Tradiciones y Traiciones Chilenas

En un rato más los altos jefes uniformados van a estar saludándose (y a veces abrazándose) con autoridades que se han olvidado por completo de las promesas de legalidad que hicieron a los presos y procesados políticos uniformados; y con los senadores socialistas que, en complicidad con la justicia de izquierda, condenaron a legiones de "caídos tras las líneas enemigas" y "batallones olvidados" a sufrir la más injusta, arbitraria e ilegal privación de libertad de que tenga registro nuestra historia judicial.

Hace pocos años el historiador Gonzalo Vial escribió lo siguiente ("La Segunda", 19.02.08): "Los años 2003 y 2004 se despacharon leyes de origen concertacionista que permitieron la libertad de numerosos condenados por terrorismo, los cuales habían cumplido diez años de cárcel a raíz de crímenes cometidos en democracia. Justificación: cooperar a la 'paz social'. La Iglesia Católica dio a esta iniciativa un fuerte apoyo. Fue ley gracias a la Alianza.

"Al mismo tiempo, senadores aliancistas y concertacionistas planteaban un proyecto con igual rebaja de pena y la misma exigencia de haber completado diez aaños de prisión efectiva, para los autores de delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.El año pasado la Cámara Alta rechazó la iniciativa. La 'paz social' ya no importaba. La Iglesia no se interesó".

Ayer habló largamente el arzobispo de Santiago de toda clase de cosas, como el lucro, la desigualdad y "la dictadura". ¿Dijo algo acerca del mayor escándalo moral de nuestro tiempo, como lo es el desconocimiento completo de la legalidad en los juicios a uniformados? Nada. No es tema para él, siempre "políticamente correcto".

Hoy en "El Mercurio" viene una larga carta del empresario Fabio Valdés. Está preocupado por el desconocimiento de las leyes por parte de los tribunales, tratándose de iniciativas de producción empresariales o en temas relacionados con la seguridad pública amenazada por los delincuentes que circulan por la "puerta giratoria". ¿Y respecto de los presos políticos uniformados? Ni una sola letra. Pero veamos lo que el mismo historiador, Gonzalo Vial, decía al respecto ("La Segunda", 31.01.06): "El debido proceso y los juicios de derechos humanos: desgraciadamente en muchas de las causas señaladas: a) No se está observando la norma fundamental que rige el derecho penal, el debido proceso; y b) La Corte Suprema, la única que puede enmendar una situación semejante, no lo ha hecho. La mayoría de estos juicios se prolonga larga e indefinidamente, sin visos de término. Uno célebre, el de la llamada 'caravana de la muerte', pronto llevará ocho años sin finiquitarse". (Ahora ya van quince).

"Sé que parte de lo que está suceediendo es culpa de nuestros jueces, y en especial de la Corte Suprema. Su indolencia ha permitido que procesos de esta clase, que duran larguísimo tiempo, no lleven visos de terminar... por otra parte, la 'siesta suprema' es causa de que existan jurisprudencias contradictorias --incluso en la misma sala del máximo tribunal y de un día para otro-- en muchas materias claves para los juicios de derechos humanos, por ejemplo sobre prescripción, amnistía de 1978, etc" ("La Segunda", 19.02.08).

Después de que Vial escribiera eso han sucedido cosas peores: en el afán de acelerar juicios se ha dictado toda suerte de sentencias condenatorias arbitrarias e ilegales como no había habido otras antes. El ministro sumariante Solís, por ejemplo, se ha dado el lujo de imponer medio siglo de condenas contra el brigadier (r) Krasnoff sin haberlo interrogado jamás, siendo la declaración indagatoria un trámite esencial del proceso penal. Es que ya a los jueces de izquierda, literalmente, no les importa nada. Se sabe que la prevaricación en Chile queda garantizadamente impune.

En aras de las tradiciones chilenas hoy todos se abrazan: encubridores del terrorismo con sus pretéritas presuntas víctimas, que no lo fueron gracias a los "batallones olvidados, caídos tras las líneas enemigas"; uniformados que cosecharon la medalla "Misión Cumplida" en 1990, pero que no han cumplido su misión de rescatar a sus caídos tras las líneas enemigas, con el Presidente que mantiene también incumplida su promesa de legalidad para los uniformados (r) y, peor aún, que se ha convertido en su peor cuchillo, solicitando (a través de su Ministerio del Interior) que se eleven condenas, ya írritas, en contra de ellos.

Todo esto es constitutivo de una gigantesca inmoralidad. Contra ésta sólo queda una herramienta: el Plan Ahora. Todo chileno o chilena bien nacidos tienen la obligación moral de anular o dejar en blanco sus votos para concejales el próximo 28 de octubre. Los demás recursos han fallado. No queda otro. Quienes no lo ejerzan, hay que decirlo con todas sus letras, se habrán sumado a la traición.