NUESTRO "ESTADO DE DERECHO"

El infatigable defensor de nuestro estado de derecho (frase que se escribe con minúsculas porque es la traducción del inglés "rule of law", que se escribe con minúsculas) Adolfo Paúl Latorre, ha hecho un recuerdo que me ha dejado helado: cuando la nueva presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, fue propuesta para integrar dicho tribunal y su nombramiento debía ser aprobado por el Senado, ella argumentó ante los senadores que nunca había aplicado la amnistía ni la prescripción. Y tuvo éxito con su argumentación. porque fue nombrada integrante del mas alto tribunal.

En buenas cuentas, confesó que había cometido reiteradamente un delito y así obtuvo los votos necesarios.

Porque las normas sobre amnistía y prescripción están plenamente vigentes y los jueces deben aplicarlas. Pues el artículo 223 del Código Penal dice que "los miembros de los tribunales de justicia... sufrirán las penas de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares y la de prisión o reclusión menores en cualesquiera de sus grados: 1º Cuando a sabiendas fallaren contra ley expresa y vigente en causa criminal o civil".

Es decir, lo que en un verdadero estado de derecho conduciría a destituir y poner tras las rejas a la ministra Chevesich, fue en Chile precisamente el argumento político, no jurídico, para asegurarle su nombramiento en el más alto tribunal. 

Hace diez años, en el programa El Informante de TVN, el ministro Alejandro Solís, inventor de la estratagema para burlar la ley en esta forma y declarar todo supuesto secuestro como "permanente", confesó el modus operandi que le permitía no aplicar la amnistía ni la prescripción, confesó que él no probaba que el delito fuera "permanente" sino que lo "fingía". Condenaba mediante la que llamó "una ficción jurídica". Es decir, en lugar de cumplir el deber fundamental del juez, probar la existencia del delito para derrotar la más antigua garantía de que nadie puede ser privado arbitrariamente, la presunción de inocencia, el juez Solís y sus imitadores y seguidores, entre ellos la ministra Chevesich, "fingían" el delito. 

Solís se defendió en dicho programa añadiendo esta elocuente frase: "Si yo no digo que la verdad haya sido ésa". Es decir, confesó que mentía en sus fallos. 

Así la flamante presidenta de la Corte Suprema ha llegado a encabezar este poder del Estado tras confesar que siempre había fallado contra leyes expresas y vigentes. 

Consecuencia: medio millar de chilenos ilegalmente condenados, de los cuales cien han muerto. Si en Chile hubiera habido un real estado de derecho, ninguno habría sido privado de libertad. En Chile rige lo opuesto: la anomia: se obra en contrario de lo que dice la ley. Con completa impunidad.