Muerte del Sentido Común

Una noticia secundaria en la prensa no ha merecido mayores comentarios. En la parte de abajo de las páginas de crónica se informa que el Estado, la Fiscalía Sur, la asociación gremial "Hoteles de Chile" y la parroquia Inmaculada Concepción deberán pagar 520 millones de pesos (más de un millón de dólares) a quienes fueron imputados por la colocación de numerosas bombas terroristas en la capital, en los últimos años, todos los cuales (salvo el único al que le estalló la bomba entre las manos) fueron liberados de todo cargo por la justicia.

Los hoteles y la parroquia se hicieron parte en la causa por los bombazos por una razón muy sencilla: en los establecimientos de los unos y de la otra estallaron artefactos terroristas. Entonces las respectivas instituciones hicieron lo que es legal, natural y obvio: lo denunciaron a la Fiscalía y se hicieron parte como querellantes. ¿Qué otra cosa pueden hacer las víctimas de los delitos? Está en el interés social que obren de esa manera, porque cooperan con la persecución de actos que provocan temor en la ciudadanía y ponen en peligro la integridad y la vida de las personas, y así ayudan a disuadir a sus autores de cometerlos. Y además, como es obvio, el Estado debe actuar a través de sus fiscales en las mismas causas. La Fiscalía Sur no podía hacer otra cosa que la que hizo. Es su misión.

Bueno, sabemos que las más de seis mil pruebas presentadas por ella fueron desechadas por los jueces de la nueva justicia penal, salvo en el señalado caso del terrorista al cual le estalló la bomba entre las manos. Pero a éste la misma justicia lo absolvió del cargo de autor de delito terrorista, porque sostuvo que no se acreditó que instalar y hacer explotar bombas provoque temor en la población. ¿No significa eso ya no sólo una burla de la legalidad, sino del propio sentido común? Por añadidura, a ese único terrorista procesado no lo condenó como tal, sino como autor de otras conductas de escasa penalidad.

¿Y no choca aún más con el sentido común que las víctimas de los delitos sean sancionadas por acudir a la justicia y que los únicos hechores sindicados queden libres y terminen recibiendo un sustantivo pago? Porque es un hecho que los ciento veinte bombazos registrados ya no tienen autor conocido, según "la verdad judicial" consagrada por los tribunales. Las pruebas aportadas por la Fiscalía fueron desechadas y, como nadie aporta otras, no hay siquiera posibles imputados. Esto significa que, judicialmente, los ciento veinte bombazos no tuvieron un hechor.

En fin, atenta también contra el sentido común que el Estado, que hizo lo posible por hallar a los implicados en los delitos y reunió esos miles de pruebas en su contra, sea también sancionado con esa alta pena pecuniaria. ¿Qué debería haber hecho el Estado? ¿Decirles a las víctimas que no podía hacer nada, para librarse de la sanción?

Hacia allá vamos. Éste se ha convertido en un país en que los delincuentes gozan de todas las garantías y quienes actúan contra ellos terminan siendo no sólo víctimas de aquéllos sino también víctimas de la justicia.

Junto con la muerte lenta de la legalidad se registra, entonces, la muerte mucho más acelerada del sentido común.