El Largo Brazo de la Prevaricación

          Ella al fin llamó a mi puerta. Puedo parodiar al Pastor Niemöller de tiempos de Hitler: primero vinieron por los militares que enfrentaron a los terroristas, pero yo no los había enfrentado; después vinieron por los militares que “estaban ahí”; pero yo no era militar ni había estado ahí; después vinieron por los civiles que colaboraron con los militares, pero yo no había colaborado; entonces ahora vienen por mí. Pues recién recibí una citación de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI ordenándome presentarme en su cuartel, por orden del ministro en visita Mario Carroza.

          Este ministro es el que reabrió un proceso que ya estaba cerrado por sentencia ejecutoriada, que produjo el efecto de cosa juzgada hace casi treinta años, relativo a hechos prescritos y, por tanto, jurídicamente imposibles de volver a ser juzgados. Esta doble prevaricación ha tenido la virtud, sin embargo, de revivir mi fe en el pueblo de Chile, porque nueve de once ex conscriptos de 1986, hoy día injustamente presos por esos hechos desde hace semanas, han mantenido heroicamente las versiones que prueban la inocencia de sus superiores en el “caso quemados” y uno de ellos ha tenido la entereza de revelar que accidentalmente fue él quien quebró uno de los recipientes explosivos que portaban los extremistas Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, a raíz de lo cual estos últimos resultaron severamente lesionados.

          Sólo dos conscriptos de once defeccionaron. Han recibido prebendas y están libres. Pero esos otros nueve que se han mantenido firmes y leales permiten pensar que no todo está perdido. Quienes han conversado con ellos me han expresado admiración por su coraje y entereza moral, pese a estar hoy, junto con sus familias, sufriendo penurias materiales como consecuencia de la prevaricación judicial (han perdido sus trabajos).

          Como el ministro que me está citando ha probado reiteradamente burlarse del derecho, cualquier cosa me puede suceder. Hace poco mandó incomunicado a un militar que le representó el tono prepotente en que era tratado. Y no sólo hay actualmente no pocos condenados por el solo hecho de “haber estado ahí”, en circunstancias hoy amnistiadas, prescritas y ya juzgadas, sino que incluso los hay presos sin siquiera haber “estado ahí”, como el caso del oficial de marina Cáceres, que había sido trasladado del cuartel “Ancla 2” de Talcahuano cuando se perdió, hace más de cuarenta años, el rastro de un extremista allí preso.

          Y yo mismo vi, participando en el programa “El Informante”, de TVN, al ministro sumariante Alejandro Solís, aseverar que numerosos testigos habían acusado al entonces teniente Miguel Krassnoff de aparecer con las manos ensangrentadas, tras dar muerte a la mirista Diana Arón, también hace cuarenta años, diciendo en voz alta: “¡Y además de terrorista era judía!”. Esto supuestamente ocurría el 19 de noviembre de 1974, pero  quedó acreditado en el proceso que a esa fecha el teniente estaba en comisión de servicio en el extranjero en actividades de seguridad y coordinación de la reunión de Presidentes que dio origen al “Abrazo de Charaña”. El juez Solís –que nunca interrogó a su víctima predilecta, Krassnoff, hasta el último día antes de su retiro por cumplir 75 años de edad, en que lo hizo “para conocerlo”— estimó que las legiones de testigos falsos que contradecían el certificado oficial establecían “presunciones fundadas” de culpabilidad y le impuso 15 años de presidio.

El código le ordenaba a Solís investigar con igual celo las circunstancias que establecían la responsabilidad como las que la desechaban, pero él no investigó nada acerca de la presencia de Krassnoff en Charaña y sí validó la versión de los jureros rojos.

          “La dictadura judicial –escribió Tocqueville— es la peor de todas, porque es la única que no tiene remedio”.

Yo estoy cierto de que “no estaba ahí” en sea lo que fuere para lo cual me cita el ministro Carroza, pero tampoco el marino Cáceres ni el militar Krassnoff “estaban ahí” y sin embargo purgan condenas (que tal vez sean de por vida) en Punta Peuco. ¿Por qué yo no podría correr la misma suerte? Donde no hay estado de derecho a cualquiera le puede pasar.

          Me he estado interesando en los beneficios carcelarios que se deniega a los Presos Políticos Militares (salida dominical, salida de fin de semana, salida diaria, libertad condicional). Se da la paradoja de que a quienes se declaran inocentes, porque están convencidos de serlo, la autoridad penal les deniega el beneficio por “no dar señales de arrepentimiento”. Esto es digno de “El Proceso” de Kafka. Para la singular justicia chilena actual es más grave ser inocente que culpable, porque en el segundo caso el arrepentimiento confiere derechos.

          Así, confeso del delito de “no haber estado ahí”, supongo que cualquier cosa me puede suceder. También estoy consciente de que nada harán ni nada dirán los “cómplices pasivos” de esta situación, cualquiera sea su desenlace, en particular el Colegio de Abogados, cuya revista se negó a publicar mi artículo denunciando una condena por “no haber estado ahí" y la penalización de un “secuestro permanente” no probado (“ficción jurídica”, Solís dixit, lo que le valió el premio de un “pituto” vistoso: Jefe del inmediatamente creado para él Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa). Véase ese artículo mío en la edición del 27 de marzo último de este blog.

          En fin, sepa el país que lo mantendré informado. Salvo que también sea amordazado.