor favorecedor de los comunistas en el país a partir de 1990, cuando organizó una “Comisión Rettig” destinada a exculparlos de lo sucedido en Chile y a hacer recaer todas las responsabilidades y penalidades en los militares a los cuales él mismo convocó, junto con la mayoría democrática, a “poner término a la situaciones de hecho antes referidas”, es decir, las tropelías cometidas por el régimen de Allende. Tan exculpatoria de la extrema izquierda fue la Comisión Rettig, que calificó a los 423 muertos a manos de sus principales brazos armados entre 1973 y 1990, el MIR socialista y el FPMR comunista, como “víctimas de la violencia política”, un ente completamente innominado.

          Aylwin transformó así a los agresores en agredidos, a los victimarios en víctimas y a los totalitarios en demócratas. Y ahora los comunistas le pagan ese enorme servicio político-publicitario queriendo meterlo preso. Y, en medio del naufragio del estado de derecho, del cual el mismo Aylwin fue precursor con su famosa carta inconstitucional a la Corte Suprema para impedir aplicar la amnistía, en 1991, quieren usarme como testigo para materializar su desagradecimiento.