Ha Sucedido Algo Insólito

Desde que el alcalde Labbé ordenó desalojar un colegio ilegalmente usurpado, hace ya muchos meses, no había habido una sola autoridad que pretendiera hacer valer algún asomo de legalidad como el que está intentando restablecer el ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, en Aysén.

En efecto, ha dicho que si no se restablece la normalidad legal el gobierno no hará concesiones. Los chilenos no dan crédito a lo que han visto y oído: un ministro de este gobierno imponiendo el respeto a la ley. ¿Cuánto va a durar el ministro; o cuánto va a durar su firmeza? Si duran ambos y la legalidad se restablece, va a tener lugar "un antes y un después".

La ley 12.927, de antigua vigencia, no puede ser más clara. Dice en su artículo 6°que "cometen delito contra el orden público: ... c) Los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales, de comunicación, de transporte o de distribución; y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".

Y en su artículo 7° señala la pena para los infractores, siempre que no concurra ninguna circunstancia agravante: desde tres años y un día hasta diez años de presidio.

Desde hace dieciséis días han aparecido en todos los medios dirigentes de la zona, como Iván Fuentes, Nelson Ramírez y Misael Ruiz, incurriendo en las conductas tipificadas en el art. 6° antes citado y haciéndose explícitamente responsables de mantener paralizada a Aysén. Han incitado, promovido y fomentado las destrucciones e interrupciones de servicios y actividades, como también impedido el libre acceso a toda suerte de instalaciones. Sin embargo, ni siquiera han sido citados a declarar ante algún juez. En realidad, no sólo el ministerio del Interior debería presentar un requerimiento ante el Ministerio Público: cualquier particular afectado podría hacerlo. Pero Fuentes, Ramírez y Ruiz siguen incurriendo en el delito descrito (y en varios otros tipificados en la misma ley) sin que nada les suceda. Además, hay parlamentarios que justifican la actitud de éstos, lo que perfectamente podría interpretarse como que están "fomentando las destrucciones e interrupciones" de servicios y merecerían, igualmente, ser desaforados y luego procesados.

Pero aquí todos hacen "la vista gorda" y "se pasan la papa caliente" unos a otros. Es una especialidad chilena: "sacarse el pillo" para no cumplir con el deber.

Bueno, este estado de cosas ya ha pasado a ser normal. El año pasado sucedió todo el tiempo en muchos lugares del país.

Y por eso hemos llegado a un punto en que éste se sorprende, no de que la autoridad pretenda aplicar la ley, pues a estas alturas ni ella lo hace ni ya nadie espera eso, sino ante la mera exigencia de un ministro de que, si se quiere conversar sobre algún acuerdo, al menos se deje de seguir cometiendo todos esos delitos. La pena con que él amenaza no es de tres años y un día a diez años de presidio, no, eso sería impensable hoy: apenas amenaza con no sentarse a conversar.

Y eso, apenas eso, ha llegado a ser insólito. El país no lo puede creer. Y Álvarez, que debería haberse llenado de elogios por su firmeza, está convirtiéndose en el centro de todas las críticas.