EL GRAN VACÍO DE LA CUENTA PRESIDENCIAL

Habría debido escribir esto el lunes, pero se desataron acontecimientos ocasionados por la reinante impunidad de los delitos, lo cual me obligó a escribir en defensa del patrimonio familiar, no tanto porque éste tuviera importancia pública, sino por ser este blog y mi espacio en X los únicos medios de denunciar un atropello delictual más. 

Mientras la sociedad libre permita tener acceso a algunas redes, cualquiera puede denunciar los atropellos que sufra, aunque los medios de la corriente dominante "miren para otro lado", como si no existieran. Tal vez si Alejandro Correa hubiera dispuesto de o utilizado estas herramientas comunicacionales menores para dar una voz de alarma cuando alguien invadió su terreno en Quilpué, el que lo perpetró no se habría sentido tan amparado por el sistema como para contratar un sicario y asesinar al propietario, buscando hacerse de su bien raíz. Claro, no contaba con que una hija de Correa después removiera cielo y tierra hasta obligar a la justicia a aplicar la ley.

Como en Chile impera una dictadura judicial con fines de lucro, sin debido proceso (el acceso a éste es un derecho humano), se ha encarcelado a medio millar de exmilitares y sus colaborades civiles. Sin probar que hayan cometido delitos reales y contraviniendo leyes expresas y vigentes sobre debido proceso, amnistía y prescripción. Esto configura el delito de prevaricación judicial, sancionado en el Código Penal con hasta cinco años de privación de libertad.

Ante los atropellos de nuestra dictadura judicial ya por más de diez años, han asumido la defensa de la legalidad importantes autores, como Adolfo Paúl Latorre (su libro Prevaricato, cuya nueva edición corregida y aumentada está en librerías) y Jorge Eduardo Montero, con su monumental "Condenas Sin Ley, Juicios Sin Garantías" hoy en proceso de impresión. Entre ambos suman casi mil páginas probando y denunciando el atropello a la ley, la persecución ilegal de personas jurídicamente inocentes (el autor de un delito prescrito o amnistiado es jurídicamente inocente) y la continua sustracción al erario de centenares de miles de millones de pesos. Nunca antes se había visto escándalo semejante en Chile.

Y también continúa perpetrándose el atropello a leyes expresas y vigentes, condenas a inocentes y la violación de los derechos humanos de exmilitares y sus colaboradores civiles que tienen derecho a un debido proceso, a la igualdad ante la ley, a los beneficios carcelarios para todos. Todo lo cual se les desconoce.

Había ilusión ciudadana en el sentido de que, habiéndose elegido por primera vez un gobernante partidario de la Junta, que había votado Sí a Pinochet en 1988 y luego abandonado la UDI ante su deslealtad al legado del gobierno que la prohijó, el tema iba a merecer no sólo una mención de parte del presidente en su primera cuenta pública, sino también el anuncio de medidas concretas para poner fin al escándalo, entre ellas el indulto de los indebidamente presos y la denuncia ante la Fiscalía penal para hacer efectiva la responsabilidad penal de los prevaricadores. 

Pero el presidente no dijo una sola palabra sobre el tema. Como si la demolición del estado de derecho no se hubiera perpetrado. Como si hubieran prevalecido la presunción de inocencia y el debido proceso respetuoso de los derechos humanos de todos. Y como si nadie nunca le hubiera sustraído ilícitamente al Estado, cuya jefatura ostenta el presidente, centenares de miles de millones de pesos a lo largo de diez años de prevaricaciones impunes. 

Dejo constancia de que el sector que me representa se siente profundamente defraudado. Atribuimos el imperdonable silencio a que la violencia del comunismo ha amedrantado al presidente.

Wilde escribió que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Lo que tuvo José Antonio Kast fue la oportunidad de reafirmar la legalidad y ha sido desaprovechada. Peor aún, en estos días los abogados de su ministerio de Justicia han alegado a la par con los querellantes desconocedores del estado de derecho para llevar a presidio a un nonagenario enfermo terminal que ha perdido la razón. Sorprendentemente la Corte Suprema, teniendo un prontuario oscuro en la materia, en ese caso ha impedido que se perpetre otra escandalosa prevaricación adicional.

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