La Ley y el Orden

Los atentados en Boston dieron lugar a que toda la nación se pusiera tras sus autoridades y éstas dieran pleno respaldo a los servicios policiales y de inteligencia para dar con los terroristas. Estos últimos fueron capturados, uno de ellos muerto a balazos por los agentes del Estado y el otro gravísimamente herido. En Chile esos agentes del orden habrían sido condenados a presidio por la justicia de izquierda como autores de "delitos de lesa humanidad".

Los representantes del orden norteamericanos han recibido el reconocimiento del gobierno y del pueblo, que ha celebrado la prontitud y dureza con que se ha reprimido el último brote de terrorismo.

Claro, los EE. UU. son otro país y su ciudadanía es otra cosa. Pues hoy leemos en "El Mercurio" el relato desolador que hace el historiador Sergio Villalobos del clima que se vive en la Araucanía, donde se suceden atentados terroristas que quedan impunes, al tiempo que se procesa a carabineros que actúan con dureza contra los subversivos.

La Araucanía es un territorio asolado por el delito. Allá los encapuchados no vacilan en matar con tal de obtener un beneficio económico, por la vía de amedrentar a los legítimos propietarios y a las autoridades y así hacerse dueños de tierras. Es una verdadera extorsión, porque, como ha comprobado el experto en temas indígenas Julio Bazán, en su obra "No es Mapuche el Conflicto", "todos los títulos en la Araucanía están saneados; no hay superposición de títulos". Pero lo que tampoco hay es imperio de la ley y el orden.

Pues en esa zona se acepta ampliamente el lucro y hay impunidad para matar con el fin de obtenerlo, mientras los mismos que lo promueven y garantizan allá pretenden, también por la fuerza (encapuchados), impedir que en el territorio chileno se pueda educar obteniendo un beneficio para ganarse la vida.

Además, los crímenes terroristas acá son prontamente olvidados y si el del matrimonio Luchsinger Mackay todavía no lo está del todo, es sólo porque se trata de familias de origen europeo, pero las muertes de pequeños propietarios autóctonos, como la de Osvaldo Zapata, a manos de los terroristas, ya no preocupan a nadie y quedan impunes.

En cambio, en nuestros presidios cumplen condenas ilegales a cadena perpetua de facto los uniformados que defendieron a la sociedad del terrorismo en el pasado. Si dieron muerte a esbirros del FPMR (e incluso altos oficiales que ni siquiera la ordenaron), son presentados como "violadores de derechos humanos". El gobierno de actual es activo perseguidor de los ex agentes del Estado chileno que dieron muerte a extremistas similares a los hermanos Tsarnaev de Boston.

Un oficial en retiro, Leandro Contreras Radic, cuyo cerebro no ha sido lavado, me escribe recordando la bomba que el 30 de marzo de 1984 fue lanzada a un bus de Carabineros, dando muerte al cabo Pedro Núñez Henríquez e hiriendo a otros once policías; la del 2 de noviembre de 1984 contra un bus de Fuerzas Especiales, matando a los suboficiales Uldaricio Aravena, Hugo Armando Toledo, Angel Sazo y Patridcio Delgado; el auto cargado con explosivos que estalló al paso de un bus de Carabineros, dando muerte  al cabo Héctor López Valdés y a los carabineros José Arias, Hétor López Anoste y Misael Martínez.

Todos los oficiales de los servicios de inteligencia que dieron muerte a extremistas del FPMR que ponían esas bombas, cumplen hoy interminables sentencias, impuestas a veces sobre la base de meras presunciones y dictadas en violación de numerosas leyes que a estas alturas ya es ocioso enumerar.

En cambio, el "encargado de matar" del Partido Comunista, hoy diputado Guillermo Teillier, se pavonea impunemente de los crímenes del brazo armado rojo, como el que costó la vida a cinco escoltas del Presidente Pinochet. Y todos los autores extremistas de hechos de sangre, en número de 905, han sido indultados y amnistiados por los gobernantes de la Concertación, mientras el actual Subsecretario Ubilla (RN) presenta más y más querellas contra militares por hechos de hace caSI 40 AÑOS, multiplicando el total que dejaron presentadas los gobiernos de la Concertación por cinco, hasta alcanzar las 1.500, de lo cual se enorgullece el abogado comunista Eduardo Contreras en un artículo de "Le Monde Diplomatique" último.

El precandidato de RN Andrés Allamand hizo lo suyo en esta persecución paradójica, exonerando del Ministerio de Defensa a los oficiales (r) que prestaban asesorías, si ellos habían formado parte de la DINA o la CNI, e incluso a uno que no las integró, pero cometió del delito de ser yerno de un ex Director de la primera. Por eso el Plan Ahora llama a votar contra Allamand en las primarias, sufragando por Golborne, que si bien nunca se ha pronunciado contra las prevaricaciones de los jueces de izquierda, por lo menos no ha contribuido a perseguir a los uniformados (r) que nos protegieron del terrorismo.

Los países donde prevalecen la ley y el orden, como los EE. UU., persiguen y aniquilan a los terroristas; los países donde la una y el otro son atropellados impunemente, y amparan e indemnizan terroristas, como lo hace Chile con generosidad, mientras encarcela a los agentes que los combatieron, están condenados a pagar muy cara, más temprano que tarde, esta iniquidad.