Un Hecho Insólito e Increíble

Ha sucedido algo completamente inesperado e inusual en el Chile de hoy: uno de los 343 alcaldes del país, que están a cargo de la educación municipalizada en sus respectivas comunas, ha aplicado la ley y ha hecho desocupar con la fuerza policial los establecimientos de enseñanza ilegalmente usurpados en la suya. Se trata de Cristián Labbé, de Providencia.
Debió haberlo hecho hace tres meses, ante la primera "toma". Bueno, pero ahora lo ha hecho. Y tiene el mérito de ser el único.
De partida, eso debió haberlo hecho el Gobierno ante las tomas generalizadas, como responsable del orden público, pues se trató de un alzamiento estudiantil extendido a todo el territorio. Pero sabemos que el actual Gobierno carece de energía para hacer valer su autoridad. A lo más que llega, en verdaderos arrestos de temeridad, es a dialogar con los trasgresores y contestarles con evasivas, pero nunca a aplicarles la ley. Ergo, nadie esperaba ni imaginaría que pudiera ser capaz de hacer desalojar siquiera una "toma" escolar.
De hecho, cualquier persona denunciante podría haber ocurrido a la justicia ante las usurpaciones masivas de colegios y universidades, impetrando el auxilio de la fuerza pública para poner atajo a tantos delitos flagrantes. Pues cualquier particular puede legalmente proceder a la detención de un delincuente flagrante y, de hecho, tiene la obligación de hacerlo, de modo que con mayor razón puede demandar que se ponga término a ese delito flagrante que está ocurriendo de manera pública y notoria en tantas instituciones de enseñanza. Pero aquí los delitos flagrantes de usurpación y daños de esos inmuebles se prolongan indefinidamente, sin que nadie haga nada. Claro, esa indiferencia general probablemente obedece a que, con la nueva justicia penal, los delincuentes siempre llevan todas las de ganar, así es que, a lo mejor, lo único que se obtendría recurriendo a ella sería que las "tomas" encontraran respaldo judicial explícito.
Además, como todo el mundo sabe que tenemos un gobierno blando, los autores de esos delitos saben que nada les va a pasar y que mediante ellos van a obtener de aquél mucho dinero. Durante casi veintidós años se ha comprobado que mediante la violencia ilegal siempre se consigue algo del Gobierno. Debería hacerse una reforma constitucional que se hiciera cargo de esta realidad e incorporara a la Carta un nuevo artículo diciendo: "Sí al lucro, siempre que se obtenga mediante la violencia ilegal".
Es tal el clima de ilegalidad que se ha ido enseñoreando del país, que el revolucionario de izquierda titular de la presidencia del Senado ha amenazado públicamente con que si el Gobierno no accede a las peticiones de los estudiantes revolucionarios, el Parlamento se negará a tramitar proyectos de ley. Nunca se había oído semejante amenaza parlamentaria, desde la Revolución de 1891.
Pienso, a raíz de todo eso, que el alcalde Labbé se ha puesto en una situación de enorme riesgo personal y político. A eso se expone, en el Chile de hoy, una autoridad resuelta a hacer cumplir las leyes. Ya se ha oído voces anunciando recursos judiciales en su contra e interpelaciones a la Contraloría por su inconducta, pues se considera que su pretensión de que en los colegios de su municipalidad haya clases y se salve el año escolar es un atropello mayor.
¿A dónde va a ir a parar usted, Alcalde Labbé? ¿Acaso pretende que en Chile se restablezca el estado de derecho?
¡Sólo a un ex militar se le podría haber ocurrido semejante cosa!