Los Chilenos y las Boletas

            El rasgar de vestiduras de los dirigentes de partidos de gobierno porque se ha descubierto el uso de boletas de honorarios para justificar donaciones electorales en un grupo de empresas próximo a la UDI atruena el ambiente, y eso es, a lo menos, pintoresco. Porque ninguna entidad ha utilizado más las boletas “ideológicamente falsas” para lucrar con y sin fines políticos que un partido eje del actual gobierno. El affaire MOP-Gate, bajo el reinado de Ricardo I (2000-2006) se trató precisamente de eso. Se instituyó la boleta falsa como método habitual de sustraer dineros públicos para fines particulares y financiamiento político. En el departamento de concesiones del MOP estaba a cargo de la estrategia el encargado electoral del Partido Socialista. Justamente la firma Gate, de un dirigente también socialista, servía de pantalla para cobrar al fisco grandes sumas por servicios imaginarios. Y el caso se repitió en numerosas “aristas”, como dicen las crónicas.

Y a raíz del estallido de ese escándalo se descubrió otro peor: el de los “sobres con billetes” que todos los altos funcionarios de todos los partidos de la Concertación retiraban de los gastos reservados de diversos ministerios y la Presidencia, sobres que cada uno se llevaba  para la casa. La costumbre venía de la administración Aylwin, y el ex mandatario, con su candidez tan querible, lo reconoció en entrevista a “El Mercurio” como “una corruptela”. Sus hombres de confianza le habían dicho que con el sueldo “no les alcanzaba” y le sugirieron suplementarlo con gastos reservados, que eran no investigables.

Nunca habríamos conocido esta práctica si no hubiera sido porque, quince años después de instituida, un ministro de Ricardo I, acosado por los escándalos, no se lo hubiera reconocido paladinamente al mismo “El Mercurio”. Fue ahí cuando, en medio del zafarrancho, vino Pablo Longueira al rescate y salvó a Lagos, a quien algunos prohombres consideraban “caído”. Como si sustraer platas fiscales hubiera sido alguna vez razón suficiente para derribar a un gobierno.

            Y también ahora, a raíz del ruidoso rasgar de vestiduras, recuerdo cuando en mis columnas de “El Mercurio” yo fustigaba, en el primer gobierno de Bachelet, a su Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, hoy tan severo para exigir se juzgue a la empresa afectada y a la UDI. Él entonces cursaba boletas de honorarios a Gendarmería, donde trabajaba y todavía trabaja su cónyuge, en retribución a informes periódicos de “monitoreo” de un programa, el cual no merecía otro reparo que el de haberse suprimido hacía tiempo. Y otro caso que en ese entonces llamó la atención fue el de las boletas de Osvaldo Puccio a Codelco por sus informes manuscritos sobre la situación en Oriente Medio, que tenían la particularidad de estar escritos todas las veces con distinta letra, poniendo de manifiesto las habilidades caligráficas de su supuesto único autor.

            Una señora llevó a mi oficina, por esos años, a una funcionaria de obras públicas que figuraba entre las que emitían boletas por servicios imaginarios y que me refirió:

            “El jefe nos ordenaba extender boletas cuando alguien necesitaba dinero. Por ejemplo, para financiar una operación quirúrgica de su secretaria.

            “¿Y usted daba boletas?

            “Por supuesto”

            “¿Y le convenía?

            “Claro, al año siguiente Impuestos Internos me devolvía el diez por ciento”.

            Conocidos trucos nacionales. Por eso uno encuentra personas que espontáneamente le “ofrecen dar boletas”.

            No hace mucho la ministra Gloria Ana Chévesich terminó de dictar sentencias en el affaire MOP-Gate, casi diez años después de descubierto. Todas condenaron a los responsables a “penas remitidas”, que se cumplen en libertad, porque son civiles, y por añadidura de izquierda, y no militares, que parecen ser los únicos castigados con penas efectivas, aunque los hechos por los que se les juzga estén amnistiados, prescritos, ya antes juzgados y no sean constitutivos del delito que se les imputa. Es  nuestro particular “Estado de Derecho”.

            Hace diez años yo escribía en “El Mercurio”:

“En 1990 y 1991 Ricardo Lagos, ministro de Educación, a través de un particular sin cargo alguno en el Ministerio, hizo compras para éste en España, con fondos públicos, pero sin licitación. Se pagó un sobreprecio estimado por la Contraloría en cuatro millones 200 mil dólares. Pero ésta no instruyó sumario porque, argumentó, el agente de Lagos era un particular y no un funcionario, y ella sólo puede sumariar a funcionarios. Yo pregunté: ‘Y el ministro que lo mandó ¿no era funcionario?’ Nadie contestó. El Contralor pasó la papa caliente al Consejo de Defensa del Estado. Éste se la devolvió, diciendo que no podía hacer nada sin sumario previo. La papa se enfrió. Cuatro millones 200 mil dólares no investigables. (En Uruguay investigaron los sobreprecios y descubrieron las cuentas de Bahamas donde fueron depositados).”

            ¿Ven ustedes que con algo de buena voluntad, cuando a alguien lo pillan, todo puede arreglarse? Y olvidarse: tanto que Lagos después fue premiado con la Presidencia de la República. Y otro aspirante a la inmortalidad que fue sorprendido comprando acciones con información privilegiada, poco después de haber sido multado (a nadie se le ocurrió iniciar acciones penales) también fue premiado y elegido Presidente.

            ¿Quién tiene autoridad moral, entonces, para escandalizarse y clamar por las penas del infierno para una modesta emisión de boletas con el fin de ayudar a un partido amigo?