Réplicas de un Sismo Supremo

La remoción de una ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y el anuncio de una acusación constitucional contra otro, Sergio Muñoz, han desatado réplicas que pueden resultar peores que el terremoto mismo para la dictadura judicial de izquierda imperante.

La justicia inmanente o divina está resultando severa con el juez Muñoz, que en su tiempo "construyó" una supuesta "fortuna de Pinochet de 27 millones de dólares". La real y congruente con los ingresos y patrimonio del exmandatario --quien probó ser más honesto que sus sucesores concertacionistas respecto a los gastos reservados-- ascendía a 7 millones de dólares, perfectamente explicados. Pero la persecución de Muñoz llevó a que a la sucesión del expresidente Impuestos Internos le girara un tributo de 9 millones 800 mil dólares. es decir, 132 % de sus haberes. 

Y aquí vino lo más decidor: el abogado Pablo Rodríguez Grez, en la causa en que se formuló el cobro, y para detener la persecución contra la familia, no tuvo problema en conseguir esos casi diez millones de dólares de personas de fortuna partidarias del general. Si había algo a lo cual estuvieran dispuestos los chilenos acomodados era a asegurar tranquilidad económica a Pinochet. Desde luego, su inmueble urbano más valioso, donde edificó su residencia final, provino de una donación del terreno por un conocido empresario. 

Ahora la "justicia divina" le está pasando la cuenta a su injusto persecutor Muñoz.

Y no sólo a él. Tal vez a toda la Corte Suprema que, desde hace casi una década abandonó su rol legal en los juicios contra exmilitares. Ya en 2005 un distinguido penalista, Miguel Alex Schweitzer, escribía el 16 de marzo en La Segunda, que "todos, y repito todos, esos principios básicos del derecho han sido abandonados en algunos casos que actualmente se tramitan en nuestros tribunales". Otro jurista, Gonzalo Vial, en igual diario y el 2 de febrero de 2006, escribía que la responsabilidad de eso era de la Corte Suprema.

Hoy hay más de cuatrocientos presos políticos militares, condenados desconociendo lo que disponen las leyes. Lo malo para los jueces prevaricadores es que un gurú tan de izquierda como ellos y muy admirado por la élite, el rector-columnista de El Mercurio, Carlos Peña, de innegable poder de opinión (como que fue el originador de todo un proceso constituyente, de lo cual se arrepintió a destiempo) y cuyas opiniones derribaban a ministros de Piñera con toda facilidad, ayer domingo 13 de octubre ha escrito en El Mercurio lo siguiente: "Un buen juez es uno pleno, uno que realiza las virtudes de la imparcialidad y lealtad a las reglas incluso cuando ellas van contra sus convicciones, porque... un buen juez se enorgullece de aplicar normas que contradicen sus convicciones, porque de esa forma prueba su lealtad a las reglas que le fueron confiadas".

Este predicamento derrumba la jurisprudencia prevaricatoria de los últimos ocho o diez años, ratificada invariablemente por la Corte Suprema, que ha desconocido leyes expresas y vigentes sobre amnistía, prescripción, cosa juzgada y ponderación de las pruebas que habrían eximido de responsabilidad a centenares de uniformados, y en particular han transgredido las siguientes normas vigentes y expresas: 

(1) Art. 208 del Código de Justicia Militar: "Será causal eximente de responsabilidad para los militares el hacer uso de sus armas, cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida." 

(2) Art. 410 del mismo código: "Será causal eximente de responsabilidad para los Carabineros el hacer uso de sus armas en defensa propia o de la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio." 

(3) Y, en fin, su art. 411: "Estará también exento de responsabilidad el Carabinero que haga uso de sus armas en contra del preso o detenido que huya y no obedezca las intimaciones de detenerse".

Las perspectivas abiertas por este importante influencer pueden desatar en la Corte Suprema una réplica igual o mayor que el sismo inicial. 

El almirante (r) Miguel Ángel Vergara Villalobos, con la prudencia que lo caracteriza, ha hecho presentes las consecuencias de la doctrina sentada por el rector-columnista Peña en favor de la vigencia de las leyes.

No me cabe duda de que otro gran defensor público de los uniformados en retiro, el abogado Adolfo Paúl Latorre, documentará y glosará, con su habitual erudición, el tremendo giro en la jurisprudencia de la Corte Suprema que puede implicar el acoger la recta doctrina traída a la conciencia y consciencia de los chilenos por el influyente columnista Carlos Peña. Éste se hace, indudablemente, acreedor al agradecimiento de miles de "caídos tras las líneas enemigas" hoy objeto de persecución motivada por el afán de lucro y de venganza de la izquierda.