¡Qué Injusticia con el Embajador!

          Usted puede saber inmediatamente cuándo está hablando con un comunista porque los (y las) de esa condición son capaces de decir las mentiras más grandes sin que se les mueva un solo músculo de la cara. Los derechistas, en cambio, cuando mentimos nos ponemos colorados, tartamudeamos y decimos ¡ejem! varias veces; y los DC agregan “si bien es cierto que… no es menos cierto que…” y siempre cuentan con algún grupo minoritario del partido (como “los trece” del golpe) que les permita “sacarse el pillo” y quedar a la postre bien con Dios y con el Diablo, pero siempre un poco mejor con este último (porque es comunista).

          A Eduardo Contreras, abogado y alto dirigente comunista, lo nombraron embajador como premio por haber sacado adelante las mayores mentiras judiciales de nuestro tiempo en el país, como la de que los ancianos presos políticos militares mantienen todavía secuestrados a los extremistas que mataron en 1973; o la de que cometieron “delitos de lesa humanidad”, enorme falsedad, pues éstos no existían entonces y sólo se tipificaron en Chile en 2009 y con prohibición de vigencia retroactiva.

Contreras se distinguió porque los jueces de izquierda (que son mayoría) cohonestaron ésas, sus grandes mentiras, y las hicieron oficiales en fallos memorables, rubricados por la esperpéntica segunda sala de la Corte Suprema, donde se da por probado que los muertos en la lucha antiterrorista de hace cuarenta años son mantenidos privados de libertad hasta hoy por los ancianos y enfermos de Punta Peuco y otros penales. Y cada día hay más condenados por haber cometido un delito de lesa humanidad, que no existía ni podía existir porque nadie lo había tipificado entre nosotros (y que, cuando lo tipificaron, tampoco coincidió con los hechos penados).  

Entusiasmado con su éxito, Contreras interpuso una fantástica querella contra todos los civiles que apoyaron el Pronunciamiento, por haber incurrido en un delito de sedición contra "un gobierno legalista y democrático" en 1973. La acción fue gustosamente acogida por los tribunales de izquierda y supongo que más temprano que tarde va a generar autos de procesamiento contra numerosos civiles.

Las exitosas iniciativas de Contreras fueron tan valoradas por el gobierno de la Nueva Mediocridad que le valieron ser designado embajador en Uruguay, donde gobierna también un ex terrorista, lo cual iba a permitir al primero, se suponía, continuar diciendo enormes mentiras, y de hecho pronto lo hizo, al afirmar que las recientes bombas terroristas, que sobreabundan entre nosotros, las coloca la “derecha empresarial”, falsedades entremezcladas con verdades, si bien "imperdonables", pero que están prescritas, amnistiadas y olvidadas, como la de que la DC apoyó entusiastamente el Golpe. Es que todo buen mentiroso sabe que siempre debe entretejer una brizna de verdad para que sus falsedades fundamentales se conviertan en versión oficial.

Entonces, es una completa injusticia de la Nueva Mediocridad destituir a un embajador por observar exactamente la misma conducta que le ha valido ser nombrado, es decir, la de mentir groseramente y con publicidad, como tantas veces lo ha hecho en Chile durante muchos años y gozando del favor de las cámaras, los micrófonos y los titulares.

Para ser bien honesto, debo reconocer que mantengo un doble resentimiento personal hacia Contreras, porque no me incluyó entre los principales responsables del “11”, en circunstancias que, como dice un amigo, éste se debió a “las mujeres, los camioneros y Pérez de Arce”; y, en segundo lugar, porque me calificó públicamente de “pinganilla” cuando yo observé que las millonarias demandas de indemnización contra el Estado patrocinadas por él, y que lo han hecho rico (vía “igualas”), adolecían de objeto ilícito por ser cobros fundados en habérsele impedido al marxismo instituir un régimen totalitario de plazo indefinido.

Pero prescindo de todo resentimiento personal y reclamo por el hecho de que se destituya de su embajada a Contreras por ser fiel precisamente a la conducta que lo hizo acreedor al respectivo nombramiento diplomático.