Muerte Fuera del Estado de Derecho

Ayer en la tarde falleció de una enfermedad terminal el coronel (r) del Ejército don Luis Osorio Gardasanich. Había cumplido quince meses de una condena a diez años y un día de presidio impuesta por la justicia chilena de izquierda contra toda ley, pues se le imputaron muertes ocurridas en el complejo maderero de Panguipulli, en 1973. En esa zona campeaba entonces la guerrilla del MIR. El famoso "Comandante Pepe", José Gregorio Liendo, la encabezaba. Había usurpado por las armas todos los fundos de alguna significación, haciendo huir a sus propietarios. Contaba con la complicidad del gobierno de la UP, la que quedó de manifiesto tras la visita de su ministro del Interior, José Tohá, a la región, donde sostuvo una amistosa conversación con el "Comandante Pepe", tras la cual nada cambió. Vino el pronunciamiento del 11 de septiembre y se registraron numerosos enfrentamientos, tras los cuales el líder guerrillero fue apresado, sometido a un tribunal de tiempo de guerra, condenado a muerte y ejecutado, con todas las formalidades legales.

Los hechos se encuentran no sólo prescritos desde hace casi un cuarto de siglo sino cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978, cuya validez ratificó el propio Presidente Aylwin en 1991 ("la Amnistía vigente, que mi gobierno respeta..."), cuando pidió inconstitucionalmente a los tribunales que no la aplicara sin antes haber agotado la investigación, dando así en el gusto a la extrema izquierda marxista, que deseaba ver a los uniformados "desfilando ante los tribunales", para poder vejarlos y, en algunos casos, agredirlos físicamante. Los activos nada dijeron y siguen hasta hoy sin decir nada. Vergüenza para ellos, que han abandonado a sus "caídos tras las líneas enemigas".

Todo esto ha acontecido contra la normativa legal. Ninguna legislación internacional autoriza desconocer la amnistía o la prescripción. El Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, que los hizo aplicables a conflictos internos, recomienda dictar después de ellos la más amplia amnistía y en ninguna parte deroga la prescripción. Los demás tratados posteriores advierten explícitamente que no son aplicables a hechos previos a su aprobación por el respectivo país. Además, no contienen tipos penales, sino sólo una recomendación de legislar para los respectivos Estados. En particular, el Tratado de Roma, vigente en Chile desde 2009 y que define los delitos de lesa humanidad, deja en claro que tal definición no es aplicable a las conductas de quienes combatieron acá a la guerrilla marxista.

Luego, el coronel (r) Osorio ha fallecido, como varios camaradas suyos antes que él, en calidad de preso político, pues ninguna ley autorizaba mantenerlo privado de libertad.

La noticia de su fallecimiento sólo se ha dado en medios digitales que defienden la causa de los presos políticos uniformados, los "samiszdats" chilenos (como este blog) que informan lo que la corriente dominante o "pensamiento políticamente correcto" se esmera en ocultar.

Por otro lado, el gobernante que, como candidato y para conseguir votos, les prometió a los uniformados (r) velar por la legalidad de sus procesos y, por tanto, implícitamente su liberación (aludiendo de manera expresa a la prescripción) no ha cumplido esa promesa y, al contrario, ha sido su peor cuchillo. Por tanto, ya que la justicia de los hombres no les da acceso a la legalidad que les permitiría volver a ser libres, numerosos de ellos, de avanzada edad, sólo avizoran una liberación a través de la muerte.

La flagrante injusticia e ilegalidad que ello envuelve y que viven cada vez más numerosos presos políticos uniformados ha dado lugar a una sola reacción de protesta significativa, que la corriente dominante procura mantener oculta: el Plan Ahora, que en las próximas elecciones municipales demanda anular el voto para concejales, ya sea marcando más de una preferencia o escribiendo una breve leyenda alusiva a la causa que persigue. Así se espera castigar el incumplimiento de los políticos con lo prometido a los uniformados (r).

La muerte del coronel (r) Luis Osorio, fuera de todo concepto de Estado de Derecho, se erige en una razón más para que las personas de bien, y todos quienes se beneficiaron del restablecimiento del derecho en Chile en 1973, y en particular los propietarios de fundos de Panguipulli, se plieguen a esta única herramienta de presión en favor de sus liberadores, hoy prisioneros políticos, el Plan Ahora.