Encapuchados Libres - Carabineros Presos

En Chile hay noticias que no salen en los principales medios, generalmente porque son "políticamente incorrectas". Entonces, al igual que en la era soviética en la URSS, surgen los "samizsdats" o diarios clandestinos... bueno, no clandestinos, porque son permitidos... pero cuyos contenidos no alcanzan cabida en los medios de comunicación masivos, porque no son "aceptables" para la corriente dominante, que es la que se ciñe a lo "políticamente correcto".
En Chile juega ese papel el diario digital "Chile Informa", que se sostiene gracias a un número limitado de suscriptores individuales que aportan, cada uno, una módica suma. Sólo les llega a éstos, pero es prácticamente el único que da a conocer los avatares del sector más débil de la sociedad chilena, el de los uniformados en retiro "caídos tras las líneas enemigas". Es decir, el de los que tuvieron la misión de derrotar al ejército terrorista que buscaba tomarse el poder por las armas en 1973.
Mientras los que fueron salvados por ellos miran para otro lado, y un número no menor los traiciona, siguen siendo víctimas de la venganza política de la justicia de izquierda, que es la que predomina en los tribunales chilenos.
En "Chile Informa" me he enterado de la gestión dinámica de una abogada del Ministerio del Interior para conseguir que un indeciso ministro sumariante dejara, días atrás, detenidos a numerosos carabineros en retiro, por hechos de la lucha registrada en 1973, que ya han sido investigados por la justicia y sobreseídos por una sentencia, lo que en un país donde hubiera regido el estado de derecho habría producido el efecto de "cosa juzgada", es decir, de que nunca, respecto de esos hechos, podría haberse vuelto a abrir otro proceso.
Esa fue una de las garantías que ofreció el candidato Piñera a los uniformados en retiro, cuando necesitaba sus votos, refiriéndose, en particular, a la prescripción, que en el caso a que me refiero, de hace 38 años, obviamente se aplica y debería ser, junto con las ya mencionadas cosa juzgada y la amnistía, motivo de imposibilidad de que se abriera otro proceso.
Pero en este caso, dice "Chile Informa", la abogada Patricia Parra, del Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, vistiendo la simbólica "casaca roja" de éste (que es una imitación del uniforme que impone Hugo Chávez a sua activistas en Venezuela), presionó en Santa Bárbara y San Rosendo al melacólico ministro de Corte, que seguramente tenía dudas acerca de poder tan impunemente atropellar tantas leyes y principios jurídicos básicos para consumar una baja venganza política y poner tras las rejas a tantos carabineros ya ancianos.
Pero Patricia Parra fue activa en conseguir que lo hiciera. Ella es una de los 45 abogados de izquierda (yo en un anterior blog dije que eran 12 y parece que me quedé muy corto) que funcionan en el ministerio del inefable Hinzpeter, que tanto deleite encuentra en retratarse bajo el cuadro de Salvador Allende colgado en su despacho.
Mientras los carabineros pagan cara su osadía de haber combatido hace 38 años a los irregulares terroristas que iban a imponer un régimen totalitario en Chile, los sucesores de éstos, los "encapuchados" de hoy, dignos perpetuadores del MIR y del FPMR, siembran la violencia en las calles y con sus bombas molotov y enormes piedras han dejado hoy mismo a 19 carabineros heridos. Por supuesto, pueden tener la absoluta seguridad de que los abogados del Ministerio del Interior no se van a querellar contra ellos. ¡Cómo, si profesan las mismas ideas!
Fíjense ustedes en lo estrafalario y escandoloso que es lo siguiente: los abogados izquierdistas del Ministerio del Interior tienen la muy peculiar misión de velar porque NO se apliquen las leyes a los carabineros en retiro, para que queden presos; y también de velar porque NO se apliquen las leyes a los terroristas encapuchados, ¡pero para que queden libres!
El fracaso del paro de hoy testimonia que la gente no se ha arredrado ante la violencia terrorista; y mucha ha pedido "mano dura" contra ella. Pero la mano dura se reserva para quienes nos libraron de esa violencia en 1973, que habría convertido al país en una segunda Cuba.
Este gobierno pagará caro su trato a los uniformados de ayer, que se gestó en el gobierno de Aylwin, pero del cual él se ha hecho parte. Los abogados del gobierno de Sebastián Piñera, que en su campaña se comprometió a velar por la legalidad de los juicios contra ex uniformados y en particular por la aplicación de la prescripción, hoy litigan porque se desconozca esa prescripción. No sólo incumple la promesa, sino que sus abogados velan y presionan a los jueces para que no se vaya a cumplir.
Lo peor es que este ensañamiento ha hecho víctima al sector más débil de nuestra sociedad, el de los "caídos tras las líneas enemigas", a los cuales el país tanto debe y que tan deshonrosamente no sólo ha omitido defender, sino sigue persiguiendo de una manera vergonzosa.