¿Éste es el País en que Usted Quiere Vivir?

La prensa seria y de orden no ha querido publicar la siguiente carta, pero este blog estima que usted merece saber lo que ella dice y, por tanto, la reproduce textualmente.

El caso a que ella se refiere fue comentado en la edición de ayer de este blog, pero las reflexiones y antecedentes que aporta la persona que la escribió merecen ser conocidos y meditados por los chilenos que la lean.

Tras hacerlo, más de alguno se preguntará si es éste el país en que desea vivir. Y más de alguno concluirá que la esperanza no reside en el gobierno "de centroderecha", ni en los "políticos democráticos", ni en la "prensa libre", ni en los uniformados activos, ni en el "establishment" económico-social, sino en el pueblo sano y modesto que es capaz de enfrentar a los agentes del odio en su propio terreno.

La carta no acogida por los diarios importantes dice así:

"Señor director:

"El objeto de esta carta es agradecer la nobleza y generosidad de unos héroes anónimos, buenos hombres de nuestro pueblo que sin vacilar prestaron ayuda al necesitado, sin pensar en los riesgos ni esperar recompensa.

"Las circunstancias son las siguientes. Mi marido, de 77 años y su hermano de 72 quisieron asistir a la proyección de la película sobre la obra del General Pinochet. Uno de nuestros hijos los acompañó. Asistieron a la proyección de la película y, cuando se retiraban pacíficamente, fueron atacados por una turba que los apedreó, los tiró repetidamente al suelo, donde fueron pateados y escupidos, y los persiguió encarnizadamente mientras trataban de llegar al lugar donde estaba su auto.

"Cuando ya parecía imposible librarse del acoso, y el odio manifestado por los atacantes hacía temer lo peor, unos feriantes que tenían sus puestos en una calle lateral los hicieron entrar en la calle e impidieron la entrada de los perseguidores, incluso armándose con palos para defender a los perseguidos.

"Les ofrecieron asiento, una bebida y fueron a buscar un auto para sacarlos de allí, llevándolos hasta su auto y atendiéndolos hasta que estuvieron en él y pudieron salir con seguridad del lugar. Mi marido resultó con la cara cortada y rasguñada, mi cuñado tiene la boca destrozada de una patada y a mi hijo le quebraron la nariz y tiene una pierna seriamente dañada, todos ellos están llenos de golpes, algunos de los cuales hacen temer un daño mayor.

"Ellos no han hecho mal a nadie y menos aún a las personas que los atacaron, ni siquiera se han manifestado públicamente de manera alguna. Han sido gravemente maltratados sólo porque no piensan igual que los atacantes y osaron asistir a un acto privado para ver una película que los políticamente correctos han condenado.

"La amargura que produce este panorama se ha visto compensada por la actitud de los feriantes, que representan la verdad y valor de nuestro pueblo chileno y que nos permite tener esperanzas. Para ellos mi admiración y mi eterno agradecimiento.

"María Concepción Lira Bennett
C.I. 4.208.514-6"

El Odio Cada Vez Más Recargado

La Comisión Rettig de 1991 no fue de "Verdad y Reconciliación", como se denominó, pues ocultó y desfiguró la verdad y se erigió, por eso mismo, en obstáculo a la reconciliación. De hecho, fue el precio que pagó Patricio Aylwin al marxismo-leninismo a cambio de sus votos en 1989. Ese y otros artificios político-publicitarios posteriores han lavado los cerebros chilenos, premiado a los cultores del odio y lo han mantenido vivo hasta hoy.

Por contraste, tras la Revolución de 1891, con diez mil muertos, pero ocurrida cuando todavía no se establecía en Chile la doctrina del odio, el marxismo-leninismo, los contendientes se reconciliaron en menos de tres años y, tras seis leyes de amnistía aplicadas y respetadas, dejaron atrás todos los odios. Pero tras la Revolución de 1973 y la reconstrucción material y moral del país realizada hasta 1990, transcurren casi 40 años de la primera fecha y más de veinte de la segunda, y el odio permanece vivo, mantenido por sus cultores, los marxistas-leninistas, que han impuesto su versión de la historia, han consagrado la agresión como método de acción política y, lo que es peor, lo han hecho con la complicidad de la mayoría de los que no comparten esa doctrina.

Hoy el inspirador del Plan Ahora (anular el voto a concejales el 28 de octubre en solidaridad con los presos políticos uniformados), el padre René Trincado, me ha hecho llegar un video de cinco minutos y medio en que el profesor universitario José Antonio Widow, septuagenario, y dos acompañantes, son agredidos y golpeados a lo largo de cinco cuadras por una jauría marxista, en medio de variados golpes, escupitajos, piedrazos y los más procaces insultos, por el hecho de haber querido llegar al teatro Caupolicán a la exhibición de un documental sobre el gobierno del Presidente Pinochet. El video, filmado y difundido por los marxistas, es más elocuente que mil palabras para enseñarnos cuál es el origen de la división que hubo y que hay en nuestra patria. Ver a personas de edad y civilizadas procurando transitar por una calle, procurando restañar la sangre que brotaba de sus heridas y sus narices, mientras arreciaban los golpes de la turba marxista en su contra, realmente conmueve. Todo ello a pocas cuadras de La Moneda, en total impunidad y completa ausencia de las fuerzas de orden para poner atajo a esos atentados, contrarios a los más elementales derechos humanos.

La suprema ironía es oír a los asesinos agresores (su doctrina ha generado cien millones de muertos) gritándoles rítmicamente "asesinos" a personas pacíficas, desarmadas y de bien, que hacen lo posible por no caer en medio de los golpes y proyectiles aleves.

El odio continúa, se acentúa y se vuelve rampante en Chile, bajo un gobierno que carece de autoridad y es complaciente con él. Más aún, la película "No", un panegírico a la opción de la Concertación y la izquierda marxista en el plebiscito de 1988, se promueve a diario y varias veces en TVN, el canal cuyas autoridades deisgna el gobierno. En la promoción de esa película participa desmedidamente toda la prensa, incluida, por cierto, la que en 1988 apoyo la opción "Sí". El pasado nos divide, luego mantengámoslo vivo, pero sólo en la versión de los promotores del odio.

Entretanto, las fuerzas del mismo han hecho un particular blanco de sus ataques al único alcalde del país, el de Providencia, que procuró impedir las usurpaciones ilegales de establecimientos de enseñanza el año pasado. En su comuna, a diferencia de otras, desde la DC a la extrema izquierda sí estuvieron de acuerdo en llegar a una candidatura común con tal de derrotarlo. Esas fuerzas se volcaron en masa a trasladar sus inscripciones a Providencia para desplazar al que han declarado su "enemigo público número uno", la única autoridad del país que estuvo dispuesta a recurrir a la fuerza pública para hacer respetar la ley, en lo cual finalmente no tuvo éxito, porque la justicia de izquierda se encargó de anular todas las sanciones que los liceos de excelencia de la comuna dispusieron contra los usurpadores que provocaron daños por mas de dos mil millones de pesos.

La filmación de la "funa" contra el profesor Widow y sus acompañantes, divulgada y subida a YouTube por las propias fuerzas del odio, enseña mejor que ningún otro testimonio cuán bajo han caído el respeto, la autoridad y la legalidad en el Chile de hoy.

¿Más Piñericosas?

El gobierno dice que la encuesta CASEN que dio a conocer hace diez días es "el mismo termómetro" que representaban las CASEN de 2006 y 2009. Pero los que hemos ido al colegio aprendimos que si uno se ponía una cáscara de plátano en la planta de los pies, el termómetro marcaba fiebre y uno podía quedarse en cama y no ir al colegio, sin cambiar de termómetro. Claro, eso lo hacían sólo los más "diablos". Los "quedados" sabíamos del truco sólo de oídas.

Un columnista de izquierda de "El Mercurio", Franciso Javier Díaz, titulaba su comentario de ayer "Pobre CASEN". El ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, denunció ayer en TV: "Han 'chacreado' la CASEN". ¿Por qué dicen todo eso? Porque, la verdad sea dicha, a la última encuesta le han sucedido algunas cosas raras.

Primero, el gobierno dio un bono de diez mil pesos a cada integrante de las familias pobres, que fue catalogado de "bono sorpresa" por el propio gobierno, en noviembre pasado, justamente el mes en que se hacía el trabajo de campo de la encuesta. Como ésta pregunta por el ingreso familiar en el preciso mes del sondeo, un bono que en cada familia puede haber ido desde veinte mil a ochenta mil o más pesos puede incidir en "sacar de la pobreza" (vía "cáscara de plátano") a centenares de miles de personas.

Segundo, expertos de la CEPAL y de la Universidad de Chile que trabajaron en la CASEN han revelado cándidamente que el gobierno les pidió cambiar el cuestionario acerca de cómo se reportan los ingresos de las personas. ¿Creen ustedes que mediante las modificaciones solicitadas por el gobierno los ingresos reportados aumentaron o disminuyeron?

Por ejemplo, si el Gobierno Militar hubiera sido "más avispado", habría obtenido que la canasta de bienes de la primera CASEN no incluyera los limones, que experimentaron un alza desmesurada y extemporánea de precio, por una razón climática. precisamente cuando se hizo la primera encuesta. Pero ese régimen era "quedado" y no intervino el termómetro, de modo que cargó con centenares de miles de pobres más por el solo efecto del alza extraodinaria de los limones. En su momento los economistas de ese gobierno se quejaron de que eso hubiera sucedido, pero no intervinieron el termómetro.

Tercero, todavía no se entrega el margen de error de la encuesta. ¿Por qué? Obviamente, por el apuro en anunciar sus resultados. Hubo premura para revelar la disminución de la pobreza, la indigencia y la desigualdad. ¿Por qué? Los mal pensados, entre los cuales, desde luego, me incluyo (porque conozco el paño), creemos que intencionadamente, porque el anuncio iba a favorecer la imagen del gobierno precisamente en el período en que se estaba haciendo el trabajo de terreno de la encuesta CEP, la cual justamente contiene preguntas sobre el grado de apoyo al gobernante.

Puede haber sido una mera coincidencia, y que se hayan anticipado los anuncios, aun sin contar con el dato del margen de error, por otras razones. Pero nadie las ha dado y el
hecho es que todavía (al escribirse estas líneas), no se conoce ese margen de error, que podría determinar, con las mismas cifras dadas a conocer, que la pobreza aumentó, disminuyó o se mantiene igual. Claro, el efecto publicitario ya conseguido ha determinado que a la gente se le haya comunicado que disminuyó. Y esto, se supone, ayudará al gobernante a remontar en las encuestas.

Los romanos tenían buenas razones, cuando se trataba de identificar al responsable de algo, "¿qui bono?", "¿quién ha salido ganando?". La respuesta determinará si, en el caso de la CASEN, fueron meras coincidencias o, simplemente, otras piñericosas.

Cómo se Maneja la Opinión Pública

En el mismo día me enteré de dos versiones: una, que sindicaba a un sacerdote de haber cometido abusos contra una niña de seis años; otra, que sindicaba a un personaje de la política de haber acosado a una joven subordinada, la cual había debido, a raíz de ello, solicitar ayuda siquiátrica.

Confieso que, conociendo a ambos acusados, no creí ninguna de las dos versiones. Pero sí me llamó la atención que, después de emitidas ambas, la primera fue recogida con fruición por toda la prensa y se convirtió en lo que ahora se llama "trending topic" nacional. La otra no fue acogida por ningún otro medio, salvo la emisora televisiva donde se emitió. Luego, en ese caso "no pasó nada". Más vale así.

Pero en el otro sí, y mucho: el sacerdote, junto con declarar su completa inocencia, se declara "devastado". ¿Quién lo ha "devastado"? La avalancha de los medios informativos, pues la denuncia él la conocía desde hacía tiempo y sabía que era infundada. Pero los medios la han transformado. Le han dado un peso que ninguna evidencia objetiva le daba ni le da. Tanto así que un obispo, que está lejos de ser de izquierda, arrastrado por la corriente, ha comentado el caso por radio dando por efectivos los hechos y señalando que estas conductas indebidas han afectado a la Iglesia en diferentes épocas. Además, un conocido sacerdote de izquierda ha pontificado sobre el caso, desde una autoconferida superioridad moral, sin poder ocultar que la satisfacción se le reflejara en el semblante y también dando la acusación por fundada y real.

Pero en el caso no hay ninguna evidencia y ni siquiera fundamento de presunción de conducta indebida, salvo las imputaciones de la parte acusadora. El afectado niega de plano haber incurrido en la conducta que ésta le imputa. ¿Por qué dos hermanos sacerdotes suyos, una incauta y el otro intencionadamente, la validan sin más? Porque los medios han creado un clima propicio para ello.

¿Por qué no lo crearon en el otro caso? Es que no se daban los "ingredientes"; y yo digo, "menos mal que no lo crearon". Luego, a estas alturas, en ese otro caso no hay una persona "devastada" ni una institución cuestionada.

Es el poder de los medios. Pero hay, además, una coincidencia: el sacerdote cuestionado ha sido antes blanco favorito de la izquierda, sin otra razón que la de haber alcanzado cierta figuración pública y haber aparecido próximo a personalidades de derecha.

¿Quiénes tienen el poder de manejar así, en forma tan discriminatoria, a la opinión pública? No es necesario decirlo: los mismos de siempre.

Lecciones de Encuestocracia

La "encuestocracia" se define como aquel régimen en que casi todo se hace con miras a que quien lo encabeza mejore en las encuestas. El actual es, como he señalado otras veces, el gobierno de, por y para Sebastián Piñera; y su propósito central de este momento es de permitirle a su protagonista remontar en los sondeos.

Hasta su amigo "el pelao", como él le decía en la memorable cinta de la grabadora Kioto por allá por 1993, el periodista Jorge Andrés Richards, se declara hoy escandalizado, en un twitter que publica "La Tercera", por la manera en que el régimen utiliza la encuesta CASEN para remontar en el sondeo del CEP, cuyo trabajo en terreno se está realizando en estos mismos días.

El gobierno ha ido adquiriendo particular pericia en el manejo de los instrumentos publicitarios. Días atrás se informó que el 81 por ciento de las apariciones del presidente en la televisión tienen una connotación favorable para él. Como es bien sabido, para mejorar en los sondeos hay que cumplir dos requisitos: primero, aparecer en los medios y darse a conocer, lo que el mandatario cumple con largueza; y, segundo, ser tratado favorablemente, porque si uno aparece sólo para ser denigrado, el amplio conocimiento sólo sirve para obtener un alto grado de rechazo.

El manejo de la encuesta CASEN por el gobierno ha sido maestro, tanto en el sentido de haber hecho cargar con las culpas por el previo aumento de la pobreza al régimen de Bachelet como por haberse atribuido a sí mismo los méritos por su reciente disminución. Claro, no faltan quienes le echan pelos a la leche, como un experto en microdatos de la Universidad de Chile que opina hoy, también en "La Tercera", que la reforma previsional aprobada bajo el gobierno anterior fue un factor decisivo en la disminución de la pobreza, al cual le atribuye 1,2 puntos porcentuales en la caída de ésta. En otras palabras, sin la reforma previsional, la CASEN 2011 habría mostrado un aumento de la pobreza de 0,5 por ciento.

El régimen actual es bastante cándido para confesar su adhesión a la encuestocracia, pues leemos en "El Mercurio", p. C4, que se van a inaugurar siete estadios el próximo año y que "en La Moneda se estima que este tipo de iniciativas va a generar, en su conjunto, un alza en el apoyo a la actual administración". Al respecto, el ministro Chadwick aparece declarando: "estamos convencidos". El antecedente que cita la crónica es que Michelle Bachelet, tras inaugurar estadios en 2009, aumentó su nivel de apoyo en las encuestas de 58,5 a 62,2 por ciento.

"¡Mi reino por un caballo!", clamaba Ricardo III, según Shakespeare. "¡Mi gobierno por unos puntos más de apoyo!", parece clamar el gobernante chileno de hoy.

La Letra Chica

Así como Piñera me aplica la letra chica a mí, yo, que soy opositor de derecha, ahora se la aplico a él. Pues él prometió suprimir la rebaja de la cotización del 7% de salud que le hacen a mi pensión, y no me la rebajaron. Reclamé y me dijeron que estaba en el tramo de ingreso equivocado y no tenía derecho. Letra chica. Cuando el candidato prometió, no hizo ninguna salvedad. Después estaba contento con el bono bodas de oro y ya pensaba en cómo gastármelo (de acuerdo con mi mujercita, naturalmente; no iba a robarle su parte), pero me dijeron que no nos correspondía, pues no teníamos ficha de protección social. Cuando pedimos una, nos dijeron que no teníamos derecho. Fuera. El candidato no había hecho tampoco esa salvedad cuando prometió el bono. Letra chica. Y también les prometió a los presos políticos uniformados preocuparse de que se les aplicara la prescripción y no se eternizaran sus procesos, y ahora resulta que sus abogados del Ministerio del Interior hacen todo lo contrario y presentan centenares de nuevas querellas contra aquéllos, violando la prescripción y hasta presentando recursos para subirles las penas, también violando la prescripción. Aquí Piñera ha atropellado hasta la letra grande. Tal vez piensa que los presos políticos uniformados representan pocos votos, pero si resulta el "Plan Aora" y los concejales de derecha no salen electos porque la familia militar y quienes la apoyamos no votamos por ellos, sino que nos abstuvimos o anulamos el voto, entonces van a perder porque Piñera no respetó ni siquiera la letra grande.

En todo caso, ahora que él celebra y se autoatribuye la disminución del índice de pobreza y la mejoría en la distribución del ingreso, lo que, se supone, le va a ayudar en la encuesta CEP (que siempre es la que lo trata peor y que precisamente ahora está desarrollándose en terreno) yo le aplico en represalia la letra chica a él.

Uno, porque compararse con un período recesivo, como 2009, no es gracia. Siempre empeora la pobreza cuando hay recesión y mejora cuando viene la recuperación, aunque el gobierno no haga nada. Y en Chile siempre hay menos pobreza cuando el precio del cobre sube, como lo ha hecho en estos tres años. Pues el país se ha recuperado gracias a que la crisis quedó atrás y el cobre ha subido sin que el gobierno se moviera de su escritorio.

Dos, el indicador de pobreza es de $72 mil pesos mensuales por persona pero, como dice hoy una carta de una experta en "La Tercera", resulta que muchos de los sin casa, que ahora se llaman "personas en situación de calle", revelaron tener un ingreso de más de $80 mil mensuales. Entonces, usted puede vivir en la calle y la encuesta CASEN no lo cuenta entre los pobres. No es como para celebrar.

Tres, como escribí el otro día, todavía no entregan el margen de error de la encuesta. Si la pobreza disminuyó 0,7 por ciento y la indigencia 0,9 por ciento, y el margen de error es uno o uno y medio por ciento, como suele ser, la mejoría cae dentro de ese margen y no es técnicamente significativa. Habría un "empate técnico", como dicen los encuestadores (cuando les conviene).

Cuatro, en cuanto a la distribución del ingreso, Piñera se ha jactado de que disminuyera de 46 a 35 veces la diferencia entre lo que gana el decil más rico en relación al más pobre. Pero 35 veces sigue siendo peor que todos los demás índices anteriores a 2009. Cuando el Gobierno Benemérito entregó el poder, en 1990, esa diferencia era de sólo era 30,5 veces.

En fin, como lo he señalado antes, la mayor causa de la desigualdad de ingresos en Chile radica en las políticas socialistas, que vedan encontrar trabajo a los más pobres de los pobres con medidas como el salario mínimo obligatorio, mientras que entre los más ricos hay pleno empleo, porque a ellos medidas como ésa no los afectan. Y la segunda mayor causa
es que el gasto social sea recaudado por la burocracia estatal, que se queda con gran parte de él, en lugar de hacérselo llegar íntegro a los pobres. Si se les entregara directamente a éstos, que es lo que debería hacerse, dejarían de ser pobres por gran margen. Habría pobreza cero, como seguramente se conseguirá si adviene un gobierno realmente de derecha, lo que no es imposible.

En lo que estoy de acuerdo con el gobierno es en escandalizarse por que los mayores artífices de la pobreza y las desigualdades en Chile, que son los socialistas de la Concertación, se nieguen a reconocer la mejoría que hay ahora en los índices con respecto a los que había bajo su desastrosa gestión.

Estado de Sitio en la Araucanía

En la Araucanía no hay un conflicto mapuche, hay más que eso: una revolución que tiene apoyo político interno y externo. ¿Necesito decir quiénes son sus inspiradores?

Y como en esa zona, tal como en el resto del país, pero en mayor medida aún, no hay propiamente gobierno, pues nadie ejerce la autoridad indispensable para garantizar una vida civilizada, los revolucionarios llevan a cabo su tarea en casi total impunidad. Ya se registran más de 500 atentados de variada gravedad. Siempre los cometen los mismos. En carta a "La Tercera" de hoy el dirigente gremial de la zona, Emilio Taladriz, dice que allá tiene lugar un atentado cada dos días.

Hay enormes extensiones de tierra fértil sin trabajar, porque un ente estatal --siempre que hay un problema grave, hay un ente estatal actuando ("el Estado no es la solución, ES el problema"- Reagan)-- la ha comprado a particulares que la hacían producir y se la ha entregado a comunidades que no la saben hacer producir.

Donde no hay propiedad, hay pobreza y retraso.

El gobierno tampoco es capaz de garantizar la tranquilidad y el respeto a los derechos porque esto requeriría enfrentar con la fuerza legal a la fuerza revolucionaria ilegal, y eso podría generar alguna víctima. En este momento el gobierno está satisfecho porque hay más carabineros que terroristas heridos y eso es bueno para las encuestas. Porque si hubiera un solo extremista muerto la extrema izquierda proclamaría lo mismo que le decía Fidel Castro a Frei Montalva, que frente al caos desatado por su propia demagogia una vez tuvo que ponerse los pantalones: "Prometió una revolución sin sangre y les ha dado sangre sin revolución". Castro, por supuesto, había hecho una revolución con mucha sangre, principalmente derramada por su subordinado y asesino en serie, Ernesto "Che" Guevara. Dicisiete mil muertos le contabilizó el "Libro Negro del Comunismo", que documentó las cien millones de víctimas que este sistema provocó en el mundo.

Donde no hay justicia hay abuso y caos. Porque en la Araucanía el poder judicial se pasó al bando revolucionario.

Entonces las acciones legales no surten efecto y da vueltas la puerta giratoria. Pero ya la situación no da para más.

Lo único que cabe a estas alturas es la declaración del Estado de Sitio y la aplicación de las facultades que éste entrega al Presidente de la República: "restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá además suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión".

Porque en el estado de sitio los tribunales politizados de la izquierda no pueden entrar a calificar las circunstancias de hecho ni los fundamentos de la autoridad para aplicar las medidas.

Desde luego, al mismo tiempo, ante la justicia se debe comenzar a invocar la legislación de seguridad interior y antiterrorista a la cual ha renunciado el debilísimo gobierno que los chilenos se dieron en 2010 ("se dieron", porque yo no fui cómplice de eso).

Llamen a todo lo anterior "mano firme", "mano dura", "régimen autoritario" o "dictadura", pero nadie podrá decir que es ilegal. Y es, además, indispensable.

Si el gobierno no lo hace, todo será para peor y terminará pagando un costo mucho más alto que si se atreviera a ponerse de una vez los pantalones frente a la revolución en curso en la Araucanía.

Preguntas Sobre la Encuesta CASEN

La última encuesta CASEN ha mostrado una disminución de las pobreza de 0,7% y de la indigencia de 0,9%. Pero no se ha podido dar a conocer el margen de error de la encuesta. ¿Por qué? No lo sé. Yo creía que el margen de error de una encuesta se conocía apenas ella era entregada. Se ha dicho que en este caso demorará un mes (?).

Normalmente los márgenes de error de las encuestas oscilan en torno al 1,5%. Si ese fuera el caso de la CASEN 2011, tanto la variación de la pobreza como de la indigencia no podrían ser consideradas tales, porque con un margen de error como el señalado no podría técnicamente afirmarse que la pobreza y la indigencia han disminuido. Habría una "estabilidad técnica" de ambas entre 2009 y 2011.

Otra pregunta se refiere a que, al darse a conocer la encuesta CASEN 2006, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entonces consultor y académico, señaló que ella adolecía de un grave defecto, pues estaba basada en una canasta de 1987, lo que desvirtuaba sus resultados. Entonces él recalculó los datos sobre la base de una canasta actualizada y el resultado que obtuvo fue que la pobreza era de aproximadamente 29%, más del doble de la cifra oficial.

La nueva encuesta CASEN también ha sido realizada sobre la base de la canasta de 1987. Entonces ¿qué sucedería si ahora se recalculara la pobreza de acuerdo con una canasta actualizada? Lo lógico sería pensar que se obtendría un resultado parecido al que obtuvo Felipe Larraín en 2006, o un nivel de pobreza superior al 29% por ciento de entonces, cuando la pobreza oficial se fijó en 13,7%.

Como el ministro no lo puede hacer, porque sería incómodo para el Gobierno, este blog propone que de nuevo se haga el mismo recálculo.

En relación con la pobreza, he afirmado muchas veces en este blog, que ella es un problema artificial, creado por el Estado o, mejor dicho, sucesivos gobiernos. Primero, porque el Estado prohíbe a las personas pobres contratar libremente sus servicios, con lo que deja a muchas de ellas cesantes o subempleadas. Hoy se considera empleado al que ha trabajado una hora en la semana anterior, y un analista ha señalado que el 85% de los 688 mil empleos creados en el último tiempo no son trabajos con un contrato formal de tiempo completo. Si el Estado no interfiriera con la libre contratación, todas las personas que tienen trabajos vulnerables conseguirían mejores ocupaciones y, por definición, todos los cesantes (medio millón) encontrarían trabajo. Eso significaría no sólo una fuerte disminución de la pobreza, sino su término, puesto que ella se define como la condición de la gente cuyo ingreso es menor a 72 mil pesos mensuales, mucho menos de lo que seguramente todo el que quisiera trabajar encontraría en un mercado libre.

Segundo, si el gasto social del gobierno fuera directamente a los pobres, sin pasar por las manos de la burocracia, como hoy, no habría ningún pobre en Chile. Esto ha sido demostrado muchas veces.

Entonces, ¿quieren que la próxima CASEN arroje 0% de pobreza y, por tanto, 0% de indigencia? Bueno, en lugar de crear cada vez más ministerios, superintendencias y reparticiones burocráticas financiadas con el gasto social, redúzcanlo todo a una oficina pagadora de subsidios para los pobres, dando a éstos libertad de elegir en materias tales como la salud y la educación; y dénles libertad de contratar su trabajo a todos los chilenos.

Bitácora Personal

Ayer terminé sin buena impresión del país. Estaba en el sur, lo cual es siempre mejor que estar en Santiago, y debía tomar un avión a las tres y media, pero salió a las cuatro y cuarto sin que nadie explicara nada, porque estamos en Chile y se supone que eso es normal. Y como me comí un churrasco que tenía exceso de filete (tal vez por eso era carísimo)y me pude tomar una cerveza, porque no iba a manejar el avión, quedé contento y no me hice mayor problema.

El avión llegó a Santiago a las cinco y media, pero estuvo media hora yendo de un lado a otro del aeropuerto, porque, dijo el piloto, no le habían dado un lugar para desembarcar a los pasajeros. ¿No hay nadie que se preocupe de eso? Al final no hubo lugar y nos desembarcaron en un rincón por el cual entramos al edificio por un hueco (palabra hoy proscrita, pues debe decirse "espacio"). A la salida esperé el minibus del estacionamiento donde había dejado el auto en custodia. El minibus pasa cada cinco minutos, dicen, pero esperé media hora. Al fin llegó. ¿Nadie se preocupa tampoco de eso? Recibí un llamado de la casa para retarme por el atraso, pero eso es normal.

Cuando llegué ya era hora de noticias y vi el CHV, pero todo el noticiero estuvo dedicado a delitos variados. Es lógico. La Concertación impulsó una legislación tan favorable a los delincuentes que la actividad de éstos ha prosperado más que ninguna otra (Milton Friedman, que está de centenario). Ahora es muy difícil probarles su responsabilidad a los delincuentes. A los militares se las presumen, pues están en manos de la justicia antigua, que también hoy es de izquierda. Los condenan por presunciones 38 años después de los hechos y aunque lo que hicieron no fuera delito, como "estar" donde dicen que estuvo preso un extremista o "haber entregado a un detenido" en una repartición desde donde después desapareció sin dejar rastro. Diez años para dos carabineros que "lo dejaron ahí" (busque ese delito en el código). A ellos los jueces de izquierda les presumen la responsabilidad, aunque las presunciones no reúnan los requisitos que establece el código ("graves, múltiples, precisas y concordantes"). Pero no importa, son militares, ciudadanos de segunda clase a quienes nadie defiende. En cambio, hoy leo en el diario que el senador Espina dice, a raíz de la impunidad de los terroristas en el sur, que los jueces hacen tales exigencias que resulta imposible probar el delito. Por eso un asaltante que ha robado ya 340 millones de pesos dijo recién, al ser detenido, "nos vemos en un año". Porque sabe que las "leyes Cumplido" lo protegen y le dan toda clase de garantías. Desde luego, los contribuyentes pagamos al abogado que lo defiende. Y son abogados que, desde luego, tienen personalidad. Acabo de oír al de este asaltante, que huyó con 42 millones de pesos que la policía encontró en su casa, diciendo: "¿Pero cómo se puede saber si son los mismos 42 millones de pesos? No se puede probar que los billetes robados son los mismos que los encontrados". No faltará el juez de garantía (garantía para el delincuente, no para la víctima) que le encuentre razón. Delincuente: ciudadano de primera; militar: ciudadano de tercera.

Me llegan por internet las declaraciones del ministro del Interior contra el Gobierno Militar, donde dice que comprende a los que sienten dolor de haber colaborado con él ("arrepentidos"). Él también, supongo, pues votó por el "sí" el '88, pero a estas alturas ya se dio vuelta la chaqueta. Pidió excusas por haber mandado carabineros a Magallanes. ¡Qué atroz! ¡Ejerció la autoridad! Y después se va a sentar a su despacho bajo el retrato de Allende.

Me dan ganas de volverme al sur. Por lo menos allá casi no llegan las noticias.

Dueños del Odio, Dueños del País

Como la FIFA no sabe lo que sucede en Chile, y cree que éste es un país libre, no puede entender la resistencia local a que se juegue un partido clasificatorio del próximo mundial el 11 de septiembre. No lo puede entender, porque no sabe que los chienos no somos libres ni autodeterminados, pues los verdaderos dueños del país son los titulares del odio universal: los marxistas leninistas de ayer ("renovados") y de hoy (comunistas, compañeros de ruta y tontos útiles).

Ellos tienen el poder de impedir que en Chile se viva normalmente cada 11 de septiembre, porque ejercen la violencia contra quienes intenten hacerlo. Acá no se puede exhibir un documental o presentar un libro que moleste al marxismo leninismo, porque éste agrede a quienes concurran al acto. Antes, acá ni siquiera se pudo hacer funcionar una democracia pasablemente ordenada en los años previos a 1973, porque el marxismo leninismo se propuso derrotarla por las armas, intención que los comunistas mantenían en discreta reserva y los socialistas, que siempre han tenido menos autocontrol, proclamaban a voz en cuello en sus congresos partidarios de 1965, 1967, 1969 y 1971.

El marxismo leninismo declaró la guerra, pero la perdió, qué duda cabe. Sin embargo, ganó la posguerra y por eso hoy es dueño del país. Se han requerido, por cierto, muchas complicidades, cobardías, traiciones, deserciones, arrepentimientos, vueltas de chaqueta y vaivenes de los demás sectores para entregarle ese control, pero al cabo lo ha obtenido de manera tan cabal que ni siquiera se puede jugar un partido internacional de fútbol en la fecha en la cual lo prohíben los dueños del odio.

Cuando en Chile no existía el marismo leninismo, el odio no echaba nunca raíces, ni siquiera tras los enfrentamientos más enconados. Tuvimos varias revoluciones, tras las cuales el país se reconcilió, porque el odio no había echado raíces, como ahora. En la de 1891 murieron más de tres veces más chilenos que en la de 1973-90, pero en un par de años el país se reconcilió, dictando todas las amnistías necesarias, hasta respecto de las peores matanzas de civiles, como la de Lo Cañas, con tal de que los chilenos se reencontraran. Y lo hicieron.

Pero los dueños del odio después aparecieron en la escena nacional y por eso éste ya no muere nunca. Por más que se hagan falsas escenificaciones, como la Comisión de Verdad y Reconciliación, que no trajo ni la una ni la otra, sino al contrario, atizó los odios. Y por eso vivimos cada día nuevos paroxismos de odio, provocados por los titulares de él, los que declararon la guerra en que fueron derrotados pero en cuya posguerra han resultado triunfadores.

Hoy el odio revive en el proceso por la muerte del general Bachelet, un marxista leninista enfermo del corazón que jugó un partido de básquetbol contraindicado para su condición, a raíz de lo cual murió, pero cuyo supuesto e inexistente "asesinato por torturas" se esgrime ante la opinión pública para atizar el odio. Ya los administradores de éste se han apoderado del Poder Judicial, consagrando las doctrinas más descabelladas con tal de eternizar la venganza contra sus vencedores. Han logrado dominar el Instituto Médico Legal, a la cabeza del cual hay un "militante del partido MIR", para emplear sus propias palabras (se las oí en CNN el año pasado) que se ha arreeglado para dictaminar que un cadáver enterrado hace 38 años, del general Bachelet muerto de un ataque al corazón tras jugar básquetbol ¡tiene signos de haber muerto a raíz de torturas! Pero como el mirista no puede controlarlo todo, hoy los especialistas del Instituto han dictaminado que no pueden precisar la muerte de un niño, ocurrida en Laguna Verde hace dos días. ¡Pueden detectar la causa de la muerte en restos enterrados por 38 años y no lo pueden hacer en el cuerpo de un niño fallecido hace un par de días! Es que este último caso no sirve para atizar el odio.

El director del Instituto Médico Legal es funcionario de la confianza del Presidente de la República, lo que sirve para ratificar hasta qué grado el Ejecutivo es, también, una marioneta de los dueños del odio.

Unos pocos demócratas han ideado una herramienta mínima para despertar al país del letargo y oponerse a la amenaza de los dueños del odio: el Plan Ahora, para anular las listas de concejales en la elección del 28 de octubre. En un país que sólo se mueve al compás de las amenazas, sólo una pequeña, modesta y pacífica, de quienes defienden a las principales víctimas del odio, los uniformados que transitoriamente nos salvaron de él, hoy "caidos tras las líneas enemigas", cobardemente abandonados por sus camaradas activos, olvidados por quienes lo salvaron todo o contruyeron fortunas gracias a la libertad que ellos salvaron; apuñalados por tantos olvidadizos, tránsfugas, malagradecidos y "arrepentidos".

Sólo una pequeña salva, una señal, pero a la vez una esperanza de que el país pueda liberarse del yugo que hoy le han impuesto los dueños del odio y que impide nuestra reconciliación.

El Acabóse Judicial

He estado desconectado de la actualidad, no he leído diarios ni visto televisión y ni siquiera estoy seguro de lo que oí fugazmente, al pasar, en una radio ajena (así de aislado estoy): que el ministro sumariante Carroza sometió a proceso a dos generales de la FACH por haberle ocasionado torturas al general Bachelet.

Es un hecho incontestable, avalado por el testimonio de personas de sus mismas ideas políticas y que compartían prisión con él, que el general Bachelet murió tras jugar un partido de básquetbol en la cárcel, desaconsejado para su condición cardiaca. El episodio de la muerte por un exceso deportivo lo relató el senador socialista Eric Schnake, que estaba con él, y se publicó en "Qué Pasa". Si la causa de la muerte fue un partido de básquetbol, desde luego no puede atribuirse a "torturas".

Pero, además ¿cómo se puede determinar torturas en restos humanos que han estado inhumados 38 años?. Porque hoy todo se puede; porque hay un mirista a cargo del Instituto Médico Legal y él, que goza de la confianza del V Gobierno de la Concertación, el de Sebastián Piñera, se las ha arreglado para que tanatólogos de su dependencia hayan dictaminado, 38 años después del fallecimiento, que los restos arrojan el resultado "científico" de que murió por torturas. Pero el juez, parece, no se atrevió a tanto y procesó sólo por torturas, no por homicidio.

Científicamente el sentido común dice que no es posible, pero políticamente sí lo es: un director de extrema izquierda consigue un dictamen médico que dice lo que él quiere oír. Y un clima de prensa como el que vive el país ha creado la imagen de que el general murió por torturas, porque "una mentira repetida mil veces pasa a ser verdad". Y porque hay un gobierno que cohonesta todo eso, porque considera cautivo al electorado de derecha y no le importa malquistarse con él, pero sí le importa malquistarse con la izquierda, que es el único sector capaz de causarle problemas.

El juez Carroza, por su parte, no puede dejar de ser "políticamente correcto" y se atiene a afirmar lo que quienes mandan en el país (la extrema izquierda) quieren oír, y lo saca del sombrero: hay fundadas sospechas de que dos generales de la fuerza aérea torturaron a Bachelet. Siempre ha sido difícil, y generalmente imposible, acreditar torturas cuando han transcurrido pocos días, pero para la "justicia" chilena se pueden probar después de 38 años.

Por supuesto, lo anterior es completamente ilegal, porque hay disposiciones legales que obligan al juez a sobreseer el poceso, como son las causales de extinción de la responsabilidad penal, léase amnistía (que el entonces Presidente Aylwin, en su carta de 1991 a la Corte Suprema, declaró como "plenamente vigente" --la carta sólo pedía que esa ley no se aplicara sino en la sentencia de término--. Si Aylwin la declaró "plenamente vigente" ¿cómo puede ahora no estarlo? Respuesta, porque este es otro país distinto al de 1991, un país manejado por la extrema izquierda, a su amaño y que, por tanto, ha abandonado el Estado de Derecho en todo lo relacionado con el Gobierno Militar.

Alguna voz podrá surgir, diciendo "es que fue un delito de lesa humanidad". En Chile los delitos de lesa humanidad fueron tipificados por primera vez en una ley de 2009, de manera que no existían en nuestro ordenamiento en 1974, cuando se habrían cometido las torturas. Y un principio inmemorial del derecho penal, reconocido en toda la legislación mundial y en la chilena, desde luego, es que no puede haber delito sin una ley previa a los hechos que lo establezca.

No, ésta no es sólo una ilegalidad más de la dictadura judicial chilena, sino lo que dije más arriba y que por su vulgaridad no volveré a decir. Simplemente "el acabóse" judicial.

¿Hay alguna esperanza? Una sola: se llama Plan Ahora. Anule su voto por concejales en la elección del 28 de octubre. Es lo único que tenemos. Si ni siquiera conseguimos una cantidad significativa de gente que haga eso, quiere decir que merecemos el "acabóse judicial".

El País de los Dueños de lo Ajeno

Este blog ha conseguido el concurso de numerosos comentaristas de izquierda (más bien extrema, parece) que si bien no son benévolos con el autor ni con otros contribuyentes, aportan opiniones distintas a las del resto y aprovechan de enterarse al leerme de cosas tan ignoradas por ellos, supongo, como de que Salvador Allende fue por largos años, con la chapa de "Líder", un agente a sueldo del KGB, como revelara el Archivo Mitrokhin; y, a la vez, de que recibó sobornos norteamericanos, como lo revelara el ex embajador Edward Korry. Pues a la hora de recibir dinero, no tenía prejuicios ideológicos.

Luego, no me alarman los comentaristas de izquierda del blog, pero sí me alarmó, en días pasados, encontrarme con desacuerdos con este autor entre los comentaristas afines al blog, en cuanto a mi postulado de que la PSU es el tumor central generador de esa grave enfermedad que asuela al país y que se llama "educación socialista". Partidarios del blog, en efecto, se preguntaron: "Entonces ¿cómo se selecciona a los alumnos que van a entrar a la universidad?"

Esa pregunta lo dice todo. Simplemente no se concibe que haya plena libertad para fundar y administrar universidades de la manera en que sus dueños lo determinen; ni que familias y alumnos libres elijan a cuál de ellas estos últimos van a asistir. Ni se concibe que los programas de enseñanza sean libremente confeccionados por los establecimientos educacionales, sin que el Estado tenga que imponérselos, que es lo que consigue a través de la PSU.

En otras palabras, a la casi totalidad de los chilenos de todos los sectores del pensamiento político les resulta impensable una educación propia de una sociedad libre. Se sienten autorizados para decir "cómo debe ser la educación" de los demás. Y aspiran a que el Gobierno imponga su sistema. Todos se sienten dueños de algo ajeno, como lo es la decisión de cada familia y cada alumno acerca de dónde y cómo éste debe educarse; todos se sienten titulares del derecho a decidir qué se enseñará, cómo se calificarán las pruebas y exámenes, qué criterios deben presidir el ingreso a los establecimientos y cómo éstos deben manejarse, siendo que la Constitución le entrega a cada ciudadano y a cada familia, en el caso de los alumnos menores, la decisión de dónde, cómo, qué, cuánto o cuándo se va a estudiar, pues en eso consiste la libertad de enseñanza.

Es en la educación donde más se manifiesta el afán de sentirse dueños de lo ajeno, pero también él aparece cuando los santiaguinos se sienten llamados a decidir si va a haber o no un mall en Castro, materia que debería serles por completo ajena; o el Estado se adueña de la libertad de trabajo, impidiendo que dos personas libremente pacten la contratación de los servicios de una de ellas y, en fin, una larga lista de decisiones propias del ejercicio de la libertad personal que han ido siendo escamoteadas de la esfera de los individuos por el pensamiento colectivista.

Cuando leo, veo u oigo a casi todos opinar sobre cómo debe ser la educación de los demás, la única respuesta propia de un partidario de una sociedad libre debería ser: "¿y qué tiene usted que meterse en eso?". La misma que merecería el intento de imponernos cuántas tostadas vamos a comer en el desayuno, número que ya deben estar calculando los colectivistas que se sienten dueños de lo ajeno, a algunos de los cuales he dado la bienvenida en el primer párrafo de este blog como contribuyentes del mismo.

La Dictadura de la Justicia de Izquierda

Tocqueville decía que la dictadura de la justicia era la peor de todas, por ser la única que no tiene remedio.

En Chile la estamos viviendo. Tanto la del antiguo procedimiento penal como del nuevo. Este último acaba de dejar libres a todos los imputados por el "caso bombas". El pronunciamiento oficial del Estado chileno, entonces, es que el centenar de bombas terroristas de los últimos tiempos no lo preparó ni colocó ni detonó ninguno de los únicos sospechosos de hacerlo. Y el tribunal oral, tras haber desechado miles de pruebas aportadas por las policías y la fiscalía ¡se dispone ahora a enjuiciar a fiscales y policías por supuestos delitos cometidos en la investigación!

Pues este tribunal oral de la nueva justicia asevera que "haber estado" en la casa okupa "Sacco y Vanzetti" (nombres de anarquistas históricos) no constituye presunción de culpabilidad, aunque otros autores de atentados hayan vivido en esa casa. El delito de "estar ahí" no puede ser imputado a extremistas de izquierda, dice el tribunal.

Pero la antigua justicia, a su turno, que también es de izquierda, sí castiga el delito de "haber estado ahí" y en este momento tres oficiales (r) de la Armada, uno de Carabineros y otro de Investigaciones entran a cumplir cinco años y un día de presidio efectivo por "haber estado" en una repartición de la Armada en enero de 1974, cuando se determinó que había sido llevado ahí un extremista apodado "el vietnamita", que después desapareció, sin que se haya probado la participación de los condenados en este desenlace. Con los criterios que la nueva justicia aplica a los imputados de colocar bombas, jamás podría haberse condenado a los uniformados (r) y el ex policía, cosa que, además, se hace pasando por sobre la amnistía y la prescripción. Pero es que, en este otro caso, los que "estuvieron ahí" son "del otro lado", del que combate a  los extremistas. En Chile hay, pues, una ley para éstos (no cometen el delito de "haber estado ahí") y otra para quienes los combaten (sí incurren en ese delito).

Lo peor es que uno de los oficiales (r) de la Armada condenados sin pruebas ¡ni siquiera "estuvo ahí"! Él había sido trasladado de la unidad donde dicen que fue llevado "el vietnamita" en enero de 1974, antes de esa fecha, al buque-escuela "Esmeralda": y dejó de ir la unidad en diciembre de 1973. Pero los libros donde constaba la fecha de su traslado fueron incinerados (lo son cada cinco años). Justamente por razones como ésa existe la prescripción en todos los estados de derecho, pues las pruebas y los testigos desaparecen. Pero en Chile no vivimos bajo un estado de derecho, en lo que al extremismo y los encargados de combatirlo se trata.

Por supuesto, el Ministerio del Interior juega también un doble papel  en el actual "estado de antijuridicidad": fue activo agente, a través de su legión de abogados de izquierda, para llegar hasta la Corte Suprema y lograr la condena más severa de los ex uniformados (pues los jueces de primera instancia y de apelaciones los habían condenado sólo a 541 días de pena remitida, es decir, que se cumple en libertad). Interior exigió que se aumentara a cinco años y un día de presidio efectivo la sanción por "haber estado ahí". Pero ahora el ministro critica acerbamente a la nueva justicia oral de izquierda por haber liberado a los extremistas de la casa okupa en razón de que "haber estado ahí" no es delito.

Un mismo hecho puede o no ser delito, según lo cometa un extremista de izquierda o un agente del Estado. Determinarlo queda al arbitrio de la peor de las dictaduras, la de la justicia de izquierda, en cuyas manos estamos los chilenos de hoy.

Por supuesto, no voy a recordar la promesa del candidato Sebastián Piñera a los uniformados en retiro, en el sentido de que velaría por el respeto al debido proceso y la prescripción en los juicios a sus camaradas procesados y presos, porque un exceso de risa repentino podría afectar la normalidad de la digestión de mis lectores.

Pero olvidaba algo importante sobre la dictadura de la justicia de izquierda: la Corte Suprema finalmente ha dejado sin efecto las últimas expulsiones de alumnos de liceos de Providencia que el año pasado los usurparon por la fuerza y los dañaron. Ha sido así, finalmente, desautorizado el único funcionario público del país, el alcalde Labbé, que intentó hacer valer la legalidad frente a la asonada comunista estudiantil que soportamos el año pasado. 

El Tumor Socialista de la Educación

La educación chilena es deficiente porque es socialista. Pero la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo, es decir, que cualquiera pueda ganarse la vida creando entidades educacionales de todo nivel. ¿Por qué, entonces, la educación es socialista?
Porque esa libertad constitucional no puede hacerse efectiva debido a que el sistema tiene un tumor socialista que esparce la enfermedad hacia todos los niveles. Ese tumor se llama PSU.

La PSU tiene anclada la enseñanza al socialismo porque determina el dinero que el Estado entrega a los alumnos de las unversidades. Si hubiera libertad de enseñanza, el Estado debería entregar a todos los alumnos pobres su ayuda por igual, cualquiera fuera la entidad que eligieran, y éstas podrían tener los programas de enseñanza mejores. Pero no pueden, porque no hay libertad de programas, pues para tener financiamiento hay que aprobar la PSU. Y esta prueba se rinde según los programas que determina el Estado, es decir, el Ministerio de Educación. Todos los colegios, ya sean particulares pagados, subvencionados o municipales (estatales) deben enseñar lo que ordena el Estado, o si no no hay PSU ni hay plata para la universidad. Es decir, socialismo y no libertad de enseñanza.

Ahora hay debate por el "ranking de notas" que han discurrido para matizar el resultado de la PSU. Entonces se tratará de arreglar ese "ranking", es decir, manipularlo. Todas derivaciones del intervencionismo socialista en la enseñanza.

Mientras no se extirpe el tumor no habrá libertad de enseñanza. Mientras no la haya, habra educación socialista. Mientras esta última subsista, la educación chilena no mejorará.

¿Cuál es la receta? La de siempre para progresar: libertad real. Libertad para fundar establecimientos de todo nivel. Libertad de programas de enseñanza. Libertad de elegir establecimientos para que los padres manden a sus hijos al de su preferencia. Financiamiento estatal para las familias pobres mediante "vouchers" que ellas puedan llevar al colegio, centro, instituto o universidad que elijan.
Es decir, enseñanza particular pagada para todos. Y como sabemos que ella alcanza en Chile niveles propios de países desarrollados, un gigantesco salto adelante de la educación chilena. Porque la plata está. Si el presupuesto de Educación fuera para las familias y no para la burocracia, todos los niños y jóvenes de Chile podrían ir a los mejores establecimientos. La libre competencia garantizaría que éstos contarían con la preferencia y los malos o ineficientes desaparecerían.

Pero para llegar a eso hay que comenzar con una cirugía ineludible: extirpar el tumor socialista, la PSU.

El Voto Duro se Niega a Morir

Sorprendentemente, he podido volver a escribir en el blog. Lo logré cambiando de computador, a uno antiguo y lentísimo, que se conecta a internet como al quinto bote, pero que, al revés del nuevo, admite mis textos.

Ayer me sucedieron cosas importantes que no había podido escribir. Fui a Santiago y me estacioné en Providencia. Subía las escalera hacia la calle cuando me crucé con dos estudiantes, y uno de ellos me dijo: "Don Hermógenes, siga en su lucha por la verdad, no se desaliente nunca".  Más atrás venía subiendo una veinteañera de pantalones, que le gritó al estudiante: "¡Buen dar que andai perdido, cabro... Si ése es un viejo muy malo!" Yo pensé que era ciega, por eso de decirme "viejo", y me detuve para ayudarla, mirándola fijamente, pero entonces ella me miró a su vez fijamente con dos grandes ojos verdes, que eran cualquier cosa menos no-videntes, y me dijo: "¿O no?" Yo no le contesté nada, porque siempre he confiado en el poder de mi mirada silenciosa y fija, pero a ella no pareció perturbarla y me dio la impresión de que se alejaba riéndose, satisfecha de sí misma.

Es el mismo país dividido en que nacimos, hemos vivido y esperamos morir. ¿Y qué? La izquierda está dividida, a juzgar por un intercambio de correos electrónicos que no he tenido la paciencia de leer. La derecha está dividida, pues tanto dentro de RN como de la UDI están peleando entre ellos, lo que no les ha dejado tiempo a ambas para pelear entre sí.

Ayer leí en "El Mercurio" la columna de Gonzalo Rojas, quien, refiriéndose a los "arrepentidos" Chadwick, Lavín y Dittborn, se preguntaba: "¿No son conscientes de cuánto importa el pasado reciente en la vida pública chilena?" Gran pregunta, porque el pasado lo es todo. Reitero a Orwell: "El que maneja el pasado, maneja el presente; y el que maneja el presente, maneja el futuro".

"Entregando" el pasado,como lo hacen los "arrepentidos", estamos entregando el futuro. Por eso fustigué a "El Mercurio" por afirmar, en un primer editorial, es decir, como opinión del diario, dos cosas incompatibles con la trayectoria del mismo: que el Gobierno Militar violó los derechos humanos y que el Informe Rettig contiene una verdad consesuada por todos los chilenos, siendo que ninguna de ambas cosas es cierta y que, si lo fueran, "El Mercurio" debería pedir perdón al país, porque apoyó consistentemente al Gobierno Militar (e hizo bien al hacerlo, porque contribuyó a salvarlo y convertirlo en "la joya más preciada..." etc.)

Pero el "voto duro", por suerte, existe. Tanto entre los jóvenes como entre los mayores. Testimonio de lo primero, el estudiante que se cruzó conmigo en el estacionamiento de Providencia. Y de lo segundo, el siguiente párrafo de Gonzalo Rojas, que lo dice todo: "En la sede central de la UDI, un viejo militante, un amigo personal de Jaime Guzmán, pedía indignado que alguien lo recibiera para manifestar su molestia. El domingo anterior había sido golpeado en la calle por defender sus convicciones, pero un ministro de su partido había hecho causa común con  quienes lo habían agredido. No entendía nada, porque nada tenía sentido".

Sí. El "voto duro" todavía existe: "¡Aún tenemos Patria Ciudadanos"!  

El blog no admite mis textos, sino sólo el título: no puedo seguir escribiendo. Adiós.

Jueces de Izquierda Baten su Propio Récord

El último Boletín del Plan Ahora (plan que propicia no votar por concejales el 28 de octubre si no han sido liberados los presos políticos uniformados) da a conocer algo que parecía imposible: la segunda sala penal de la Corte Suprema (Juica, Dolmetsch, Künsemmüller, Brito e integrante Gmo. Silva) ha condenado a diez años y un día de presidio, sin beneficios, a dos suboficiales (r) de Carabineros, Gamaliel Soto y Clenardo Figueroa, ¡por haber detenido, el 14 de septiembre de 1973, al doctor Eduardo González Galeno, del hospital de Cunco, y su cónyuge; y haber entregado al primero a la Fuerza Aérea en la base Maquehue de Temuco y a la segunda a la cárcel de mujeres de la misma ciudad!

Por supuesto, la condena de primera instancia la había impuesto el inefable ministro sumariante Alejandro Solís.

El memorable récord que han establecido todos esos magistrados, rompiendo el anterior suyo propio, consiste en que no sólo han desconocido todas las leyes penales vigentes y, por tanto, el debido proceso, cosa que han hecho muchas veces, sino en que ahora han impuesto diez años y un día a dos modestos suboficiales (r) reconociendo que ¡no han cometido delito alguno! Porque, por más que uno hurgue en el Código Penal y en leyes especiales, jamás encontrará tipificado el delito de "entregar a un detenido en una base aérea y a su cónyuge en la cárcel de mujeres".

Además, este récord constituye una hazaña muy particular: para burlar todas las leyes, los ministros de izquierda han recurrido nuevamente a su "ardid" favorito, el afirmar que hay "secuestro permanente" del doctor González Galeno, porque nadie conoce su paradero final. ¡Pero los mismos jueces, en la misma sentencia, establecen que los dos suboficiales de Carabineros ENTREGARON al doctor en la base aérea de Maquehue! Por consiguiente, si LO ENTREGARON el 14 de septiembre de 1974, no pueden presumir (como lo hacen en los demás casos de condenas ilegales) que lo mantienen actualmente secuestrado, su excusa habitual para no aplicar la amnistía ni la prescripción.

Y también este fallo establece, a la vez, una nueva marca en materia de sevicia (crueldad) contra dos uniformados ancianos, de baja graduación y que, ciertamente, sólo podían estar cumpliendo una orden superior de traslado y no actuando por iniciativa propia.

Sin duda, todo esto pone en evidencia que en la superestructura judicial del país "el odio es más fuerte".

Por eso, quienes estamos contra este estado de cosas, que tiene convertido a Chile en una nación donde el odio pasa por encima de todas las normas, debemos votar blanco o nulo en las elecciones de concejales del 28 de octubre, según aconseja el Plan Ahora.

Es la única forma de protesta que nos queda a los ciudadanos de bien ante la indiferencia que la clase política y los poderes públicos observan frente a este estado de cosas.

En Aras de la Verdad Histórica

El jueves 5 estuve de viaje, así es que no leí "El Mercurio" hasta las cuatro de la tarde. Al hacerlo encontré en su página A-2, en la sección "Cartas al Director" (una de las más leídas del diario) una comunicación del pintor Mario Toral referida a una pintura suya aportada al Museo de la Memoria, en homenaje a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, que resultaron quemados en una barricada incendiaria que intentaban levantar en una calle céntrica, durante una "protesta", en 1986.

Toral culpaba en su nota a una patrulla del Ejército de haber rociado a ambos con bencina y haberlos quemado. Como esa versión es notoriamente falsa y, además, calumniosa para el Ejército (que desde hace muchos años ha dejado de defenderse) escribí la siguiente rectificación a "cartasaldirector@mercurio.cl", para restablecer la verdad histórica:

"Caso Quemados”

"Señor Director:
"En carta al diario el artista Mario Toral comenta su pintura, aportada al Museo de la Memoria, alusiva al caso de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, que resultaron quemados en una barricada incendiaria que intentaban levantar en 1986. Afirma Toral:
“Sorprendidos por una patrulla militar, sus cuerpos fueron rociados con gasolina, quemados y luego arrojados en una zanja. Rodrigo Rojas murió y Carmen Gloria Quintana sobrevivió con su rostro desfigurado”.
"La versión anterior no se ajusta a la verdad. Según consta del proceso 1609-10 de la Fiscalía Militar ad hoc, II División de Ejército (Archivo Judicial), fue la propia joven Quintana, tratando de huir, la que volcó un bidón de gasolina que llevaba, y que generó el fuego que la quemó a ella y su acompañante, además de un militar que intentó apagar las llamas. El teniente a cargo de la patrulla fue condenado a 600 días por cuasidelito de homicidio, por liberar a la pareja sin haberla llevado a un hospital.
"Los detalles y las versiones de testigos pueden verse en mi libro “Terapia para Cerebros Lavados”, El Mercurio-Aguilar, 2008, p. 218 y sigtes.
Hermógenes Pérez de Arce Ibieta."

Eso lo escribí el jueves a las 16 hrs. y hasta hoy, domingo, dicha carta no ha sido publicada por el diario, para lo cual supongo tendrá buenas razones, entre las cuales no debería estar un blog mío reciente y muy crítico de un editorial suyo que, a su turno, transgredió la verdad histórica al atribuir al Gobierno Militar una política que no tuvo, la de violar los derechos humanos; y al Informe Rettig una calidad que tampoco tiene, la de "verdad consensuada".

Por eso reproduzco en este blog la carta no publicada, en aras de restablecer la verdad histórica, consciente de que el efecto reparatorio será mucho menor que el susceptible de haberse alcanzado a través de las páginas del Decano, pero en la seguridad de que, por lo menos, quedará alguna constancia de la verdad menoscabada por el pintor Mario Toral.

Debo añadir algo que, por razones de espacio, no incluí en la carta a "El Mercurio": es la resolución dictada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alberto Echevarría Lorca, nombrado inicialmente "en visita extraordinaria" para conocer de los hechos, que después pasaron a manos de la Justicia Militar. Expresó el ministro Echevarría, en su resolución de 23 de julio de 1986:

"Que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero".

Los elementos incendiarios los portaban ambos jóvenes. Cuando se estaban quemando, los militares los apagaron, resultando uno de ellos, a su vez, con quemaduras.

Esa es la verdad histórica de un caso de los llamados "emblemáticos" que han sido utilizados por la extrema izquierda chilena e internacional para denigrar al gobierno que salvó a Chile de un destino totalitario.

El Salario Mínimo y la Desigualdad

La causa principal de la gran desigualdad de ingresos en Chile es el salario mínimo obligatorio, porque deja sin trabajo a muchos de los más pobres, mientras que entre los más ricos el desempleo no existe (es de 2 por ciento), según puede verse en la encuesta CASEN.

Pues el salario mínimo impide que encuentren un trabajo formal los menos calificados, que son, a la vez, los más pobres. Éstos, entonces, recurren al mercado informal (lavadores de autos, limpia-vidrios, vendedores callejeros). Eso aumenta la oferta de trabajadores informales, lo que disminuye la remuneración en esos oficios, que son los que desempeñan los que no encuentran otra ocupación. O simplemente, hay más que quedan sin nada qué hacer, cesantes.

Resultado: los de menor ingreso ganan todavía menos o pasan a no ganar nada. Como los de mayor ingreso siguen con pleno empleo o más (pues 2 por ciento de cesantía es más que pleno empleo), aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso.

Cuando Hernán Büchi fue ministro de Hacienda, en 1986 congeló el salario mínimo. ¿Saben ustedes cuál fue el resultado? Que en la última encuesta de empleo antes del término del Gobierno Militar, en enero de 1990, la desocupación bajó a poco más de 5 por ciento, cifra que nunca se volvió a alcanzar después.

El gobierno y los legisladores saben todas estas cosas. ¿Por qué no las tienen en cuenta? ¿Por qué incluso RN, el partido del presidente, insiste en que éste suba el salario mínimo a 200 mil pesos en lugar de sólo a 193 mil? Por una razón: porque saben que la gente no entiende nada de lo anterior. La mayoría de la ciudadanía cree que subir el salario mínimo es darles más plata a los pobres, en lugar de privarlos de un ingreso, como sucede en la realidad.

Pues la gente dice: "La economía está bien, el desempleo ha bajado y, por tanto, nada va a suceder si se sube un poco más el salario mínimo". No se va a venir el mundo abajo, es verdad, pero sí va a suceder que menos personas pobres van a encontrar ocupación formal; que en el mercado informal va a haber más oferta de brazos y las remuneraciones van a bajar o más gente no va a encontrar ni siquiera allí cómo ganarse unos pesos; y que, por consiguiente, la desigualdad va a mantenerse o aumentar, porque mientras en los grupos de jóvenes sin preparación, que viven en poblaciones, la cesantía se acerca al 50 por ciento y caen en el delito o la droga, en los de más altos ingresos todos los que quieren trabajar encuentran ocupación, porque a ese nivel no incide el salario mínimo por ser toda gente con avanzada educación. Y por eso crece la desigualdad.

Esta discusión es antigua, pero la mayoría nunca la ha entendido. Y los políticos saben que la mayoría no entiende (y a lo mejor muchos de ellos tampoco). Mientras este tema no se comprenda, pues, año a año se seguirá aprobando un salario mínimo más alto que el que permitiría a todos los más pobres encontrar trabajo y, por tanto, no se podrá reducir la desigualdad de los ingresos en el país.

El País en que Nos Toca Vivir

La carta titulada "Mi Verdad", de un preso político uniformado, el coronel (r) de Carabineros, Conrado Sesnic, ha conmovido profundamente a quienes hemos tenido la suerte de recibirla y la paciencia de leerla. Ahí está todo reflejado: la mentira, la vileza, la traición, la injusticia, la ilegalidad, el cinismo y el comunismo en todo su esplendor. En resumen, el Chile actual.

Si quedara una brizna de moralidad en nuestro Poder Judicial, éste ordenaría abrir una investigación sobre el contenido de esa carta y se preocuparía de cotejar cada una de sus afirmaciones con la realidad objetiva de los hechos, para después ---si se comprobara la veracidad de aquéllas--- emitir, con la firma de todos los ministros del más alto tribunal, un estentóreo MEA CULPA y un atronador NUNCA MÁS, seguidos de una humilde y sentida petición de perdón a todos los chilenos (amén de las condignas sanciones a la caterva de jueces prevaricadores que han intervenido en el proceso).

Esa carta debería ser también leída en clases en los colegios municipalizados, particulares subvencionados y pagados, para que todos los niños de Chile no se hicieran ilusiones y supieran cuál es la verdadera calaña moral del país en que viven.

El coronel (r) Conrado Sesnic está entrando en estos días a servir cinco años y un día de presidio por un delito que no sólo no cometió, sino que es inexistente y del cual no hay ninguna prueba, como no sea la declaración (contradicha por los hechos) de un ex detective comunista, alcohólico, indebidamente pensionado por la infausta Comisión Valech, indebidamente jubilado de Investigaciones y, por añadidura, condenado por diversos delitos, entre ellos el de falsedad ante el juzgado de Melipilla. Su falso testimonio es la única "prueba" contra el coronel (r) Sesnic de hechos prescritos, amnistiados y ya antes juzgados, ocurridos 38 años atrás y en los cuales no tuvo la menor participación.

Por contraste, en el reciente "caso bombas", nuestra "justicia" desechó casi ¡siete mil! pruebas que había reunido la fiscalía para dejar libres a todos los extremistas que se había pedido procesar en virtud de esas pruebas. Así entienden los tribunales chilenos la igualdad ante la ley.

Los jueces de primera instancia y de apelaciones habían condenado al coronel (r) Sesnic, de manera igualmente ilegal e injusta, pero al menos (por elemental sentido común dentro de la prevaricación) sólo a 541 días y con pena remitida. Pero el activo ministerio del Interior del presidente que, como candidato, había prometido a los uniformados (r) hacer respetar las leyes a su respecto, se preocupó de conseguir que la segunda sala penal (de izquierda) de la Corte Suprema transformara la pena remitida, ya ilegal e injusta, en cinco años y un día de presidio efectivo. Es decir, a la prevaricación se añadieron, por iniciativa gubernamental, la injuria y el castigo.

¿Y el resto del país? Éste siempre ha sido un país cómodo: mira para otro lado. Los uniformados activos chilenos (¡qué distintos de O'Higgins y Prat!) ya han convertido en lema el dejar abandonados a "sus caídos tras las líneas enemigas". ¿Qué dirigente o parlamentario de izquierda querría fotografiarse con un comandante en jefe, para las páginas de la Vida Social, si éste rompiera lanzas por los "violadores de derechos humanos"? El Colegio de Abogados sabe mejor que nadie todas estas cosas, pero es, ante todo, "políticamente correcto". ¿Para qué iniciar debates odiosos dentro de su propio Consejo y malquistarse con la corriente dominante? Y si bien la Iglesia tiene su lema "la verdad nos hará libres", lo olvida convenientemente respecto de los presos políticos uniformados. Ya tiene suficientes problemas como para meterse en otros. ¿El rector Carlos Peña, el Catón contemporáneo? ¡Pero si es un Catón para un solo lado, un Catón tuerto! ¿En qué país vive usted? Y, en fin, los partidos de derecha ya tienen suficientes preocupaciones con sus "arrepentidos", que son legión y se suman al coro de la izquierda para hacer aún más dura la vindicta contra los más débiles de todos, los uniformados presos. ¿De dónde vamos a sacar, entonces, a un Émile Zola para defender a los centenares (con potencialidad de miles) de capitanes Dreyfuss chilenos? Pues si nuestro Zola apareciera, de seguro no tendría prensa ni televisión. A lo más podría aspirar a emitir sus proclamas en algún twitter o blog.

Resignémonos. Ése es, ni más ni menos, el miserable país en que nos está tocando vivir.

El País es un Organismo Enfermo

El país está enfermo porque no tiene defensas. A mí suelen decirme que me he quedado "pegado" en el pasado. Pero yo veo muchas cartas y columnas sobre el Museo de la Memoria y temas similares, y ninguna la he escrito yo. Es el país el que está "pegado" en el pasado. Y lo está porque sabe que está enfermo de lo mismo que en el pasado. Cuando el 11 de septiembre de 1973 el general Leigh dijo que iban a "extirpar el cáncer marxista" se equivocó. No lo extirparon. Bastó un Aylwin para revivirlo. Y basta un Piñera para que rebrote más.

El Museo de la Memoria es una institución privada marxista que exhibe una versión manifiestamente falsa y sesgada de la historia reciente de Chile. Sin embargo, recibe más de mil millones de pesos anuales del presupuesto, que hace aprobar cada año (teniendo él iniciativa exclusiva para los gastos) un gobierno sedicente (porque su cabeza no lo es) "de centroderecha". ¿Alguien osaría pensar que ese gobierno se atrevería a suprimir el referido ítem de la propaganda marxista?

Vi una foto de la "sala Lonquén" de dicho museo. ¿Ustedes creen que ahí se ilustra sobre la persecución que una familia de extrema izquierda y sus allegados y afines desataron durante la Unidad Popular contra gente que no era de sus ideas? ¿Ustedes creen que ahí se informa que la vindicta encabezada por carabineros rasos de Lonquén, poco después del 11, y también por civiles, que terminó en la eliminación física de los marxistas autores de los abusos, nunca fue siquiera conocida, ni menos ordenada, por la Junta de Gobierno? Pues ni siquiera supo de ella el Comisario de la unidad policial. Por supuesto, la "Sala Lonquén" del Museo de la Memoria no informa de nada de eso, sino que se preocupa exclusivamente de destacar el horror de las ejecuciones y los entierros y de asignárselos al Gobierno Militar. Es como si en un "Museo de la Memoria de Hitler" éste se concentrara en los horrores de los bombardeos de Bremen y Hamburgo, y no dijera nada más de la II Guerra Mundial.

El otro día intervino la Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, Magdalena Krebs, en la polémica sobre el Museo de la Memoria, y dijo una verdad elemental: que si está financiado con dineros públicos debía exhibir el contexto completo de las situaciones que mostraba. Pero surgió un vocerío que pedía su renuncia y ella se atemorizó y tuvo que retractarse parcialmente de sus dichos. Pues en Chile está prohibido, de hecho, defender la verdad completa, porque los recursos públicos, como en el caso del Museo de la Memoria, están dedicados a ocultarla o disfrazarla. Y si uno intenta defenderla, lo amenazan o agreden. Se ha impuesto una mentira oficial.

Lo que se sabe o no se sabe del pasado reciente lo determinan los marxistas. Si usted pretende comunicar una verdad distinta de esa mentira oficial lo golpean los encapuchados en la calle y, si es funcionario o funcionaria y demanda objetividad, exigen su renuncia. Son ellos los que mandan. Orwell dijo: "El que controla el pasado, controla el presente. Y el que controla el presente, controla el futuro". ¿Quién es ése, en el Chile hoy? El marxismo. Hasta ha propuesto una ley para sancionar penalmente a los que discutan su versión del pasado.

Está prohibido hasta saber de qué nos libramos. El otro día un profesional distinguido refirió que, poco antes del 11 de septiembre de 1973, un obispo de izquierda que era amigo suyo e iba a viajar a Europa le relató que uno de sus amigos de extrema izquierda le había advertido que, cuando se encontrara allá, iba a tener noticias sangrientas de Chile, porque aquí habría un golpe revolucionario con 200 mil muertos, pues había que asegurarse de que "la burguesía no volviera a levantar cabeza". Por supuesto, estaba todo en el "Plan Z" y la fecha del golpe era el 19 de septiembre de 1973. La izquierda hoy dice que el "Plan Z" era inexistente. Pero hubo un obispo de izquierda que sabía que no. De eso nos libraron los militares, pero está prohibido recordarlo.

En un reciente informativo del Plan Ahora que circula en internet fueron detalladas todas las partidas del presupuesto del Instituto de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Esa es otra creación marxista, funciona como tal e insume otros miles de millones de pesos anuales que le asigna en el presupuesto el "gobierno de centroderecha" (risas en la sala). ¿Ustedes creen que el gobierno de Sebastián Piñera se atrevería a redestinar esos recursos a la lucha efectiva contra el delito, el vandalismo y la violencia subversiva? Jamás se atrevería. La izquierda lo lapidaría. Las legiones de abogados de izquierda del Instituto, financiados por el presupuesto, se dedican a querellarse contra militares en retiro por hechos de hace más de treinta y cinco años y a agravarles las penas, cuando pueden. Todo, por supuesto, en directa contradicción con la promesa que el candidato Piñera les hiciera a los uniformados en retiro. Y esa legión de abogados marxistas llega a la sevicia (crueldad), como en el caso de hace poco, en que apelaron ante la Corte Suprema una sentencia que había condenado a 541 días de presidio remitido (que se cumplen en libertad) a cinco hoy ancianos oficiales, por hechos de 1973. El ministerio del Interior apeló para que se les aumentara la pena. Y la Sala Penal marxista de la Corte Suprema entonces la aumentó a cinco años y un día de presidio efectivo. Pura vindicta ilegal, ¡por iniciativa del gobierno! Ahora el único problema es que los ancianos condenados no caben en Punta Peuco, donde deben entrar en estos días.

¿Y quién manda en el sur? El marxismo armado. Hoy el diario informa que un anciano agricultor abandonó su hogar a raíz de las amenazas de la guerrilla. Se lo incendiaron, pero escapó vivo. Otro agricultor, de nacionalidad alemana, está herido de bala en el Hospital Alemán de Temuco. Ya mandó a su familia de vuelta a su patria y él se irá apenas pueda, llevando lo que le dejó la banda asaltante. Nadie sabe cómo pudo ocurrírsele venir a Chile a trabajar un campo en el sur. ¿Y qué hace el ministerio del Interior? Sus abogados marxistas persiguen a ex uniformados septuagenarios, les agravan las penas y les inician nuevos procesos. Cuando llegó este gobierno de "centroderecha" (nuevas risas en la sala) había 300 querellas. Ahora van mil. Acogidas con aplausos por los ministros sumariantes de izquierda dedicados a encarcelar ilegalmente a uniformados (r).

¿Soy yo, entonces, el que está "pegado en el pasado", o es el país? El país, por supuesto, porque siente que está enfermo, que el "cáncer marxista" a que aludía Leigh no sólo no fue extirpado, sino que ha rebrotado y se extiende. Sus tumores son de tres clases: el del odio --agresión al adversario que discrepa--; el de la violencia --destrucción insana de bienes privados y públicos--; y el de la mentira --"verdad oficial" y repudio o amenaza contra quienes propalen la verdad completa. Esos tumores brotan en diferentes órganos del cuerpo social. Y éste no tiene defensa, porque una vez más han desertado de ella los kerenskys de siempre (hasta recorren el territorio en compañía de jefes marxistas) y ahora también los "arrepentidos", los que se han dado vuelta la chaqueta y se han convertido en cómplices y propaladores de la mentira oficial.

Sí. El cuerpo social está enfermo. Ha perdido sus defensas y no se ve a nadie que lo pueda sanar.

Por Qué Chile Está en Manos de la Izquierda

El primer editorial del principal diario de derecha chileno afirma hoy lo siguiente: "...el gobierno militar cometió las violaciones a los derechos humanos que el Informe Rettig estableció como verdad consensuada".

Nada de eso es verdad, pero es lo que sostiene la izquierda y sobre la base de lo cual ella ha logrado la superioridad moral y el control de la opinión dominante en nuestra sociedad.

El gobierno militar no cometió las violaciones a los derechos humanos que afirma el Informe Rettig. Documentos explícitos de la Junta, desde los primeros meses de su gobierno, que son públicos y conocidos, ordenaron respetar los derechos humanos. Otra cosa fue que no todos los funcionarios de su gobierno empeñados en la lucha contra veinte mil irregulares armados respetaran todos esos derechos.

Tampoco el Informe Rettig estableció "una verdad consensuada". Desde luego, desde un principio el Ejército lo rechazó. También la Corte Suprema lo declaró "sesgado" e inspirado "en probables propósitos políticos".

Baste señalar un rasgo del Informe para descalificar su objetividad: las muertes de adversarios del régimen las achacó a "agentes el Estado", aunque éstos actuaran al margen de las órdenes del gobierno; pero las muertes de uniformados y civiles a manos de la guerrilla marxista nunca las atribuyó a sus reales responsables, los partidos de la Unidad Popular que la organizaron, sino a un ente inespecífico: "la violencia política". Y omitió incluir a tantas de estas últimas víctimas que la mayor parte de ellas sólo vino a ser conocida cuando la posterior Comisión de Reconciliación y Reparación emitió un Informe complementario, a mediados de los '90.

Tampoco en ninguna parte del Informe Rettig se recogió esa verdad del porte de una catedral que expresó Eduardo Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor (cuando ya más de la mitad de las muertes del total del gobierno militar se habían producido): "Toda la responsabilidad de lo sucedido en Chile --y lo digo sin eufemismo alguno-- recae sobre los partidos de la Unidad Popular".

Pues bien, esa verdad no se registró por una razón: porque ese Informe sesgado e injusto fue el precio político que pagó Patricio Aylwin a la extrema izquierda a cambio del apoyo de ésta para ser elegido presidente en 1989.

Así, la izquierda, finalmente, desde las alturas de una "superioridad moral" gratuitamente regalada por la derecha, se apronta a recibir cómodamente el poder de vuelta en sus manos dentro de menos de dos años.