El "Justiciagate" Pasa Colado

En, Chile, hoy país de escándalos, todavía falta otro que ha “pasado colado” y es el más antiguo e inmoral de todos, el “Justiciagate”, generado por esa mayoría de jueces de izquierda que fallan sistemáticamente contra las leyes (lo que es un delito), permanecen impunes y, lo peor, del cual la mayoría ciudadana ni siquiera se entera o, cuando la verdad asoma, ella mira para otro lado.

Este “Justiciagate” tiene prensa afín, que lo encubre y disfraza a efectos de la opinión pública, debido a que sentencias ostensiblemente ilegales son presentadas como ajustadas a derecho y emanadas de un debido proceso. Hay, en efecto, una complicidad periodístico-judicial: “yo te entrego sentencias ‘en exclusiva’ y tú las publicas como ‘golpes’ periodísticos, presentándolas como si fueran veredictos legales”.

El “Nueragate” y el “Pentagate” escandalizan, como también lo hacen la boletas y facturas indebidas que presentan parlamentarios para que el erario les financie gastos de representación inexistentes, lo cual lleva a que los parlamentarios y los partidos sean los entes sociales peor evaluados por la ciudadanía. ¿Y quiénes nos gobiernan? Ellos, los peor evaluados. Entonces, no en vano son unas veces cómplices y otras encubridores del “Justiciagate”.

         Sí, el Poder Judicial da origen crónico a sentencias que transgreden en forma flagrante la Constitución, las leyes y la verdad de los hechos y, sin embargo, eso “pasa piola” en el frente de la opinión pública y no llama a escándalo.

Así, la semana anterior “pasó colado” un atropello judicial de la más alta inmoralidad, del cual se hizo cómplice la prensa: cinco oficiales en retiro, entre ellos el ex vicecomandante en jefe del Ejército y ex miembro de la Junta de Gobierno, Santiago Sinclair, de 87 años, fueron sometidos a proceso y detenidos por unos inexistentes secuestro y homicidio de doce “campesinos” --dijo la prensa--  hace 42 años, en octubre de 1973. Supuestos delitos en los cuales –se informaba además-- habría estado involucrada la llamada (por la propaganda de izquierda) “Caravana de la Muerte” del general Sergio Arellano.

Todo era y es falso, pero es lo que cree la gente, pues quedó publicado en las primeras planas de los periódicos y en noticieros de radio y televisión como si hubiera sido verdadero. Se trató de un fallo de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocando una resolución de la ministra sumariante del caso, Patricia González, que había denegado el procesamiento de Sinclair y los otros, pues ella algo (si bien poco) sabe de la verdad de los hechos, de los cuales la Quinta Sala de la Corte probó no saber nada; y si lo supo, peor, porque falló a sabiendas contra la verdad de los mismos.

         La opinión pública fue, una vez más, entonces, engañada. Pues en 1973 operaba en la zona de Panguipulli una guerrilla armada poderosa y activa, que había expulsado de sus fundos a numerosos propietarios, todo bajo el amparo del régimen de Salvador Allende. La respectiva unidad guerrillera adscribía al MIR y era encabezada por el “Comandante Pepe”, cuyo nombre era José Liendo Vera, quien tuvo al menos la honestidad de comunicarle, en esa época, a la periodista Nena Ossa, en entrevista concedida en la casa de uno de los fundos usurpados por él, antes del 11 de septiembre de 1973, que la revolución en curso en Chile debía tener un costo de al menos un millón de muertos para que fuera eficaz. Puede leerse la entrevista en el libro autobiográfico de Nena Ossa, que tuve el honor de presentar y fue best seller hace unos años, “Allende, Thank You”, de Editorial Maye.

Ni siquiera después del 11 de septiembre de 1973 la guerrilla del Comandante Pepe detuvo sus ímpetus y, entre otras acciones, asaltó un retén de carabineros en medio de una gran balacera, como si todavía gozara del amparo de La Moneda. Por supuesto, los militares rodearon y rindieron a Pepe y su comando, en Panguipulli, y los llevaron detenidos a Valdivia, donde él y once de sus guerrilleros fueron sometidos a un Consejo de Guerra, según la legislación vigente en la época.

        Todos tuvieron debido proceso y derecho a defensa, de la cual dio testimonio su abogado, Carlos Herrera Tardón, además de que el abogado y ex parlamentario Andrés Aylwin dejó constancia de que él y otros dos profesionales también defendieron a Pepe y su grupo en el mismo Consejo, según expone el primero en su texto autobiográfico “Simplemente lo que Vi”.

        Y finalmente, por sentencia de 2 de octubre de 1973 del Tribunal de Tiempo de Guerra de Valdivia, Pepe y once de los guerrilleros bajo su mando fueron condenados a muerte.

Por supuesto, la mal llamada “Caravana de la Muerte” de que hablan el fallo de la Quinta Sala y los diarios, nada tuvo que ver con eso, porque el general Arellano y su comitiva arribaron a Valdivia un día después de la sentencia, el 3 de octubre de 1973. Y por si alguna duda cupiere, el inefable juez Juan Guzmán Tapia, en otra de las contradicciones que lo hicieron famoso, situó también a dicha comitiva ese día en Cauquenes, viniendo del norte. Claro que no tuvo inconvenientes en imputarle a la comitiva en la misma fecha tanto las muertes de Valdivia como las de Cauquenes, en ninguna de las cuales tuvo nada que ver. Fue lo que se conoció como el “estilo Guzmán”, tan meritorio que lo elevó a la condición de candidato presidencial primero y a parlamentario después, por el Partido Comunista. Pero el electorado, siempre ingrato, no lo acompañó.

Los que quieran saber más detalles de la verdad del Consejo de Guerra contra el Comandante Pepe y sus hombres pueden leerlos en este blog de fecha 17 de abril de 2014, en que publiqué completa una pieza del proceso que comenta todas las pruebas y acredita la falsedad de que la comitiva de Arellano haya tenido que ver con la redacción del fallo del Consejo de Guerra del día anterior a su llegada o con los fusilamientos.

Bueno, entonces, en resumen: nada de lo que la Quinta Sala sentenció y luego se comunicó a los diarios, las radios y la televisión, y éstos publicaron, fue verdad. El general Sinclair no participó en ningún secuestro de Pepe y su guerrilla ni cometió homicidio a su respecto. Sí fue parte del Consejo de Guerra que condenó a muerte a los doce asaltantes de un cuartel policial, dentro de las facultades del estado de sitio y de acuerdo con la penalidad de tiempo de guerra entonces aplicable. Además, los hechos, aparte de no constituir delito, están prescritos y la verdad de lo ocurrido confirma la sabiduría de la institución de la prescripción, pues  los expedientes de los consejos de guerra fueron destruidos por un incendio en 1989 y por eso no pudieron ser agregados a los procesos judiciales ilegales abiertos en 1998, que fueron el origen del episodio que hizo noticia la semana pasada.

         En resumen: sólo un escándalo judicial más. Otro jalón del “Justiciagate” contrario al derecho, a la verdad y a la reconciliación entre los chilenos, pues no puede haberla si uno de los bandos en pugna recurre sistemáticamente a la prevaricación y desconoce las leyes y los hechos con tal de condenar al otro. “Ni Verdad Ni Reconciliación”, como titulé el libro que publiqué en este blog con fecha 11 de septiembre de 2013, al cumplirse 40 años de la II Independencia Nacional.

Los escándalos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo generalmente quedan casi impunes, pero por lo menos son ampliamente publicados y conocidos. En cambio, los que protagoniza el Poder Judicial permanecen como actuaciones lícitas y que dan cuenta de la verdad a los ojos de la opinión pública, sin otro desmentido que las denuncias de este blog o de algunas obras señeras pero poco publicitadas en defensa de la legalidad.

       Sólo en éstos los historiadores encontrarán, en el futuro, material abundante para añadir al “Nueragate” y al “Pentagate” del actual Chile de los escándalos, el crónico, reiterado y no menos vergonzoso “Justiciagate” que corroe la moral del Poder Judicial.