Capítulo VII de las Prevaricaciones Judiciales

Una conspiración entre la izquierda gobernante y la izquierda judicial para desaforar al ex Presidente Pinochet del Senado tenía que basarse en una cadena de mentiras flagrantes en las cuales fundar la prevaricación, que cometieron desde el ministro sumariante de primera instancia (y siguen cometiendo sus sucesores), pasando por la Corte de Apelaciones de Santiago y terminando en la Corte Suprema. Dejo a salvo el prestigio de los ministros de minoría en ambos tribunales colegiados que votaron contra el desafuero.

En el escrito que sigue, de la defensa del general Arellano, se acredita una vez más su inocencia, como en los otros lugares, en los delitos que se le imputaron y que perseguían configurar una causal de procesamiento y desafuero como senador institucional de quien en 1973 lo nombró general delegado, el ex Presidente Pinochet. El proceso respectivo, que todavía quince años después prosigue, es uno de los más infamantes en el rosario de prevaricaciones de los jueces de izquierda en connivencia con muchos medios de prensa y los gobiernos de la Concertación, y ha sido el principal instrumento del lavado de cerebros de los chilenos.

En las futuras Escuelas de Derecho deberá ser estudiado como un ejemplo de lo que no debe hacer ni ser un Poder Judicial bajo un Estado de Derecho.

Secretaría Criminal

Rol N° 2.182-98

Ministro de Fuero Sra. Patricia González

Se tenga presente.

ILTMA. MINISTRO DE FUERO

SRA. PATRICIA GONZALEZ QUIROZ

                    Sergio Arellano Iturriaga, abogado, por don SERGIO VICTOR ARELLANO STARK, en autos Rol N° 2.182-98, Cuaderno Calama, a V.S. Iltma. respetuosamente digo:

                    Durante su extenso sumario, esta causa se ha caracterizado por el sesgo en su conducción por parte del primer sustanciador -después de su radical y funcional cambio de posición a un año de iniciada la investigación-, por la manipulación de pruebas por algunas de las partes y la inducción de testigos que muchas veces no eran tales; por supuestos hechos que se dieron por "legalmente establecidos" en autos de procesamiento que no resisten un análisis elemental en la forma ni en el fondo; en fin, por imputaciones interesadas de los propios responsables de ejecuciones y -al menos en un caso- de inhumaciones ilegales (como Lagos, Haag, Lapostol, Del Río, Ortiz, Castillo White, Rivera entre otros); además de autojustificaciones y burdas tergiversaciones de hechos ocurridos hace cuarenta años, en un sumario en que el más feble e infundado "recuerdo" de un discutible testigo parece valer más que documentos oficiales, bitácoras de vuelo, copias de sentencias o registros de sepultación. En efecto, se ha obtenido valiosa prueba documental que desvirtúa hechos inexistentes que el ministro Guzmán dio por "plenamente establecidos" y que, sin embargo, ha sido sistemáticamente desestimada en procesamientos y autos acusatorios sin intentar siquiera explicar el motivo para ignorar, por ejemplo, una copia del acta de un consejo de guerra celebrado en Copiapó, las declaraciones de los integrantes de otro en Valdivia, la confesión de un general y juez militar en orden a ser responsable de la muerte de tres personas por las cuales se acusó a un inocente, las conclusiones del Informe Rettig (integrado por personalidades del más alto nivel, cuyas investigaciones y conclusiones merecen consideración), etcétera, etcétera. Todo ello ha derivado en el "establecimiento" de hechos de hace cuatro décadas casi únicamente en base a falsas declaraciones -muchas de ellas de personas presentadas por los abogados querellantes-, sin que se observe siquiera un intento de corroboración por parte del Tribunal, por lo que asumen así automáticamente la calidad de pruebas y como tales son citadas en autos de procesamiento e, inclusive, en autos acusatorios.

                    Hemos dicho antes que en este juicio se ha faltado al debido proceso y que, aunque en el curso del mismo algunos jueces de instancias superiores han tenido la dignidad de fallar con apego al derecho y a la justicia, aun cuando hayan estado en minoría, ha habido decisiones livianas, sin fundamentos, basadas en evidentes errores de hecho y, todavía peor, en contra de la prueba rendida.[1] El ex ministro Guzmán Tapia llegó al extremo de interrogar testigos al tenor del difamatorio libro de Patricia Verdugo (v.gr. declaración del general Carrasco), sin considerar en modo alguno la prueba rendida en contra de sus falsas aseveraciones (es ya insólito que se haya debido rendir prueba en contra de lo dicho en un libro). En cambio, el libro mi autoría[2], que también obra en autos, ha sido simplemente ignorado, a pesar de dar cuenta de antecedentes categóricos que han sido acompañados al proceso. Tecnología instrumental imposible de refutar -como es el Logbook que ratifica una a una las fechas indicadas en las respectivas bitácoras de vuelo- no ha sido siquiera mencionada en resoluciones que a todas luces son aberrantes. Es como si la constante campaña mediática hubiese hecho mella en la Justicia, hasta el punto que la verdad y los principios de equidad procesal han dejado de importar.

                    Como otros, el llamado episodio Calama fue objeto de debate e investigación por distinguidos integrantes de la histórica Comisión Verdad y Reconciliación y ahí están sus conclusiones, que a estas alturas poco o nada parecen importar a algunos jueces, como tampoco se valoran las opiniones de los dos dignatarios eclesiásticos que más información directa y personal tenían de lo sucedido en materia de derechos humanos en aquellos dramáticos días, como son el Cardenal Silva Henríquez y el Obispo metodista Vásquez del Valle, el primero en su calidad de Arzobispo de Santiago, presidente de la Conferencia Episcopal y fundador de la Vicaría de la Solidaridad; y el segundo como fundador del Comité Pro Paz, Comité de Ayuda a los Refugiados y del hoy desvirtuado FASIC.

El Informe Rettig estableció: “Pero no se hablaba de ejecuciones sin proceso; más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados”, calificando -por lo anterior- su actuación como caracterizada por su “relativo respeto de los marcos jurídicos”.

Detengámonos por un momento en algunos de los acompañantes del general en esta gira. Su ayudante Chiminelli y los miembros de la tripulación, eran de su dependencia habitual en el llamado Comando de Tropas de Peñalolén, como lo había sido el mayor López, su segundo al mando en el viaje al sur. No era parte de esa repartición el mayor Pedro Espinoza, quien viajaba de civil sin pertenecer a la delegación y manteniendo dependencia del director del Servicio de Inteligencia Militar general Augusto Lutz. Y tampoco lo eran el integrante del "comité de coroneles" abocado a constituir la fatídica DINA, Sergio Arredondo González, ni los oficiales de seguridad Marcelo Moren Brito y Armando Fernández Larios. El hecho es que todos los mencionados fueron después incorporados a la DINA. Por ello es que el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación expresa:  “A estas alturas, conviene precisar que el alto oficial delegado se trasladó a los distintos lugares del país que debía visitar en compañía de otras personas, también oficiales de Ejército, que aparecían a simple vista como integrantes de un grupo oficial, para apoyo del delegado principal y bajo su autoridad. Sin embargo, la Comisión ha podido establecer que ello no fue necesariamente así, pues casi todos los demás integrantes de la comitiva provenían de distintos estamentos y unidades del Ejército, donde no estaban supeditados ordinariamente a la jerarquía única y exclusiva del alto oficial delegado. Un elemento de juicio adicional, e importante, es que todas estas personas, salvo el jefe superior, pertenecerán después a la DINA, y varias de ellas con cargos destacados en dicho organismo e intervención relevante en ejecuciones irregulares”.[3] Con el respeto debido a nuestros jueces, debo afirmar que tiene mucho más valor lo establecido por la Comisión Rettig que lo "establecido" por Juan Guzmán.

Ante la eventualidad que SS.I. o miembros de los tribunales superiores de justicia se sientan en la libertad y/o en la obligación de evaluar con rigor y objetividad el mérito procesal y, consiguientemente, se interesen por profundizar en la verdad de los hechos, debidamente acreditada en autos, a continuación transcribo las páginas 293 y siguientes del libro "De Conspiraciones y Justicia", publicado en dos ediciones a fines del año 2003, en cuanto constituye un relato fidedigno de lo sucedido en esa ciudad durante la estada de nuestro representado, con sus luces y sombras.[4]

                                                 =====

Temprano en la mañana del 19 de octubre, antes de despedirse en su domicilio y agradecer su hospitalidad a la Sra. Margarita, el general Arellano recibió, en presencia del general Lagos y en el living de su casa, al abogado auditor de la División, con quien afinaron aspectos de procedimiento conversados el día anterior. Hasta el último minuto el delegado estuvo preocupado de la correcta aplicación de justicia, de controlar el cumplimiento de las pautas que al efecto había impartido. ¡Qué absurdo era todo eso cuando horas antes se había cometido un crimen monstruoso, ajeno a todas las formalidades legales! ¡Qué distinta habría sido esa mañana la conducta del general (de los dos generales) si hubiese sabido lo sucedido!

Los restantes miembros de la delegación entregaron temprano sus habitaciones en el Hotel Antofagasta. Llegaron al regimiento Esmeralda para embarcarse en el helicóptero en el que seguirían su gira hacia el norte, hacia la ciudad de Calama, donde debían pernoctar la noche siguiente. Ignoro qué se habló, qué ambiente había entre los miembros del grupo cuando esperaban la llegada del general. Dos o tres de ellos habían participado -por segunda vez en pocos días- en una masacre, traicionando con saña y perversión la confianza del jefe militar, y afectando gravemente su imagen y credibilidad ante quienes habían escuchado su alocución del día anterior. Al menos el comandante Arredondo tenía la certeza de estar actuando a espaldas de Arellano, más aún, en contra de él. Ese era su designio; por eso se ofreció a ir al norte; por eso dejó la dirección de la Academia de Guerra[5]; por eso ya sabía que encontraría a los Harris y los Ortiz para hacer posible su tarea. En Antofagasta había sido todo tan fácil: los dos coroneles más antiguos de la guarnición (Ortiz y Cartagena) se involucraron y dirigieron los crímenes. Él ni siquiera había tenido que arriesgarse a contactar a Moren y Fernández en presencia de los restantes oficiales de la comitiva, los que sabía no eran confiables para este efecto.

Cuando llegó el general emprendieron vuelo de inmediato. Los doscientos kilómetros hasta Calama transcurrieron, como siempre, en medio del absoluto silencio que imponía el ruido interior.

El patio del regimiento no ofrecía condiciones para el aterrizaje, por lo que éste se hizo en el aeropuerto de Calama, donde la delegación fue recibida por su comandante y gobernador militar, el coronel Eugenio Rivera Desgroux. Una vez en el cuartel, un oficial acompañó a los visitantes a las habitaciones asignadas y, al cabo de pocos minutos, todos ellos se reunieron en una sala de cine, donde esperaba el cuerpo de oficiales y suboficiales. El general hizo un discurso similar a los anteriores, recordando los fundamentos del golpe de estado y recalcando las responsabilidades que las fuerzas armadas habían asumido ante la sociedad, lo que les exigía actuar con moderación y respeto, trato que incluía a los detenidos (!).

Terminada su alocución Arellano pidió reunirse con el Fiscal, teniente coronel Oscar Figueroa Márquez, que era a la vez el segundo comandante del regimiento. Mientras caminaban a la oficina de éste, un soldado se aproximó al general para transmitirle una solicitud de audiencia de un abogado de la localidad. No disponemos de su nombre, pero este episodio ha sido corroborado por el propio Figueroa, quien informó al jefe militar que se trataba de un hombre serio y defensor de varios de los detenidos en esa ciudad.

La respuesta fue afirmativa. El joven abogado planteó al general la lentitud con que se llevaba en Calama la administración de justicia, lo que significaba que las personas que eran detenidas por cualquier concepto quedaban indefinidamente en la cárcel sin que su situación se resolviera, por cuanto el consejo de guerra sólo se reunía ocasionalmente. El comandante Figueroa, presente en la reunión, le hizo ver que él no era abogado y que la sustanciación de sumarios era una actividad ajena a sus labores profesionales, por lo que recientemente había obtenido la ayuda de un letrado civil, esperando que ello le permitiera agilizar los procedimientos. El general dio seguridades al abogado de que esa misma tarde se reuniría el consejo para adoptar definiciones respecto de los sumarios más avanzados.

A continuación se reunió con Figueroa para informarse, examinar expedientes y entregarle las orientaciones correspondientes, poniendo especial énfasis en la agilidad en la tramitación de causas y en la concurrencia de abogados defensores en cada caso. De la información aportada por el fiscal se desprendía inequívocamente que no existían procesos que involucraran delitos que merecieran la pena de muerte, ya que no había detenidos por acciones terroristas ni agresión a personal militar. La disposición y buen criterio que demostró el teniente coronel dejaron en claro al general que aquél no había tenido injerencia en los excesos que se habían cometido anteriormente en esa ciudad. Acordaron que los integrantes del consejo de guerra, a excepción del coronel Rivera, serían convocados para las 14.30 horas, a fin de resolver los casos acordados en la citada reunión. 

La situación de seguridad interna de Calama preocupaba al nuevo gobierno por distintos motivos. Se trataba de una zona fronteriza con Bolivia en un período en que las relaciones con Perú estaban muy deterioradas, tal como se lo expresaran a Allende los generales de las Fuerzas Armadas tres meses antes. Era previsible que en un conflicto con Perú se involucrase Bolivia. Por otra parte ahí se ubicaba el principal centro productivo de cobre, además de la fábrica de explosivos Dupont, y en ambas empresas los sindicatos habían sido controlados por partidos de izquierda. Para agravar el cuadro, Carabineros había informado que el gobernador militar demostraba una abismante incompetencia, la que se había manifestado en su pasividad en tomar control del centro minero y la planta Dupont, lo que se hizo en horas de la tarde del día 11, permitiendo la sustracción de un gran cantidad de explosivos. El propio prefecto local, coronel Arriagada, había dirigido varios oficios al Director General de su institución para representar esta y otras situaciones de orden interno. Paradojalmente, a ello Rivera unía actitudes erráticas y de gran dureza, que se reflejaban en las arbitrariedades cometidas en la provincia de El Loa, de las que hemos dado cuenta en capítulos anteriores.

Esos fueron los temas que conversaron Arellano y Rivera en el trayecto hacia Chuquicamata, adonde fueron acompañados por el ayudante del primero, el teniente Juan Chiminelli.  Los ejecutivos del mineral le mostraron el proceso productivo, en tanto que el personal de seguridad le informó de las medidas que se habían adoptado en tal sentido. Pasadas las 7 de la tarde emprendieron el regreso a la ciudad. Al ingresar al regimiento al general le sorprendió ver frente a la puerta de acceso al mismo abogado con quien había conversado esa mañana, quien lo estaba esperando. Pidió al oficial de guardia que autorizara su ingreso y se reunió con él.

El abogado estaba consternado: -¿Qué pasó, general? Dicen que los mataron.

- Señor, vengo llegando de Chuquicamata y no sé de qué me está hablando. ¿A quién mataron?

El profesional, bajo y de tez morena, no tenía información precisa, pero cuando hacía antesala fuera del recinto en que sesionaba el consejo de guerra, se enteró que varios de los prisioneros cuyos casos se estaban tratando habían sido retirados de la cárcel y llevados fuera de la ciudad, y que más tarde un oficial de la comitiva del general había informado de su muerte a los miembros del consejo.

Arellano pidió al abogado que lo esperase hasta que pudiese averiguar algo más. Su primera acción fue llamar al propio coronel Rivera. Éste apareció demudado: se acababa de enterar de lo sucedido y no tenía explicaciones. El ex ayudante del delegado estuvo presente en ese encuentro, en el que sólo había preguntas. Chiminelli recuerda que el jefe militar estaba molesto con Rivera porque dio por entendido que en estos hechos debió participar personal de su dependencia, pero a esas alturas ninguno de ellos sabía nada más.

A las 9 de la noche debía reunirse con los oficiales en el casino de la unidad, donde habría una comida de camaradería. Esta situación debía quedar aclarada antes de esa hora, por lo que, mientras el coronel hacía sus propias indagaciones, Arellano pidió a Chiminelli que ubicase a los miembros de la delegación, exceptuada la tripulación.  Minutos después llegó el teniente con el mayor Pedro Espinoza, quien le informó que mientras él se encontraba trabajando con el capitán Santander en temas encomendados por el general Lutz, entre las 16 y las 17 horas, “escuchamos movimiento de vehículos y acudimos para ver de qué se trataba. El comandante Arredondo, oficiales del grupo militar y algunos oficiales del regimiento Calama habían llegado con un camión con numerosos detenidos traídos desde la cárcel. Posteriormente, junto a oficiales cuyo nombre no recuerdo, de dotación del regimiento, se dirigieron hacia un lugar llamado Cerros de Topater. Junto al oficial con el cual yo me encontraba, en un Land Rover, seguimos a la columna hasta el puente sobre el río Loa. Sin bajarnos del vehículo regresamos el capitán y yo al regimiento” (texto de declaración judicial).

El comandante Figueroa relató que “...alrededor de las 17 horas ingresó a la sala en que sesionaba el consejo el mayor Marcelo Moren, quien informó que acababan de fusilar a varios de los procesados, ante lo cual el consejo suspendió la sesión. Posteriormente recibí un acta suscrita por el teniente coronel Arredondo, en la que daba cuenta de la muerte de numerosas personas tras un intento de sublevación contra el contingente que él comandaba. Esta acta fue agregada a los respectivos procesos...”

Espinoza manifestó en la declaración que voluntariamente entregara en 1990 a la Comisión Verdad y Reconciliación, después ratificada ante el tribunal, que observó que tanto Rivera como Arellano “se veían claramente preocupados y el coronel Rivera parecía torpe y titubeante. El general Arellano conversó privadamente con el comandante Arredondo y en algún momento lo vi hablar con el comandante Oscar Figueroa”.

En la breve reunión con Espinoza y Chiminelli el general fue informado por éstos de lo sucedido la noche anterior en Antofagasta (y de la consiguiente participación del coronel Ortiz), lo que aumentó su estupor. El posterior encuentro con Arredondo le cerró el cuadro, cuando éste le respondió que había solicitado autorización al presidente del consejo de guerra para interrogar a algunos detenidos (circunstancia que fue ratificada por el fiscal), lo que decidió hacer fuera del recinto carcelario. En la versión del comandante, los presos intentaron sublevarse, por lo que dio orden de disparar. Juan Chiminelli estuvo presente en esa tensa y breve conversación y en su declaración al tribunal expresaría: “Recuerdo que el general Arellano gritaba y saltaba”. Lo cierto es que el comandante carecía de facultades e instrucciones para interrogar detenidos, función que era privativa del fiscal Figueroa. El retiro de personas de la cárcel, solicitado al parecer al alcaide por el capitán Carlos Minoletti, era otra aberración inaceptable, especialmente considerando que varias de esas personas debían comparecer ante el consejo ya reunido, hecho que probablemente se usó como pretexto. Por ello no pueden caber dudas que los detenidos fueron retirados y llevados fuera de la ciudad con el preciso propósito de ejecutarlos. En cuanto a la versión de la “sublevación”, Arellano le expresó a su “jefe de estado mayor”  que era estúpida y ofendía su inteligencia, por lo que Arredondo debía suscribir personalmente un documento asumiendo su responsabilidad en los hechos. Esa fue el acta en que, en el apresuramiento, sólo se registraron los nombres de 23 de los 26 ejecutados, documento que fue suscrito en varios ejemplares, que a su vez se incorporaron a cada uno de los procesos. Esa fue el acta que personalmente conocí.

Ignoro por qué se mencionaron 23 personas. Probablemente se deba a que respecto de algunas de las víctimas ya se había dictado sentencia, como era el caso del dirigente sindical Domingo Mamani, condenado a 20 años de relegación. Por ello su causa no estaba siquiera en la tabla del consejo de guerra. Arredondo ni siquiera sabía a quienes estaba ultimando.

De la indignación del general Arellano quedó testimonio en una edición de revista Análisis, una de las tantas que esa publicación dedicó a incriminarlo: un ex oficial, cuyo nombre no se entregaba, señaló a uno de sus periodistas en 1986 que aquél se veía "descompuesto y furioso". Por cierto el mismo ex oficial manifestaba después su extrañeza, porque le costaba entender que el general no estuviese al tanto de lo sucedido[6]. Como muchos de los uniformados que servían en las tres guarniciones donde se cometieron estos crímenes, éste quedó también convencido que el mismo general que los llamaba a la moderación y se reunía con fiscales y auditores para perfeccionar los procedimientos judiciales, simultáneamente ordenaba ejecuciones sin juicio. En Calama se daba la agravante de que la masacre se cometió en los mismos momentos en que sesionaba un tribunal constituido por expresas instrucciones del propio general.  ¿Es concebible un acto de mayor vileza y esquizofrenia?

Antes de ir al casino, donde por largo tiempo debieron esperarlo los oficiales, Arellano habló con el abogado que lo esperaba pacientemente. Por él, por un civil, se había enterado por primera vez de asesinatos que se cometieron a sus espaldas y, al entender de muchos, en su nombre. Le confirmó que su información era cierta y, quizás dejándose llevar por la simpatía que le despertó su angustia, le pidió que lo acompañara al casino de oficiales.

Según el relato de Pedro Espinoza: “...pasadas las 21 horas se inició una comida a la que asistieron oficiales y algunos civiles. Entre estos últimos estaba un abogado a quien el general había invitado. El coronel (Rivera) se ausentó al menos una vez por una media hora durante la comida, la que en términos generales transcurrió con conversaciones en voz baja y rostros sombríos”. “Alrededor de las 23 horas el general Arellano, mirando al comandante Arredondo, dijo: ‘Nos volvemos a Antofagasta’. Nos levantamos, fuimos por nuestros efectos personales a las dependencias antes asignadas y nos embarcamos en el helicóptero. Llegamos unas dos horas después al regimiento Esmeralda de Antofagasta”.[7]

Es probable que esas actuaciones sean las que motivaron las emotivas palabras que años más tarde diría Eugenio Rivera ante en una reunión de una comunidad religiosa, cuando señaló ese momento como el más traumático de su vida, destacando positivamente la actuación del general Arellano. Ello no fue óbice para que, después de ser contactado por sus actuales protectores, tergiversara groseramente los hechos, hasta el punto de hablar de sentencias dictadas por el general.  Yo pregunté al general Gordon, en 1986, si se le daría acceso a los expedientes al ex coronel para que comprobara que los procesos se cerraron con el acta mencionada y no con sentencias, a lo que me respondió que no tenía inconveniente.  Ingenuamente envié el mensaje a Rivera, quien se negó de plano a examinarlos. De cualquier forma el propio fiscal Figueroa ratificó en el juicio que no hubo tales sentencias y que sí recibió el acta firmada por Arredondo.

Pero en Calama siguieron sucediendo hechos importantes. Previamente veamos cómo actuaron los ejecutores. Veintiséis detenidos por faltas o delitos menores habían sido bajados del camión uno a uno. Solamente oficiales de baja graduación fueron reclutados por Marcelo Moren para participar en la matanza y trasladados en tres jeeps militares Toyota. Cada oficial debió disparar al menos sobre uno de los prisioneros con fusiles Sig, mientras sus trémulos compañeros observaban desde el camión esperando su turno. Las versiones recogidas indican que un capitán de apellido alemán daba el tiro de gracia con una carabina Garand; otras hablan de la intervención del teniente Armando Fernández con uso de un corvo. También se ha dicho que a quienes iban a ser ejecutados se les puso una bolsa de lona sobre la cabeza, que a algunos se les habían amarrado las manos y a otros no.

Los cadáveres fueron dejados en el mismo lugar, probablemente con alguna custodia. Contrariamente a la enorme cantidad de falsedades que tejería posteriormente Eugenio Rivera, alrededor de las 20 horas llegó al lugar un camión “REO” con cuatro soldados al mando de un teniente Contreras y un cabo de apellido Gautier, quienes depositaron los cuerpos en el vehículo. Luego esperaron que dieran las 9 de la noche, hora en que se iniciaba el toque de queda, para trasladar los cadáveres a la morgue. En ese lugar fueron examinados por el mayor Rojas, médico del regimiento y director del Hospital de Calama, quien, luego que las víctimas fueron identificadas, extendió los correspondientes certificados de defunción, todos los cuales fueron inscritos al día siguiente en el Registro Civil por instrucciones del coronel Rivera.

Aproximadamente a las 10 de la noche, ya iniciada la comida más triste que se haya efectuado jamás en el regimiento Calama, Rivera fue informado por un suboficial que los cuerpos ya estaban en la morgue. Era necesario adoptar una decisión antes que se levantara el toque de queda, previendo las reacciones de los familiares. El coronel se levantó a conversar con el doctor Rojas y el capitán Minoletti, impartiendo a éste una orden demencial: los cadáveres debían ser enterrados en el  desierto. El capitán cumplió esta extraña orden en compañía del médico y de doce soldados al mando del cabo Luis Concha, a bordo de cuatro jeeps. El camión que llevaba los cuerpos fue conducido por el cabo Gautier. Pasado el río Chiu Chiu, el capitán Minoletti dio la orden de cavar una fosa, en lo que participaron dos grupos que se turnaban. La cavidad quedó de unos ocho metros de largo por cuatro de ancho, con una profundidad de escasamente un metro. Para combatir el frío y superar la tensión los soldados compartieron unas botellas de pisco. Finalmente se cubrió el lugar con la tierra extraída y se apisonó con los vehículos. De vuelta en el regimiento, pasadas las 3 de la madrugada, a los participantes en la sepultación se les reemplazó la ropa utilizada y se les advirtió que no debían comentar lo sucedido.

Eugenio Rivera había cometido un segundo crimen, que agravaría las ya trágicas consecuencias del primero y del cual quedaría impune a cambio de su colaboración para apuntar hacia arriba, hacia el delegado del comandante en jefe. Ello tendría otro precio posterior para él: renunciar en junio de 1985 a su trabajo en la Empresa Nacional de Explosivos, ENAEX, como paso previo al inicio de la campaña. En el juicio de Guzmán Tapia, a Rivera le bastó con sostener que “Arredondo ordenó a Minoletti” enterrar los cadáveres en el mismo lugar del fusilamiento, lo que, aparte de ser inverosímil, quedó probadamente desvirtuado. Pero este delito sigue impune.

En las primeras horas de la mañana del 20 de octubre el atribulado coronel enfrentaba la presión de familiares y los insistentes llamados del administrador apostólico de Calama. Entonces tomó una nueva decisión: su hombre de confianza -y al parecer también del comandante Arredondo-, el capitán Carlos Minoletti, debía ir a “peinar” el lugar donde estaban enterrados los cadáveres de los fusilados. No tenemos certeza si ésa fue la única operación de peinado o hubo otra posterior. Lo cierto es que los cuerpos fueron retirados de la fosa original, poco profunda y cercana al pueblo de Chiu Chiu, para ser enterrados en las cercanías de Topater. Pero antes de su nuevo entierro, fueron destruidos mediante explosivos. Pasarían cuatro o cinco años antes que personal del regimiento de Ingenieros Nº 2 de Puente Alto fuese enviado a exhumar los cuerpos de los ejecutados y se encontrara con fragmentos dispersos de osamentas. En la llamada Mesa de Diálogo del año 2001 los representantes del Ejército informaron que los restos fueron lanzados al mar, aunque antes y después han aparecido pequeños fragmentos. En lo anterior estaría la explicación.

Luego de dar esta segunda orden, Rivera se sintió más seguro y decidió recibir al sacerdote y a los familiares de las víctimas. A todos les aseguró, invocando "disposiciones sanitarias", que al cabo de un año los cuerpos serían entregados a sus deudos y que contaban para ello con su palabra. Lo curioso es que el coronel ni siquiera se preocupó de conocer el lugar donde los ejecutados fueron enterrados, por lo que la única certeza que podía tener era que no podría cumplir lo que prometía, especialmente si, como era previsible, ese plazo se cumpliría cuando él estuviese asignado en otro lugar.  Pasaría un largo tiempo antes que Eugenio Rivera, para cumplir con sus nuevos aliados, visitara al cabo Concha en compañía de un falso sacerdote armado para conminarlo a viajar a Calama y mostrarle la ubicación de las fosas. Luis Concha sostiene que él no concurrió a la operación de “peinado”, pero Rivera parecía entender que sí lo había hecho. Habían transcurrido trece años desde que hiciera su falsa promesa.

Luego de tranquilizar a las familias, el jefe militar entregó un comunicado en que se daba cuenta de las muertes atribuyéndolas “a un intento de fuga”.

Todos los oficiales que fueron convocados a fusilar detenidos en Topater ingresaron posteriormente a la DINA, absolutamente todos. Ninguno de los que no participaron lo hizo. ¿Casualidad? Imposible. Se había cumplido otra de las finalidades de los nuevos conspiradores: el reclutamiento de oficiales que habían pasado por el bautismo de fuego.

Uno de los militares obligados a disparar contra personas indefensas fue el teniente Patricio Lapostol. Este afirmó que el mayor Moren calumnió a su padre, el coronel Ariosto Lapostol, jefe directo de Moren en el regimiento Arica de La Serena[8], antes de ordenarle integrar el grupo de fusileros. En 1975 el teniente fue exonerado después de haber ingresado en territorio boliviano con personal armado y vehículos militares, por lo que, al cabo de un período de detención en La Paz, fue devuelto a Chile, según informó al juez Guzmán un oficial en retiro. Esta situación y otros hechos luctuosos ocurridos mientras servía en Linares terminaron con su carrera.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA

Las normas de seguridad aérea prohibían estrictamente los vuelos nocturnos de helicópteros, por lo que al disponer el intempestivo regreso el general Arellano cometió una flagrante violación a tal normativa y afectó la seguridad del grupo militar. Su ansiedad lo llevó a cometer otra imprudencia.  El piloto Emilio De la Mahotiere, comprensiblemente inquieto, debió aterrizar nuevamente -pero esta vez casi a las 2 de la madrugada- en el patio del regimiento Esmeralda, sin más luces que las de la propia nave y produciendo un estrépito que sobresaltó al personal que en esos momentos dormía.

Ahora los oficiales no disponían de habitaciones en el hotel, y naturalmente tampoco el general podría llegar a esas horas a la casa de Lagos, por lo que pidió al oficial de guardia que le proporcionara algunas camas en las cuadras del regimiento para descansar hasta que pudiese visitar al jefe de la División[9]. Antes de las 8 de la mañana llamó a la oficina de éste para concertar una pronta reunión, pidiendo se le informara que esperaría su llegada en la Intendencia. Arellano concurrió allá con un nervioso Sergio Arredondo, que veía derrumbarse su torcida trama con un inminente riesgo personal. Su propósito era que Lagos dispusiera la inmediata instrucción de un sumario por lo sucedido en las dos ciudades, para cuyo efecto debía contarse al menos con la presencia de Arredondo y Ortiz[10]. Esa fue la denuncia responsable de un grave delito ante el juez competente.

Pero nunca pudo imaginar lo que ocurriría. El comandante en jefe de la División y Juez Militar de la misma no estaba para analizar nada. Arellano quiso ingresar inicialmente sin su subordinado, para intercambiar informaciones sobre ambos crímenes. Pero antes que cruzara el umbral de su despacho, Lagos comenzó a vociferar fuera de sí, culpándolo de lo sucedido. En el intertanto uno de los principales responsables se paseaba en la oficina exterior esperando su hora, mientras un incómodo capitán Ríos, ayudante del jefe divisionario, intentaba concentrarse en su trabajo en medio de destemplados gritos. Lagos relató así este episodio, luego de dar a entender que su colega había vuelto de noche a la ciudad para “agradecer atenciones”:

“...le enrostré su criminal actitud y le manifesté mi indignación por esos crímenes cometidos a mis espaldas en un lugar bajo mi jurisdicción. Se disculpó diciendo que el comandante Arredondo había actuado por iniciativa propia y sin su autorización. Me molestó de sobremanera este subterfugio con el que se declaraba poco menos que inocente y asignaba la responsabilidad a un subalterno, en circunstancias que el jefe de esa comitiva era él...”

Este exabrupto impidió establecer responsabilidades. El juez militar no estaba dispuesto a investigar nada; no estaba dispuesto siquiera a permitir el ingreso a su oficina del oficial a quien el general estaba denunciando como responsable directo de los crímenes de Calama, pero mucho menos estaba dispuesto a convocar y procesar a los coroneles más antiguos de su directa dependencia por lo sucedido en Antofagasta el día 18. Arellano le insistió inútilmente que instruyese un sumario, que confrontase de inmediato a Arredondo, Ortiz y Cartagena, que ése era el único motivo de su regreso. Fue inútil.

El propio Lagos reconoció que, a pesar de la insistencia de Arellano, negó el ingreso de Arredondo a su oficina. ¿Por qué Lagos Osorio no tuvo la capacidad de escuchar? ¿Por qué no asumió su rol como juez militar? ¿Quiso proteger con ello a Ortiz y Arredondo, compañeros de arma con quienes le unían las relaciones de mando conjunto? ¿Fue su odiosidad hacia Arellano la que lo hizo actuar en forma irracional, culpándolo sin escuchar, sin reparar en que estaba allí por su voluntad y acompañado de uno de los responsables pidiendo el sumario de rigor?[11] Nunca sabremos qué sentimientos y emociones lo hicieron actuar de manera tan absurda, ni qué lo llevó a denegar la aplicación de justicia, obligación legal ineludible para un juez. Juan Guzmán Tapia también perdió la oportunidad de saberlo o, más bien, nunca se interesó en hacerlo, porque nunca cuestionó la coherencia de las actuaciones de Lagos; le bastaron las incriminaciones, a pesar de su abierta inconsistencia.

Cuando me informó del procesamiento de mi padre, pregunté a Guzmán: -¿Cómo piensas explicar el regreso nocturno desde Calama a Antofagasta? ¿Cómo ubicas en ese contexto sus reiterados y públicos llamados a la moderación? ¿Cómo se entiende que haya llevado a Arredondo a la presencia de Lagos insistiendo en que lo enfrentase? ¿Qué sentido le das a sus discursos, y a las reuniones de trabajo con fiscales y auditores?

No hubo respuestas. Nunca el ministro se sintió en la necesidad de explicarlo.  ¿Es así nuestro sistema judicial? Ciertamente así actuó el juez Guzmán. Lo que no cuadra se ignora. Pero así no es la justicia. Así no puede ser.

En un toque histriónico, Joaquín Lagos había agregado que el general Arellano “sacó de su manga un documento para que lo leyera: era una comunicación del comandante en jefe del Ejército que lo nombraba Oficial Delegado (con facultades) para revisar y acelerar los procesos...”  Llama la atención que una afirmación tan breve pueda contener tantas falsedades y contradicciones: 

- En esos días los militares no vestían tenida de salida sino de campaña, la que no tiene bocamanga, y claramente no es posible guardar un documento en su puño.

- En cada una de sus escalas el delegado entregó una copia de su credencial al respectivo jefe militar, lo que ha sido ratificado en cada caso, y sin lo cual carecía de todo título para efectuar la labor encomendada. Lagos supo de esta delegación antes de la visita de Arellano y recibió el oficio a su llegada. De otra manera no se explica que haya accedido a dejarlo hablar ante toda la guarnición, a pesar de su reiterada oposición.

- Efectivamente era oficial delegado con facultades, entre otras, para revisar procedimientos judiciales. Eso es justamente lo que hizo en Antofagasta con el auditor Herrera y en Calama con el fiscal Figueroa. Pero Lagos pareció no tomar en cuenta que hubo ejecuciones sin proceso; que por consiguiente se efectuaron a pesar del prolijo trabajo que el delegado desarrolló precisamente para perfeccionar el precario sistema judicial militar.

Así se frustró la posibilidad de hacer justicia, en tanto que esta manifiesta lenidad de quien tenía esa responsabilidad fue utilizada por él mismo para denostar al camarada de armas que, furioso y angustiado, había alterado su ruta para exigir un sumario que era ineludible. En ninguna circunstancia, por álgida que sea, puede justificarse una matanza de detenidos indefensos, sin cargos, sin juicios, sin atisbos de justicia o piedad. Lagos Osorio marcaría a un inocente como asesino y, merced a su inexplicable negligencia, daría lugar a la leyenda de la caravana de la muerte. Ya llegarían los tiempos en que hasta las consecuencias de sus propios actos se cargarían en la cuenta de Arellano, como sucedería con los fusilamientos de Copiapó. La acción (o inacción) de Lagos permitió la impunidad de los culpables, pero también condenó socialmente a quien llegó en busca de justicia y que desde entonces no ha cesado de buscarla. Gracias a su conducta los nuevos conspiradores obtendrían otro rutilante éxito. La reacción del juez militar ante la decidida acción de Arellano fue sorprendente, pero también sorprende que ella haya sido tan funcional a los propósitos del poder fáctico que comenzaba a operar en el Ejército y en la sociedad chilena. ¿Fue una mera coincidencia?  No lo creo, aunque un oficial de la comitiva declaró que “esa actitud me pareció no sólo extraña, sino sospechosa, puesto que con ello impidió que se establecieran responsabilidades por lo sucedido y dio lugar a falsas versiones que él mismo se encargó de propagar públicamente”.

Pero es impensable que Lagos haya estado coludido con el cuartel general de la segunda conspiración. Me inclino por la tesis que me expusiera hace años un ex general que conocía bien a su gente: alguien en Santiago había hecho una adecuada evaluación de la peculiar personalidad de Joaquín Lagos Osorio.

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                    Lo anterior,

Ruego a US.I. tenerlo presente.

Otrosí: En escrito de contestación a la acusación en cuaderno Copiapó, de estos mismos autos, hemos acompañado copia de una carta enviada al general Arellano el 1 de mayo de 1991 por el abogado de la Comisión Verdad y Reconciliación Francisco Javier Recabarren, que solicitamos tener a la vista en este cuaderno, aunque ha sido acompañada antes en este juicio. En esa carta el jurista señala que, al cabo del arduo trabajo investigativo que dirigió, no le caben dudas de su inocencia. Su texto fue publicado en la prensa y ratificado en autos por el Sr. Recabarren. Pero no fue esta la única declaración de un integrante de esa histórica Comisión.  El ex ministro de la Corte Suprema Ricardo Martin expresó en una declaración judicial: "Tengo la certeza que al general Arellano no le correspondió ninguna actitud criticable en su misión"; en tanto que el entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, declaró sobre su actuación y responsabilidad: "Los delitos de un dependiente de mando superior, cometidos fuera de la esfera de ese mando, no involucran penalmente a su jefe, sin perjuicio de la responsabilidad militar que pueda corresponderle asumir". Por su parte, Raúl Rettig expresó a la prensa: "Es indudable que el hecho de haber ido a declarar a la Comisión y haber esclarecido su situación le sirvió al general Arellano".

                    El mismo Informe, en la única nota positiva que contiene sobre un jefe militar, hace en su página 91 un reconocimiento de su actuación durante su desempeño como juez militar de la II División, función que ejerció a partir de diciembre de 1973.

                    US.I. ya conoce -suponemos, porque está en autos- lo expresado por el cardenal Silva Henríquez y por el obispo metodista Vásquez del Valle sobre las actuaciones del general en defensa de los derechos humanos. Y las palabras del sacerdote Joaquín Alliende a partir de una dramática experiencia personal en el llamado caso Nunciatura, y las del ex ministro Edgardo Enríquez sobre su propia liberación (en su libro "En el nombre de una vida"), y las de los ex ministros Arturo Jirón, Pascual Barraza, el ex senador Aniceto Rodríguez, etc. A ellas -y muchas otras acreditadas en autos y contenidas los capítulos XII y XIII del libro "De Conspiraciones y Justicia"- se agrega la declaración pública de "las iglesias evangélicas que participaron en el Comité Pro Paz y el Comité de Ayuda a los Refugiados", recordando que en esos dramáticos días plantearon a las autoridades militares múltiples problemas y "situaciones que muchas veces involucraban la supervivencia de personas", destacándose en la búsqueda de soluciones los generales Bonilla y Arellano. Agregan que este último "colaboró decididamente con nuestras Iglesias y con las organizaciones creadas, demostrando un carácter humanitario y sentimiento realmente cristiano". Es paradojal que uno de los casos referidos por las iglesias evangélicas haya sido el de un pastor perteneciente al MIR que había sido condenado a pena capital por un consejo de guerra en Antofagasta, sentencia que había sido dispuesta por Joaquín Lagos, y que solo pudo ser revocada en una acción mancomunada de Arellano y Bonilla en contra de la enconada oposición del juez militar de la I División de Ejército.

                    No es nuestro propósito profundizar en otros testimonios directos, algunos de los cuales están reproducidos en el libro de mi autoría, pero cabe destacar que a lo largo de una impecable vida militar el general Arellano dejó una profunda huella en quienes sirvieron con él, como lo evidencia hasta hoy el Curso Militar que lleva su nombre.[12]

                    El suscrito no puede ni desea desdoblarse entre sus calidades de abogado defensor y de hijo, aunque esta última permita alguna liviana descalificación. Ello porque precisamente en mi calidad de hijo fui testigo de varias de las actuaciones de que dieron cuenta los dignatarios eclesiásticos que estaban abocados a acciones humanitarias. Y en esa misma calidad aprecié, al regreso de su dramático viaje al norte, en forma directa y personal, su perplejidad y dolor ante lo sucedido en Antofagasta y Calama, junto a sus tempranas sospechas de un fatídico doble mando, el que por entonces resultaba imposible de imaginar para quien no estaba al tanto de la incubación de una entidad que al año siguiente él calificaría de "verdadera Gestapo" en carta al comandante en jefe que significó perder lo que quedaba de la relación entre ambos.

                    El general Arellano ha sido, antes y ahora, una víctima del poder, el mismo que dos veces rehuyó cuando le fue ofrecido. Primero actuó en su contra un poder todavía fáctico y en la sombra que urdió una criminal conspiración; años después el poder institucional le negó dos veces el tribunal de honor que solicitaba; y finalmente ha sentido el poder de una justicia que no ha sido tal, respaldada por una implacable orquestación política y mediática imposible de contrarrestar y que, por cierto, ha sido una manifestación más de la conjunción de poderes que en el tiempo se hicieron funcionales entre sí. Esos poderes que la Comisión Verdad y Reconciliación registró y que en esta causa han sido simplemente ignorados.

                    Los abogados que hemos llevado esta defensa[13] estamos conscientes que el ministro Juan Guzmán dejó a sus sucesores una investigación errática, sesgada y carente de método, con doble y hasta triple foliación, extravío de documentación y, en fin, un sumario que no refleja objetividad ni criterio jurídico, sino el propósito manifiesto de culpar y condenar a nuestro representado a partir de su calidad de "oficial delegado" para ganarse el título del juez que procesó a Pinochet. Al cabo más de quince años en este extraño juicio -y a la luz de resoluciones pasadas y recientes- nuestro umbral de confianza en esta Justicia es muy bajo; pero nos negamos a concluir que el sentido de ecuanimidad no exista en quienes han dedicado su vida a la sagrada profesión de buscar la verdad.

                    Lo anterior,

Sírvase US.I. tenerlo presente.

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[1] En el expediente Copiapó hemos acompañado recientemente un análisis de la ex ministra de esa I. Corte doña Raquel Camposano, sobre la sentencia relacionada con hechos ocurridos en Linares en fecha distinta a su estada en esa ciudad.

[2] ...y otros de Mónica González, Hermógenes Pérez de Arce, José Musalem y Gonzalo Vial, entre otros. La autora de "La Conjura" fue virtualmente "funada" por abogados de Fasic por haber planteado en ese libro la inocencia del general.

[3] La posición del general Arellano sobre las actuaciones posteriores de la DINA fue expresada en carta privada al general Pinochet, enviada a fines de 1974, en que comparaba a esa entidad con la Gestapo, denunciando la violación a los derechos humanos fundamentales. Dicho documento está parcialmente transcrito en la página 111 del libro "De Conspiraciones y Justicia", que obra en autos.

[4] Este libro se encuentra en formato pdf en la página web www.neude.cl

[5] En presentación efectuada recientemente en el cuaderno La Serena se entregan antecedentes al respecto, los que por lo demás han sido aportados antes en estos autos y están documentados en las actas de la Comisión Verdad y Reconciliación.

[6] Resulta increíble que, ante la flagrante violación del principio de inocencia por parte del ministro Guzmán, hayamos tenido que estructurar una defensa basada en gran medida en artículos y afirmaciones de sus detractores. Lamentablemente se ha visto que cuando ellos no son funcionales a los objetivos de los querellantes y a los que marcó Guzmán Tapia, son simplemente ignorados. ¿Es esto un debido proceso?

[7] La ruta de la delegación era de sur a norte, por lo que la etapa siguiente era Iquique. El regreso a medianoche a Antofagasta, al suroeste de Calama, fue una obvia alteración del programa. Por otra parte, las normas de seguridad aeronáutica prohibían vuelos nocturnos de helicópteros.

[8] Qué demostración más palmaria del poder de que sentían investidos estos personajes. Sería difícil encontrar precedentes de un oficial de Ejército denostando groseramente a su jefe directo ante su hijo y otros oficiales, lo que en cualquier época y situación es causal de sumario y expulsión.

[9] Su privilegio fue obtener una litera en la enfermería.

[10] Esa era la oportunidad de hacer justicia oportuna, ante el juez competente y con disponibilidad de todos los actores de ese drama, por añadidura subordinados de ambos generales. La presencia de Arredondo tras la puerta fue expresamente reconocida por Joaquín Lagos, quien también reconoció no haber permitido su ingreso como le solicitaba Arellano.

[11] En una posterior retractación en juicio por calumnias iniciado en su contra a fines de 1991 (rol N° 22.587-3, del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago), Lagos precisaría que a su colega Arellano "sólo le imputaba responsabilidad militar por lo actuado por sus subordinados". Entonces no reparó en la actuación de dos coroneles de su dependencia, pero años después olvidaría esa retractación judicial para imputarle responsabilidades penales. En estos autos nunca fue interrogado por sus contradictorias versiones ante tribunales de justicia. Guzmán Tapia se quedó con la más funcional.

[12] "Tal fue el aprecio e impronta con las cuales marcó nuestra vidas que una vez egresados de la Escuela Militar, sea como oficiales o a la vida civil, constituimos con personalidad jurídica el Curso Militar 1955 del Capitán Sergio Arellano Stark.  Con el correr del tiempo, este Curso 1955 recibió como donación de nuestras señoras un Estandarte de Combate en el cual se bordó el nombre de nuestro hoy querido General (R) Arellano. El Curso 1955 manifiesta con orgullo esta relación con nuestro gran formador, único General de Ejército en vida que ha recibido el honor de ver su nombre en un Estandarte de Combate relacionado con el Ejército de Chile" (Sergio Juillerat, presidente del Curso Militar 1955).

[13] Aquí no han actuado abogados financiados por una institución. Claudio Arellano Parker, Jorge Ovalle Quiroz, Vivian Bullemore Gallardo, Raquel Camposano Echegaray, han trabajado arduamente sin otra retribución que la gratificación de luchar por una causa justa, fortalecidos por la convicción de estar litigando ante los Tribunales Superiores de Justicia en defensa de un hombre digno e inocente. Estamos conscientes que ya no está en juego su libertad, pero siempre para él fueron más importantes su honor y hombría de bien, los que han sido mancillados por la mentira y la venalidad, traducidos en una campaña odiosa y constante que, como profesionales del Derecho y ajenos a las esferas del poder mediático, no estamos en condiciones de confrontar a través de los medios.