Al Borde de la Imbecilidad

Viendo antenoche el noticiero de TV advertí que en el último episodio de vandalización de nuestras ciudades, protagonizado por comunistas, "compañeros de ruta", "tontos útiles" y "kerenskys chilenos", aparecieron ahora legiones de "cascos azules" con chalecos identificatorios de "observadores de derechos humanos". Ahí supe que ya el país transitaba al borde de la imbecilidad.

Pues estos "cascos azules" son, por supuesto, ex terroristas más viejos, que tienen por misión velar por la impunidad de los actuales y formar gran alboroto si sorprenden a la fuerza pública actuando contra éstos. Pero, por esas paradojas de la existencia, resultó que las "víctimas de violaciones a los derechos humanos" estaban a punto de linchar a un pobre sujeto, como si hubiera sido un Alfonso Márquez de la Plata cualquiera, que había tenido la mala idea de andar por la calle y a quien alguien había acusado de ser un carabinero de civil. Los "observadores de derechos humanos" entonces se vieron obligados, muy a su pesar, a conseguir que "las víctimas" no terminaran de lincharlo y así el sujeto, más muerto que vivo, logró escapar. Por supuesto, los "observadores" no dejarán constancia alguna de este hecho en ninguna parte, porque su misión es denunciar como autor de violación a los derechos humanos a todo carabinero que sorprendan impidiendo a algún encapuchado destruir, incendiar o saquear, pero no la de velar por que las leyes se apliquen a los que asuelan las ciudades.

El estado de imbecilidad es tal que el gobierno se defiende de su evidente incapacidad de mantener el orden diciendo que ha enviado al Congreso un proyecto para castigar a los vándalos, siendo que las actuales leyes, desde el Código Penal hasta la de Seguridad del Estado, castigan precisa y rigurosamente todas las conductas de los "encapuchados". Pero, como en Chile no hay estado de derecho, resulta que de más de cuatrocientos detenidos por Carabineros, uno solo ha sido formalizado, porque fue sorprendido y filmado incendiando un bus policial lleno de efectivos y con la manifiesta intención de que se quemaran adentro, como sucedió tantas veces durante el Gobierno Militar; pero entonces con el resultado de que los extremistas eran apresados, procesados y condenados. Claro, después todos ellos se acogieron a la Ley de Amnistía (que hoy se niega a los uniformados) y los que cometieron delitos después de ella, en su totalidad fueron indultados en 1991 por Patricio Aylwin.

El hecho es que ahora el terrorismo y el vandalismo incendiario campean en el país y quedan impunes, y por eso en el sur los pequeños propietarios constantemente atacados por extremistas han decidido armarse y organizarse. ¿Y qué hace, entretanto, el ministerio del Interior? Yo les voy a decir lo que hace: su medio centenar de abogados de izquierda de su "Instituto de Derechos Humanos" activa más querellas contra ex uniformados por hechos de 1973 y 1974 que se encuentran prescritos, aministiados y muchas veces ya juzgados. Y lo hace con tal saña que días atrás apeló ante la Sala Penal de la Corte Suprema (integrada por cuatro ministros reconocidamente de izquierda y un abogado integrante kerensky) de un fallo que había condenado a 541 días de presidio remitido (es decir, que se cumple en libertad) a tres ex oficiales de la Armada, uno de Carabineros y otro de la policía civil, por hechos de 1973. Entonces los abogados de izquierda del ministerio del Interior apelaron ¡para que se aumentara la pena!, lo que sala de izquierda y su integrante kerensky acogieron por unanimidad, decretando que los hoy ancianos oficiales (r) deben cumplir ¡cinco años y un día y sin remisión!, es decir, presidio efectivo, lo que el sentido común del juez de primera instancia y de la Corte de Apelaciones sureña les había sugerido que era desproporcionado. Pues ya que se estaba violando el derecho para condenarlos, parecía natural que por lo menos no tuvieran que terminar sus días tras las rejas. Pero cuando un país camina, guiado por el odio político, al borde la imbecilidad, estas consideraciones de sentido común no valen.

Pero eso no es ni siquiera todo, pues resulta que la cárcel de uniformados de Punta Peuco ya está repleta, gracias a la acción o inacción del actual gobernante que les prometio a los uniformados pasivos que velaría por la legalidad de los juicios y porque éstos no se eternizaran y se aplicara la prescripción (nada de lo cual ha cumplido, sino al contrario). Y entonces resulta que ya no hay cupos para los cinco oficiales recién e ilegalmente condenados por acción del gobierno y que deben presentarse en los próximos días en Punta Peuco. Sobre todo que en el otro penal, el Cordillera, también ya se dan situaciones de hacinamiento.

De este modo, entre los muchos testimonios de que, bajo su actual conducción, el país camina al borde de la imbecilidad, sin duda el más elocuente es esta situación en que la autoridad es incapaz de aplicar las leyes a los terroristas actuales y activos, mientras sus abogados del ministerio del Interior despliegan ingentes esfuerzos para, con la complicidad de la judicatura de izquierda, materializar la vindicta del odio marxista, atropellar las leyes y poner tras las rejas a quienes, hace casi cuarenta años, sí cumplieron la misión de impedir que el extremismo se enseñoreara del país mediante las armas y le impusiera un yugo totalitario.