Tenemos negocios familiares desde hace muchos años. A veces hemos pensado llamarnos "Family Office", pero nos da vergüenza. En una de ésas, lo hacemos. Existimos desde que estaba Büchi en Hacienda y el impuesto a las empresas era diez por ciento. Entremedio fui candidato a senador el '89, pero me ganó Piñera y volví a los negocios familiares. Piñera ayudó a Aylwin a subir impuestos. Decía que lo hacía para "legitimar el modelo". Supuse que la gente de derecha que votó por él y no por mí se daría cuenta de la diferencia que habría habido si hubiera votado al revés, pero parece que esa gente no se da cuenta de nada, porque después lo llevó de candidato a la Presidencia. Y salió, claro, pero sin mi voto. Por supuesto, ahora ha vuelto a subir los impuestos "para legitimar el modelo".
Bueno, el hecho es que en la familia nos dimos cuenta de que las personas naturales pagaban más del doble de tributos que las sociedades, y formamos sociedades. Pero no nos habíamos dado cuenta de que el Estado siempre se arregla para sacarte más plata, y de que existían unos tentáculos suyos llamados "Municipalidades", que te cobraban un impuesto al capital, llamado "patente", por ser sociedad. En la principal que tenemos, hoy la "patente" nos cuesta más que el impuesto a la renta. O sea, 20% más 20% son 40% y nosotros hicimos la sociedad para pagar 20% (17%, antes que Piñera lo subiera) y no 40%. Entonces ahora resulta que pagamos lo mismo que si no hubiéramos hecho nada. Nos equivocamos, pero deshacer una sociedad es un lío y "te sale más cara la vaina que el sable". Simplemente, "sonamos".
Pero un día, hace un par de años, iba en auto y oí que Tomás Flores, Subsecretario de Economía, a quien admiro como un excelente economista y de buena línea política, decía que las pymes habían quedado exentas de impuesto a la renta. Nosotros caíamos en la exención, así es que llamé a mi hijo mayor y le dije que la imprenta que teníamos estaba exenta del impuesto a la renta y, como era marzo, que le dijera a nuestro contador, para no pagarlo, porque se había quejado todo el año de lo alto que le había salido el año anterior. Y como yo ya tenía este blog, lo escribí en él: "Las pymes no pagan impuesto a la renta". Un comentarista del blog, Máximo, que tiene blog propio y es empresario, escribió que había consultado a su contador y que los requisitos para eximirse no los podía cumplir (por ejemplo, no tener acciones, y él las tenía). Y después mi hijo me llamó y me dijo que para eximirse habría tenido que hacer una serie de trámites en octubre del año anterior y, como nadie sabía y yo todavía en octubre no había oído a Tomás Flores por la radio, nadie los había hecho. En resumen, no hubo "impulso competitivo" por ese lado y hasta hoy seguimos pagando impuesto a la renta.
Bueno, pagábamos impuesto y teníamos la imprenta y las oficinas en Providencia, contentos con nuestro alcalde de derecha, cuya derrota todavía lloramos, y resulta que las empresas constructoras nos empezaron a acosar con ofertas cada vez más altas por las dos casas donde funcionábamos, hasta que tuvimos que venderlas e irnos a Huechuraba, donde por suerte había una alcaldesa de derecha también, creíamos, y a un inmueble más grande y moderno, especial para imprenta, al cual sólo le faltaba la "recepción municipal final" que estaba a punto de salir. Le dejamos retenidos al vendedor unos millones de pesos del precio como garantía de que íbamos a poder sacar la "recepción municipal final", que era cuestión "de un par de trámites".
De esto hace ya más de un año y medio y ustedes no se imaginan lo que ha sido ese "par de trámites": millones de pesos para cumplir exigencias innumerables e interminables que han hecho la municipalidad y el seremi de esto o lo otro y hasta los bomberos, que también tienen que dar su visto bueno y hacían exigencias increíbles, que finalmente se solucionaron con un pago de $400 mil. Tuvimos que contratar a una especialista en trámites burocráticos municipales, que se graduó en el tema como funcionaria municipal, así es que sabe todos los trucos para superar los inconvenientes que ponen los funcionarios. Y sus honorarios también han sido de millones de pesos. Y otros millones se han ido en exigencia de nuevos planos actualizados de la propiedad, exigidos por la municipalidad. Ha habido que hacer excavaciones y ductos para evacuación de aguas que antes se evacuaban sin problemas; nuevos baños, repavimentar veredas y entradas de vehículos que ya estaban pavimentadas, señalizar "vías de tránsito" y "vías de escape" y ya lo último ha sido que nos exigieron poner señalización de tránsito de vehículos, flechas en el suelo y letreros "Pare" dentro de la propiedad, aparte de crear estacionamientos que no eran necesarios, porque todos estacionábamos lo más bien sin nada de eso. Un día llegó un inspector sanitario y dijo que clausuraba el local porque faltaba esto o lo otro. Llamamos a nuestra asesora para asuntos burocráticos y ella lo enfrentó y amenazó y le demostró que estaba todo en orden y él estaba equivocado. No nos cerraron.
Finalmente, el récord ha sido cuando nos exigieron poner un letrero "Pare" ¡afuera, en la esquina de la calle, a media cuadra de donde estamos! ¿Usted creía que eso era una obligación de la municipalidad? ¡No! Si usted no le pone el letrero en la esquina no le dan patente. Y todavía, dieciocho meses después y tras ene millones de pesos en gastos exigidos, no nos dan la patente. Lo último que nos dijeron el otro día fue que nos diéramos a santo, porque por funcionar sin patente perfectamente nos podían clausurar en el acto.
En fin, la semana pasada, cuando ya creíamos haber hecho todo, resultó que faltaba la "luz estroboscópica" en los portones de entrada al terreno y la firma proveedora no tenía existencia de ellos, así es que seguimos esperando, sin patente porque no hay "recepción municipal final" y sin "recepción" porque no hay luces estroboscópicas, y tras millones y millones en honorarios, pavimentaciones, excavaciones, tuberías, señalizaciones, bomberos, exigencias eléctricas y sanitarias, asesoría antiburocracia y letreros "Pare" dentro del terreno y al final de la cuadra. Y, para más remate, en la última elección municipal fue elegido alcalde ni más ni menos que el mismo personaaje que escupió sobre el ataúd del general Pinochet, así es que ni esperanzas de ir a hablar con él para tener alguna ayuda con la "recepción municipal final", sin la cual no podemos tener patente, de modo que, por ahora, nos damos a santo de que no nos clausure, y estamos confiados en que, tras un año y medio de batalla burocrática, la "luz estroboscópica" sea la última exigencia que nos hagan.
¡Ah! ¡Me olvidaba! La imprenta acaba de terminar de ser revisada durante cerca de dos años por Impuestos Internos, que exigió todas las facturas y toda la documentación de tres años atrás y hubo que reconstituirla papel por papel. Le dio más trabajo a la imprenta que todas las exigencias de su giro propio y los encargos de clientes durante ese período. Al final los inspectores no encontraron nada. Estaba todo en orden, pero el desgaste fue infinito, un bienio de estrés y trabajo no remunerado para que el Señor Estado quedara tranquilo y siguiera cobrando para adelante y no también para atrás, como quería.
Como para que se quiten todas las ganas de ser "emprendedor". ¿"Agenda de Impulso Competitivo", dijo? ¿Qué es eso?
jueves, 31 de enero de 2013
martes, 29 de enero de 2013
La Concertación Defiende a su V Gobierno
Hasta cierto punto lo que está sucediendo es rigurosamente lógico. Distinguidos columnistas de la Concertación refutan a la gente de derecha que critica al Gobierno y elogian a éste. Es una línea que ha culminado con la explícita defensa de la administración Piñera que ha hecho hoy en "El Mercurio" Eugenio Tironi. Días atrás había leído opiniones parecidas y muy benévolas con el gobernante de otro columnista de la Concertación, Patricio Navia. Y si uno ha venido leyendo a otros opinantes habituales del mismo sector, como Colodro o Joignant, en "La Segunda", también puede corroborar que se ha gestado, paradójicamente, todo un "frente opositor de apoyo al actual Presidente". El respaldo de don Patricio Aylwin para él ha sido explícito. Por cierto, todo eso se corresponde con lo que siempre he sostenido en este blog o en otros medios que han querido conocer mi opinión: el actual no es otra cosa que un V Gobierno de la Concertación.
Tironi argumenta hoy que la derecha conocía el programa del Gobierno y que éste se ha limitado a cumplirlo, de modo que la crítica de entre otros, Jovino Novoa, es injusta. Pero no es así. En ninguna parte de dicho programa se anunciaban las alzas de impuestos que han tenido lugar; en ninguna parte se prometía ceder ante todas las demandas planteadas por la fuerza por distintos grupos, renunciando a hacer respetar el orden público; en ninguna parte se anticipó que frente a una delincuencia desatada, como la que se registra en la Araucanía, el Gobierno iba a renunciar a aplicar las leyes más severas, ni menos que las iba a modificar en favor de los terroristas; en ninguna parte se advertía que las promesas de debido proceso hechas por el candidato Piñera a los uniformados (r) jamás se iban a cumplir, ni se anticipaba que su gobierno iba a perseguirlos con mayor saña que los demás de la Concertación, cuadruplicando el número de querellas por hechos de la pasada lucha contra la subversión de extrema izquierda; en ninguna parte del programa ni de la campaña de Sebastián Piñera se advirtió que él mantendría en un puesto clave a un militante del "partido MIR", como lo es, según propia confesión, el director del Instituto Médico Legal; en ninguna parte se dijo que se iban a dar importantes ayudas presupuestarias a organismos de fachada propagandística de la izquierda subversiva, como el Instituto de Derechos Humanos o el Museo de la Memoria marxista, aumentando la dotación de abogados del primero y beneficiando al segundo con una cesión gratuita por veinte años del inmueble fiscal en que funciona; en ninguna parte del programa ni de la campaña se advirtió que, a petición del Gobierno, se iba a exonerar a los carabineros que respondieran el fuego de los extremistas; tampoco en ninguna parte se anticipó que se iba a poner término a las asesorías en Defensa de los militares (r) por el solo hecho de haber trabajado en el DINA o la CNI e, incluso, en un caso (general (r) Carter, que no estuvo en la una ni en la otra) por ser yerno de un ex director de inteligencia; en el orden económico, en ninguna parte del programa se leía que el déficit de la cuenta corriente del país se iba a acercar al 5 por ciento, como sucederá este año, ni que se iban a completar cinco años de déficit presupuestario estructural, sin respetar, al igual que no respetaron los anteriores gobiernos de la Concertación, la meta oficial vigente, de un superávit estructural del 0,5 por ciento; en ninguna parte del programa ni de la campaña se dijo que el Transantiago, al cuarto año de gobierno, iba a ser considerado por la gente menos satisfactorio que antes. La anterior lista está lejos de ser exhaustiva.
Todo, pues, se da naturalmente. La Concertación defiende las actuaciones de un gobierno que, siente, se le parece mucho y, por ese camino, le garantiza el retorno al poder; al mismo tiempo, surge cada vez más gente en la Alianza que hace ver el abandono de las ideas que, a su turno, a ella la representan. Sólo estamos viendo el desenvolvimiento lógico y natural de un proceso anunciado desde que Sebastián Piñera se erigió en el candidato de un sector cuyas ideas y principios él nunca compartió cabalmente, y al cual no sabía ni podía interpretar como gobernante.
Y justamente por eso lo defienden quienes hoy lo defienden y lo critican quienes hoy lo critican.
Tironi argumenta hoy que la derecha conocía el programa del Gobierno y que éste se ha limitado a cumplirlo, de modo que la crítica de entre otros, Jovino Novoa, es injusta. Pero no es así. En ninguna parte de dicho programa se anunciaban las alzas de impuestos que han tenido lugar; en ninguna parte se prometía ceder ante todas las demandas planteadas por la fuerza por distintos grupos, renunciando a hacer respetar el orden público; en ninguna parte se anticipó que frente a una delincuencia desatada, como la que se registra en la Araucanía, el Gobierno iba a renunciar a aplicar las leyes más severas, ni menos que las iba a modificar en favor de los terroristas; en ninguna parte se advertía que las promesas de debido proceso hechas por el candidato Piñera a los uniformados (r) jamás se iban a cumplir, ni se anticipaba que su gobierno iba a perseguirlos con mayor saña que los demás de la Concertación, cuadruplicando el número de querellas por hechos de la pasada lucha contra la subversión de extrema izquierda; en ninguna parte del programa ni de la campaña de Sebastián Piñera se advirtió que él mantendría en un puesto clave a un militante del "partido MIR", como lo es, según propia confesión, el director del Instituto Médico Legal; en ninguna parte se dijo que se iban a dar importantes ayudas presupuestarias a organismos de fachada propagandística de la izquierda subversiva, como el Instituto de Derechos Humanos o el Museo de la Memoria marxista, aumentando la dotación de abogados del primero y beneficiando al segundo con una cesión gratuita por veinte años del inmueble fiscal en que funciona; en ninguna parte del programa ni de la campaña se advirtió que, a petición del Gobierno, se iba a exonerar a los carabineros que respondieran el fuego de los extremistas; tampoco en ninguna parte se anticipó que se iba a poner término a las asesorías en Defensa de los militares (r) por el solo hecho de haber trabajado en el DINA o la CNI e, incluso, en un caso (general (r) Carter, que no estuvo en la una ni en la otra) por ser yerno de un ex director de inteligencia; en el orden económico, en ninguna parte del programa se leía que el déficit de la cuenta corriente del país se iba a acercar al 5 por ciento, como sucederá este año, ni que se iban a completar cinco años de déficit presupuestario estructural, sin respetar, al igual que no respetaron los anteriores gobiernos de la Concertación, la meta oficial vigente, de un superávit estructural del 0,5 por ciento; en ninguna parte del programa ni de la campaña se dijo que el Transantiago, al cuarto año de gobierno, iba a ser considerado por la gente menos satisfactorio que antes. La anterior lista está lejos de ser exhaustiva.
Todo, pues, se da naturalmente. La Concertación defiende las actuaciones de un gobierno que, siente, se le parece mucho y, por ese camino, le garantiza el retorno al poder; al mismo tiempo, surge cada vez más gente en la Alianza que hace ver el abandono de las ideas que, a su turno, a ella la representan. Sólo estamos viendo el desenvolvimiento lógico y natural de un proceso anunciado desde que Sebastián Piñera se erigió en el candidato de un sector cuyas ideas y principios él nunca compartió cabalmente, y al cual no sabía ni podía interpretar como gobernante.
Y justamente por eso lo defienden quienes hoy lo defienden y lo critican quienes hoy lo critican.
lunes, 28 de enero de 2013
¿Se Triza la Dictadura Judicial?
"La dictadura judicial es la peor de todas", escribió Tocqueville, "porque es la única que no tiene remedio." En Chile la estamos soportando hace más de quince años y, efectivamente, parece cada vez más sin remedio. Pero en estos días sufrió una trizadura. Porque un juez de izquierda, en procura de uno de los fines de la misma (que son dos: perseguir a los uniformados que derrotaron al terrorismo marxista y defender a quienes lo siguen practicando) excluyó ilegalmente medios de prueba esenciales para que la fiscalía pudiera acreditar la identidad y culpabilidad de los asesinos del cabo Moyano, a quien le quitaron la vida a mansalva, como acostumbran, en 2007.
En carta a "El Mercurio", publicada ayer, el abogado Alejandro Leiva López da a conocer (porque la prensa no se había percatado de ello) que, recurrida esa resolución del juez ante el Tribunal Constitucional, éste señaló que las normas que él desconoció, en virtud de lo cual desechó las pruebas de la fiscalía, no podían haberse dejado sin aplicar, pues al hacerlo violó los roles de los tribunales en Chile, dado que sólo el Tribunal Constitucional puede dejar sin aplicación una ley.
Como es evidente, este pronunciamiento alcanza también a los numerosos jueces de izquierda que durante más de quince años han dejado sin aplicar, por sí y ante sí, leyes expresas y vigentes, como las de amnistía, prescripción y cosa jugada.
El abogado Leiva concluye que los jueces "deben privilegiar la aplicación de la ley, por sobre sus ideologías y tendencias políticas personales, que sólo desprestigian su labor de impartir justicia".
Esto se extiende a todos. Justamente referido a eso, también ayer, el abogado y decano universitario Pablo Rodríguez Grez, en el mismo diario, escribe que "algunos jueces han optado por desvirtuar el proceso interpretativo, creando figuras penales aberrantes (secuestro continuado) o desconociendo instituciones largamente enraizadas en nuestra tradición jurídica (prescripción, amnistía, cosa juzgada). Lo anterior se ha visto respaldado por personeros políticos que califican a los magistrados según el contenido de sus decisiones, condicionando a ello su promoción y ascensos".
El atropello flagrante de la legalidad se ha generalizado y la gran mayoría de los jueces, originada en nombramientos políticos gestados a lo largo de veinte años, se han arrogado el rol del Tribunal Constitucional de dejar sin aplicar leyes vigentes. Pero han ido todavía más allá, como lo ha denunciado en las redes sociales el abogado Fernando Saenger: en el reciente fallo que rechazó el pago de una indemnización por la muerte de un extremista, el pleno de la Corte Suprema, por 9 votos contra siete (que eran partidarios de aceptar tal pago), aplicó la prescripción de cuatro años, aduciendo la necesidad de velar por la "seguridad jurídica", no obstante que la ha reducido a la nada en materia penal, donde deja abierta ad aeternum la posibilidad de condenar a quienes derrotaron al terrorismo marxista en Chile.
Pero hay un rasgo particularmente notable en este fallo de mayoría de la Corte Suprema: confiesa que "la Corte ha tenido la oportunidad de matizar la aplicación de las normas de derecho interno". Con ese eufemismo disfraza su reiterada conducta de dejar sin aplicación leyes vigentes cuando ello acomoda a las "ideologías y tendencias políticas personales" de la mayoría dominante de magistrados.
Pero hay más: en este caso ha ido más allá ¡y derechamente ha legislado!, dictando una nueva ley, en que no han participado los poderes colegisladores. Según ella, "el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha del Informe Rettig, de marzo de 1991."
Esta ley dictada por la Corte Suprema es tanto más sorprendente cuanto que, como recuerda el abogado Saenger, fue esa propia Corte la que descalificó la validez del citado Informe Rettig, en 1991, calificándolo de "apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y (fundada en) probables prejuicios políticos".
Dicho Informe tiene, en efecto, esos vicios y otros más, e históricamente deberá ser reconocido sólo como una moneda de pago del Presidente Patricio Aylwin al apoyo, para llevarlo a La Moneda, de la extrema izquierda, cuyo papel protagónico en la agresión armada a la democracia chilena el citado Informe oculta cuidadosamente, al extremo de que las más de cuatrocientas víctimas del terrorismo comunista-socialista, que forman parte de las algo más de tres mil que generó el enfrentamiento armado a partir del 11 de septiembre de 1973, las atribuye a una entidad indefinida, la "violencia política", sin autores. Ello para no inculpar a comunistas y socialistas, cuyos grupos armados actuaron antes y después del 11 de septiembre de 1973.
Suponemos que estas palmarias pruebas de que la dictadura judicial chilena ha asumido de facto una función legislativa, en abierto desconocimiento de la Constitución y las leyes, harán a juristas y políticos que hasta ahora han guardado cómodo silencio frente al reiterado atropello al debido proceso y al estado de derecho en Chile, comenzar a pensar en tener alguna reacción.
En carta a "El Mercurio", publicada ayer, el abogado Alejandro Leiva López da a conocer (porque la prensa no se había percatado de ello) que, recurrida esa resolución del juez ante el Tribunal Constitucional, éste señaló que las normas que él desconoció, en virtud de lo cual desechó las pruebas de la fiscalía, no podían haberse dejado sin aplicar, pues al hacerlo violó los roles de los tribunales en Chile, dado que sólo el Tribunal Constitucional puede dejar sin aplicación una ley.
Como es evidente, este pronunciamiento alcanza también a los numerosos jueces de izquierda que durante más de quince años han dejado sin aplicar, por sí y ante sí, leyes expresas y vigentes, como las de amnistía, prescripción y cosa jugada.
El abogado Leiva concluye que los jueces "deben privilegiar la aplicación de la ley, por sobre sus ideologías y tendencias políticas personales, que sólo desprestigian su labor de impartir justicia".
Esto se extiende a todos. Justamente referido a eso, también ayer, el abogado y decano universitario Pablo Rodríguez Grez, en el mismo diario, escribe que "algunos jueces han optado por desvirtuar el proceso interpretativo, creando figuras penales aberrantes (secuestro continuado) o desconociendo instituciones largamente enraizadas en nuestra tradición jurídica (prescripción, amnistía, cosa juzgada). Lo anterior se ha visto respaldado por personeros políticos que califican a los magistrados según el contenido de sus decisiones, condicionando a ello su promoción y ascensos".
El atropello flagrante de la legalidad se ha generalizado y la gran mayoría de los jueces, originada en nombramientos políticos gestados a lo largo de veinte años, se han arrogado el rol del Tribunal Constitucional de dejar sin aplicar leyes vigentes. Pero han ido todavía más allá, como lo ha denunciado en las redes sociales el abogado Fernando Saenger: en el reciente fallo que rechazó el pago de una indemnización por la muerte de un extremista, el pleno de la Corte Suprema, por 9 votos contra siete (que eran partidarios de aceptar tal pago), aplicó la prescripción de cuatro años, aduciendo la necesidad de velar por la "seguridad jurídica", no obstante que la ha reducido a la nada en materia penal, donde deja abierta ad aeternum la posibilidad de condenar a quienes derrotaron al terrorismo marxista en Chile.
Pero hay un rasgo particularmente notable en este fallo de mayoría de la Corte Suprema: confiesa que "la Corte ha tenido la oportunidad de matizar la aplicación de las normas de derecho interno". Con ese eufemismo disfraza su reiterada conducta de dejar sin aplicación leyes vigentes cuando ello acomoda a las "ideologías y tendencias políticas personales" de la mayoría dominante de magistrados.
Pero hay más: en este caso ha ido más allá ¡y derechamente ha legislado!, dictando una nueva ley, en que no han participado los poderes colegisladores. Según ella, "el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha del Informe Rettig, de marzo de 1991."
Esta ley dictada por la Corte Suprema es tanto más sorprendente cuanto que, como recuerda el abogado Saenger, fue esa propia Corte la que descalificó la validez del citado Informe Rettig, en 1991, calificándolo de "apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y (fundada en) probables prejuicios políticos".
Dicho Informe tiene, en efecto, esos vicios y otros más, e históricamente deberá ser reconocido sólo como una moneda de pago del Presidente Patricio Aylwin al apoyo, para llevarlo a La Moneda, de la extrema izquierda, cuyo papel protagónico en la agresión armada a la democracia chilena el citado Informe oculta cuidadosamente, al extremo de que las más de cuatrocientas víctimas del terrorismo comunista-socialista, que forman parte de las algo más de tres mil que generó el enfrentamiento armado a partir del 11 de septiembre de 1973, las atribuye a una entidad indefinida, la "violencia política", sin autores. Ello para no inculpar a comunistas y socialistas, cuyos grupos armados actuaron antes y después del 11 de septiembre de 1973.
Suponemos que estas palmarias pruebas de que la dictadura judicial chilena ha asumido de facto una función legislativa, en abierto desconocimiento de la Constitución y las leyes, harán a juristas y políticos que hasta ahora han guardado cómodo silencio frente al reiterado atropello al debido proceso y al estado de derecho en Chile, comenzar a pensar en tener alguna reacción.
domingo, 27 de enero de 2013
Escribiendo la "Petite Histoire"
No quiero dejar pasar más tiempo sin hacer constar en este blog, para la memoria histórica, una versión personal sobre un episodio público llamativo de días recientes. Fueron los twits del Ministro de Salud, Jaime Magalich, recogidos por los diarios, en que no sólo se burlaba del senador Jovino Novoa con un humor muy particular ("Jovino es un nombre ¡muuuuuy anticuado!; en cambio Sebastián está entre los preferidos") sino que calificaba como "una traición" el hecho de que hubiera criticado al Presidente en su reciente libro "Con la Fuerza de la Libertad", que, entre paréntesis, aparece hoy como primer "best-seller" en "El Mercurio". Debe precisarse que "Sebastián" no apareció entre los nombres más elegidos por los padres al inscribir a sus hijos en el Registro Civil el año pasado, según publicación de días atrás. El más recurrido fue "Agustín"...
Mi opinión, fundada en meras presunciones, pero éstas basadas en mi conocimiento de las personas, es que la idea de esos twits no fue de Mañalich, sino de alguien que se los sugirió. Primera base de presunción: esa persona frecuentemente, en sus conversaciones y discursos, emplea el adjetivo "muuuuuy" con la "u" tan prolongada como lo hizo el twit. Segunda: esa misma persona, años atrás, también se valió de otra persona, un periodista a quien apodaban "El Pelao", para que interrogara a una diputada, competidora suya por una candidatura presidencial, en términos de dejarla mal parada ante la opinión pública. Se trataba de que le dijera lo que el autor del encargo no quería aparecer diciéndole, para hacerla desmerecer. Tercera: el Ministro de Salud, cuya cartera es técnica, no tenía por qué entrar en el área chica de la arena política, por añadidura insultando a un senador de gobierno y poniendo en riesgo, con ese desatino, hasta su permanencia en el gabinete. Sólo una fuerza superior pudo inducirlo a ese desatino. Cuarta: pero el Ministro sigue indemne en su cargo, después de recibir apenas una reconvención "pro forma" e insignificante, en relación a la gravedad del insulto proferido al senador.
Estas cosas pasan. En los años '70 yo era director de un vespertino en el cual se publicó, en la sección "Top Secret", el itinerario de un viaje al exterior de la primera dama de la nación. Tras aparecer el diario, me llamó un ministro por teléfono y me dijo que yo era "un traidor" por haber publicado ese "Top Secret", pues los asesinos que todos conocemos (son de los mismos que hoy gritan "a-se-si-nos" en las calles) podían aprovechar la información para atentar contra la señora del Presidente. Yo no acepté el calificativo y colgué el teléfono. Pero no pensé en mandarle mis padrinos al ministro ni nada parecido, en lo cual hice bien, porque me llamó instantes después para decirme que él no me consideraba un traidor, pero el marido de la primera dama lo había obligado a decirme que lo era y se había quedado junto al teléfono para cerciorarse de que lo hiciera. Recibida la explicación, yo me olvidé del asunto... hasta hoy. Y creo que, en el momento, ni siquiera me ofendí con el marido de la primera dama. "Tout comprendre c'est tout pardonner", dicen los franceses.
Pienso que, atendidas las presunciones que he expuesto, Jovino tampoco debería guardarle resentimiento a Mañalich y estoy casi seguro de que piensa que no es el verdadero autor del insulto. Nuestro pueblo tiene un dicho para esas situaciones: "mandado no es culpado".
También la historia se escribe a partir de la "petite histoire", que sirve para ilustrar el carácter de algunos personajes que la protagonizan.
Mi opinión, fundada en meras presunciones, pero éstas basadas en mi conocimiento de las personas, es que la idea de esos twits no fue de Mañalich, sino de alguien que se los sugirió. Primera base de presunción: esa persona frecuentemente, en sus conversaciones y discursos, emplea el adjetivo "muuuuuy" con la "u" tan prolongada como lo hizo el twit. Segunda: esa misma persona, años atrás, también se valió de otra persona, un periodista a quien apodaban "El Pelao", para que interrogara a una diputada, competidora suya por una candidatura presidencial, en términos de dejarla mal parada ante la opinión pública. Se trataba de que le dijera lo que el autor del encargo no quería aparecer diciéndole, para hacerla desmerecer. Tercera: el Ministro de Salud, cuya cartera es técnica, no tenía por qué entrar en el área chica de la arena política, por añadidura insultando a un senador de gobierno y poniendo en riesgo, con ese desatino, hasta su permanencia en el gabinete. Sólo una fuerza superior pudo inducirlo a ese desatino. Cuarta: pero el Ministro sigue indemne en su cargo, después de recibir apenas una reconvención "pro forma" e insignificante, en relación a la gravedad del insulto proferido al senador.
Estas cosas pasan. En los años '70 yo era director de un vespertino en el cual se publicó, en la sección "Top Secret", el itinerario de un viaje al exterior de la primera dama de la nación. Tras aparecer el diario, me llamó un ministro por teléfono y me dijo que yo era "un traidor" por haber publicado ese "Top Secret", pues los asesinos que todos conocemos (son de los mismos que hoy gritan "a-se-si-nos" en las calles) podían aprovechar la información para atentar contra la señora del Presidente. Yo no acepté el calificativo y colgué el teléfono. Pero no pensé en mandarle mis padrinos al ministro ni nada parecido, en lo cual hice bien, porque me llamó instantes después para decirme que él no me consideraba un traidor, pero el marido de la primera dama lo había obligado a decirme que lo era y se había quedado junto al teléfono para cerciorarse de que lo hiciera. Recibida la explicación, yo me olvidé del asunto... hasta hoy. Y creo que, en el momento, ni siquiera me ofendí con el marido de la primera dama. "Tout comprendre c'est tout pardonner", dicen los franceses.
Pienso que, atendidas las presunciones que he expuesto, Jovino tampoco debería guardarle resentimiento a Mañalich y estoy casi seguro de que piensa que no es el verdadero autor del insulto. Nuestro pueblo tiene un dicho para esas situaciones: "mandado no es culpado".
También la historia se escribe a partir de la "petite histoire", que sirve para ilustrar el carácter de algunos personajes que la protagonizan.
sábado, 26 de enero de 2013
Digámoslo: Somos Cobardes
El único rasgo genuino de derecha que tiene el gobierno de Piñera es el miedo. Si usted quiere conseguir algo, lo que sea, del Gobierno, hágale un "guapo". Ayer los trabajadores de Calbuco se tomaron un embarcadero ("piedraplén"), hicieron fogatas y lanzaron piedras a carabineros e inmediatamente el Gobierno les aumentó su cuota de pesca de 12 mil a 17 mil toneladas.
Magallánicos, ayseninos, calameños, estudiantes, comunistas y mapuches han conseguido lo que han querido metiéndole susto al Gobierno. Tanto miedo les tiene, en particular, a comunistas y "compañeros de ruta" que se ha puesto proactivo en satisfacer el odio de los mismos, persiguiendo ilegalmente a los uniformados (r) que les impidieron hacerse del poder, cuyos votos precisamente obtuvo Sebastián Piñera prometiéndoles hacer todo lo contrario: velar por sus debidos procesos y la aplicación de la prescripción.
Los comunistas saben meter miedo como nadie y así han alcanzado los más increíbles privilegios. Yo creo que en el presupuesto anual ya se van acercando a los trescientos millones de dólares las indemnizaciones y prebendas de toda clase para sus guerrilleros o las familias de los mismos, si estos cayeron cuando las fuerzas armadas les impidieron tomar el poder por las armas (léase el "Plan Z", en el "Libro Blanco"). Piñera ha hecho contratar a legiones de abogados adicionales, en el programa marxista de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y ha cuadruplicado el número de querellas contra militares que había bajo Bachelet. En fin, les acaba de ceder por veinte años, gratuitamente, la sede de su Museo de la Memoria. El PC, además, tiene un inmueble de dominio fiscal por el cual no paga arriendo.
La sucursal mapuche del extremismo en la Araucanía ha asustado tanto a sucesivos gobiernos que cada uno de éstos le regala más tierras que el anterior. El de Piñera fue más allá y suavizó la Ley Antiterrorista, para que no resultara tan severa con los atentados, pero ni siquiera suavizada se atreve a aplicárselas. Y ya cuando los terroristas quemaron a dos personas vivas, el propio Presidente les prometió a los mapuches una reforma constitucional especial, primer paso para constituir un Estado dentro del Estado y tener territorio propio, libre de winkas.
Entretanto, "los titulares del miedo en Chile", es decir, la gente de derecha ¿qué hemos hecho? Yo les voy a decir: lo que hemos hecho es tener todavía más miedo. La UDI quiso ir a manifestarse ante la embajada de Cuba con motivo de la llegada del dictador Castro II, que entrenó, primero, después armó y finalmente amparó a los asesinos de su senador Jaime Guzmán. La prensa dice que acudieron ¡veinte personas! Fueron los únicos que se atrevieron, y la mayoría eran parlamentarios y dirigentes. Los comunistas pro-Castro fueron en mayor número y si no agredieron físicamente a los anteriores fue sólo porque había carabineros para impedirlo.
Unos pocos valientes de nuestro sector (la excepción confirma la regla), que editan el diario digital "Chile Informa", no tienen miedo de salir a la calle y enfrentar a los comunistas, pero son poquísimos. Ellos hoy denuncian que el "Manifiesto ante el Desvarío", completo trabajo jurídico del abogado y oficial (r) de la Armada, Adolfo Paúl Latorre, que quedó a disposición de todos los abogados para ser suscrito por Internet, ha recibido en dos meses apenas ¡72 adhesiones! Es un documento que desmenuza las ilegalidades cometidas por los jueces de izquierda contra los uniformados (r) que combatieron el terrorismo extremista en los '70. Hasta hace unos años, uno que otro distinguido jurista saltaba a la palestra para denunciar la prevaricación de los jueces, pero últimamente ya ni siquiera ellos se atreven. Nadie aspira a que el Colegio de Abogados, institución "políticamente correcta", se atreva a levantar la voz. Sólo una distinguida jurista mujer (en Chile, reconocidamente, las mujeres son mucho más valientes que los hombres) se atreve a denunciar el escándalo de los jueces que no aplican la ley: Raquel Camposano, ex ministra de la Corte de Apelaciones. La Concertación le cortó el paso a la Suprema precisamente porque sustentaba la peregrina noción de que los jueces debían respetar la legalidad.
En "Chile Informa" se hace también ver que cuando se convocaba a actos públicos en favor de los presos políticos uniformados, en la "segura" Plaza Inés de Suárez de la otrora comuna de derecha, Providencia, nunca acudieron más de 300 personas, si es que no menos, porque en una oportunidad en que me convidaron a hacer uso de la palabra en el acto, si había 50 era mucho. Ahora que Providencia cayó en manos de la izquierda ¡ni pensarlo!
Me anticipo a decir que no tengo ninguna autoridad moral para tratar de "cobarde" a la gente de derecha, porque yo lo soy (ambas cosas). Cuando se iba a presentar el documental sobre Pinochet en el teatro Caupolicán, yo decidí vencer el miedo y anuncié que iba a asistir, pero mi mujer puso el grito en el cielo diciendo que los comunistas me iban a agredir. Como me mostrara definitivamente resuelto a ir, pese al miedo que les tengo a los comunistas (una vez me dispararon, y lo repito aunque casi nadie me lo crea), mi mujer convocó a mis hijos y formó un consejo de familia para amenazarme de las maneras más perentorias. Yo, que estaba dispuesto a vencer mi miedo a los comunistas, no lo estuve para vencer el que le tengo a mi mujer y su cohorte familiar, así es que no fui y oficialicé mi cobardía. Pero añadí así una razón más para autodefinirme como hombre de derecha.
Por supuesto, a los héroes que fueron al teatro Caupolicán los comunistas, al reconocerlos, los golpearon, hirieron y escupieron en plena calle. Alfonso Márquez de la Plata fue salvado, maltrecho, por una señora que lo introdujo en un taxi. Los dos hermanos Widow y el hijo de uno de ellos no tuvieron la misma suerte: uno resultó con la nariz quebrada y el otro con un profundo corte en la cara, mientras el hijo quedó con una pierna dislocada. Todo pudo ser peor para ellos si no los hubieran amparado unos comerciantes ambulantes que espantaron a los comunistas blandiendo unos enormes palos. Por supuesto, había en el lugar "inspectores de Derechos Humanos", pero se atuvieron a su misión, que es la de velar por impedir que algún carabinero le haga algo a un "encapuchado" de los que les lanzan piedras, bombas molotov y tratan de golpearlos en la cabeza con tablas de skate.
Los cobardes, es verdad, no somos todos iguales. A mí, entre ellos, suelen considerarme "valiente" porque escribo verdades, pero no lo soy, porque no me atrevo a salir a la calle a defender mis ideas. Pero hay otros que no se atreven siquiera a vocearlas ni escribirlas. Son, desde luego, más cobardes que yo. Y otros, en fin, que son los más cobardes de todos: los que defienden las ideas de los adversarios, para quedar bien con ellos. Son mirados con el mayor desprecio dentro de la amplia cofradía de los que tenemos miedo.
Magallánicos, ayseninos, calameños, estudiantes, comunistas y mapuches han conseguido lo que han querido metiéndole susto al Gobierno. Tanto miedo les tiene, en particular, a comunistas y "compañeros de ruta" que se ha puesto proactivo en satisfacer el odio de los mismos, persiguiendo ilegalmente a los uniformados (r) que les impidieron hacerse del poder, cuyos votos precisamente obtuvo Sebastián Piñera prometiéndoles hacer todo lo contrario: velar por sus debidos procesos y la aplicación de la prescripción.
Los comunistas saben meter miedo como nadie y así han alcanzado los más increíbles privilegios. Yo creo que en el presupuesto anual ya se van acercando a los trescientos millones de dólares las indemnizaciones y prebendas de toda clase para sus guerrilleros o las familias de los mismos, si estos cayeron cuando las fuerzas armadas les impidieron tomar el poder por las armas (léase el "Plan Z", en el "Libro Blanco"). Piñera ha hecho contratar a legiones de abogados adicionales, en el programa marxista de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y ha cuadruplicado el número de querellas contra militares que había bajo Bachelet. En fin, les acaba de ceder por veinte años, gratuitamente, la sede de su Museo de la Memoria. El PC, además, tiene un inmueble de dominio fiscal por el cual no paga arriendo.
La sucursal mapuche del extremismo en la Araucanía ha asustado tanto a sucesivos gobiernos que cada uno de éstos le regala más tierras que el anterior. El de Piñera fue más allá y suavizó la Ley Antiterrorista, para que no resultara tan severa con los atentados, pero ni siquiera suavizada se atreve a aplicárselas. Y ya cuando los terroristas quemaron a dos personas vivas, el propio Presidente les prometió a los mapuches una reforma constitucional especial, primer paso para constituir un Estado dentro del Estado y tener territorio propio, libre de winkas.
Entretanto, "los titulares del miedo en Chile", es decir, la gente de derecha ¿qué hemos hecho? Yo les voy a decir: lo que hemos hecho es tener todavía más miedo. La UDI quiso ir a manifestarse ante la embajada de Cuba con motivo de la llegada del dictador Castro II, que entrenó, primero, después armó y finalmente amparó a los asesinos de su senador Jaime Guzmán. La prensa dice que acudieron ¡veinte personas! Fueron los únicos que se atrevieron, y la mayoría eran parlamentarios y dirigentes. Los comunistas pro-Castro fueron en mayor número y si no agredieron físicamente a los anteriores fue sólo porque había carabineros para impedirlo.
Unos pocos valientes de nuestro sector (la excepción confirma la regla), que editan el diario digital "Chile Informa", no tienen miedo de salir a la calle y enfrentar a los comunistas, pero son poquísimos. Ellos hoy denuncian que el "Manifiesto ante el Desvarío", completo trabajo jurídico del abogado y oficial (r) de la Armada, Adolfo Paúl Latorre, que quedó a disposición de todos los abogados para ser suscrito por Internet, ha recibido en dos meses apenas ¡72 adhesiones! Es un documento que desmenuza las ilegalidades cometidas por los jueces de izquierda contra los uniformados (r) que combatieron el terrorismo extremista en los '70. Hasta hace unos años, uno que otro distinguido jurista saltaba a la palestra para denunciar la prevaricación de los jueces, pero últimamente ya ni siquiera ellos se atreven. Nadie aspira a que el Colegio de Abogados, institución "políticamente correcta", se atreva a levantar la voz. Sólo una distinguida jurista mujer (en Chile, reconocidamente, las mujeres son mucho más valientes que los hombres) se atreve a denunciar el escándalo de los jueces que no aplican la ley: Raquel Camposano, ex ministra de la Corte de Apelaciones. La Concertación le cortó el paso a la Suprema precisamente porque sustentaba la peregrina noción de que los jueces debían respetar la legalidad.
En "Chile Informa" se hace también ver que cuando se convocaba a actos públicos en favor de los presos políticos uniformados, en la "segura" Plaza Inés de Suárez de la otrora comuna de derecha, Providencia, nunca acudieron más de 300 personas, si es que no menos, porque en una oportunidad en que me convidaron a hacer uso de la palabra en el acto, si había 50 era mucho. Ahora que Providencia cayó en manos de la izquierda ¡ni pensarlo!
Me anticipo a decir que no tengo ninguna autoridad moral para tratar de "cobarde" a la gente de derecha, porque yo lo soy (ambas cosas). Cuando se iba a presentar el documental sobre Pinochet en el teatro Caupolicán, yo decidí vencer el miedo y anuncié que iba a asistir, pero mi mujer puso el grito en el cielo diciendo que los comunistas me iban a agredir. Como me mostrara definitivamente resuelto a ir, pese al miedo que les tengo a los comunistas (una vez me dispararon, y lo repito aunque casi nadie me lo crea), mi mujer convocó a mis hijos y formó un consejo de familia para amenazarme de las maneras más perentorias. Yo, que estaba dispuesto a vencer mi miedo a los comunistas, no lo estuve para vencer el que le tengo a mi mujer y su cohorte familiar, así es que no fui y oficialicé mi cobardía. Pero añadí así una razón más para autodefinirme como hombre de derecha.
Por supuesto, a los héroes que fueron al teatro Caupolicán los comunistas, al reconocerlos, los golpearon, hirieron y escupieron en plena calle. Alfonso Márquez de la Plata fue salvado, maltrecho, por una señora que lo introdujo en un taxi. Los dos hermanos Widow y el hijo de uno de ellos no tuvieron la misma suerte: uno resultó con la nariz quebrada y el otro con un profundo corte en la cara, mientras el hijo quedó con una pierna dislocada. Todo pudo ser peor para ellos si no los hubieran amparado unos comerciantes ambulantes que espantaron a los comunistas blandiendo unos enormes palos. Por supuesto, había en el lugar "inspectores de Derechos Humanos", pero se atuvieron a su misión, que es la de velar por impedir que algún carabinero le haga algo a un "encapuchado" de los que les lanzan piedras, bombas molotov y tratan de golpearlos en la cabeza con tablas de skate.
Los cobardes, es verdad, no somos todos iguales. A mí, entre ellos, suelen considerarme "valiente" porque escribo verdades, pero no lo soy, porque no me atrevo a salir a la calle a defender mis ideas. Pero hay otros que no se atreven siquiera a vocearlas ni escribirlas. Son, desde luego, más cobardes que yo. Y otros, en fin, que son los más cobardes de todos: los que defienden las ideas de los adversarios, para quedar bien con ellos. Son mirados con el mayor desprecio dentro de la amplia cofradía de los que tenemos miedo.
viernes, 25 de enero de 2013
La Derecha Enferma
Yo escribo siempre por motivación, no "por cumplir" ni porque "me lo pidieron" ni para "caerle bien" a alguien. Y hoy día lo que me motiva es la siguiente frase de un columnista de derecha de "El Mercurio", David Gallagher: "La izquierda chilena nunca ha atropellado los derechos humanos como lo hizo el gobierno de Pinochet". Después termina con melifluas reconvenciones a sus "amigos de izquierda" por su "complacencia ante atropellos en países que parecen serle emotivamente afines". Seguramente en algún directorio algún conspicuo miembro de la "izquierda boutique" lo va a premiar con un "qué buena tu última columna, Deivid".
Es tan notable la absolución derechista a comunistas y socialistas como notable la condena al Gobierno Militar. Benditos sean comunistas y socialistas. Olvido para ellos, aunque organizaran y ampararan grupos terroristas armados, como el FPMR y el MIR, los cuales mataron a centenares de personas a sangre fría. Prescritas están esas tres páginas de "El Mercurio", en 1986, con fotografías de uniformados asesinados por terroristas de ambos grupos, los cuales eran defendidos, cuando habían sido apresados, por abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Olvidado está el secuestro de personas (entre ellas un hijo del dueño del diario en que Gallagher escribe), pidiendo rescates al estilo de las FARC (a las cuales estos "amigos de izquierda" siempre han defendido). También ponían bombas en el metro, matando pasajeros. Enviaban a pobres menesterosos manejando autos-bombas para estacionarlos y hacerlos estallar ante un regimiento. Uno de los mismos voló cuando el pobre diablo contratado para conducirlo todavía lo iba manejando, porque, como buen chileno, se había atrasado. No, la izquierda chilena "nunca ha atropellado los derechos humanos como lo hizo el gobierno de Pinochet". Seguramente internó armas enviadas desde Cuba, en 1986, para defenderlos. ¡Qué buena es la izquierda!, pero todos los partidos democráticos llamaron con angustia a los militares porque precisamente ella, en el gobierno, estaba atropellando los derechos humanos, torturando a opositores democráticos y, lo peor, organizándose para dar el golpe totalitario, como lo detalló el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 y tan bien precisaron Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin poco después. Pero, claro, ahora el peligro ha pasado y el miedo ya está olvidado. Lo que no significa que no pueda volver. Entonces ahí la derecha --confía-- enmendará la plana. ¿Tendrá otra oportunidad?
Ella ha fracasado en Chile --pues ha fracasado: vea usted cualquier encuesta-- porque está enferma, enferma de feble memoria, de débil personalidad para defender la verdad, de escaso carácter para no dejarse abusar por parte de sus enemigos (hoy viene una carta en el mismo Mercurio de profesionales que se lamentan de que el directorio del Instituto de Derechos Humanos del Gobierno haya caído ya completamente en manos izquierdistas); de ser instrumentalizada por la extrema izquierda (por eso los abogados del referido Instituto del Ministerio del Interior del "gobierno de derecha", en lugar de dedicarse a perseguir terroristas en la Araucanía, se ocupan en iniciar cada vez más querellas contra los uniformados que hace casi cuarenta años combatieron el terrorismo.)
Es penoso ver al Subsecretario Rodrigo Ubilla, supuestamente un hombre de derecha, firmando en tribunales esas querellas escandalosamente ilegales, cuya única perspectiva de éxito reside en que caerán en manos de jueces de izquierda caracterizados por hacer caso omiso del derecho vigente. Firma con la misma liviandad con que firmó los contratos de compra de densímetros y fibroscopios a cinco veces su valor comercial. ¿Esperará que así la oposición, gran especialista, a su turno, en compras con sobreprecio, no lo persiga con saña?
Y es penoso cómo otro funcionario de la confianza del Presidente, el Director del Instituto Médico Legal, confeso militante del "partido MIR" (así lo llama él) usa su cargo para alimentar, con "autopsias ad hoc" de restos de hace casi cuarenta años, la misma venganza extremista contra los uniformados.
Es la derecha enferma. Y de la peor de las enfermedades, la del espíritu. La de la pérdida de la personalidad. La que duda de sus propias ideas y valores. La que adopta una actitud implorante ante el adversario, siendo que éste lo único que quiere es su destrucción. La que le ofrece dádivas con tal de no ser agredida. La que se arrepiente y pide perdón por haber convocado a quienes salvaron al país (y de paso a ella). Y la que, cada vez que puede, les agradece a estos últimos propinándoles una nueva puñalada en la espalda.
Es tan notable la absolución derechista a comunistas y socialistas como notable la condena al Gobierno Militar. Benditos sean comunistas y socialistas. Olvido para ellos, aunque organizaran y ampararan grupos terroristas armados, como el FPMR y el MIR, los cuales mataron a centenares de personas a sangre fría. Prescritas están esas tres páginas de "El Mercurio", en 1986, con fotografías de uniformados asesinados por terroristas de ambos grupos, los cuales eran defendidos, cuando habían sido apresados, por abogados de la Vicaría de la Solidaridad. Olvidado está el secuestro de personas (entre ellas un hijo del dueño del diario en que Gallagher escribe), pidiendo rescates al estilo de las FARC (a las cuales estos "amigos de izquierda" siempre han defendido). También ponían bombas en el metro, matando pasajeros. Enviaban a pobres menesterosos manejando autos-bombas para estacionarlos y hacerlos estallar ante un regimiento. Uno de los mismos voló cuando el pobre diablo contratado para conducirlo todavía lo iba manejando, porque, como buen chileno, se había atrasado. No, la izquierda chilena "nunca ha atropellado los derechos humanos como lo hizo el gobierno de Pinochet". Seguramente internó armas enviadas desde Cuba, en 1986, para defenderlos. ¡Qué buena es la izquierda!, pero todos los partidos democráticos llamaron con angustia a los militares porque precisamente ella, en el gobierno, estaba atropellando los derechos humanos, torturando a opositores democráticos y, lo peor, organizándose para dar el golpe totalitario, como lo detalló el Acuerdo de la Cámara de 22 de agosto de 1973 y tan bien precisaron Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin poco después. Pero, claro, ahora el peligro ha pasado y el miedo ya está olvidado. Lo que no significa que no pueda volver. Entonces ahí la derecha --confía-- enmendará la plana. ¿Tendrá otra oportunidad?
Ella ha fracasado en Chile --pues ha fracasado: vea usted cualquier encuesta-- porque está enferma, enferma de feble memoria, de débil personalidad para defender la verdad, de escaso carácter para no dejarse abusar por parte de sus enemigos (hoy viene una carta en el mismo Mercurio de profesionales que se lamentan de que el directorio del Instituto de Derechos Humanos del Gobierno haya caído ya completamente en manos izquierdistas); de ser instrumentalizada por la extrema izquierda (por eso los abogados del referido Instituto del Ministerio del Interior del "gobierno de derecha", en lugar de dedicarse a perseguir terroristas en la Araucanía, se ocupan en iniciar cada vez más querellas contra los uniformados que hace casi cuarenta años combatieron el terrorismo.)
Es penoso ver al Subsecretario Rodrigo Ubilla, supuestamente un hombre de derecha, firmando en tribunales esas querellas escandalosamente ilegales, cuya única perspectiva de éxito reside en que caerán en manos de jueces de izquierda caracterizados por hacer caso omiso del derecho vigente. Firma con la misma liviandad con que firmó los contratos de compra de densímetros y fibroscopios a cinco veces su valor comercial. ¿Esperará que así la oposición, gran especialista, a su turno, en compras con sobreprecio, no lo persiga con saña?
Y es penoso cómo otro funcionario de la confianza del Presidente, el Director del Instituto Médico Legal, confeso militante del "partido MIR" (así lo llama él) usa su cargo para alimentar, con "autopsias ad hoc" de restos de hace casi cuarenta años, la misma venganza extremista contra los uniformados.
Es la derecha enferma. Y de la peor de las enfermedades, la del espíritu. La de la pérdida de la personalidad. La que duda de sus propias ideas y valores. La que adopta una actitud implorante ante el adversario, siendo que éste lo único que quiere es su destrucción. La que le ofrece dádivas con tal de no ser agredida. La que se arrepiente y pide perdón por haber convocado a quienes salvaron al país (y de paso a ella). Y la que, cada vez que puede, les agradece a estos últimos propinándoles una nueva puñalada en la espalda.
miércoles, 23 de enero de 2013
El Respaldo de Piñera a Novoa
Cuando algunos de sus más próximos hasta recurrían al insulto para criticar al senador Jovino Novoa por haber sostenido, en su reciente libro, que el actual gobierno ha abrazado las políticas de la Concertación, el Presidente ha procedido, una vez más, justamente a impulsar otra política de la Concertación.
Como lo documenta hoy en "La Segunda" Rodrigo Egaña, que fuera Comisionado Nacional para Asuntos Indígenas bajo la administración Bachelet, en abril de 2008 la entonces Presidenta planteó el reconocimiento constitucional de los indígenas como "pueblos" y la necesidad de crear un "Consejo de Pueblos Indígenas". Y ha añadido que la oposición de entonces, hoy coalición gobernante, se oponía a ello. Lo que Piñera propone ahora es exactamente lo mismo que Bachelet entonces. Y es una prueba más de que la crítica formulada por Novoa es estrictamente fundada: este gobierno no dirige el país con ideas propias, sino que las toma de sus adversarios.
Esto ya se ha probado tratándose del tema tributario ("tax and spend", según el principio medular de centroizquierda que tiene quebrada a gran parte de Europa); del tema educacional (se arregla entregándole más recursos al Estado); del problema de la delincuencia y el terrorismo (no se les aplican las leyes a los transgresores, sino que se les da mayores garantías y se castiga a la policía si los reprime). Entonces, la respuesta pavloviana de un político que tiene el ADN de la DC y, por tanto, de la Concertación, es: si hay un grupo que funda sus peticiones en la violencia, concédele privilegios y dinero. Y si ya se les había dado mucho de ambos antes (como es el caso de la costosa entrega de tierras a perpetradores de la violencia en la Araucanía) bueno, entonces ofréceles más dinero y privilegios.
Por supuesto, lo anterior se aparta por completo del ideario de derecha, primero, porque éste defiende la unidad nacional, basada en que todos los chilenos somos libres e iguales y en que no hay raza ni grupo privilegiados, ni debe erigirse otro Estado dentro del Estado chileno; segundo, porque las políticas de izquierda se fundan en que los habitantes de determinadas razas son "inferiores", relativamente incapaces, y no debe permitírseles ejercer libremente sus derechos, como es el caso de los indígenas, que carecen del derecho de vender libremente sus tierras, mientras que la derecha considera a todos como libres e iguales; y, tercero, porque nunca se debe premiar el delito, como sistemáticamente lo han venido haciendo los gobiernos de la Concertación y éste, que para todos los efectos prácticos, como lo ha expuesto Novoa, es el quinto de ellos. Y tanto lo es que, cuando ha culminado en un paroxismo de violencia inédita el conjunto de erradas políticas en la Araucanía, discurre ofrecer todo un estatuto de más privilegios para quienes se supone "indígenas descontentos".
Tanto no es esto así, que justamente los habitantes de esa zona han sido mayoritaria y tradicionalmente conservadores, como lo prueba el hecho de que, tras recibir miles de títulos de dominio (que es lo que se debe dar a todos) del entonces Presidente Pinochet (1988), lo proclamaron "Ullmen F'ta Lonko" o gran jefe y dignatario, y se constituyeron en la única zona donde ganó el "sí" en el plebiscito de 1988, revelando, de paso, claramente mayor sabiduría política que el resto del país.
Bueno, ya tenemos a Piñera lanzado en otra política de la Concertación, malgastando en ella recursos públicos, creando otro Estado dentro del Estado, erigiendo a determinadas etnias en grupo privilegiado y alentando un proceso disruptivo de nunca acabar, porque ha fortalecido el precedente nefasto de que si la violencia ilícita es suficientemente grande a uno le dan dinero y prebendas.
¿Receta para un futuro gobierno de derecha? Plena capacidad y libertad para todos los indígenas de disponer de sus bienes e inmuebles. ¿Algunos o muchos de ellos son pobres? Ayuda económica del Estado, con libertad de elegir, para ellos. Que con ese dinero elijan su seguro de salud, el colegio de sus hijos y la forma de cubrir sus necesidades de vivienda y otras básicas. ¿Por qué un mapuche no puede tener la misma isapre que un parlamentario socialista y su señora, que en conjunto ganan 30 millones de pesos mensuales por su trabajo en el Congreso? ¿Por qué no va a poder mandar a sus hijas al mismo colegio con nombre europeo al que mandaba a las suyas la Presidenta Bachelet? Libertad e igualdad para todos. Que el Estado no nos saque más plata, sino que la devuelva, pues es, lejos, el chileno más rico de todos, y se ha hecho rico a costa de los demás.
Si estas políticas se hubieran aplicado desde siempre, los mapuches serían hoy indistingubles del resto de los chilenos, sobre todo si hubieran ejercido el derecho de cambiarse sus apellidos autóctonos, como muchos lo han hecho. Y los que no, tendrían sus clubes mapuches, tal como existen el Country Club para los ingleses o el Manquehue Sport Vereign de los alemanes o los estadios israelita o palestino. Y tendrían sus restaurantes mapuches, tal como existe el Centre Catalá para los catalanes, que solía ser muy preferido por algunos castellano-vascos (con cierto aporte mapuche) como yo.
Esos son los principios de la sociedad libre, sustentados por la gente de derecha y, por tanto, opuestos a los que impulsan los gobiernos de la Concertación, a los cuales tantos esfuerzos hace por asimilarse el actual.
Como lo documenta hoy en "La Segunda" Rodrigo Egaña, que fuera Comisionado Nacional para Asuntos Indígenas bajo la administración Bachelet, en abril de 2008 la entonces Presidenta planteó el reconocimiento constitucional de los indígenas como "pueblos" y la necesidad de crear un "Consejo de Pueblos Indígenas". Y ha añadido que la oposición de entonces, hoy coalición gobernante, se oponía a ello. Lo que Piñera propone ahora es exactamente lo mismo que Bachelet entonces. Y es una prueba más de que la crítica formulada por Novoa es estrictamente fundada: este gobierno no dirige el país con ideas propias, sino que las toma de sus adversarios.
Esto ya se ha probado tratándose del tema tributario ("tax and spend", según el principio medular de centroizquierda que tiene quebrada a gran parte de Europa); del tema educacional (se arregla entregándole más recursos al Estado); del problema de la delincuencia y el terrorismo (no se les aplican las leyes a los transgresores, sino que se les da mayores garantías y se castiga a la policía si los reprime). Entonces, la respuesta pavloviana de un político que tiene el ADN de la DC y, por tanto, de la Concertación, es: si hay un grupo que funda sus peticiones en la violencia, concédele privilegios y dinero. Y si ya se les había dado mucho de ambos antes (como es el caso de la costosa entrega de tierras a perpetradores de la violencia en la Araucanía) bueno, entonces ofréceles más dinero y privilegios.
Por supuesto, lo anterior se aparta por completo del ideario de derecha, primero, porque éste defiende la unidad nacional, basada en que todos los chilenos somos libres e iguales y en que no hay raza ni grupo privilegiados, ni debe erigirse otro Estado dentro del Estado chileno; segundo, porque las políticas de izquierda se fundan en que los habitantes de determinadas razas son "inferiores", relativamente incapaces, y no debe permitírseles ejercer libremente sus derechos, como es el caso de los indígenas, que carecen del derecho de vender libremente sus tierras, mientras que la derecha considera a todos como libres e iguales; y, tercero, porque nunca se debe premiar el delito, como sistemáticamente lo han venido haciendo los gobiernos de la Concertación y éste, que para todos los efectos prácticos, como lo ha expuesto Novoa, es el quinto de ellos. Y tanto lo es que, cuando ha culminado en un paroxismo de violencia inédita el conjunto de erradas políticas en la Araucanía, discurre ofrecer todo un estatuto de más privilegios para quienes se supone "indígenas descontentos".
Tanto no es esto así, que justamente los habitantes de esa zona han sido mayoritaria y tradicionalmente conservadores, como lo prueba el hecho de que, tras recibir miles de títulos de dominio (que es lo que se debe dar a todos) del entonces Presidente Pinochet (1988), lo proclamaron "Ullmen F'ta Lonko" o gran jefe y dignatario, y se constituyeron en la única zona donde ganó el "sí" en el plebiscito de 1988, revelando, de paso, claramente mayor sabiduría política que el resto del país.
Bueno, ya tenemos a Piñera lanzado en otra política de la Concertación, malgastando en ella recursos públicos, creando otro Estado dentro del Estado, erigiendo a determinadas etnias en grupo privilegiado y alentando un proceso disruptivo de nunca acabar, porque ha fortalecido el precedente nefasto de que si la violencia ilícita es suficientemente grande a uno le dan dinero y prebendas.
¿Receta para un futuro gobierno de derecha? Plena capacidad y libertad para todos los indígenas de disponer de sus bienes e inmuebles. ¿Algunos o muchos de ellos son pobres? Ayuda económica del Estado, con libertad de elegir, para ellos. Que con ese dinero elijan su seguro de salud, el colegio de sus hijos y la forma de cubrir sus necesidades de vivienda y otras básicas. ¿Por qué un mapuche no puede tener la misma isapre que un parlamentario socialista y su señora, que en conjunto ganan 30 millones de pesos mensuales por su trabajo en el Congreso? ¿Por qué no va a poder mandar a sus hijas al mismo colegio con nombre europeo al que mandaba a las suyas la Presidenta Bachelet? Libertad e igualdad para todos. Que el Estado no nos saque más plata, sino que la devuelva, pues es, lejos, el chileno más rico de todos, y se ha hecho rico a costa de los demás.
Si estas políticas se hubieran aplicado desde siempre, los mapuches serían hoy indistingubles del resto de los chilenos, sobre todo si hubieran ejercido el derecho de cambiarse sus apellidos autóctonos, como muchos lo han hecho. Y los que no, tendrían sus clubes mapuches, tal como existen el Country Club para los ingleses o el Manquehue Sport Vereign de los alemanes o los estadios israelita o palestino. Y tendrían sus restaurantes mapuches, tal como existe el Centre Catalá para los catalanes, que solía ser muy preferido por algunos castellano-vascos (con cierto aporte mapuche) como yo.
Esos son los principios de la sociedad libre, sustentados por la gente de derecha y, por tanto, opuestos a los que impulsan los gobiernos de la Concertación, a los cuales tantos esfuerzos hace por asimilarse el actual.
lunes, 21 de enero de 2013
"No Vayan de Nuevo a Tirar Maíz"
Hace más de cuarenta años un político llamado Salvador Allende obtuvo una estrecha mayoría relativa en la elección presidencial y, para ganar la segunda vuelta electoral, que debía llevarse a cabo en el Congreso Pleno, debió firmar un pacto de garantías con la DC, que se había presentado como la alternativa democrática ante el comunismo, y a la cual, por eso, le resultaba difícil votar en dicho Congreso por un marxista-leninista. Allende no tuvo inconveniente en firmar, pero no tenía la menor intención de cumplir. Esto no es necesario probarlo, porque lo confesó él al periodista marxista Regis Debray. Siempre se publica sólo la parte en que Allende le declaró que el pacto de garantías era "una necesidad táctica", pero casi nunca aquella en que precisó que su gobierno, pese al pacto, iba a ser "socialista, marxista-leninista total". En otras palabras, Allende traicionó a la DC que, con razón, suscribió, el 22 de agosto de 1973, el Acuerdo de la Cámara de Diputados que enumeró las transgresiones del gobierno de la UP a la promesa de respetar las garantías democráticas. Quedó entonces claro que no se podía confiar en la izquierda chilena.
En vista de lo anterior, la DC fue activa en promover la destitución de Allende, y su presidente, el senador Patricio Aylwin, sabedor de que un grupo de militares simpatizantes de su partido estaban preparando esa destitución, sin vacilar la "gatilló", como lo dice y revela el libro de otro DC, el abogado Sergio Arellano Iturriaga, "De Conspiraciones y Justicia", hijo del militar que encabezaba el pronunciamiento, Sergio Arellano Stark. Sabedor Aylwin de que todo estaba preparado, se preocupó de llamar al hijo del general, en ese tiempo un joven DC, al cual apenas conocía, para decirle que comunicara a su padre que las conversaciones con Allende podían darse por definitivamente fracasadas. Es decir, "apretó el gatillo".
Tal vez por eso Aylwin durante meses defendió vehementemente la acción del 11 de septiembre de 1973, meses en los cuales se produjo la mayor parte de todas las muertes registradas en los 17 años del Gobierno Militar. Pero, terminado éste y elegido Presidente, inculpó a los militares y patrocinó el Informe Rettig para crucificarlos públicamente, Informe concebido, además, como moneda de cambio para pagar a los comunistas y socialistas que con sus votos habían contribuido a elegirlo Presidente. Después profundizó la puñalada en la espalda a los militares al pedir a la Corte Suprema que ordenara a los jueces no aplicar la amnistía (reconociendo, sin embargo, que ésta era ley vigente) sino hasta la sentencia de término, para poder hacerlos desfilar ante los tribunales y posibilitar que fueran vejados y funados por los marxistas. Ahí quedó claro que tampoco se podía confiar en la DC chilena.
Peor aún, Aylwin después pidió al Congreso atribuciones para indultar a los terroristas de extrema izquierda, para derrotar a los cuales justamente había convocado a los militares. La derecha, mediante la voz de su senador Jaime Guzmán, se opuso al indulto. Entonces un comando comunista lo asesinó. Sus asesinos siguen libres y probadamente protegidos por el régimen cubano de los Castro, uno de los cuales vendrá para ser honrado con la presidencia de CELAC, la cual le entregará, paradójicamente, quien preside el gobierno del cual forma parte la colectividad de Jaime Guzmán.
Y ahora resulta que el Ministro del Interior, uno de los hombres más representativos de ese partido, único que podría aproximarse a algo así como un exponente de la derecha chilena, ha sido precisamente quien ha presionado para que se exonere al cabo segundo Walter Ramírez, a quien se envió para defender el fundo "Santa Margarita", cerca de Temuco, que estaba siendo asolado por terroristas el 3 de enero de 2008. Estando bajo los disparos de los terroristas, el cabo Ramírez se parapetó tras la puerta de su radiopatrulla y respondió el fuego, a raíz de lo cual cayó muerto uno de aquéllos. Se evitó así la toma, el incendio y el posible asesinato del propietario, Jorge Luchsinger, y su familia. Carabineros, por otra parte, había instruido a sus efectivos en el sentido de que estaban autorizados a usar sus armas para repeler disparos de los extremistas. Pero la justicia condenó, finalmente, al cabo por uso de "violencia innecesaria" con resultado de muerte. ¿"Innecesaria", cuando le estaban disparando y cuando era la única manera de repeler un ataque que podía terminar con la vida y la propiedad de una familia pacífica de agricultores? Si no hubiera justicia de izquierda en Chile, la conducta del cabo Ramírez debió haber sido justificada a título de una legítima defensa. Pero, como lo ha dejado establecido en carta a "El Mercurio" la prestigiada ex ministra de Corte por 47 años, Raquel Camposano, los jueces chilenos, al juzgar a uniformados, desconocen el tenor literal de las leyes, pese a que están obligados a respetarlo. Entonces, una vez más, quedó claro que tampoco se puede confiar en la judicatura chilena.
Pero, así y todo, los jueces no habían privado al cabo Ramírez de su derecho a desempeñar cargos u oficios públicos, por lo cual podía legalmente continuar en su institución. Sin embargo, la izquierda, siempre empeñada en castigar a quienes son encargados por la sociedad de enfrentar al terrorismo, empezó a presionar para que se sancionara adicional y administrativamente al cabo Ramírez. Y entonces, increíblemente, el Ministro del Interior, militante de la UDI, el partido más representativo de la derecha chilena, se ha hecho parte de esa persecución izquierdista y ha presionado a su vez a Carabineros para que exonere al cabo Walter Ramírez, cosa que la institución, dependiente del Ministro, no ha podido menos de hacer. Así queda claro que ni siquiera se puede confiar ya en la derecha chilena.
Con razón el coronel (r) Alejandro Russell, en un comentario que circula en las redes sociales, junto con advertir que estamos entrando en un período asimilable a "una segunda UP", dado el derrumbe del sentido de autoridad y el reinado del extremismo, advierte que ya la llamada "gente de orden" ni la civilidad amenazada pueden siquiera pensar en volver a acudir a los cuarteles a "tirar maíz" a los uniformados, como en 1973, si éstos no acuden al rescate cuando la situación haga crisis. Eso será en vano, dice. Además, añado yo, los mandos uniformados de hoy ni siquiera han sido capaces de preocuparse de sus ex camaradas "caídos tras las líneas enemigas", víctimas de los políticos y de la justicia de izquierda, de modo que menos se puede confiar en ellos como reserva de última instancia contra la subversión.
¿En quién se puede confiar en nuestro país hoy, entonces, para preservar un sistema de vida civilizado y proteger de la violencia extremista a los ciudadanos honrados, pacíficos y de trabajo? La respuesta es que en nadie. Entre los chilenos ya no quedan autoridades, colectividades ni instituciones en las cuales confiar.
En vista de lo anterior, la DC fue activa en promover la destitución de Allende, y su presidente, el senador Patricio Aylwin, sabedor de que un grupo de militares simpatizantes de su partido estaban preparando esa destitución, sin vacilar la "gatilló", como lo dice y revela el libro de otro DC, el abogado Sergio Arellano Iturriaga, "De Conspiraciones y Justicia", hijo del militar que encabezaba el pronunciamiento, Sergio Arellano Stark. Sabedor Aylwin de que todo estaba preparado, se preocupó de llamar al hijo del general, en ese tiempo un joven DC, al cual apenas conocía, para decirle que comunicara a su padre que las conversaciones con Allende podían darse por definitivamente fracasadas. Es decir, "apretó el gatillo".
Tal vez por eso Aylwin durante meses defendió vehementemente la acción del 11 de septiembre de 1973, meses en los cuales se produjo la mayor parte de todas las muertes registradas en los 17 años del Gobierno Militar. Pero, terminado éste y elegido Presidente, inculpó a los militares y patrocinó el Informe Rettig para crucificarlos públicamente, Informe concebido, además, como moneda de cambio para pagar a los comunistas y socialistas que con sus votos habían contribuido a elegirlo Presidente. Después profundizó la puñalada en la espalda a los militares al pedir a la Corte Suprema que ordenara a los jueces no aplicar la amnistía (reconociendo, sin embargo, que ésta era ley vigente) sino hasta la sentencia de término, para poder hacerlos desfilar ante los tribunales y posibilitar que fueran vejados y funados por los marxistas. Ahí quedó claro que tampoco se podía confiar en la DC chilena.
Peor aún, Aylwin después pidió al Congreso atribuciones para indultar a los terroristas de extrema izquierda, para derrotar a los cuales justamente había convocado a los militares. La derecha, mediante la voz de su senador Jaime Guzmán, se opuso al indulto. Entonces un comando comunista lo asesinó. Sus asesinos siguen libres y probadamente protegidos por el régimen cubano de los Castro, uno de los cuales vendrá para ser honrado con la presidencia de CELAC, la cual le entregará, paradójicamente, quien preside el gobierno del cual forma parte la colectividad de Jaime Guzmán.
Y ahora resulta que el Ministro del Interior, uno de los hombres más representativos de ese partido, único que podría aproximarse a algo así como un exponente de la derecha chilena, ha sido precisamente quien ha presionado para que se exonere al cabo segundo Walter Ramírez, a quien se envió para defender el fundo "Santa Margarita", cerca de Temuco, que estaba siendo asolado por terroristas el 3 de enero de 2008. Estando bajo los disparos de los terroristas, el cabo Ramírez se parapetó tras la puerta de su radiopatrulla y respondió el fuego, a raíz de lo cual cayó muerto uno de aquéllos. Se evitó así la toma, el incendio y el posible asesinato del propietario, Jorge Luchsinger, y su familia. Carabineros, por otra parte, había instruido a sus efectivos en el sentido de que estaban autorizados a usar sus armas para repeler disparos de los extremistas. Pero la justicia condenó, finalmente, al cabo por uso de "violencia innecesaria" con resultado de muerte. ¿"Innecesaria", cuando le estaban disparando y cuando era la única manera de repeler un ataque que podía terminar con la vida y la propiedad de una familia pacífica de agricultores? Si no hubiera justicia de izquierda en Chile, la conducta del cabo Ramírez debió haber sido justificada a título de una legítima defensa. Pero, como lo ha dejado establecido en carta a "El Mercurio" la prestigiada ex ministra de Corte por 47 años, Raquel Camposano, los jueces chilenos, al juzgar a uniformados, desconocen el tenor literal de las leyes, pese a que están obligados a respetarlo. Entonces, una vez más, quedó claro que tampoco se puede confiar en la judicatura chilena.
Pero, así y todo, los jueces no habían privado al cabo Ramírez de su derecho a desempeñar cargos u oficios públicos, por lo cual podía legalmente continuar en su institución. Sin embargo, la izquierda, siempre empeñada en castigar a quienes son encargados por la sociedad de enfrentar al terrorismo, empezó a presionar para que se sancionara adicional y administrativamente al cabo Ramírez. Y entonces, increíblemente, el Ministro del Interior, militante de la UDI, el partido más representativo de la derecha chilena, se ha hecho parte de esa persecución izquierdista y ha presionado a su vez a Carabineros para que exonere al cabo Walter Ramírez, cosa que la institución, dependiente del Ministro, no ha podido menos de hacer. Así queda claro que ni siquiera se puede confiar ya en la derecha chilena.
Con razón el coronel (r) Alejandro Russell, en un comentario que circula en las redes sociales, junto con advertir que estamos entrando en un período asimilable a "una segunda UP", dado el derrumbe del sentido de autoridad y el reinado del extremismo, advierte que ya la llamada "gente de orden" ni la civilidad amenazada pueden siquiera pensar en volver a acudir a los cuarteles a "tirar maíz" a los uniformados, como en 1973, si éstos no acuden al rescate cuando la situación haga crisis. Eso será en vano, dice. Además, añado yo, los mandos uniformados de hoy ni siquiera han sido capaces de preocuparse de sus ex camaradas "caídos tras las líneas enemigas", víctimas de los políticos y de la justicia de izquierda, de modo que menos se puede confiar en ellos como reserva de última instancia contra la subversión.
¿En quién se puede confiar en nuestro país hoy, entonces, para preservar un sistema de vida civilizado y proteger de la violencia extremista a los ciudadanos honrados, pacíficos y de trabajo? La respuesta es que en nadie. Entre los chilenos ya no quedan autoridades, colectividades ni instituciones en las cuales confiar.
sábado, 19 de enero de 2013
Novoa: Las Cosas por su Nombre
Por no haber estado en Santiago no pude asistir a la presentación del libro del senador Jovino Novoa, "Con la Fuerza de la Libertad". De haber estado, feliz habría ido, porque el autor, junto con la diputada María Angélica Cristi, son los dos parlamentarios de la Alianza que más se han distinguido por la coherencia de sus ideas, la consecuencia de sus actuaciones y la capacidad de mantener una sola línea en defensa de la verdad histórica.
Los extractos del libro, los cuales he leído en la prensa, revelan que es un texto crítico del abandono que ha hecho este gobierno de las ideas del sector que debería representar. Y eso ha sido así.
Ya desde sus inicios, quien lo preside anunció una agenda estatista de creación de nuevos ministerios, superintendencias y subsecretarías, y propuso, a pretexto de la reconstrucción, subir los impuestos más paradigmáticos para la izquierda, como el royalty minero y los que gravan a las empresas. No fue de extrañar: la impronta del régimen consistía en "abrazar las banderas de la Concertación" (noción que confesó paladinamente uno de sus prohombres, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en entrevista a "Qué Pasa" a poco de asumido). No ha sido raro, entonces, que frente a variados conflictos hiciera causa común con ella.
Fue el caso de la educación, donde la solución ofrecida ante las demandas callejeras consistió en entregar más recursos al fracasado monstruo estatal llamado Ministerio de Educación, sustraídos de las empresas particulares, a través de hacer permanente el alza de impuestos que en 2010 se había prometido transitoria.
Los conflictos locales han sido solucionados también a la manera de la Concertación: sacrificando el principio de autoridad y el del respeto al orden público. Se accedió a las demandas fundadas en la rebelión y en la fuerza, aun sacrificando a un ministro que se había jugado por la ley y el orden.
El conflicto en el sur, que no es mapuche, sino de origen terrorista, ha nacido de una errada intervención estatal. Plagada de incentivos perversos, que amenaza desembocar en soluciones todavía peores, atentatorias contra la unidad nacional y la igualdad entre los chilenos, es asimismo propia de la Concertación. Y mientras ciudadanos honrados viven en medio del terror y hasta sufren muertes horrendas a manos de los terroristas, el Gobierno ha suavizado la ley que sanciona a éstos y aun así la deja sin aplicar, al tiempo que propicia el castigo, más allá de lo que dispuso la justicia, de un carabinero que respondió al fuego extremista.
El Acuerdo de Vida en Común que propicia el Gobierno es la primera piedra para instalar el matrimonio homosexual y atenta contra una de las bases del ideal social del pensamiento de derecha, que es el fortalecimiento de la familia.
Y el Gobierno ha comprado completo el paquete de la falsificación histórica perpetrada por la izquierda, cohonestando su estrategia de disfrazarse de "víctima" tras haber sido derrotada cuando intentaba ser victimaria; en "agredida" cuando fue precisamente la agresora; y en "demócrata", cuando lo que perseguía era establecer un régimen totalitario. El Gobierno ha cohonestado todo eso, ha fortalecido el "Instituto de Derechos Humanos" fundado por la Concertación, ha contratado abogados adicionales para perseguir ilegalmente a los uniformados (r) que libraron al país del terrorismo pro-totalitario, y le ha concedido gratuitamente y por veinte años un inmueble fiscal a una entidad de fachada marxista, cuyo propósito es consolidar la falsificación de la verdad histórica, como lo es el Museo de la Memoria, aparte de entregar más recursos a otro artificio publicitario izquierdista, la Comisión Valech. En fin, ha hecho caso omiso de su obligación de cumplir la interesada promesa del candidato Piñera a los militares en retiro, de velar por el debido proceso y la aplicación de la ley en los juicios contra ellos a raíz de sus actuaciones para derrotar a los veinte mil hombres en armas en que se sustentaba el conato totalitario. Este gobierno ha resultado peor que los de la Concertación a ese respecto, pues se han cuadruplicado las causas contra uniformados (r) que legaran los anteriores.
El esfuerzo de Jovino Novoa por rescatar el ideario de la libertad ha sido recibido con grotescos ataques del propio oficialismo. Aparte de suscitar una hiperventilada arenga presidencial en mangas de camisa, ha provocado que el ministro Mañalich llegue al extremo de acusarlo de "traición". Su concepto de la lealtad hace recordar el extraordinario aporte médico que hizo al dictaminar "negativo" en la alcoholemia practicada en la Clínica Las Condes, de la cual era director médico, siendo accionista controlador Sebastián Piñera, al hermano de éste, el "Negro", después de un choque en que dejó herida a una mujer.
Un columnista de derecha de "El Mercurio" no lo hace mal. Novoa en su libro afirma que "la derecha avergonzada se instaló en el segundo piso y permanece allí convencida de que su misión no es reafirmar los principios defendidos hasta ahora por su sector, sino hacer lo posible por camuflarse con la Concertación". Esto no es sólo cierto, sino que ha sido materia, como hemos visto, de confesión de parte. Pero el columnista afirma que eso, "además de no ser cierto, es injusto. Porque el segundo piso de La Moneda que integró Novoa en los 80 debe tener muchas más cosas de las que avergonzarse". Tan velado y venenoso ataque sólo revela que su autor ha comprado completo el paquete propagandístico del marxismo. ¿Para qué "El Mercurio" acoge a tanto columnista de izquierda, si ya tiene a quien les hace la tarea?
Todo ello no hace sino resaltar la importancia de la misión que se ha autoimpuesto Jovino Novoa: rescatar el zarandeado y transgredido legado de la derecha. Al fin y al cabo fue éste el que permitió a Chile, con su aporte al Gobierno Militar, vencer la amenaza armada totalitaria y pacificar el país, tomar el camino del progreso y restablecer una democracia sólida.
Los extractos del libro, los cuales he leído en la prensa, revelan que es un texto crítico del abandono que ha hecho este gobierno de las ideas del sector que debería representar. Y eso ha sido así.
Ya desde sus inicios, quien lo preside anunció una agenda estatista de creación de nuevos ministerios, superintendencias y subsecretarías, y propuso, a pretexto de la reconstrucción, subir los impuestos más paradigmáticos para la izquierda, como el royalty minero y los que gravan a las empresas. No fue de extrañar: la impronta del régimen consistía en "abrazar las banderas de la Concertación" (noción que confesó paladinamente uno de sus prohombres, el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en entrevista a "Qué Pasa" a poco de asumido). No ha sido raro, entonces, que frente a variados conflictos hiciera causa común con ella.
Fue el caso de la educación, donde la solución ofrecida ante las demandas callejeras consistió en entregar más recursos al fracasado monstruo estatal llamado Ministerio de Educación, sustraídos de las empresas particulares, a través de hacer permanente el alza de impuestos que en 2010 se había prometido transitoria.
Los conflictos locales han sido solucionados también a la manera de la Concertación: sacrificando el principio de autoridad y el del respeto al orden público. Se accedió a las demandas fundadas en la rebelión y en la fuerza, aun sacrificando a un ministro que se había jugado por la ley y el orden.
El conflicto en el sur, que no es mapuche, sino de origen terrorista, ha nacido de una errada intervención estatal. Plagada de incentivos perversos, que amenaza desembocar en soluciones todavía peores, atentatorias contra la unidad nacional y la igualdad entre los chilenos, es asimismo propia de la Concertación. Y mientras ciudadanos honrados viven en medio del terror y hasta sufren muertes horrendas a manos de los terroristas, el Gobierno ha suavizado la ley que sanciona a éstos y aun así la deja sin aplicar, al tiempo que propicia el castigo, más allá de lo que dispuso la justicia, de un carabinero que respondió al fuego extremista.
El Acuerdo de Vida en Común que propicia el Gobierno es la primera piedra para instalar el matrimonio homosexual y atenta contra una de las bases del ideal social del pensamiento de derecha, que es el fortalecimiento de la familia.
Y el Gobierno ha comprado completo el paquete de la falsificación histórica perpetrada por la izquierda, cohonestando su estrategia de disfrazarse de "víctima" tras haber sido derrotada cuando intentaba ser victimaria; en "agredida" cuando fue precisamente la agresora; y en "demócrata", cuando lo que perseguía era establecer un régimen totalitario. El Gobierno ha cohonestado todo eso, ha fortalecido el "Instituto de Derechos Humanos" fundado por la Concertación, ha contratado abogados adicionales para perseguir ilegalmente a los uniformados (r) que libraron al país del terrorismo pro-totalitario, y le ha concedido gratuitamente y por veinte años un inmueble fiscal a una entidad de fachada marxista, cuyo propósito es consolidar la falsificación de la verdad histórica, como lo es el Museo de la Memoria, aparte de entregar más recursos a otro artificio publicitario izquierdista, la Comisión Valech. En fin, ha hecho caso omiso de su obligación de cumplir la interesada promesa del candidato Piñera a los militares en retiro, de velar por el debido proceso y la aplicación de la ley en los juicios contra ellos a raíz de sus actuaciones para derrotar a los veinte mil hombres en armas en que se sustentaba el conato totalitario. Este gobierno ha resultado peor que los de la Concertación a ese respecto, pues se han cuadruplicado las causas contra uniformados (r) que legaran los anteriores.
El esfuerzo de Jovino Novoa por rescatar el ideario de la libertad ha sido recibido con grotescos ataques del propio oficialismo. Aparte de suscitar una hiperventilada arenga presidencial en mangas de camisa, ha provocado que el ministro Mañalich llegue al extremo de acusarlo de "traición". Su concepto de la lealtad hace recordar el extraordinario aporte médico que hizo al dictaminar "negativo" en la alcoholemia practicada en la Clínica Las Condes, de la cual era director médico, siendo accionista controlador Sebastián Piñera, al hermano de éste, el "Negro", después de un choque en que dejó herida a una mujer.
Un columnista de derecha de "El Mercurio" no lo hace mal. Novoa en su libro afirma que "la derecha avergonzada se instaló en el segundo piso y permanece allí convencida de que su misión no es reafirmar los principios defendidos hasta ahora por su sector, sino hacer lo posible por camuflarse con la Concertación". Esto no es sólo cierto, sino que ha sido materia, como hemos visto, de confesión de parte. Pero el columnista afirma que eso, "además de no ser cierto, es injusto. Porque el segundo piso de La Moneda que integró Novoa en los 80 debe tener muchas más cosas de las que avergonzarse". Tan velado y venenoso ataque sólo revela que su autor ha comprado completo el paquete propagandístico del marxismo. ¿Para qué "El Mercurio" acoge a tanto columnista de izquierda, si ya tiene a quien les hace la tarea?
Todo ello no hace sino resaltar la importancia de la misión que se ha autoimpuesto Jovino Novoa: rescatar el zarandeado y transgredido legado de la derecha. Al fin y al cabo fue éste el que permitió a Chile, con su aporte al Gobierno Militar, vencer la amenaza armada totalitaria y pacificar el país, tomar el camino del progreso y restablecer una democracia sólida.
jueves, 17 de enero de 2013
¿Instancia Superior?
Este blog tiene un abigarrado equipo de comentaristas, cuya mayoría no se refiere para nada al contenido del blog. Son "free-riders" que se suben a este carro porque, supongo, creen que aquí hay audiencia, y entonces aprovechan de decir lo que quieren decir o, mejor dicho, repiten lo que quieren repetir, que en el caso de una parte de ellos es todo lo contrario de lo que sostiene el autor del blog y en el caso del resto es coincidente con lo que éste afirma. Pero con ocasión de mi último escrito todos han coincidido en una omisión: no han reparado en que no se cumplió el pronóstico del mismo en el sentido de que hoy, en las primeras planas de los principales diarios, estaría la imagen del Presidente, vestido de la cabeza a los pies con finas pieles negras de tres pelos, afirmando el mástil con el pabellón patrio enterrado en el suelo del Círculo Polar Antártico, y pronunciando al viento palabras que seguramente él estimaba memorables.
Yo creí que ésta iba a ser imagen de primera plana porque fue la más destacada en el noticiero nocturno de TVN y se había hecho una gran esfuerzo oficial por escenificar la presencia del mandatario en latitudes Antárticas a las cuales ningún otro Presidente había llegado. Una aeronave con representantes de los medios de comunicación lo había acompañado. Él había posado sonriente ante las cámaras. ¿Cómo no iba a ser la noticia de los principales diarios del día siguiente, que habían enviado a sus reporteros y fotógrafos?
Pero aquí viene lo peculiar: no sólo no lo fue en la primera plana, sino que ni siquiera apareció. Y no sólo la imagen. No pude hallar la más mínima información al respecdto en parte alguna de ellos. Hojeé "El Mercurio", "La Tercera", "Las Últimas Noticias" y "La Cuarta", y nada. Enviaron a sus equipos de reporteros y fotógrafos, pero no publicaron nada. Creo que es la primera vez que la noticia oficial más destacada del noticiero nocturno de TV, referida al primer protagonista del país, el Presidente de la República, es absolutamente excluida de la principal prensa del día siguiente.
¿Por qué? Hace muchos años don René Silva Espejo, Drector de "El Mercurio", solía decir que la gente leía el diario para saber si era cierto lo que la televisión había informado la noche anterior. Yo creo que fue verdad lo que vi en TVN, es decir, que el Presidente estuvo ayer en el Círculo Polar Antártico, pero la principal prensa hizo como si no lo hubiera sido.
¿Cómo lo interpreto yo? Esto me lleva a pensar que existe una instancia estratégica superior, llámese "Segundo Piso" o "Comité Político" o algo así, que se ha posicionado de tal manera que toma decisiones aun pasando a llevar el ego presidencial. Porque, obviamente, Sebastián Piñera se vistió de pieles negras de tres pelos y con un gorro pasamontañas ruso, y enterró la bandera en la nieve del Círculo Polar, tras invitar a los medios a presenciar todo eso, y posó ante las cámaras para que el máximo de gente lo viera, no para pasar inadvertido. Y resulta que la prensa escrita coincidió en omitirlo y silenciarlo. Y también es evidente que él acató ese silenciamiento, que obviamente no estaba en sus planes. Pues ya hemos aprendido que nunca lo ha estado pasar inadvertido, y menos tras volar seis horas, procurarse una costosa indumentaria polar, invitar a toda la prensa y pronunciar al viento polar palabras que su autor creía dignas del bronce.
Llamémosla por ahora "Instancia Superior". Manda mucho. Manda más que el Presidente. Alínea tras de sí a la prensa más significativa.
Debe decirse que, en este caso, ella interpretó a un Chile estremecido. Mi mujer lloró al enterarse de que un matrimonio de personas buenas, pacíficas y trabajadoras había sido asesinado de manera horrorosa en el sur. Volvió a llorar cuando se enteró del último llamado de la mujer indefensa que pedía auxilio a carabineros, sin recibirlo. No se repone aún del hecho de que casi todos los asesinos permanezcan impunes y el único capturado levante sonriente el puño izquierdo al salir del tribunal. La horroriza ver como distintos opinantes casi justifican el crimen y se apresuran en sacar dividendos políticos de él. Le resulta insoportablemente chocante, después de todo eso, el olímpico "a otra cosa, mariposa" presidencial.
Y parece que a otras personas también. Llamémoslas "Instancia Superior". Tras ver el noticiero de TV anoche, probablemente pensó lo mismo, y tendió un piadoso pero autoritario manto de discreción, que fue capaz de sacar de escena incluso al que diariamente se autoerige como principal protagonista del quehacer nacional. Y está bien que lo haya hecho, porque todo debe tener un límite. Incluso la vanidad presidencial.
Yo creí que ésta iba a ser imagen de primera plana porque fue la más destacada en el noticiero nocturno de TVN y se había hecho una gran esfuerzo oficial por escenificar la presencia del mandatario en latitudes Antárticas a las cuales ningún otro Presidente había llegado. Una aeronave con representantes de los medios de comunicación lo había acompañado. Él había posado sonriente ante las cámaras. ¿Cómo no iba a ser la noticia de los principales diarios del día siguiente, que habían enviado a sus reporteros y fotógrafos?
Pero aquí viene lo peculiar: no sólo no lo fue en la primera plana, sino que ni siquiera apareció. Y no sólo la imagen. No pude hallar la más mínima información al respecdto en parte alguna de ellos. Hojeé "El Mercurio", "La Tercera", "Las Últimas Noticias" y "La Cuarta", y nada. Enviaron a sus equipos de reporteros y fotógrafos, pero no publicaron nada. Creo que es la primera vez que la noticia oficial más destacada del noticiero nocturno de TV, referida al primer protagonista del país, el Presidente de la República, es absolutamente excluida de la principal prensa del día siguiente.
¿Por qué? Hace muchos años don René Silva Espejo, Drector de "El Mercurio", solía decir que la gente leía el diario para saber si era cierto lo que la televisión había informado la noche anterior. Yo creo que fue verdad lo que vi en TVN, es decir, que el Presidente estuvo ayer en el Círculo Polar Antártico, pero la principal prensa hizo como si no lo hubiera sido.
¿Cómo lo interpreto yo? Esto me lleva a pensar que existe una instancia estratégica superior, llámese "Segundo Piso" o "Comité Político" o algo así, que se ha posicionado de tal manera que toma decisiones aun pasando a llevar el ego presidencial. Porque, obviamente, Sebastián Piñera se vistió de pieles negras de tres pelos y con un gorro pasamontañas ruso, y enterró la bandera en la nieve del Círculo Polar, tras invitar a los medios a presenciar todo eso, y posó ante las cámaras para que el máximo de gente lo viera, no para pasar inadvertido. Y resulta que la prensa escrita coincidió en omitirlo y silenciarlo. Y también es evidente que él acató ese silenciamiento, que obviamente no estaba en sus planes. Pues ya hemos aprendido que nunca lo ha estado pasar inadvertido, y menos tras volar seis horas, procurarse una costosa indumentaria polar, invitar a toda la prensa y pronunciar al viento polar palabras que su autor creía dignas del bronce.
Llamémosla por ahora "Instancia Superior". Manda mucho. Manda más que el Presidente. Alínea tras de sí a la prensa más significativa.
Debe decirse que, en este caso, ella interpretó a un Chile estremecido. Mi mujer lloró al enterarse de que un matrimonio de personas buenas, pacíficas y trabajadoras había sido asesinado de manera horrorosa en el sur. Volvió a llorar cuando se enteró del último llamado de la mujer indefensa que pedía auxilio a carabineros, sin recibirlo. No se repone aún del hecho de que casi todos los asesinos permanezcan impunes y el único capturado levante sonriente el puño izquierdo al salir del tribunal. La horroriza ver como distintos opinantes casi justifican el crimen y se apresuran en sacar dividendos políticos de él. Le resulta insoportablemente chocante, después de todo eso, el olímpico "a otra cosa, mariposa" presidencial.
Y parece que a otras personas también. Llamémoslas "Instancia Superior". Tras ver el noticiero de TV anoche, probablemente pensó lo mismo, y tendió un piadoso pero autoritario manto de discreción, que fue capaz de sacar de escena incluso al que diariamente se autoerige como principal protagonista del quehacer nacional. Y está bien que lo haya hecho, porque todo debe tener un límite. Incluso la vanidad presidencial.
miércoles, 16 de enero de 2013
¡Qué Agradable es Ser Presidente!
Nunca me ha extrañado que haya tantas personas con ganas de ser Presidente, porque puede ser una ocupación muy agradable. En ella uno viaja mucho, está siempre en el centro de la foto, lo tratan a cuerpo de rey, todos se ríen de sus chistes, por repetidos que sean, y no faltan quienes sostienen que el poder es un afrodisíaco mejor que casi todos los demás.
La Presidencia sólo podría volverse desagradable si la gente empezara a pedirle al titular que solucione problemas y ejerza su autoridad. Pero se supone que sólo un opositor recalcitrante del Presidente podría pretender eso. Por ejemplo, en este momento Sebastián Piñera lo está "pasando bomba" en el Círculo Polar Antártico. Yo estuve ahí hace como cuarenta años y me reí mucho, sobre todo después de tomar whisky con hielo antártico ("hasta que el hielo flote", les decía cuando me llenaban el vaso, según fórmula que me había enseñado un almirante). Ahora él se vistió de pieles y plantó una bandera chilena ante las cámaras. Millares de telespectadores lo admiraron. ¿Qué más puede pedir?
Y cuando uno es Presidente siempre tiene la palabra, lo cual es también muy agradable. ¡Con lo que le cuesta al simple mortal conseguirla en cualquier almuerzo! Los demás no oyen, interrumpen, se ríen y hasta le faltan el respeto. En cambio, nadie se atreve a hacerle eso al Presidente. Y éste puede convocar a una cadena nacional. Bueno, ahí tiene a millones oyéndolo sin poder replicar, aunque repita lugares comunes trillados. ¡No hay nada más agradable que una audiencia masiva y cautiva!
Pero, claro, no faltan personas que quieren hacerle las cosas desagradables. Una carta de la señora de un agricultor de la Araucanía, que se radicó allá hace veinte años, dice que hoy viven bajo el terror, en un estado de guerra, pues no hay día en que no se registre algún atentado, quema, toma, robo de cosechas, rotura de cercos para entrar animales a pastar en potrero ajeno, destrucción e incendio de maquinaria. Y, sobre todo, amenazas. Dice que los delincuentes y terroristas son pocos, pero nadie los persigue ni apresa. Su carta-pedido de auxilio sólo circula en las redes sociales, porque casi toda la prensa está de acuerdo en no provocarle molestias al Presidente. ¿Qué pretende esa gente alarmista del sur? ¿Que los carabineros actúen contra los terroristas? ¿Y si, cuando éstos les disparan, aquéllos responden y cae un extremista herido? ¿No sabe lo desagradable que eso puede ser para el Presidente? ¿Que no ha visto lo incómodo que está el gobierno por el caso Catrileo, que cayó muerto en una toma cuando un carabinero respondió el fuego?
Pero "La Segunda" de ayer faltó a la norma de no molestar al Presidente y publicó una carta de Carmen Gloria Orellana, a cuya hermana le robaron su camioneta. En la fiscalía la trataron con prepotencia y no hicieron nada. Ella, entonces, hizo la labor del fiscal e investigó, porque si no nadie lo iba a hacer. Y averiguó que su vehículo podía estar en Lo Hermida. Fue allá y se encontró con numerosos autos de lujo "modificados", e incluso reconoció su camioneta. Entonces fue a Carabineros para recuperarla, pero le dijeron que "nada podían hacer contra esas bandas": "otra vez el portazo en la cara", concluyó Carmen Gloria.
¿Y qué quería? ¿Incomodar al gobierno? ¿Que no entiende que si Carabineros actúa contra "esas bandas" puede haber muertos o heridos en Lo Hermida y los comunistas le gritarían "asesino" al Presidente? ¿Que no comprende lo terrible que sería eso para lo que él más valoriza, su propia imagen?
Hay gente que insiste en hacerle la vida desagradable al Presidente. Por suerte no han podido conseguirlo, porque él lo sigue "pasando bomba." Y el que no lo crea, que mañana lo vea sonriente en la primera plana de los diarios, con traje y gorro de piel, sosteniendo heroicamente la bandera en el Círculo Polar Antártico. ¡Y hay quienes pretenden mezclarlo en la lucha contra el crimen en Lo Hermida o el terrorismo en la Araucanía! ¡Qué gente!
La Presidencia sólo podría volverse desagradable si la gente empezara a pedirle al titular que solucione problemas y ejerza su autoridad. Pero se supone que sólo un opositor recalcitrante del Presidente podría pretender eso. Por ejemplo, en este momento Sebastián Piñera lo está "pasando bomba" en el Círculo Polar Antártico. Yo estuve ahí hace como cuarenta años y me reí mucho, sobre todo después de tomar whisky con hielo antártico ("hasta que el hielo flote", les decía cuando me llenaban el vaso, según fórmula que me había enseñado un almirante). Ahora él se vistió de pieles y plantó una bandera chilena ante las cámaras. Millares de telespectadores lo admiraron. ¿Qué más puede pedir?
Y cuando uno es Presidente siempre tiene la palabra, lo cual es también muy agradable. ¡Con lo que le cuesta al simple mortal conseguirla en cualquier almuerzo! Los demás no oyen, interrumpen, se ríen y hasta le faltan el respeto. En cambio, nadie se atreve a hacerle eso al Presidente. Y éste puede convocar a una cadena nacional. Bueno, ahí tiene a millones oyéndolo sin poder replicar, aunque repita lugares comunes trillados. ¡No hay nada más agradable que una audiencia masiva y cautiva!
Pero, claro, no faltan personas que quieren hacerle las cosas desagradables. Una carta de la señora de un agricultor de la Araucanía, que se radicó allá hace veinte años, dice que hoy viven bajo el terror, en un estado de guerra, pues no hay día en que no se registre algún atentado, quema, toma, robo de cosechas, rotura de cercos para entrar animales a pastar en potrero ajeno, destrucción e incendio de maquinaria. Y, sobre todo, amenazas. Dice que los delincuentes y terroristas son pocos, pero nadie los persigue ni apresa. Su carta-pedido de auxilio sólo circula en las redes sociales, porque casi toda la prensa está de acuerdo en no provocarle molestias al Presidente. ¿Qué pretende esa gente alarmista del sur? ¿Que los carabineros actúen contra los terroristas? ¿Y si, cuando éstos les disparan, aquéllos responden y cae un extremista herido? ¿No sabe lo desagradable que eso puede ser para el Presidente? ¿Que no ha visto lo incómodo que está el gobierno por el caso Catrileo, que cayó muerto en una toma cuando un carabinero respondió el fuego?
Pero "La Segunda" de ayer faltó a la norma de no molestar al Presidente y publicó una carta de Carmen Gloria Orellana, a cuya hermana le robaron su camioneta. En la fiscalía la trataron con prepotencia y no hicieron nada. Ella, entonces, hizo la labor del fiscal e investigó, porque si no nadie lo iba a hacer. Y averiguó que su vehículo podía estar en Lo Hermida. Fue allá y se encontró con numerosos autos de lujo "modificados", e incluso reconoció su camioneta. Entonces fue a Carabineros para recuperarla, pero le dijeron que "nada podían hacer contra esas bandas": "otra vez el portazo en la cara", concluyó Carmen Gloria.
¿Y qué quería? ¿Incomodar al gobierno? ¿Que no entiende que si Carabineros actúa contra "esas bandas" puede haber muertos o heridos en Lo Hermida y los comunistas le gritarían "asesino" al Presidente? ¿Que no comprende lo terrible que sería eso para lo que él más valoriza, su propia imagen?
Hay gente que insiste en hacerle la vida desagradable al Presidente. Por suerte no han podido conseguirlo, porque él lo sigue "pasando bomba." Y el que no lo crea, que mañana lo vea sonriente en la primera plana de los diarios, con traje y gorro de piel, sosteniendo heroicamente la bandera en el Círculo Polar Antártico. ¡Y hay quienes pretenden mezclarlo en la lucha contra el crimen en Lo Hermida o el terrorismo en la Araucanía! ¡Qué gente!
martes, 15 de enero de 2013
¿No te Atreves? Nombra una Comisión
Cuando un gobernante sabe lo que debe hacer, lo hace; cuando no sabe o no se atreve, nombra una comisión.
Días atrás la prensa informó que, de todos los gobiernos posteriores a 1990, el actual es el que más comisiones ha nombrado. Esa es una salida típica de alguien a quien la primera pregunta que se le viene a la mente es "¿cómo voy a quedar ante la izquierda?". Y cuando, como ahora, la solución natural que le entrega el sector que lo llevó al poder, que es la de desplegar su autoridad, amenaza dejarlo mal ante la izquierda, entonces no se atreve a adoptarla y procura diluir su responsabilidad nombrando comisiones, "mesas de diálogo" y llevando a cabo interminables "conversaciones".
Fue ese rasgo evasivo el que llevó al diario inglés "Financial Times" a declararlo "políticamente inepto", hace algún tiempo, porque en medio de alteraciones del orden público que amenazaban su autoridad, no era capaz de plantear soluciones a los problemas que las provocaban ni tampoco de mantener un mínimo de orden público. Las calles estuvieron en manos de los vándalos hasta que éstos se cansaron y la opinión pública se volvió contra ellos.
Ahora que el país se ha visto estremecido por el más cruel atentado terrorista registrado desde 1986, cuando el brazo armado del comunismo intentara asesinar al entonces Presidente Pinochet y quitara la vida a sangre fría y a mansalva a cinco de sus acompañantes, el gobierno no ha sido capaz de dar un solo paso efectivo en el desmantelamiento del aparato subversivo que se ha enseñoreado de la Araucanía. Si no hubiera caído herido uno de los hechores en las proximidades del predio incendiado, no habría conseguido inculpar a nadie.
¿En qué estaba el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en los días siguientes al doble crimen extremista? Presentando una querella por la muerte de Ronni Moffit, que en 1976 acompañaba a Orlando Letelier, cuando ambos fueran asesinados por una bomba colocada por el norteamericano Michael Vernon Townley, en complicidad con un grupo de exiliados cubanos. Ese delito está prescrito y a su respecto hay cosa juzgada, tanto así que se indemnizó generosamente por parte del Estado chileno a las familias Letelier y Moffit. Pero esa querella agrada a la izquierda y la hace olvidar quién firmó los contratos de compra con sobreprecio para la lucha contra el tráfico de drogas en el norte.
¿Y qué hace el Ministro del Interior? Leo en "La Segunda" que insta a perseguir adicionalmente a un carabinero que disparó contra un terrorista, durante una usurpación de tierras que de otro modo pudo terminar tal como el caso Luchsinger-McKay (eran propiedad de otro agricultor Luchsinger).
¿Y qué había hecho hasta ahora el Ministerio del Interior para incrementar su capacidad de respuesta al terrorismo en la Araucanía? Poco más de un año atrás había contratado a 45 abogados en su departamento de DD. HH. para incrementar la persecución judicial ilegal contra militares presos, aparte de haber, el ministerio de Bienes Nacionales, concedido gratuitamente por veinte años el inmueble en que funciona el organismo de propaganda marxista llamado "Museo de la Memoria", al cual Sebastián Piñera le hiciera hace poco una prolongada y "emocionada" visita pública de más de dos horas, según nos recuerda ahora en "El Mercurio" el agradecido Ricardo Brodsky, director del ente beneficiario de tanta ayuda oficial.
Todas las "comisiones", "mesas" y "diálogos" abiertos en estos días tienen por objeto discurrir mayores garantías para aplacar al terrorismo de izquierda que se ha enseñoreado de la Araucanía. El tema del momento no es el de la captura de los asesinos ni el desmantelamiento de su guerrilla y del manto de protección que la encubre, sino cuáles prerrogativas se van a otorgar a las organizaciones de fachada de extrema izquierda que se han arrogado la representación de la "etnia mapuche". Estamos al borde de que se reedite la peregrina idea de Piñera, afortunadamente contenida hace más de dos años, a partir de la denuncia de separatismo formulada en este blog, de constituir un "Estado Mapuche" dentro del territorio chileno, para dar en el gusto al marxismo, que siempre históricamente encabeza los intentos disolventes contra la integridad, la paz y el progreso de nuestra nación.
¿Qué es lo que realmente se necesita en la Araucanía? Primero, autoridad firme. Segundo, capacidad investigativa, para dar con los asesinos, cómplices y encubridores y para poner término a las "FARCH" chilenas, que se están organizando amparadas en la ineficacia gubernativa. Tercero, ir a fondo contra la ineficacia judicial para proceder contra el terrorismo de izquierda, ineficacia que ha sido puesta al servicio de éste tanto como la prevaricación indisimulada de los jueces para perseguir a los uniformados (r) que derrotaron otrora a ese terrorismo. (Militares (r) a quienes el candidato Piñera prometió garantizar un debido proceso, lo que no ha cumplido, sino contradicho con su acción de gobierno.)
Pero el gobernante esquiva el bulto y nombra comisiones. Se compromete en interminables "conversaciones", procurando diluir entre muchos su evidente incapacidad. Y la gente se ha dado cuenta. El resultado es que se lo enrostran de lado y lado, como le sucedió ayer en Punta Arenas. Claro, esto no sale en detalle en los diarios ni en los noticieros (al menos no en los que he visto).
Pero las verdaderas soluciones no emanarán de las comisiones, sino de gobernantes enérgicos y resueltos, que sepan lo que deben hacer y tengan el coraje político para hacerlo. Y de eso, por ahora, carecemos.
Días atrás la prensa informó que, de todos los gobiernos posteriores a 1990, el actual es el que más comisiones ha nombrado. Esa es una salida típica de alguien a quien la primera pregunta que se le viene a la mente es "¿cómo voy a quedar ante la izquierda?". Y cuando, como ahora, la solución natural que le entrega el sector que lo llevó al poder, que es la de desplegar su autoridad, amenaza dejarlo mal ante la izquierda, entonces no se atreve a adoptarla y procura diluir su responsabilidad nombrando comisiones, "mesas de diálogo" y llevando a cabo interminables "conversaciones".
Fue ese rasgo evasivo el que llevó al diario inglés "Financial Times" a declararlo "políticamente inepto", hace algún tiempo, porque en medio de alteraciones del orden público que amenazaban su autoridad, no era capaz de plantear soluciones a los problemas que las provocaban ni tampoco de mantener un mínimo de orden público. Las calles estuvieron en manos de los vándalos hasta que éstos se cansaron y la opinión pública se volvió contra ellos.
Ahora que el país se ha visto estremecido por el más cruel atentado terrorista registrado desde 1986, cuando el brazo armado del comunismo intentara asesinar al entonces Presidente Pinochet y quitara la vida a sangre fría y a mansalva a cinco de sus acompañantes, el gobierno no ha sido capaz de dar un solo paso efectivo en el desmantelamiento del aparato subversivo que se ha enseñoreado de la Araucanía. Si no hubiera caído herido uno de los hechores en las proximidades del predio incendiado, no habría conseguido inculpar a nadie.
¿En qué estaba el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en los días siguientes al doble crimen extremista? Presentando una querella por la muerte de Ronni Moffit, que en 1976 acompañaba a Orlando Letelier, cuando ambos fueran asesinados por una bomba colocada por el norteamericano Michael Vernon Townley, en complicidad con un grupo de exiliados cubanos. Ese delito está prescrito y a su respecto hay cosa juzgada, tanto así que se indemnizó generosamente por parte del Estado chileno a las familias Letelier y Moffit. Pero esa querella agrada a la izquierda y la hace olvidar quién firmó los contratos de compra con sobreprecio para la lucha contra el tráfico de drogas en el norte.
¿Y qué hace el Ministro del Interior? Leo en "La Segunda" que insta a perseguir adicionalmente a un carabinero que disparó contra un terrorista, durante una usurpación de tierras que de otro modo pudo terminar tal como el caso Luchsinger-McKay (eran propiedad de otro agricultor Luchsinger).
¿Y qué había hecho hasta ahora el Ministerio del Interior para incrementar su capacidad de respuesta al terrorismo en la Araucanía? Poco más de un año atrás había contratado a 45 abogados en su departamento de DD. HH. para incrementar la persecución judicial ilegal contra militares presos, aparte de haber, el ministerio de Bienes Nacionales, concedido gratuitamente por veinte años el inmueble en que funciona el organismo de propaganda marxista llamado "Museo de la Memoria", al cual Sebastián Piñera le hiciera hace poco una prolongada y "emocionada" visita pública de más de dos horas, según nos recuerda ahora en "El Mercurio" el agradecido Ricardo Brodsky, director del ente beneficiario de tanta ayuda oficial.
Todas las "comisiones", "mesas" y "diálogos" abiertos en estos días tienen por objeto discurrir mayores garantías para aplacar al terrorismo de izquierda que se ha enseñoreado de la Araucanía. El tema del momento no es el de la captura de los asesinos ni el desmantelamiento de su guerrilla y del manto de protección que la encubre, sino cuáles prerrogativas se van a otorgar a las organizaciones de fachada de extrema izquierda que se han arrogado la representación de la "etnia mapuche". Estamos al borde de que se reedite la peregrina idea de Piñera, afortunadamente contenida hace más de dos años, a partir de la denuncia de separatismo formulada en este blog, de constituir un "Estado Mapuche" dentro del territorio chileno, para dar en el gusto al marxismo, que siempre históricamente encabeza los intentos disolventes contra la integridad, la paz y el progreso de nuestra nación.
¿Qué es lo que realmente se necesita en la Araucanía? Primero, autoridad firme. Segundo, capacidad investigativa, para dar con los asesinos, cómplices y encubridores y para poner término a las "FARCH" chilenas, que se están organizando amparadas en la ineficacia gubernativa. Tercero, ir a fondo contra la ineficacia judicial para proceder contra el terrorismo de izquierda, ineficacia que ha sido puesta al servicio de éste tanto como la prevaricación indisimulada de los jueces para perseguir a los uniformados (r) que derrotaron otrora a ese terrorismo. (Militares (r) a quienes el candidato Piñera prometió garantizar un debido proceso, lo que no ha cumplido, sino contradicho con su acción de gobierno.)
Pero el gobernante esquiva el bulto y nombra comisiones. Se compromete en interminables "conversaciones", procurando diluir entre muchos su evidente incapacidad. Y la gente se ha dado cuenta. El resultado es que se lo enrostran de lado y lado, como le sucedió ayer en Punta Arenas. Claro, esto no sale en detalle en los diarios ni en los noticieros (al menos no en los que he visto).
Pero las verdaderas soluciones no emanarán de las comisiones, sino de gobernantes enérgicos y resueltos, que sepan lo que deben hacer y tengan el coraje político para hacerlo. Y de eso, por ahora, carecemos.
sábado, 12 de enero de 2013
Aquí Hay que Apretar las Clavijas
Lo que sigue no se lo van a oír ustedes a ninguno de la decena o más de candidatos presidenciales (esta advertencia es completamente innecesaria). Pero es lo que necesita el país.
La gente que habita en él ha sido maleada por más de veinte años, y algunos, como los mapuches, han sido más maleados que los otros. "Como decíamos ayer", se ha creado por doquier incentivos para delinquir. El chileno está robando como nunca. Camine usted por una calle del centro y verá que se han robado casi todas las rejas de fierro que había al pie de los árboles para protegerlos. Ahora sólo hay hoyos de tierra. Enfile por la Autopista del Sol y cerciórese de los kilómetros de reja de cierre de la misma que la gente se ha robado y nadie va a reponer, porque se la robarían de nuevo. El arquero de nuestra selección sub veinte casi se queda sin jugar porque fue sorprendido en un país extranjero sustrayendo un reloj de una tienda, pero, por supuesto, las autoridades del fútbol se preocuparon de que fuera perdonado, en lugar de preocuparse de que fuera castigado.
El mayor problema de los agricultores es el robo. El mayor problema de los industriales es el robo. El mayor problema de los comerciantes es el robo. El mayor problema de los peatones es el robo. El mayor problema de los automovilistas es el robo. Como los ladrones son tantos, el país les ha quedado chico y deben salir al extranjero, sobre todo a naciones donde la gente es honrada y, por tanto, es más confiada. Ayer leí en "El Mercurio", p. C 10, que la policía de Milán capturó a diez chilenos por haber robado una joyería ¡usando hachas! Los ladrones nacionales detenidos en España forman legión. Por eso los norteamericanos, que han aprendido algunas cosas, se demoran en liberalizar el otorgamiento de visas a los chilenos y con mayor razón en suprimirlas.
Ayer una señora me refirió que en un balneario había un extranjero, aparentemente escandinavo, vendiendo joyas de fantasía en una feria, y como no tenía la que ella buscaba, la dejó sola en el puesto y se fue a preguntar a otro comerciante por si la encontraba. La señora no lo podía creer y cuando volvió el escandinavo le preguntó si estaba loco y si sabía en qué país estaba, que se marchaba de su negocio dejándolo a merced de una extraña. Es que en las naciones civilizadas se puede confiar en la gente, pero acá no. Usted da vuelta la cabeza y lo patraquean. Muchos hablan de "chorearse" algo como una gracia. Los profesores de izquierda, que son la gran mayoría, no enseñan el respeto a la propiedad porque siguen a Proudhon, quien enseñaba que "la propiedad es un robo".
Entonces acá los imberbes salen a las calles, destrozan, incendian, golpean a los policías y, por supuesto, saquean y roban cuanto pueden, porque nadie les hace nada. ¿Ha sabido usted de algún condenado tras una "protesta"? Otros ponen bombas, muchas bombas, un fiscal los pilla y los jueces de izquierda, burlando la ya debilitada legislación dictada al gusto de la izquierda, los deja libres, salvo a uno que le estalló la bomba entre las manos, al que tuvieron que dejarlo en prisión domiciliaria. ¡Ojalá los uniformados (r), ilegalmente presos por haber combatido al terrorismo hace casi cuarenta años, pudieran estar en prisión domiciliaria! Ahora último aquellos a los cuales se presume que algo pueden haber tenido que ver con la muerte de un cantante revolucionario, que el 16 de septiembre de 1973 estaba en la Universidad Técnica del Estado, desde donde habían disparado matando a un carabinero, mismo cantante que había compuesto coplas sugiriendo la muerte de Pérez Zujovic (le hicieron caso), han ido presos por presunciones, sin pruebas y contra toda ley. Sus similares activos miran para otro lado. Casi ningún civil dice nada. Para ellos no vale ninguna exigencia de debido proceso, pruebas concretas, prescripción o amnistía. Las leyes no rigen para ellos. Es que cuando las leyes no rigen, los delincuentes andan libres y los encargados de reprimirlos van presos.
Los horrores del sur derivan exclusivamente de que no se aplican las leyes. ¿Cómo puede haber habido centenares de atentados y sólo dos presos? ¿Cómo puede ser que la agricultura sea allá una actividad con riesgo de incendio y muerte permanente, siendo que en el resto del país sólo sufre por el robo? Porque los jueces no aplican las leyes.
Todo indica una cosa: que en este país alguien tiene que apretar las clavijas. Se necesita un gobierno autoritario, que use todas sus atribuciones, haga efectivo el Estado de Derecho y deje caer el peso de la ley sobre delincuentes, terroristas, cómplices, encubridores y mentores intelectuales, decretando todos los estados de excepción necesarios y persiguiendo a los jueces amparadores del delito. Por algo la Constitución da al Presidente la misión de "velar por la conducta ministerial de los jueces". ¿Es que eso es letra muerta? Acá el Presidente que tenemos contrata cada vez más abogados para perseguir a militares ancianos (a los que prometió debido proceso para extraerles el voto) y le entrega más recursos a la Comisión Valech y al Museo de la Memoria marxista, mientras los afines a quienes las crearon le incendian el país.
Por eso la gente honrada (todavía queda alguna) está de acuerdo en que el país necesita que llegue alguien que "apriete las clavijas". Pero ninguno de la extensa lista de candidatos presidenciales lo va a proponer. Porque ninguno que lo haga va a tener la menor posibilidad de que alguien lo proclame candidato presidencial. Pero eso es lo que más necesita el país. ¿Cómo puede ser, entonces, de que sea precisamente eso lo que nadie se atreve a decir?
La gente que habita en él ha sido maleada por más de veinte años, y algunos, como los mapuches, han sido más maleados que los otros. "Como decíamos ayer", se ha creado por doquier incentivos para delinquir. El chileno está robando como nunca. Camine usted por una calle del centro y verá que se han robado casi todas las rejas de fierro que había al pie de los árboles para protegerlos. Ahora sólo hay hoyos de tierra. Enfile por la Autopista del Sol y cerciórese de los kilómetros de reja de cierre de la misma que la gente se ha robado y nadie va a reponer, porque se la robarían de nuevo. El arquero de nuestra selección sub veinte casi se queda sin jugar porque fue sorprendido en un país extranjero sustrayendo un reloj de una tienda, pero, por supuesto, las autoridades del fútbol se preocuparon de que fuera perdonado, en lugar de preocuparse de que fuera castigado.
El mayor problema de los agricultores es el robo. El mayor problema de los industriales es el robo. El mayor problema de los comerciantes es el robo. El mayor problema de los peatones es el robo. El mayor problema de los automovilistas es el robo. Como los ladrones son tantos, el país les ha quedado chico y deben salir al extranjero, sobre todo a naciones donde la gente es honrada y, por tanto, es más confiada. Ayer leí en "El Mercurio", p. C 10, que la policía de Milán capturó a diez chilenos por haber robado una joyería ¡usando hachas! Los ladrones nacionales detenidos en España forman legión. Por eso los norteamericanos, que han aprendido algunas cosas, se demoran en liberalizar el otorgamiento de visas a los chilenos y con mayor razón en suprimirlas.
Ayer una señora me refirió que en un balneario había un extranjero, aparentemente escandinavo, vendiendo joyas de fantasía en una feria, y como no tenía la que ella buscaba, la dejó sola en el puesto y se fue a preguntar a otro comerciante por si la encontraba. La señora no lo podía creer y cuando volvió el escandinavo le preguntó si estaba loco y si sabía en qué país estaba, que se marchaba de su negocio dejándolo a merced de una extraña. Es que en las naciones civilizadas se puede confiar en la gente, pero acá no. Usted da vuelta la cabeza y lo patraquean. Muchos hablan de "chorearse" algo como una gracia. Los profesores de izquierda, que son la gran mayoría, no enseñan el respeto a la propiedad porque siguen a Proudhon, quien enseñaba que "la propiedad es un robo".
Entonces acá los imberbes salen a las calles, destrozan, incendian, golpean a los policías y, por supuesto, saquean y roban cuanto pueden, porque nadie les hace nada. ¿Ha sabido usted de algún condenado tras una "protesta"? Otros ponen bombas, muchas bombas, un fiscal los pilla y los jueces de izquierda, burlando la ya debilitada legislación dictada al gusto de la izquierda, los deja libres, salvo a uno que le estalló la bomba entre las manos, al que tuvieron que dejarlo en prisión domiciliaria. ¡Ojalá los uniformados (r), ilegalmente presos por haber combatido al terrorismo hace casi cuarenta años, pudieran estar en prisión domiciliaria! Ahora último aquellos a los cuales se presume que algo pueden haber tenido que ver con la muerte de un cantante revolucionario, que el 16 de septiembre de 1973 estaba en la Universidad Técnica del Estado, desde donde habían disparado matando a un carabinero, mismo cantante que había compuesto coplas sugiriendo la muerte de Pérez Zujovic (le hicieron caso), han ido presos por presunciones, sin pruebas y contra toda ley. Sus similares activos miran para otro lado. Casi ningún civil dice nada. Para ellos no vale ninguna exigencia de debido proceso, pruebas concretas, prescripción o amnistía. Las leyes no rigen para ellos. Es que cuando las leyes no rigen, los delincuentes andan libres y los encargados de reprimirlos van presos.
Los horrores del sur derivan exclusivamente de que no se aplican las leyes. ¿Cómo puede haber habido centenares de atentados y sólo dos presos? ¿Cómo puede ser que la agricultura sea allá una actividad con riesgo de incendio y muerte permanente, siendo que en el resto del país sólo sufre por el robo? Porque los jueces no aplican las leyes.
Todo indica una cosa: que en este país alguien tiene que apretar las clavijas. Se necesita un gobierno autoritario, que use todas sus atribuciones, haga efectivo el Estado de Derecho y deje caer el peso de la ley sobre delincuentes, terroristas, cómplices, encubridores y mentores intelectuales, decretando todos los estados de excepción necesarios y persiguiendo a los jueces amparadores del delito. Por algo la Constitución da al Presidente la misión de "velar por la conducta ministerial de los jueces". ¿Es que eso es letra muerta? Acá el Presidente que tenemos contrata cada vez más abogados para perseguir a militares ancianos (a los que prometió debido proceso para extraerles el voto) y le entrega más recursos a la Comisión Valech y al Museo de la Memoria marxista, mientras los afines a quienes las crearon le incendian el país.
Por eso la gente honrada (todavía queda alguna) está de acuerdo en que el país necesita que llegue alguien que "apriete las clavijas". Pero ninguno de la extensa lista de candidatos presidenciales lo va a proponer. Porque ninguno que lo haga va a tener la menor posibilidad de que alguien lo proclame candidato presidencial. Pero eso es lo que más necesita el país. ¿Cómo puede ser, entonces, de que sea precisamente eso lo que nadie se atreve a decir?
viernes, 11 de enero de 2013
Un Pequeño Triunfo de la Derecha
Hay dos tests infalibles para determinar si se está a la izquierda o a la derecha. El primero consiste en saber si se deben hacer respetar las leyes o buscarse la manera de dejar en la impunidad a quienes las transgreden. Y el segundo en averiguar si se debe respetar la libertad personal o se la debe limitar, para entregar más atribuciones al Estado.
Cuando triunfó la Concertación, movimiento inclinado a la izquierda, una de sus primeras preocupaciones fue la de legislar en favor de quienes transgredían las leyes, con el añadido de que buscaron castigar a quienes estaban encargados de hacerlas respetar. Fueron limitadas la facultades policiales y se les dio numerosas garantías a quienes delinquieran. Aun más, fueron sometidos a juicio denigratorio ante la opinión pública los que habían enfrentado el terrorismo y finalmente se les enjuició ilegalmente ante los tribunales para poder condenarlos. Resultado, miles de delincuentes y terroristas libres y muchos de estos últimos indemnizados; a la vez, cada vez más de los encargados de enfrentar al delito en el pasado, presos. Victimarios convertidos en "víctimas", agresores transformados en "agredidos" y, como el delito terrorista perseguía el poder, los totalitarios que lo buscaban se han travestido hoy de "demócratas".
Y en el otro aspecto, toda la acción de la Concertación se dirigió a dotar de más recursos y atribuciones al Estado, en desmedro del patrimonio de los particulares y de la libre elección de las personas. En un momento dado la exacerbación de esa tendencia liberticida condujo al intento de destruir las instituciones de salud previsional privadas, restándoles recursos y vedando el acceso a ellas de muchos trabajadores. El resultado fue paradójico, pues condujo al empeoramiento de las condiciones de atención en la salud pública, sobrecargada por los cotizantes sustraídos por la fuerza a la salud privada; y al mejoramiento económico de las instituciones particulares, que se quedaron sólo con los cotizantes de más alta renta, los cuales les representan menores costos y mayores ingresos.
El izquierdismo tuvo fracasos muy sonados, que generaron enormes problemas para la población: el intento de sustituir un sistema de locomoción colectiva fundado en la iniciativa privada, que trasladaba a la gente a su satisfacción y no sólo se autofinanciaba, sino que era rentable, por otro discurrido por planificadores socialistas, que no llevaba a las personas donde querían ir y redundó en un derroche de miles de millones de dólares, sin que mejorara la locomoción. Este fue un factor de desprestigio decisivo para la pérdida del gobierno por la izquierda. Y, adicionalmente, la delincuencia se transformó, según lo confirma la última encuesta CEP, en el mayor problema de la población chilena. Los autores de delitos, llenos de garantías, circulan libremente y se enfrentan a policías amarrados por toda suerte de trabas, con el añadido de que una justicia de izquierda rampante se solaza aumentando ese desequilibrio con argumentaciones preciosistas para favorecer a los primeros.
Pese a esas evidencias, hay un retroceso propagandístico general de las ideas y las acciones de derecha, mantenido, si es que no acentuado, por la administración Piñera. Pero, en medio de él, acaba de registrarse un pequeño pero significativo triunfo de esas ideas: el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma que pretendía prohibir el uso del "peopler meter", mediante el cual las estaciones televisivas pueden medir la acogida que tienen sus programas entre la audiencia. Los estatistas no quieren que las emisoras de televisión sepan lo que piensa el público telespectador, porque eso conduce a que los programas sean como la gente los quiere. Los izquierdistas de corazón (también los hay en las filas de la derecha, si bien a veces no se dan cuenta) piensan que la gente no tiene derecho a que los programas sean de su gusto, sino que un ente superior, más "ilustrado", debe decidir lo que las personas deben ver. Dicen: "la calidad de la televisón" sería más alta si el "people meter" no funcionara, porque entonces los "programas de más contenido" podrían exhibirse. Lo que sucede es que, con el "people meter", los programas aburridos pierden inmediatamente audiencia. Los izquierdistas quieren que esa libertad desaparezca. Los derechistas queremos que la gente decida y que, por último, cada canal tenga la libertad de informarse sobre el "rating" que consigue.
De la prohibición del "people meter" al establecimiento por el Estado del contenido de los programas de TV hay sólo un paso.
Afortunadamente, el Tribunal Constitucional tuvo la mayoría suficiente para mantener la libertad de informarse de los canales y la consiguiente libertad de los telespectadores para comunicar a éstos sus preferencias, información que los intervencionistas pretendían retardar en seis horas. Naturalmente, los votos en contra de la minoría provinieron de los integrantes de izquierda del Tribunal.
Un pequeño triunfo de las ideas de derecha. Un logro para la libertad de informarse e informar de los canales y una garantía de que la gente va a ver en TV lo que quiere ver y no lo que los izquierdistas decidan que debe ver.
Cuando triunfó la Concertación, movimiento inclinado a la izquierda, una de sus primeras preocupaciones fue la de legislar en favor de quienes transgredían las leyes, con el añadido de que buscaron castigar a quienes estaban encargados de hacerlas respetar. Fueron limitadas la facultades policiales y se les dio numerosas garantías a quienes delinquieran. Aun más, fueron sometidos a juicio denigratorio ante la opinión pública los que habían enfrentado el terrorismo y finalmente se les enjuició ilegalmente ante los tribunales para poder condenarlos. Resultado, miles de delincuentes y terroristas libres y muchos de estos últimos indemnizados; a la vez, cada vez más de los encargados de enfrentar al delito en el pasado, presos. Victimarios convertidos en "víctimas", agresores transformados en "agredidos" y, como el delito terrorista perseguía el poder, los totalitarios que lo buscaban se han travestido hoy de "demócratas".
Y en el otro aspecto, toda la acción de la Concertación se dirigió a dotar de más recursos y atribuciones al Estado, en desmedro del patrimonio de los particulares y de la libre elección de las personas. En un momento dado la exacerbación de esa tendencia liberticida condujo al intento de destruir las instituciones de salud previsional privadas, restándoles recursos y vedando el acceso a ellas de muchos trabajadores. El resultado fue paradójico, pues condujo al empeoramiento de las condiciones de atención en la salud pública, sobrecargada por los cotizantes sustraídos por la fuerza a la salud privada; y al mejoramiento económico de las instituciones particulares, que se quedaron sólo con los cotizantes de más alta renta, los cuales les representan menores costos y mayores ingresos.
El izquierdismo tuvo fracasos muy sonados, que generaron enormes problemas para la población: el intento de sustituir un sistema de locomoción colectiva fundado en la iniciativa privada, que trasladaba a la gente a su satisfacción y no sólo se autofinanciaba, sino que era rentable, por otro discurrido por planificadores socialistas, que no llevaba a las personas donde querían ir y redundó en un derroche de miles de millones de dólares, sin que mejorara la locomoción. Este fue un factor de desprestigio decisivo para la pérdida del gobierno por la izquierda. Y, adicionalmente, la delincuencia se transformó, según lo confirma la última encuesta CEP, en el mayor problema de la población chilena. Los autores de delitos, llenos de garantías, circulan libremente y se enfrentan a policías amarrados por toda suerte de trabas, con el añadido de que una justicia de izquierda rampante se solaza aumentando ese desequilibrio con argumentaciones preciosistas para favorecer a los primeros.
Pese a esas evidencias, hay un retroceso propagandístico general de las ideas y las acciones de derecha, mantenido, si es que no acentuado, por la administración Piñera. Pero, en medio de él, acaba de registrarse un pequeño pero significativo triunfo de esas ideas: el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de una norma que pretendía prohibir el uso del "peopler meter", mediante el cual las estaciones televisivas pueden medir la acogida que tienen sus programas entre la audiencia. Los estatistas no quieren que las emisoras de televisión sepan lo que piensa el público telespectador, porque eso conduce a que los programas sean como la gente los quiere. Los izquierdistas de corazón (también los hay en las filas de la derecha, si bien a veces no se dan cuenta) piensan que la gente no tiene derecho a que los programas sean de su gusto, sino que un ente superior, más "ilustrado", debe decidir lo que las personas deben ver. Dicen: "la calidad de la televisón" sería más alta si el "people meter" no funcionara, porque entonces los "programas de más contenido" podrían exhibirse. Lo que sucede es que, con el "people meter", los programas aburridos pierden inmediatamente audiencia. Los izquierdistas quieren que esa libertad desaparezca. Los derechistas queremos que la gente decida y que, por último, cada canal tenga la libertad de informarse sobre el "rating" que consigue.
De la prohibición del "people meter" al establecimiento por el Estado del contenido de los programas de TV hay sólo un paso.
Afortunadamente, el Tribunal Constitucional tuvo la mayoría suficiente para mantener la libertad de informarse de los canales y la consiguiente libertad de los telespectadores para comunicar a éstos sus preferencias, información que los intervencionistas pretendían retardar en seis horas. Naturalmente, los votos en contra de la minoría provinieron de los integrantes de izquierda del Tribunal.
Un pequeño triunfo de las ideas de derecha. Un logro para la libertad de informarse e informar de los canales y una garantía de que la gente va a ver en TV lo que quiere ver y no lo que los izquierdistas decidan que debe ver.
jueves, 10 de enero de 2013
¿Hasta Cuándo Ganará el "No"?
Perfectamente el único reducto del "Sí" que queda en el país puede ser este blog. Y pensar que hasta marzo del '88 íbamos ganando. Hoy día leo que el senador Larraín, otrora prohombre del "Sí", está orgulloso de sus hijos que hacen películas del "No", la última de las cuales ahora compite por el Oscar. Porque en el extranjero casi todos siempre fueron aplastantemente partidarios del "No". Durante el Gobierno Militar me llamaba la atención que los europeos residentes acá fueran partidarios de él, mientras la aplastante mayoría de la gente en sus países de origen lo condenaba furibundamente. Es que la izquierda domina la propaganda política mundial y la derecha de todos los países entrega gratis lo que no le importa directamente, como lo era y es Chile. Recuerdo que en 1973 "The Economist" publicó un reportaje apoyando el Pronunciamiento del 11, pero se asustó rápidamente cuando la izquierda mundial lo fulminó con sus dicterios, y entonces recogió rienda rápidamente y se alineó en la condena al gobierno que cambió a Chile para bien. .
Acá la película "No" no tuvo mucho éxito, porque la gente de acá, con el cerebro lavado y todo, algo sabe y está aburrida de que se lo relaven una y otra vez. Entonces, cuando se exhibió, logró la quinta parte del público que "Stefan vs. Kramer", por ejemplo. Bueno, ahora, con el espaldarazo que le ha dado Hollywood, que siempre le echa una mano a la izquierda cuando puede, se anuncia que volverá a las salas locales, a ver si ahora atrae más público gracias a su éxito internacional
Anoche la selección sub-veinte ganó a Argentina en Mendoza. Una proeza. Y el entrenador que la ha logrado tiene como personaje simbólico para motivar a sus jugadores a un asesino en serie, promotor de un régimen totalitario y de la eliminación de los discrepantes con metralleta: el "Che" Guevara. Pero el entrenador lo utiliza como si fuera un apóstol, para motivar a sus jugadores, y lo consigue. Y todo el mundo lo acepta, porque es de izquierda.
Los del "Sí" siempre estuvimos muy mal después de 1990, pero hemos ido para peor. Caemos en todas las trampas. Las deserciones en nuestras filas han sido masivas, sumando los arrepentidos con los que se han dado vuelta la chaqueta. La palada final sobre la tumba del "Sí" fue lanzada cuando su gente eligió Presidente a uno del "No", en 2010. Éste, después de prometerles a los militares (r) hacer respetar el estado de derecho y la prescripción en sus juicios y velar por que esos procesos no se perpetuaran, para conseguir que aquellos votaran por él, se ha convertido en el peor cuchillo de los mismos y en un financista, con dineros públicos, por supuesto, de las instituciones del "No", sobre todo de las que persiguen a los militares (r). Estos han visto multiplicadas por más de cuatro veces las causas judiciales en su contra durante este gobierno, por hechos prescritos, amnistiados y muchas veces ya juzgados.
Como los jueces que no eran de izquierda y aplicaban las leyes también se han ido dando vuelta la chaqueta, ahora hay que negociar los nuevos nombramientos en la Corte Suprema entre un ministro (desde mi punto de vista) malo y otro peor. Pero ni siquiera así la izquierda respeta los compromisos. Hace años violó el "acuerdo de caballeros" para que se designara con votos del "Sí" al ultraizquierdista Haroldo Brito, para después designar con votos del "No" al legalista Alfredo Pfeiffer, que aplicaba la amnistía y la prescripción. Pues bien, se eligió a Brito y, cuando llegó el momento de votar por Pfeiffer, la izquierda rompió el compromiso e impuso a otro izquierdista. Es lo que sucede al hacer acuerdos de caballeros con tipos que nunca han sido caballeros. Y ahora pasó de nuevo lo mismo. Había un ministro del gusto de la izquierda, Lamberto Cisternas (suprema ironía, había sido subsecretario durante el Gobierno Militar, pero después se dio vuelta la chaqueta cabalmente y persiguió judicial e ilegalmente a uniformados (r), lo que lo convirtió en favorito de la izquierda) y otro ministro, Juan Manuel Muñoz, al que podríamos llamar "arrepentido", pues en otra época aplicaba las leyes pero después se rindió a la evidencia, las desconoció y condenó a uniformados sin asco. Pero, como una vez votó a favor del amparo de algunos de los injustamente presos en la causa por el imaginario "envenenamiento" del ex Presidente Frei Montalva, el hijo de éste, el senador Frei Ruiz-Tagle, con evidente interés en la artificial causa, ha llamado a "castigar" al juez Muñoz por haber acogido ese amparo. Otro "acuerdo de caballeros" en que los que lo son volvieron a tropezar con la misma piedra y los del "No" ya están celebrando un nuevo triunfo de su "astucia".
Parece que desde 1988 el "No" no ha parado de ganar. ¿Hasta cuándo lo resistirá Chile?
Acá la película "No" no tuvo mucho éxito, porque la gente de acá, con el cerebro lavado y todo, algo sabe y está aburrida de que se lo relaven una y otra vez. Entonces, cuando se exhibió, logró la quinta parte del público que "Stefan vs. Kramer", por ejemplo. Bueno, ahora, con el espaldarazo que le ha dado Hollywood, que siempre le echa una mano a la izquierda cuando puede, se anuncia que volverá a las salas locales, a ver si ahora atrae más público gracias a su éxito internacional
Anoche la selección sub-veinte ganó a Argentina en Mendoza. Una proeza. Y el entrenador que la ha logrado tiene como personaje simbólico para motivar a sus jugadores a un asesino en serie, promotor de un régimen totalitario y de la eliminación de los discrepantes con metralleta: el "Che" Guevara. Pero el entrenador lo utiliza como si fuera un apóstol, para motivar a sus jugadores, y lo consigue. Y todo el mundo lo acepta, porque es de izquierda.
Los del "Sí" siempre estuvimos muy mal después de 1990, pero hemos ido para peor. Caemos en todas las trampas. Las deserciones en nuestras filas han sido masivas, sumando los arrepentidos con los que se han dado vuelta la chaqueta. La palada final sobre la tumba del "Sí" fue lanzada cuando su gente eligió Presidente a uno del "No", en 2010. Éste, después de prometerles a los militares (r) hacer respetar el estado de derecho y la prescripción en sus juicios y velar por que esos procesos no se perpetuaran, para conseguir que aquellos votaran por él, se ha convertido en el peor cuchillo de los mismos y en un financista, con dineros públicos, por supuesto, de las instituciones del "No", sobre todo de las que persiguen a los militares (r). Estos han visto multiplicadas por más de cuatro veces las causas judiciales en su contra durante este gobierno, por hechos prescritos, amnistiados y muchas veces ya juzgados.
Como los jueces que no eran de izquierda y aplicaban las leyes también se han ido dando vuelta la chaqueta, ahora hay que negociar los nuevos nombramientos en la Corte Suprema entre un ministro (desde mi punto de vista) malo y otro peor. Pero ni siquiera así la izquierda respeta los compromisos. Hace años violó el "acuerdo de caballeros" para que se designara con votos del "Sí" al ultraizquierdista Haroldo Brito, para después designar con votos del "No" al legalista Alfredo Pfeiffer, que aplicaba la amnistía y la prescripción. Pues bien, se eligió a Brito y, cuando llegó el momento de votar por Pfeiffer, la izquierda rompió el compromiso e impuso a otro izquierdista. Es lo que sucede al hacer acuerdos de caballeros con tipos que nunca han sido caballeros. Y ahora pasó de nuevo lo mismo. Había un ministro del gusto de la izquierda, Lamberto Cisternas (suprema ironía, había sido subsecretario durante el Gobierno Militar, pero después se dio vuelta la chaqueta cabalmente y persiguió judicial e ilegalmente a uniformados (r), lo que lo convirtió en favorito de la izquierda) y otro ministro, Juan Manuel Muñoz, al que podríamos llamar "arrepentido", pues en otra época aplicaba las leyes pero después se rindió a la evidencia, las desconoció y condenó a uniformados sin asco. Pero, como una vez votó a favor del amparo de algunos de los injustamente presos en la causa por el imaginario "envenenamiento" del ex Presidente Frei Montalva, el hijo de éste, el senador Frei Ruiz-Tagle, con evidente interés en la artificial causa, ha llamado a "castigar" al juez Muñoz por haber acogido ese amparo. Otro "acuerdo de caballeros" en que los que lo son volvieron a tropezar con la misma piedra y los del "No" ya están celebrando un nuevo triunfo de su "astucia".
Parece que desde 1988 el "No" no ha parado de ganar. ¿Hasta cuándo lo resistirá Chile?
lunes, 7 de enero de 2013
El Problema es la Concertación
El actual V Gobierno de la Concertación, que es tal porque ha abrazado sus ideas, ahora se encuentra con las consecuencias de una de las peores, su política indígena. Sebastián Piñera anunció hace dos años que iba a empeorarla todavía más y propició un verdadero Estado mapuche dentro del Estado chileno, pero después no ha insistido en ello, por suerte. Probablemente leyó este blog, que por supuesto fulminó su idea suicida de terminar con la unidad nacional. O bien alguien de su entorno le preguntó si se había vuelto loco. El hecho es que se olvidó del asunto y siguió aplicando la política mapuche de la Concertación, lo cual ya era por sí suficientemente malo.
Pues el "conflicto mapuche" no es tal, sino que ha sido generado artificialmente, a partir de políticas demagógicas completamente irracionales. Lo son porque instituyeron un incentivo para los mapuches a enriquecerse reclamando tierras ajenas, con el agravante de que se premió incluso a los que las usurpaban mediante la violencia. De ahí a que esa fórmula suicida se extendiera había un paso, y eso es lo que ha sucedido últimamente
Un conocedor del tema indígena, Julio Bazán, publicó un libro en que prueba que no hay fundamento alguno para que exista un conflicto ("¿Es Mapuche el Conflicto?", Editorial Maye, Santiago, 2011). Desde luego, no existe "derecho a la tierra" de los mapuches. Ningún fallo judicial jamás se ha dictado reconociendo tal "derecho." El conflicto se generó bajo la Concertación, cuando se legisló para que la Conadi pudiera comprar tierras y asignarlas a personas de esa etnia. Pero nadie quería vender a la Conadi, de modo que no había tierras para entregar. Entonces los mapuches se dieron cuenta de que ejercitando la violencia amedrentaban a los propietarios y éstos, entonces, se allanaban a venderle a la Conadi. A veces se hacía una gigantesca trampa al Estado, como en el caso del fundo "El Notro", en que el dueño lo vendió en excelente precio a la Conadi y después se lo arrendó a los asignatarios mapuches y lo siguió trabajando tal como antes. Todos contentos, salvo el Estado chileno, el "paganini", "pasado por el aro". Total, "paga Moya". ¿Y quién pierde? Chile, porque además de derrocharse plata del erario, muchas tierras antes bien trabajadas han pasado a manos de personas que no las saben trabajar. Una segunda Reforma Agraria ruinosa
Los famosos "derechos ancestrales" de los mapuches tampoco existen. Nadie ha podido nunca precisar de dónde nacerían. Algunos dicen que hubo un tratado de España con el pueblo mapuche que los establecería, pero Julio Bazán buscó en el listado de tratados suscritos por España a lo largo de la historia, listado confeccionado por la Cancillería española, y no aparece el referido tratado reconociéndoles tierras a los mapuches.
El problema que se está viviendo, pues, deriva exclusivamente de las políticas de la Concertación, que incentivan la violencia para obtener tierras gratuitamente y cuyos gobiernos, incluido el actual, carecen de firmeza y autoridad para hacer respetar la ley.
¿Cuál es la solución? Primero que nada, restablecer la legalidad y la autoridad. Que los que delinquen sean sancionados de acuerdo a la legislación vigente. Y si los tribunales, controlados por la izquierda, persisten en no aplicarla, ahí estaríamos ya ante una crisis institucional. Sabemos en qué desembocan las crisis institucionales derivadas de que un poder del Estado se sale de la Constitución.
La segunda parte de la solución es la derogación de las normas que les dan un carácter de civilmente incapaces a los indígenas: ellos deben tener plena libertad para vender sus tierras y subdividirlas a su mayor conveniencia. Si este principio, que rige para todos los chilenos, hubiera sido establecido antes, la población mapuche ya no existiría como tal y se habría integrado rápidamente al resto de la nacionalidad. Desde luego, no permanecería una parte de ella, como sucede actualmente, en calidad de "siervos de la gleba", adscritos a pequeñas propiedades que no pueden vender ni logran trabajar rentablemente.
Esas dos políticas: ejercicio de la autoridad y derogación de todas las normas que limitan la libertad de contratación de los indígenas, harían desparecer rápidamente el artifical "conflicto mapuche", terminaría con toda la violencia estimulada por el afán de lucro (a través de obtener tierra gratuitamente) y permitiría la total y plena integración de la etnia con el resto de la chilenidad. Es decir, todo lo contrario de la peregrina idea de un ministerio actual de "mapuchelizar" al resto de los chilenos, propiciando la enseñanza del mapudungún. Ese disparate queda en evidencia como tal con sólo considerar, como lo ha comprobado el especialista Julio Bazán, que 522 palabras necesarias para la vida diaria de los chilenos ni siquiera tienen expresión en mapudungún.
Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación ha sido capaz de solucionar el conflicto que ellos mismos han generado. Lo que se necesita es algo que parece muy lejano: un gobierno con autoridad, con el coraje político suficiente para renunciar a la demagogia y cortar el derroche de recursos, y que sea capaz de decirles la verdad a todos los chilenos, comenzando por comunicársela claramente a los propio mapuches. Pues éstos valoran la mano firme. Por algo espontáneamente le dieron el título honorífico de "Ullmen F'ta Lonko" al Presidente Pinochet, en reconocimiento de que supo restablecer y mantener el orden, les dio títulos de propiedad e hizo respetar la legalidad.
Pues el "conflicto mapuche" no es tal, sino que ha sido generado artificialmente, a partir de políticas demagógicas completamente irracionales. Lo son porque instituyeron un incentivo para los mapuches a enriquecerse reclamando tierras ajenas, con el agravante de que se premió incluso a los que las usurpaban mediante la violencia. De ahí a que esa fórmula suicida se extendiera había un paso, y eso es lo que ha sucedido últimamente
Un conocedor del tema indígena, Julio Bazán, publicó un libro en que prueba que no hay fundamento alguno para que exista un conflicto ("¿Es Mapuche el Conflicto?", Editorial Maye, Santiago, 2011). Desde luego, no existe "derecho a la tierra" de los mapuches. Ningún fallo judicial jamás se ha dictado reconociendo tal "derecho." El conflicto se generó bajo la Concertación, cuando se legisló para que la Conadi pudiera comprar tierras y asignarlas a personas de esa etnia. Pero nadie quería vender a la Conadi, de modo que no había tierras para entregar. Entonces los mapuches se dieron cuenta de que ejercitando la violencia amedrentaban a los propietarios y éstos, entonces, se allanaban a venderle a la Conadi. A veces se hacía una gigantesca trampa al Estado, como en el caso del fundo "El Notro", en que el dueño lo vendió en excelente precio a la Conadi y después se lo arrendó a los asignatarios mapuches y lo siguió trabajando tal como antes. Todos contentos, salvo el Estado chileno, el "paganini", "pasado por el aro". Total, "paga Moya". ¿Y quién pierde? Chile, porque además de derrocharse plata del erario, muchas tierras antes bien trabajadas han pasado a manos de personas que no las saben trabajar. Una segunda Reforma Agraria ruinosa
Los famosos "derechos ancestrales" de los mapuches tampoco existen. Nadie ha podido nunca precisar de dónde nacerían. Algunos dicen que hubo un tratado de España con el pueblo mapuche que los establecería, pero Julio Bazán buscó en el listado de tratados suscritos por España a lo largo de la historia, listado confeccionado por la Cancillería española, y no aparece el referido tratado reconociéndoles tierras a los mapuches.
El problema que se está viviendo, pues, deriva exclusivamente de las políticas de la Concertación, que incentivan la violencia para obtener tierras gratuitamente y cuyos gobiernos, incluido el actual, carecen de firmeza y autoridad para hacer respetar la ley.
¿Cuál es la solución? Primero que nada, restablecer la legalidad y la autoridad. Que los que delinquen sean sancionados de acuerdo a la legislación vigente. Y si los tribunales, controlados por la izquierda, persisten en no aplicarla, ahí estaríamos ya ante una crisis institucional. Sabemos en qué desembocan las crisis institucionales derivadas de que un poder del Estado se sale de la Constitución.
La segunda parte de la solución es la derogación de las normas que les dan un carácter de civilmente incapaces a los indígenas: ellos deben tener plena libertad para vender sus tierras y subdividirlas a su mayor conveniencia. Si este principio, que rige para todos los chilenos, hubiera sido establecido antes, la población mapuche ya no existiría como tal y se habría integrado rápidamente al resto de la nacionalidad. Desde luego, no permanecería una parte de ella, como sucede actualmente, en calidad de "siervos de la gleba", adscritos a pequeñas propiedades que no pueden vender ni logran trabajar rentablemente.
Esas dos políticas: ejercicio de la autoridad y derogación de todas las normas que limitan la libertad de contratación de los indígenas, harían desparecer rápidamente el artifical "conflicto mapuche", terminaría con toda la violencia estimulada por el afán de lucro (a través de obtener tierra gratuitamente) y permitiría la total y plena integración de la etnia con el resto de la chilenidad. Es decir, todo lo contrario de la peregrina idea de un ministerio actual de "mapuchelizar" al resto de los chilenos, propiciando la enseñanza del mapudungún. Ese disparate queda en evidencia como tal con sólo considerar, como lo ha comprobado el especialista Julio Bazán, que 522 palabras necesarias para la vida diaria de los chilenos ni siquiera tienen expresión en mapudungún.
Ninguno de los cinco gobiernos de la Concertación ha sido capaz de solucionar el conflicto que ellos mismos han generado. Lo que se necesita es algo que parece muy lejano: un gobierno con autoridad, con el coraje político suficiente para renunciar a la demagogia y cortar el derroche de recursos, y que sea capaz de decirles la verdad a todos los chilenos, comenzando por comunicársela claramente a los propio mapuches. Pues éstos valoran la mano firme. Por algo espontáneamente le dieron el título honorífico de "Ullmen F'ta Lonko" al Presidente Pinochet, en reconocimiento de que supo restablecer y mantener el orden, les dio títulos de propiedad e hizo respetar la legalidad.
domingo, 6 de enero de 2013
¡Bienvenida, Revolución!
Bajo el gobierno de Allende, a los agricultores les sucedían cosas como las que ahora ellos sufren en la Araucanía. En marzo de 1972 murió quemado dentro de su casa del fundo Crucero, en Río Bueno, incendiada por activistas socialistas, el agricultor Raúl Vásquez Bécker. Su cónyuge sufrió diversas quemaduras. Las huestes izquierdistas que entonces asolaban los campos decidieron asesinarlo. Nunca hubo una investigación ni un proceso. Su hijo, que vivía en España, vino a hacerse cargo del fundo, pero el gobernador del departamento y otros funcionarios le advirtieron que, si lo hacía, le tomarían el fundo "todos los días". Su abogado le aconsejó: "Entrega, Raúl, pues también te matarán". Y entregó. Todo eso está referido en una carta suya a "El Mercurio", publicada el 4 de enero de 2005.
Hemos vuelto a esa situación, pero en 1972 la gente respetuosa de las leyes sentía que todavía tenía un respaldo, pues en el país había una reserva moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahora, todos sabemos, esa reserva se esfumó. Llamada a solucionar las cosas en 1973, lo hizo, pero después de cumplida su misión recibió como pago la persecución judicial mas increíble, incitada por algunos de los mismos que la convocaron. Y luego los nuevos mandos uniformados abjuraron de todo, dijeron "nunca más" y pidieron perdón. Hubo uno que, incluso, asumió TODAS las culpas del pasado. Se acabó la "reserva moral".
Y así hemos llegado hasta hoy, en que si un carabinero dispara a un extremista es exonerado y procesado, pero los subversivos pueden disparar a carabineros y quedar libres. Tal como lo está Luis Tralcal Quidel, absuelto por la Corte de Apelaciones en fallo del 30 de octubre pasado ("El Mercurio" de hoy, p. D-5). Tralcal viajó a Ecuador y Colombia, donde obviamente recibió instrucción de las FARC. Estuvo en la clandestinidad dos años, tras un ataque incendiario a un fundo de Forestal Mininco. Tenía además otras órdenes de aprehensión pendientes por incendios y atentados contra carabineros. En un allanamiento a su domicilio se incautó munición de guerra y mecha detonadora de explosivos. Protagonizó tres escapes de la policía, disparando contra ella. Pero ahora está libre y absuelto por la Corte de Apelaciones. Es que tenemos una justicia de izquierda, que junto con condenar, pasando por sobre la ley, a los uniformados (r), absuelve, también pasando por sobre la ley, a subversivos en plena actividad.
Y una funcionaria de gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, creado por decreto de dicho ministerio, sostiene que no debe aplicarse la Ley Antiterrorista a los subversivos. Y el mismo Ministerio del Interior ha redoblado, bajo el actual gobierno, su persecución contra uniformados (r) por la acción antisubversiva de éstos hace más de treinta años. Para que a nadie se le vaya a ocurrir repetirla. Y ha redoblado la contratación de abogados para esa tarea persecutoria, en lugar de destinar recursos a la acción antisubversiva.
Justicia de izquierda, gobierno débil y penetrado por el izquierdismo (hasta el director del Instituto Médico Legal es mirista confeso), partidos políticos mayoritariamente cómplices de la subversión pasada y presente.
¿Y cuál es la perspectiva futura? La más reciente encuesta de mayor prestigio (y todas las demás) dicen que será Presidenta de nuevo Michelle Bachelet. Cualquiera que lea su biografía se enterará de que fue ayudista del MIR, primero, y luego conviviente del vocero del FPMR, justamente en la época en que este grupo terrorista del comunismo provocaba más bajas a los uniformados. Y sabemos que ella sigue admirando a Fidel, como lo revelara siendo Presidenta, cuando apresuró el paso emocionadamente al enterarse de que él le había concedido una audiencia. Y también ella, como otros gobernantes de la Concertación, le va a deber su triunfo electoral al Partido Comunista.
¿Para qué lado creen ustedes, entonces, que se inclinará ella, el del Estado de Derecho o el de la Revolución?
Hemos vuelto a esa situación, pero en 1972 la gente respetuosa de las leyes sentía que todavía tenía un respaldo, pues en el país había una reserva moral, las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahora, todos sabemos, esa reserva se esfumó. Llamada a solucionar las cosas en 1973, lo hizo, pero después de cumplida su misión recibió como pago la persecución judicial mas increíble, incitada por algunos de los mismos que la convocaron. Y luego los nuevos mandos uniformados abjuraron de todo, dijeron "nunca más" y pidieron perdón. Hubo uno que, incluso, asumió TODAS las culpas del pasado. Se acabó la "reserva moral".
Y así hemos llegado hasta hoy, en que si un carabinero dispara a un extremista es exonerado y procesado, pero los subversivos pueden disparar a carabineros y quedar libres. Tal como lo está Luis Tralcal Quidel, absuelto por la Corte de Apelaciones en fallo del 30 de octubre pasado ("El Mercurio" de hoy, p. D-5). Tralcal viajó a Ecuador y Colombia, donde obviamente recibió instrucción de las FARC. Estuvo en la clandestinidad dos años, tras un ataque incendiario a un fundo de Forestal Mininco. Tenía además otras órdenes de aprehensión pendientes por incendios y atentados contra carabineros. En un allanamiento a su domicilio se incautó munición de guerra y mecha detonadora de explosivos. Protagonizó tres escapes de la policía, disparando contra ella. Pero ahora está libre y absuelto por la Corte de Apelaciones. Es que tenemos una justicia de izquierda, que junto con condenar, pasando por sobre la ley, a los uniformados (r), absuelve, también pasando por sobre la ley, a subversivos en plena actividad.
Y una funcionaria de gobierno, dependiente del Ministerio del Interior, la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, creado por decreto de dicho ministerio, sostiene que no debe aplicarse la Ley Antiterrorista a los subversivos. Y el mismo Ministerio del Interior ha redoblado, bajo el actual gobierno, su persecución contra uniformados (r) por la acción antisubversiva de éstos hace más de treinta años. Para que a nadie se le vaya a ocurrir repetirla. Y ha redoblado la contratación de abogados para esa tarea persecutoria, en lugar de destinar recursos a la acción antisubversiva.
Justicia de izquierda, gobierno débil y penetrado por el izquierdismo (hasta el director del Instituto Médico Legal es mirista confeso), partidos políticos mayoritariamente cómplices de la subversión pasada y presente.
¿Y cuál es la perspectiva futura? La más reciente encuesta de mayor prestigio (y todas las demás) dicen que será Presidenta de nuevo Michelle Bachelet. Cualquiera que lea su biografía se enterará de que fue ayudista del MIR, primero, y luego conviviente del vocero del FPMR, justamente en la época en que este grupo terrorista del comunismo provocaba más bajas a los uniformados. Y sabemos que ella sigue admirando a Fidel, como lo revelara siendo Presidenta, cuando apresuró el paso emocionadamente al enterarse de que él le había concedido una audiencia. Y también ella, como otros gobernantes de la Concertación, le va a deber su triunfo electoral al Partido Comunista.
¿Para qué lado creen ustedes, entonces, que se inclinará ella, el del Estado de Derecho o el de la Revolución?
sábado, 5 de enero de 2013
¿Igualdad Ante la Ley?
Hace poco tiempo dediqué otro blog al caso que abordaré hoy ("El Entrenador y el Controlador"). Produjo una especie de silencio incómodo en este espacio cibernético. Pocos lo comentaron. Diríase que no gustó. Es que el contenido enfrentaba a quienes lo leían con algo que suele no ser del agrado del carácter nacional: la igualdad ante la ley.
"Los porfiados hechos" han llevado a que ahora se haya puesto de nuevo de actualidad el mismo tema del anterior blog, porque la justicia ha resuelto ser implacable con el entrenador, no habiéndolo sido antes con el controlador. En su caso "miró para otro lado". Pero si hay una razón para que este blog exista es la de no dejar que, ante unas mismas circunstancias, la justicia "mire para otro lado" en unas situaciones y en otras no.
Como consecuencia, le he preparado a Labruna, desinteresadamente, un escrito de defensa ante la petición de formalización que ha formulado un fiscal en su contra, por los delitos de falsificación y obstrucción a la justicia, a raíz de que, después de haber colisionado con su auto a un taxi, declarara que no iba manejando su vehículo y que lo conducía su cónyuge; y de que procurara que así lo afirmara el parte policial correspondiente:
"Señor Juez de Garantía
"Como ciudadano argentino avecindado por razones de trabajo en esta larga y angosta faja de tierra, que colinda con la ancha y ubérrima banda hermana que me vio nacer, vengo en reclamar que se me reconozca el derecho fundamental, garantizado por la Constitución chilena (y todas las de los países civilizados), a la igualdad ante la ley.
"Es el caso, distinguido señor magistrado, que en febrero de 2011 se produjo una situación sustancialmente idéntica a la que me afecta, que protagonizó el entonces controlador del club de fútbol al cual entreno, persona que a la vez desempeñaba y desempeña hasta la fecha, sin perturbaciones judiciales ni formalizaciones de ninguna especie a raíz de esos hechos, el cargo de Presidente de la República.
"Usía podrá comprobar los siguientes antecedentes de público conocimiento que acaecieron en la fecha indicada y que todo chileno pudo conocer de primera mano mirando la televisión y leyendo los diarios: 1) El referido controlador de mi club despegó desde la residencia presidencial de Cerro Castillo teniendo en sus manos el control de los mandos de su helicóptero Robinson y esforzándose porque las cámaras mostraran que él conducía el señalado helicóptero; 2) Horas más tarde, dicha aeronave debió descender en un camino de la IX Región, cerca de un poblado que primeramente se designó como "Quilicura Abajo", pero que después resultó ser "Liucura Bajo", o algo así, donde fue rodeado por transeúntes y vecinos, a los cuales y a las cámaras el citado controlador manifestó textualmente, como lo dieron a conocer los noticieros de los canales de televisión, que él había venido "piloteando por la costa" el referido helicóptero; 3) Posteriormente se dio a conocer que el piloto de dicha aeronave había transgredido en su vuelo varias normas legales y reglamentarias, lo que lo hacía incurrir en conductas penadas por la normativa aeronáutica; 4) Sin embargo, sin mayor explicación a la opinión pública, resultó finalmente sancionado por esas infracciones el acompañante del piloto del helicóptero, como si él hubiera ido conduciendo la aeronave, todo lo cual le constaba a la opinión pública, a través de imágenes que ella pudo ver y de las declaraciones del piloto confeso, que no era así.
"Finalmente, nadie resultó formalizado por haberse incurrido en alteración o falsificación de algún parte policial o por haber obstruido a la justicia. Ni siquiera se sumarió al verdadero responsable, que evidentemente debía ser quien se declaraba, tanto al inicio del vuelo como a su final, como el piloto.
"Como Usía podrá fácilmente apreciar, las circunstancias que rodearon el caso del controlador y el mío de entrenador son idénticas: 1) En ambos el conductor del vehículo pretendió a posteriori no serlo; 2) En ambos, producidos los hechos y puesta en evidencia una infracción, el conductor o piloto procuró hacer recaer la responsabilidad en otra persona, el cónyuge, en un caso; el acompañante, en el otro.
"Sin embargo, rompiéndose toda noción de igualdad ante la ley, en el caso del controlador se admitió el cambio de versión y en el mío no, lo que ha redundado en mi formalización.
"Pregunto: ¿por qué las imágenes que me mostraban a mí conduciendo han tenido un valor probatorio tan superior al concedido a las imágenes del controlador pilotando? ¿Por qué el parte policial que daba cuenta de que mi cónyuge conducía es considerado una falsificación y el necesario parte policial (pues los carabineros llegaron inmediatamente al lugar de aterrizaje no autorizado del helicóptero) que debió dar cuenta de que el controlador pilotaba pudo ser alterado? Pues, reitero, el piloto del helicóptero afirmó haber venido conduciéndolo, de modo que el parte policial inicial no pudo haber dicho otra cosa. Sin embargo, en el sumario aeronáutico la documentación dijo otra cosa, puesto que terminó en una sanción para el acompañante y no para el piloto.
"Entonces, Usía, con todo respeto, demando mi derecho a la igualdad ante la ley: si en ambos casos un parte policial inicial debió ser modificado y reemplazado por otro posterior, en los dos eso debe ser considerado como constitutivo de delito o en ninguno de los dos debe serlo. Y si en un caso se declaró que quien conducía el vehículo o pilotaba el helicóptero no era el que los testimonios gráficos mostraban como conductor o piloto, sólo hay una posibilidad: o en ambos casos eso es constitutivo de obstrucción a la justicia o bien en ninguno de ellos lo es. Lo que resulta inaceptable es que lo sea cuando se trata del entrenador del club y no lo sea cuando se trata de su controlador.
"Como Usía puede apreciar, sólo invoco mi derecho a la igualdad ante la ley, derecho que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la República."
"Los porfiados hechos" han llevado a que ahora se haya puesto de nuevo de actualidad el mismo tema del anterior blog, porque la justicia ha resuelto ser implacable con el entrenador, no habiéndolo sido antes con el controlador. En su caso "miró para otro lado". Pero si hay una razón para que este blog exista es la de no dejar que, ante unas mismas circunstancias, la justicia "mire para otro lado" en unas situaciones y en otras no.
Como consecuencia, le he preparado a Labruna, desinteresadamente, un escrito de defensa ante la petición de formalización que ha formulado un fiscal en su contra, por los delitos de falsificación y obstrucción a la justicia, a raíz de que, después de haber colisionado con su auto a un taxi, declarara que no iba manejando su vehículo y que lo conducía su cónyuge; y de que procurara que así lo afirmara el parte policial correspondiente:
"Señor Juez de Garantía
"Como ciudadano argentino avecindado por razones de trabajo en esta larga y angosta faja de tierra, que colinda con la ancha y ubérrima banda hermana que me vio nacer, vengo en reclamar que se me reconozca el derecho fundamental, garantizado por la Constitución chilena (y todas las de los países civilizados), a la igualdad ante la ley.
"Es el caso, distinguido señor magistrado, que en febrero de 2011 se produjo una situación sustancialmente idéntica a la que me afecta, que protagonizó el entonces controlador del club de fútbol al cual entreno, persona que a la vez desempeñaba y desempeña hasta la fecha, sin perturbaciones judiciales ni formalizaciones de ninguna especie a raíz de esos hechos, el cargo de Presidente de la República.
"Usía podrá comprobar los siguientes antecedentes de público conocimiento que acaecieron en la fecha indicada y que todo chileno pudo conocer de primera mano mirando la televisión y leyendo los diarios: 1) El referido controlador de mi club despegó desde la residencia presidencial de Cerro Castillo teniendo en sus manos el control de los mandos de su helicóptero Robinson y esforzándose porque las cámaras mostraran que él conducía el señalado helicóptero; 2) Horas más tarde, dicha aeronave debió descender en un camino de la IX Región, cerca de un poblado que primeramente se designó como "Quilicura Abajo", pero que después resultó ser "Liucura Bajo", o algo así, donde fue rodeado por transeúntes y vecinos, a los cuales y a las cámaras el citado controlador manifestó textualmente, como lo dieron a conocer los noticieros de los canales de televisión, que él había venido "piloteando por la costa" el referido helicóptero; 3) Posteriormente se dio a conocer que el piloto de dicha aeronave había transgredido en su vuelo varias normas legales y reglamentarias, lo que lo hacía incurrir en conductas penadas por la normativa aeronáutica; 4) Sin embargo, sin mayor explicación a la opinión pública, resultó finalmente sancionado por esas infracciones el acompañante del piloto del helicóptero, como si él hubiera ido conduciendo la aeronave, todo lo cual le constaba a la opinión pública, a través de imágenes que ella pudo ver y de las declaraciones del piloto confeso, que no era así.
"Finalmente, nadie resultó formalizado por haberse incurrido en alteración o falsificación de algún parte policial o por haber obstruido a la justicia. Ni siquiera se sumarió al verdadero responsable, que evidentemente debía ser quien se declaraba, tanto al inicio del vuelo como a su final, como el piloto.
"Como Usía podrá fácilmente apreciar, las circunstancias que rodearon el caso del controlador y el mío de entrenador son idénticas: 1) En ambos el conductor del vehículo pretendió a posteriori no serlo; 2) En ambos, producidos los hechos y puesta en evidencia una infracción, el conductor o piloto procuró hacer recaer la responsabilidad en otra persona, el cónyuge, en un caso; el acompañante, en el otro.
"Sin embargo, rompiéndose toda noción de igualdad ante la ley, en el caso del controlador se admitió el cambio de versión y en el mío no, lo que ha redundado en mi formalización.
"Pregunto: ¿por qué las imágenes que me mostraban a mí conduciendo han tenido un valor probatorio tan superior al concedido a las imágenes del controlador pilotando? ¿Por qué el parte policial que daba cuenta de que mi cónyuge conducía es considerado una falsificación y el necesario parte policial (pues los carabineros llegaron inmediatamente al lugar de aterrizaje no autorizado del helicóptero) que debió dar cuenta de que el controlador pilotaba pudo ser alterado? Pues, reitero, el piloto del helicóptero afirmó haber venido conduciéndolo, de modo que el parte policial inicial no pudo haber dicho otra cosa. Sin embargo, en el sumario aeronáutico la documentación dijo otra cosa, puesto que terminó en una sanción para el acompañante y no para el piloto.
"Entonces, Usía, con todo respeto, demando mi derecho a la igualdad ante la ley: si en ambos casos un parte policial inicial debió ser modificado y reemplazado por otro posterior, en los dos eso debe ser considerado como constitutivo de delito o en ninguno de los dos debe serlo. Y si en un caso se declaró que quien conducía el vehículo o pilotaba el helicóptero no era el que los testimonios gráficos mostraban como conductor o piloto, sólo hay una posibilidad: o en ambos casos eso es constitutivo de obstrucción a la justicia o bien en ninguno de ellos lo es. Lo que resulta inaceptable es que lo sea cuando se trata del entrenador del club y no lo sea cuando se trata de su controlador.
"Como Usía puede apreciar, sólo invoco mi derecho a la igualdad ante la ley, derecho que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la República."
viernes, 4 de enero de 2013
En Esa Foto No Puede Estar
En un rato más voy a sintonizar algún noticiero de televisión y no voy a poder creer lo que allí vea: Sebastián Piñera en el centro de la escena de los dolientes por el asesinato del matrimonio Luchsinger. Él monopoliza el centro de casi todas las fotos que le puedan dar una imagen favorable. Acabamos de verlo retratado con los puntajes nacionales. Durante el juicio en La Haya apareció casi todos los días "monitoreando" (decían los medios) la defensa chilena ante el tribunal. Al final de los alegatos convocó a cadena nacional para explicarnos cómo los había conducido. Después se presentó en otra cadena nacional para comunicarnos que había terminado el año. Ahora será el primer doliente en el entierro, pese a que los difuntos han perdido la vida porque el terrorismo se ha enseñoreado de una zona del país y el gobierno ha renunciado a combatirlo y a aplicar contra aquél la legislación más severa.
Pero hay un general (r) que maneja mucha información y siempre le pide cuentas. Se llama Hernán Núñez Manríquez. Hace poco nos informó de la concesión gratuita de un inmueble fiscal al Museo de la Memoria marxista. Hoy nos ha informado que el gobierno de Sebastián Piñera ha suscrito 249 contratos con la Comisión Valech, creada por Lagos para premiar adicionalmente al extremismo de izquierda, que ya cobraba más de doscientos millones de dólares anuales en indemnizaciones por el perjuicio sufrido, según los tribunales, cuando los militares le impidieron tomar el poder por las armas en 1973. Pero éstos hicieron exactamente lo que el líder político Eduardo Frei Montalva les pedía que hicieran, diciéndoles: "esto se arregla sólo con fusiles", "ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan" (Acta Rivera). Después los políticos condenaron a los uniformados y los siguen persiguiendo indefinidamente por hacer lo que Frei les pedía.
El general (r) Núñez nos informa, también, que en 2011 el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior contrató 45 nuevos abogados para seguir manteniendo viva la persecución contra uniformados. También se ha creado, en la PDI, una "Brigada de Derechos Humanos", con el fin de que colabore con la razzia desatada bajo este régimen contra quienes tuvieron la misión de combatir el terrorismo de extrema izquierda. Por eso se interpuso recientemente una querella para sancionar a quienes dieron muerte al principal líder terrorista del país, Miguel Enríquez, en 1974. Ni siquiera el amañado Informe Rettig acusó a los captores de Enríquez (quien los recibió disparándoles cuando se acercaron a su guarida) de haber atropellado sus derechos humanos. Pero el gobierno de Sebastián Piñera ha ido un paso más allá y se ha querellado por el "homicidio calificado" del citado terrorista.
Ha sido más activo en la persecución de los uniformados que todos los anteriores gobiernos de la Concertación, por cuyo motivo las querellas contra aquéllos pasaron de algo más de 300 a más de mil 300 en la actualidad.
Ni siquiera el equivalente a una parte de esos esfuerzos en la persecución contra uniformados se ha dedicado a combatir el activo y constante terrorismo en el sur. Por eso los extremistas actúan casi libremente y quedan impunes. Como no hay un despliegue policial parecido al que se financia para perseguir militares, los agricultores han debido optar por la autodefensa. El asesinado Luchsinger alcanzó a disparar contra uno de sus asesinos y sólo gracias a ello ha sido el único capturado.
Si hay una foto en la que, por un mínimo de escrúpulo, Sebastián Piñera debería abstenerse de aparecer, sería la del dolor de la familia Luchsinger, de sus colegas agricultores y de la gente de la zona que vive asolada por el extremismo de izquierda amparado en la indiferencia oficial.
Pero hay un general (r) que maneja mucha información y siempre le pide cuentas. Se llama Hernán Núñez Manríquez. Hace poco nos informó de la concesión gratuita de un inmueble fiscal al Museo de la Memoria marxista. Hoy nos ha informado que el gobierno de Sebastián Piñera ha suscrito 249 contratos con la Comisión Valech, creada por Lagos para premiar adicionalmente al extremismo de izquierda, que ya cobraba más de doscientos millones de dólares anuales en indemnizaciones por el perjuicio sufrido, según los tribunales, cuando los militares le impidieron tomar el poder por las armas en 1973. Pero éstos hicieron exactamente lo que el líder político Eduardo Frei Montalva les pedía que hicieran, diciéndoles: "esto se arregla sólo con fusiles", "ustedes tienen las bayonetas, pero no las usan" (Acta Rivera). Después los políticos condenaron a los uniformados y los siguen persiguiendo indefinidamente por hacer lo que Frei les pedía.
El general (r) Núñez nos informa, también, que en 2011 el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior contrató 45 nuevos abogados para seguir manteniendo viva la persecución contra uniformados. También se ha creado, en la PDI, una "Brigada de Derechos Humanos", con el fin de que colabore con la razzia desatada bajo este régimen contra quienes tuvieron la misión de combatir el terrorismo de extrema izquierda. Por eso se interpuso recientemente una querella para sancionar a quienes dieron muerte al principal líder terrorista del país, Miguel Enríquez, en 1974. Ni siquiera el amañado Informe Rettig acusó a los captores de Enríquez (quien los recibió disparándoles cuando se acercaron a su guarida) de haber atropellado sus derechos humanos. Pero el gobierno de Sebastián Piñera ha ido un paso más allá y se ha querellado por el "homicidio calificado" del citado terrorista.
Ha sido más activo en la persecución de los uniformados que todos los anteriores gobiernos de la Concertación, por cuyo motivo las querellas contra aquéllos pasaron de algo más de 300 a más de mil 300 en la actualidad.
Ni siquiera el equivalente a una parte de esos esfuerzos en la persecución contra uniformados se ha dedicado a combatir el activo y constante terrorismo en el sur. Por eso los extremistas actúan casi libremente y quedan impunes. Como no hay un despliegue policial parecido al que se financia para perseguir militares, los agricultores han debido optar por la autodefensa. El asesinado Luchsinger alcanzó a disparar contra uno de sus asesinos y sólo gracias a ello ha sido el único capturado.
Si hay una foto en la que, por un mínimo de escrúpulo, Sebastián Piñera debería abstenerse de aparecer, sería la del dolor de la familia Luchsinger, de sus colegas agricultores y de la gente de la zona que vive asolada por el extremismo de izquierda amparado en la indiferencia oficial.