Carne para las Fieras

          Siempre, contrariando la corriente populista dominante, he defendido a los empresarios que, en lugar de aniquilar a un competidor más débil mediante una guerra de precios, convirtiéndose así en monopolistas, se ponen de acuerdo con él para compartir el mercado. Pero los he defendido bajo la condición de que el respectivo mercado sea competitivo, haya libre entrada al mismo y todos los productores sean desafiables.

Ha sido el caso de las farmacias, de los pollos y lo es ahora del papel confort. Pero el argumento de la prensa, de las autoridades y, por consecuencia, de la opinión pública, e incluso de directivas empresariales más interesadas en complacer a los populistas que en defender la razón y la verdad, es de que habría habido una ganancia en perjuicio de los consumidores. Lo cual no es así, porque si lo fuera, cualquiera abriría nuevas farmacias, produciría o importaría pollos o papel tissue y haría una ganancia extraordinaria, y no hay nadie que lo haya hecho.

          

          Pero es verdad que la ley dice que ponerse de acuerdo en cuotas o precios en esas circunstancias, en lugar de entrar en una guerra de mutua destrucción, es delito. Ante esa situación absurda, entonces, hay que cambiar la ley. Sobre todo porque es inconducente, como lo demuestra el hecho de que en los casos de las ya sancionadas cadenas de farmacias y productoras de pollos, todas siguen produciendo y obteniendo beneficios igual que antes. Ello prueba que, si ya no mantienen un acuerdo expreso, declarado ilegal, han llegado a uno tácito, que no es contrario a la ley ni constitutivo de delito. Y siguen  produciendo, para bien del país y de los consumidores. 

         Por eso predigo aquí y ahora que tanto CMPC como SCA, tras sufrir el escarnio público, también van a seguir produciendo y ganando dinero igual que ahora, aunque no mantengan un acuerdo expreso. Porque son empresas de gente razonable y civilizada y, en lugar de procurar arruinarse mutuamente, van a operar en virtud de un acuerdo tácito, sin una guerra de precios que deje a una sola y destruya a la otra.

         

        Por otra parte, todo el mundo sabe que actualmente hay la más amplia variedad de papeles tissue para que el consumidor pueda elegir desde baratos y rudimentarios hasta sofisticados y caros. Y, además, quien desee competir en ese mercado puede hacerlo y si no lo hace es porque no ve en él ganancias extraordinarias y, por tanto, tampoco puede haber abuso a expensas del consumidor.

          Pues si en Chile cualquiera puede abrir una farmacia, producir pollos o vender papel confort, o importar alguno de estos últimos dos productos, entonces por definición no puede haber abuso. Si lo hubiera, más empresas entrarían a la actividad y las únicas barreras que tendrían que superar serían las que les ponga el Estado, es decir, la  burocracia.

          La poderosa Papelera pudo haber sacado a SCA del mercado del papel tissue, bajando los precios, y haberse quedado con toda la porción de la demanda que cubría ésta, convirtiéndose en monopolio, pero en lugar de eso prefirió llegar a un acuerdo. Todo el mundo sabe que en ese mercado hay libre competencia. Se puede producir o importar papel confort. En una economía abierta no puede haber abuso de posición monopólica.

Pero, como se trata de tirarles carne a las fieras para que aparten la mirada de tantos otros escándalos, como el del abuso que comete el Estado con los ciudadanos, haciéndolos pasar la noche a la intemperie para conseguir un número de atención o una clave, doblándoles el precio del servicio (pasaportes) y permitiendo a los funcionarios usarlos como carne de cañón para obtener un bono multimillonario al estilo de los que le han extraído a Codelco y al Banco del Estado, todos los fuegos se concentran en las empresas privadas que concretaron un acuerdo razonable, pero prohibido por la ley, como tantas otras cosas razonables que lo están, entre ellas la de pactar libremente las condiciones de trabajo.

Y es una vergüenza que la jefa de la revolución socialista en curso “zafe” del tema del desastroso estado al que conduce al país, asolado por la corrupción política, la delincuencia y el terrorismo incendiario, y afligido por la incertidumbre económica y social y la completa falta de probidad, orden y autoridad, con el simple recurso de poner en la picota del escándalo a empresarios respetables, acusándolos falsamente y valiéndose de una ley absurda, de causar un perjuicio al interés general.