Asistí a un
festejo navideño en el Gulag Chileno, llamado Punta Peuco, donde la izquierda,
la DC y su carnal Piñera (que traicionó a aquéllos tras prometerles un juicio
justo, pero sólo para captar sus votos) mantienen confinados a 65 soldados de
los que pusieron el pecho a las balas terroristas después de 1973. Hoy son presos
políticos, porque ninguna ley autoriza privarlos de libertad.
Su promedio
de edad es 76 años, pero los hay numerosos que son octogenarios. Algunos están afectados
de Alzheimer, y no saben dónde ni por qué están, no obstante que
muchos sin Alzheimer tampoco lo saben, pues nunca cometieron delito alguno. Y aun quienes los cometieron tienen derecho a la amnistía, la prescripción y la cosa
juzgada, ninguna de cuyas eximentes se les respeta en la forma cómo se les ha
reconocido a los terroristas.
Uno de los
primeros que se me acerca al llegar es el suboficial de Carabineros Gamaliel
Soto, de Temuco, para agradecerme un artículo en su defensa, que escribí tras él
ser condenado a diez años por un secuestro que no cometió. “Pero debo
rectificarlo”, me dice, “pues usted afirmó que yo detuve a una pareja de
médicos del MIR en 1973 y la entregué sana y salva en un cuartel de la FACH,
pese a lo cual estoy condenado por mantenerlos secuestrados hasta hoy. En
realidad, ni siquiera los detuve: yo sólo estaba en la comisaría cuando desde
ella fueron llevados a la FACH y lo único que hice fue mirarlos partir. No tuve
ninguna participación”.
Está resignado a seguir muchos
años preso, en una nueva categoría, pues a la de “haber estado ahí” y la de “no
haber estado ahí, pero ser acusado de estarlo” se añade la de “haber mirado ahí”.
Porque en Chile no hay justicia para los PPM (presos políticos militares), a
quienes ni siquiera, muchas veces, se les otorgan beneficios carcelarios que a
los delincuentes sí se les dan.
También se
me acercó José Cáceres, oficial de la Armada condenado a cinco años y un día en
memorable fallo redactado por el ex ministro de Justicia, Luis Bates. En
el fallo se refiere a los oficiales como “los delincuentes”, no siendo ése su
oficio, sino el de oficiales de la Armada; habla de que “se levantaron
en armas contra el gobierno legítimamente instalado” y acusa a Cáceres y otros de mantener secuestrado al extremista Rudy Cárcamo
desde 1974 hasta la fecha, en circunstancias que no hubo secuestro, sino detención,
y que el detenido fue llevado al cuartel Ancla 2 de Talcahuano. Pues, según el
Código, los particulares “secuestran” y los funcionarios uniformados
“detienen”.
Cáceres, que jamás siquiera supo de Cárcamo, agradece mis
referencias a su situación y me informa que, estando completa y oficialmente
acreditado que él no estaba en el cuartel Ancla 2 en la fecha de
la detención, ha interpuesto ante la Corte Suprema un recurso de
revisión de la sentencia que lo condenó.
Ésta es notable, porque fue
dictada a raíz de un recurso de casación del Ministerio del Interior de Piñera
contra sentencias de primera y segunda instancia que habían condenado a los
marinos a 541 días de pena remitida, con lo cual se habían conformado
querellantes y querellados. Pero el odio marxista, ampliamente acogido por el
régimen del referido Piñera, pudo más y consiguió que la sala penal de la Corte Suprema,
que todavía odia más a los militares que el gobierno anterior, les subiera la
condena a cinco años y un día de pena efectiva. Por “haber estado ahí” (que es
lo único probado) y hasta, en el caso de Cáceres, por “no haber estado ahí”.
Durante la
visita estoy cerca de un reo octogenario que parece muy conforme comiendo una empanada que le han llevado sus camaradas. Éstos me
dicen que él no sabe dónde está ni por qué, no obstante lo cual los jueces
inquisidores lo convocan a careos con personas a las cuales, por supuesto, no
reconoce, y en cuyo curso manifiesta creer que ha vuelto a su hogar. En los
países civilizados se considera un atropello a los derechos humanos mantener
preso a un octogenario que ha perdido la razón, pero en Chile, en lugar de
liberarlo por respeto a sus derechos humanos, la dictadura judicial lo castiga
por violarlos.
Más tarde se
me acerca y me abraza el “villano favorito” de los jueces de izquierda, el
brigadier Miguel Krassnoff. Es todo un caballero y su hoja de servicios en el
Ejército fue brillante, pero decidió acogerse a retiro cuando comenzó la
persecución judicial ilegal en su contra, todo a partir de la famosa carta de
Aylwin a la Corte Suprema pidiendo desconocer la amnistía. Hoy he leído, ya sin
sorpresa, un artículo de elogio a Aylwin de un columnista de derecha en “El
Mercurio”, bajo el título de “El Presidente de Todos”. Pero ciertamente no lo
es de los PPM, contra los cuales abrió la compuerta a la dictadura judicial de
izquierda que los ha enviado y seguirá enviando al Gulag Chileno, Punta
Peuco.
Como decía
un correligionario suyo, que en paz descansa, Aylwin usó a los militares para
echar a los comunistas y luego usó a los comunistas para condenar a los
militares, lo cual ha despertado la admiración de la derecha salvada por los primeros,
pero eternamente malagradecida.
Un uniformado
en retiro que ha organizado el festejo para los muertos-vivos me pide que les
dirija unas palabras. Yo les agradezco lo que hicieron por Chile, en nombre de
los salvados por ellos, tanto agradecidos como malagradecidos, y los insto a que escriban el relato de la verdad de sus respectivos casos,
pues ésta desafía toda verosimilitud.
Poco antes se me había acercado el general Ruiz
Bunger, quien fuera baleado por el Frente terrorista rojo junto al general Leigh, y que a raíz
de ello perdió movilidad en el lado izquierdo. Quien le disparó, Pablo Muñoz Hoffman, fue reconocido por él al ser detenido. Acudió entonces al juez de
izquierda pertinente, pero éste le dijo que no podía proceder contra el
extremista, basado en su solo testimonio.
El brigadier
Willeke, de ascendencia alemana, que cumple condena por el caso Prats, no
obstante que la jueza argentina Servini de Cubría le dijo textualmente: “Yo sé
que usted no tuvo que ver en el caso Prats, pero necesito que me diga todo lo
que hacía la DINA”, y como se negara a revelarle a una extranjera los secretos
de inteligencia chilenos, cumple condena y entonces les hace clases de alemán a los
otros prisioneros políticos.
Pero el
Gulag Chileno es un presidio de caballeros y no de delincuentes, y por lo tanto
funciona bien. Los baños están limpios, porque ellos los asean. Hay orden,
porque ellos lo respetan. Hay actividades constructivas, porque ellos las
organizan. Conversé con el campeón de ajedrez del recinto, un oficial de
apellido italiano.
No pude
dejar de recordar, por contraste, cuando en los ’60 el Ministro del Interior de
Frei Montalva, Bernardo Leighton, el “Hermano Bernardo”, que era “hermano” para
la izquierda, pero no para la derecha, ordenó encarcelar a la directiva del
Partido Nacional en la hacinada cárcel pública, a raíz de una declaración que
estimó sediciosa. El presidente del PN, el reputado jurista Víctor García
Garzena, debió pernoctar en una celda colectiva, con delincuentes comunes, y
cuando manifestó, a la mañana siguiente, un deseo insólito para el penal, el de
ducharse, los reos le dijeron que primero debían limpiar el suelo cubierto de
excrementos, y lo hicieron; después, reconociendo su condición, hicieron un
círculo alrededor de él, manteniéndose de espaldas, con el mayor respeto, mientras don Víctor se
duchaba.
El odio de
la izquierda pretende empeorar todavía más la condición de los PPM, siguiendo
la despreciable línea de Piñera, y mandándolos a un penal común, donde el
hacinamiento general les impida llevar una existencia ordenada como en Punta
Peuco. Ya una mujer izquierdista odiosa denunció haber visto en el Hospital
Militar al brigadier Krassnoff sin grilletes ni el chaleco que dice “imputado”,
y lo ha denunciado, lo cual se ha traducido en que a otros oficiales les exijan
usarlo y engrillarse. Pero ellos se han negado a concurrir en esa forma, con perjuicio para su
salud, pero no para su dignidad.
Las cárceles
comunes son indecentes y dispensan un tratamiento que ni siquiera los
delincuentes merecen. El Gulag Chileno, por el contrario, es una cárcel
decente, pero no por virtud del Estado, sino porque sus internos son personas
decentes, aunque los fallos sesgados de la justicia DC y de
izquierda les imputen conductas delictivas.
Y alguna
vez, cuando tengamos un gobierno decente, muy distinto, por cierto, del
anterior y del actual, en Punta Peuco se podrá levantar un memorial de los
abusos y atropellos que allí se cometieron contra ancianos soldados que lo
único que merecen y no tienen es igualdad ante la ley y el agradecimiento de su
pueblo.