En los
momentos en que Laurence Golborne es formalizado por haber emitido facturas
ideológicamente falsas por 378 millones de pesos para financiar sus campañas
presidencial y senatorial, ha surgido, lapidaria, la voz del ex Presidente
Piñera en radio Pudahuel diciendo: “Está bien que los fiscales y la justicia
hagan su trabajo, para que Chile sea cada día más probo y podamos erradicar las
malas prácticas”.
¿No es
increíble? Está publicado y no contradicho que sus empresas-insignia, Bancard y
Bancorp, recibieron una cantidad parecida a la de Golborne para financiar, con
facturas ideológicamente falsas, su campaña presidencial de 2009 y 2010. Por añadidura,
ha quedado en evidencia que, además de esos fondos, obtuvo otros por alrededor
de 300 millones de pesos de otras empresas que creían contribuir a la misma campaña
suya, pero que esos fondos fueron empleados para pagar bonos de desempeño a
ejecutivos de su canal de TV, Chilevisión.
Es decir, se benefició personal
y pecuniariamente de la simulación. Y hasta hoy no sólo permanece impune, sino
que se erige en predicador de la puridad pública y elogia a “los fiscales y la
justicia”, por “hacer su trabajo”. El cual, al parecer, consiste en perseguir a
los demás y dejarlo a él en la más completa indemnidad, tanta que le permite
erigirse en un Savonarola acusador, a cargo de velar por la probidad pública. ¿En
qué país estamos?
La
vara con que la justicia y los medios miden a unos y otros de quienes han
recurrido a conocidos artificios para financiar campañas es enteramente dispar.
Desde la impunidad de Piñera y el sobreseimiento y la libertad que han
beneficiado a Ominami, en un extremo, hasta el encarcelamiento de Jaime Orpis
por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad”, la sin par “justicia”
y la inefable prensa chilena vuelven a dar testimonio de su, no ya doble, sino
múltiple estándar.
Porque a Orpis se le ha
perseguido por supuesto cohecho por haber defendido un proyecto pesquero que no
fue obra suya, sino del gobierno de Piñera, e impulsado por éste. ¿Por qué
pensar que Orpis fue “cohechado” y el Presidente originador e impulsor de la
iniciativa no? ¿Por qué el primero ha sido arrastrado por el fango del
desprestigio, como alguien sediento de lucro –habiendo sido un hombre que toda
su vida ha dedicado desinteresadamente trabajo y recursos a obras de auxilio a caídos
en la droga— y el segundo, libre de todo cargo y ludibrio, es ovacionado por
sus correligionarios ex DC del PRI, al exponer sus “ideas humanistas y
socialcristianas” (“La Segunda”, 29.06.16? ¿Tanto puede lograr una cara dura en
este país?
Al menos a
otro que la tiene de similar dureza, el senador Pizarro, le ha acaecido que sus
hijos, culpados de la recolección de fondos electorales para beneficio de él,
han sido objeto de formalización. En cambio, la exitosa defensa de Piñera
declara públicamente que “Bancorp es parte del conglomerado de empresas y en
este caso cuelga del área de empresas de los hijos… Por eso Sebastián Piñera no
ha estado involucrado en su gestión”. Y reitera que “jamás supo nada” del asunto.
No tuvo idea de que su campaña recibió 340 millones de pesos de SQM (cuya
secretaria encargada de las donaciones electorales lo vio trasponer la misma
puerta de la empresa que otros candidatos solicitantes de fondos) ni se enteró
de que su patrimonio se había engrosado en 300 millones de pesos por otras
empresas que pagaron bonos que de otro modo habría debido pagar él.
¿Y por qué,
si no estaba enterado de tales irregularidades, al saberlas no se querelló,
como correspondía, contra los responsables de sus empresas-insignia autores de esas
faltas a la probidad? Se lo preguntó hace tiempo un senador de su ex partido,
RN, pero él nunca le contestó.
Queda de nuevo
probado que una cara dura tiene más valor en la política chilena que la más
impecable hoja de vida política y personal.