Inconstitucionalidad de la Prohibición del Lucro

Todo chileno tiene derecho a trabajar a cambio de una retribución económica, es decir, de una ganancia, la que también se denomina lucro. El artículo 19 número 16 de la Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y especifica que "toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución".
El concepto de "justa retribución" implica la obtención de un lucro, pues si alguien trabaja y sólo obtiene lo mismo que invierte o aporta, no recibe ninguna retribución, sino que sólo recupera lo que ya antes tenía. Es decir, no consigue una "justa retribución", como se lo autoriza la Constitución. Si, en cambio, la obtiene, es porque hace una ganancia, un lucro, respetando estrictamente la Constitución.
Ninguna ley ni ninguna decisión de autoridad puede impedirle ese lucro, porque la Carta está por sobre la ley. Y si hay una ley que prohíbe el lucro, esa ley es inconstitucional y deberia ser declarada tal por el Tribunal Constitucional.
Toda la estructura anterior, mediante la cual la Carta garantiza la libertad de trabajo y autoriza la obtención de un lucro, está reforzada, en el caso particular de la educación de cualquier nivel, ya fuere parvularia, básica, media o superior, por el artículo 19 número 11 de la Constitución, que asegura a todas las personas la libertad de enseñanza y dice que ella "incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales".
Es decir, la pretensión de que cualquier nivel de enseñanza quede exclusivamente en manos del Estado es inconstitucional y ninguna ley podría disponer semejante monopolio estatal.
Además, la Constitución reafirma el concepto de que, en materia educacional, y como parte de la libertad de trabajo, el lucro está permitido, al disponer: "La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional". En particular, queda claro que no se puede limitar la libertad de impartir la enseñanza universitaria a las instituciones sin fines de lucro, pues ello sería inconstitucional, ya que el lucro no se opone a la moral ni a las buenas costumbres ni al orden público ni a la seguridad nacional.
De modo que si una Ley Organica Constitucional dispuso que las instituciones de enseñanza superior no podrían tener fines de lucro, contravino la Constitución y el Tribunal Constitucional debió haberla objetado de inconstitucionalidad; y si no lo hizo ni lo ha hecho, cuando fuere debidamente requerido para ello debería hacerlo.
Y las personas que crearon instituciones de enseñanza superior (universidades) persiguiendo fines de lucro, estuvieron y están amparadas por la supremacía constitucional y nadie podría objetar las ganancias obtenidas.
Todo lo anterior es jurídicamente claro y por eso cualquier intento de cualquier nivel, ya fuere legislativo, administrativo o judicial, de prohibir el lucro en la educación de algún nivel, es o sería constitutivo de un atropello a la Constitución. En el caso del Presidente y de Ministros de Estado, tal infracción justificaría una acusación constitucional, es decir, un juicio político. Y tras éste debería tener lugar la consiguiente destitución por haber el o los acusados infringido la Constitución. Como también ella procedería en el caso de los altos magistrados que pretendieren imponer, vía sentencia judicial, una prohibición del lucro en la educación, pues ello les haría incurrir en notable abandono de sus deberes, dado que el más elemental de los mismos es la observancia del texto constitucional.
En conclusión, la consigna "no al lucro en la educación" es pura y simplemente inconstitucional.